El proceso para cubrir cargos clave en la Justicia federal de la Patagonia dio un nuevo paso con la definición del cronograma de audiencias públicas en el Senado de la Nación Argentina, instancia previa al tratamiento de los pliegos en la Comisión de Acuerdos.
Las exposiciones se realizarán el próximo 14 de mayo a las 11 en el salón Arturo Illia. Allí se evaluará a los postulantes para dos cargos estratégicos: uno en el Tribunal Oral Federal de Neuquén y otro en el juzgado federal de primera instancia de San Carlos de Bariloche.
El período para presentar adhesiones o impugnaciones comenzará el 17 de abril y se extenderá hasta el 23 inclusive, en línea con el procedimiento previsto para este tipo de designaciones.
Los candidatos
Entre los nombres propuestos por el gobierno de Javier Milei se destacan:
Pablo Antonio Matkovic, defensor público oficial federal en Neuquén, con trayectoria académica y formación en derecho penal.
Leandro Agustín Gómez Constenla, quien encabeza el orden de mérito para el juzgado federal de Bariloche y actualmente se desempeña en el Consejo de la Magistratura.
En el caso del Tribunal Oral Federal de Neuquén, el concurso definió dos ternas para cubrir vacantes existentes, encabezadas por Juan Manuel Kees y Matkovic.
Etapa decisiva en el Senado
Las audiencias forman parte de una serie que comenzará el 30 de abril y continuará durante mayo. Tras esta instancia, la Comisión de Acuerdos deberá emitir dictamen sobre los pliegos, paso previo a su eventual aprobación en el recinto.
El envío de estas postulaciones se enmarca en un paquete más amplio impulsado por el Poder Ejecutivo, que incluye 77 pedidos de acuerdo para designar jueces, fiscales, defensores y conjueces en distintos puntos del país.
La definición de estos cargos resulta clave para el funcionamiento del sistema judicial en la región, donde persisten vacantes en tribunales federales con competencia en causas de alto impacto
El Senado de la Nación le puso fecha a las audiencias públicas para formular preguntas y observaciones sobre los candidatos a cubrir un cargo en el Tribunal Oral Federal de juicio de Neuquén y otro en el juzgado federal de primera instancia de Bariloche.
Será el 14 de mayo a las 11, en el salón Arturo Illia, y el plazo para presentar apoyos y cuestionamientos comenzará el 17 de este mes y se extenderá hasta el 23, inclusive.
El gobierno del presidente Javier Milei, a través del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, envió al Senado 77 pedidos de acuerdo para designar a distintos jueces, conjueces, fiscales y defensores nacionales y federales.
Candidatos de la región
Entre ellos figuran Pablo Antonio Matkovic para el TOF Neuquén y Leandro Agustín Gómez Constenla para el juzgado de primera instancia de Bariloche.
Matkovic es defensor público oficial federal del interior del país en la unidad de defensa de la ciudad de Neuquén, donde desarrolla además actividad académica. Recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es jefe del Departamento de Derecho Público Penal y Procesal y director de la diplomatura en Narcocriminalidad y Microtrafico de la sede Comahue de la Uflo.
Como ya informó diario RÍO NEGRO, el Tribunal Oral en lo Criminal de Neuquén tiene dos cargos vacantes y en un mismo concurso se definieron dos ternas con los mejores puntuados. Las encabezan respectivamente Juan Manuel Kees y Matkovic.
En cuanto al juzgado federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla quedó primero en el orden de mérito en el respectivo concurso. Es oriundo de la ciudad y trabaja en el Consejo de la Magistratura nacional.
Forma de participación
La serie de audiencias públicas comenzará el 30 de abril, y habrá fechas también en mayo, los días 6, 7, 13 y 14. Luego la comisión de Acuerdos tendrá la última palabra.
Los requisitos formales para la admisión de dichas presentaciones se encuentran establecidos en la normativa vigente, disponible en la página web del Senado de la Nación: senado.gob.ar, en la Sección “Comisiones”, en el ítem “Comisión de Acuerdos”, pestaña “Normativa”.
Este martes el oficialismo intenta avanzar de forma exprés con la reforma de la Ley de Glaciares, ya que busca obtener este martes el dictamen y llevar el proyecto el miércoles a Cámara de Diputados.
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A las 14 horas tendrá lugar el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde se buscará firmar dictamen y dejar la iniciativa lista, ya que se trata del único proyecto de La Libertad Avanza que quedó pendiente de las sesiones extraordinarias.
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La inciativa, que cuenta con media sanción desde febrero, fue sometida a dos audiencias públicas solicitadas por la oposición y se llevaron adelante el 25 y 26 de marzo pasado. Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron los métodos de selección de participantes y pidieron la nulidad de las mismas.
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La sesión de este miércoles fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni; de la UCR, Pamela Verasay; de Independencia Gladys Medina, de Por Santa Cruz, José Luis Garrido; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de Innovación Federal, Alberto Arrúa.
Inversiones mineras para explotar el recurso glaciar
El proyecto busca fomentar inversiones mineras en provincias del norte y de Cuyo, en el marco del régimen de incentivos incluido en la Ley de Bases, a pedido de gobernadores aliados. Entre ellos se destacan Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo.
Con esta ley se busca redefinir los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, y otorga mayor poder a las provincias para determinar qué áreas deben ser consideradas dentro de esas categorías en sus territorios.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La ley en sí no presenta mayores inconvenientes, salvo un artículo específico que propone eliminar el financiamiento estatal directo a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores, obligándolos a sostenerse con recursos propios.
