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La Cámara de Diputados dará inicio la próxima semana a las audiencias públicas por la reforma de la ley de Glaciares. El proyecto ya cuenta con la media sanción y el oficialismo apunta a su sanción, sin embargo la oposición está rearmando su estrategia para poder frenar la iniciativa.
La Libertad Avanza sostuvo que la audiencia pública la desarrollarán en dos jornadas y también definió que la cantidad de expositores serán 400, pese a los reclamos de los bloques opositores por ampliar la cantidad de participantes y de las organizaciones ambientalistas.
La Ley de Glaciares vuelve al centro del debate
Las audiencias se realizarán en dos modalidades. El miércoles 25 será presencial y el jueves 26 de manera virtual.
El debate no estará exento de conflictos ya que, además de reducir la cantidad de oradores inscriptos, se estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores.
Otra cosa que está pendiente es lo que sucederá con la medida cautelar que presentó ante la Justicia la organización ambientalista Greenpeace para que el Congreso garantice la participación “oral” de los 100 mil inscriptos. Si se ordena esto, las audiencias podrían extenderse por 500 días aproximadamente.
La reforma de la Ley de Glaciares generó gran rechazo en un sector de la oposición y su sanción es reclamada por un grupo de gobernadores aliados que busca flexibilizar las restricciones vigentes para captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos.
Para las audiencias el bloque de diputados libertarios estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 400 inscriptos, De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi dos centenares mientras que otros 200 lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública.
La restricción fue rechazada por los sectores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.
Ley de Glaciares: cuáles son los cambios que se debaten
La iniciativa busca redefinir los límites de protección ambiental mediante una transferencia de facultades hacia las provincias, permitiéndoles identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.
El eje del debate se centra en la modificación del criterio de protección para el ambiente periglacial, el cual pasará de una redacción considerada «laxa» a una que exige demostrar un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.
La propuesta radica en que las jurisdicciones provinciales sean las encargadas de identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo. Este cambio se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reafirmando que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias.
Aunque el Inventario Nacional (ING) seguirá bajo la órbita del IANIGLA, la decisión final sobre el impacto ambiental y la gestión quedará en manos de los estados provinciales.
A su vez la reforma busca corregir lo que los impulsores consideran una redacción «laxa» del ambiente periglacial que genera parálisis preventiva. El nuevo texto introduce un requisito técnico específico: para que un área sea protegida, deberá demostrarse un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.
Esto permitiría obtener factibilidad ambiental en zonas donde se certifique que la actividad no compromete significativamente la reserva de agua dulce.
El Gobierno sostiene que esta adecuación es la llave para destrabar proyectos de escala global, principalmente de cobre.
La urgencia responde a la necesidad de atraer divisas y generar empleo en las provincias cordilleranas, evitando que la ley funcione como una barrera burocrática en formaciones geológicas que no poseen un valor hidrológico real.