Poroteo para la votación de la ley
Desde el oficialismo se muestran confiados en alcanzar el quórum de 129 diputados y reunir entre 130 y 134 votos para convertir en ley la reforma. Para eso, cuentan con una base propia cercana a los 94 votos y el respaldo de bloques aliados y provinciales.
Entre estos últimos se destacan espacios vinculados a gobernadores de provincias con actividad minera, como Catamarca y San Juan, que impulsan la reforma como una herramienta para atraer inversiones.
Cuestionamientos a las audicencias públicas por la Ley de Glaciares
El tratamiento del proyecto llega luego de una audiencia pública realizada a fines de marzo, que se extendió durante dos jornadas y tuvo una convocatoria masiva: más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 pudieron exponer de manera presencial o virtual.
Según trascendió, en ese espacio predominaron las posturas en contra de la modificación de la Ley 26.639, sancionada en 2010 para proteger los glaciares y el ambiente periglacial.
Organizaciones ambientales y particulares ya anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si el proyecto se convierte en ley. Cuestionan, entre otros puntos, la validez de la audiencia pública y sostienen que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa ambiental vigente.
El gobierno nacionaltiene como objetivo aprobar este martes la reforma sobre la Ley de Glaciares y que, desde el bloque libertario en Diputados junto con las fuerzas dialoguistas, lograr sancionarla antes del viernes10 de abril.
La Libertad Avanza (LLA) considera contar con los votos necesarios para aprobar dicha modificación e impulsar inversiones mineras, sobre todo en lo que respecta a las zonas de cobre y litio.
Estemartes a las 14 en la Cámara baja, se convocó a una reunión de comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, encabezada por José Peluc, y de Asuntos Constitucionales comandada por Nicolás Mayoraz, para dictaminar el proyecto de la reforma y preparar el escenario para la sanciónde la sesión programada para el miércoles 8.
También habrá una reunión informativa con exposición de invitados, entre los que se encuentran gobernadores de varias provincias interesadas en el tema, y luego se pasar a la firma de los dictámenes.
Esta reunión de comisión se hará luego de haber realizado, durante el mes pasado, las Audiencias Públicas donde expusieron alredededor de 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100.000 inscriptos, situación que fue repudiada por organizaciones ambientalistas y bloques opositores.
Ley de Glaciares: el oficialismo redujo a 400 los oradores para las audiencias públicas en Diputados
Con muchísima pena hemos visto el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, la cual debería cumplir con lo exigido por distintos acuerdos e instancias legales que ya habían sido salteados por la Cámara de Senadores de la Nación.
No nos es ajeno el modo de resolver que han tenido quienes debieran hacer oír la voz del pueblo para así después poder “deliberar y gobernar” de modo legítimo; ya hemos visto la misma metodología desarrollada a lo largo y a lo ancho de toda la Patagonia cuando se trata algún tema ambiental que toca intereses de proyectos mineros: cercenar y anular intervenciones, impedir ingresar al recinto donde se desarrolla el debate, desestabilizar oradores e incluso incorporar a algunos que no estaban en la lista.
Esas estrategias de manual son llevadas a cabo, de modo sistemático desde hace décadas, en pueblos, parajes y localidades de nuestro territorio. Aquí -en poblaciones pequeñas- también despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas; recurren a promesas y dádivas. Ni qué decir cuando amedrentan llenando los lugares de las asambleas y sus alrededores con personas movilizadas, expertas en generar ruido y miedo.
Recorren los lugares, copan canales de televisión y diarios con futuros promisorios, denuestan a quienes podemos tener dudas, preguntas y hacer advertencias, llevándonos al lugar de ser promotores de la pobreza y estar en contra del progreso. Otras veces nos acusan de fundamentalistas, o de tener sesgos ideológicos o partidarios.
Es su misma metodología atropelladora y abusiva la que desde siempre hace dudar que tengan otro interés que ellos mismos; y cuando convencen a nuestros gobiernos, asfixiados por economías que ellos han ayudado a quebrar, siembran la idea de que es eso o el descalabro final.
Ninguno de ellos respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos. Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso que no respeta los estándares que en sus mismos países de origen les exigen.
Queremos un futuro mejor para todos. Son los que han tenido distintas responsabilidades en los poderes del Estado quienes nos han llevado a esto; no quieran sacarnos del lugar donde han dejado a la Argentina pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda y distingue a la Patagonia: sus ríos y lagos. Su agua.
Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo. Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire.
* Obispos de la Iglesia Católica, Región Patagónica: Juan Carlos Ares – Diócesis San Carlos de Bariloche; Oscar Eduardo Miñarro- Diócesis de Alto Valle de Río Negro; Fernando Croxatto – Diócesis de Neuquén; Esteban María Laxague – Diócesis de Viedma; Ignacio Damián Medina – Diócesis de Río Gallegos; José Slaby – Prelatura de Esquel; Jorge Luis Wagner – Diócesis de Comodoro Rivadavia; Fabián González Balsa – Auxiliar Diócesis de Río Gallegos; Roberto Pío Alvarez – Diócesis de Rawson.
La Ley de Glaciares no avanza con la velocidad pretendida por el Gobierno, algunos gobernadores y las empresas mineras. Una vez finalizadas las audiencias públicas, el esquema que maneja el oficialismo es convocar a un nuevo plenario informativo con gobernadores el 1 o el 8 de abril antes de dictaminar. Con esos tiempos, el tratamiento en el recinto llegaría, en el mejor de los casos, recién a mediados de abril.
Así lo confió a este medio una fuente de La Libertad Avanza involucrada en el tema mientras avanzaba la segunda y última audiencia pública, con una presencia realmente escasa de diputados en la sala de reuniones. A diferencia de la primera jornada, que fue presencial y estuvo cargada de tensión, los expositores hablaron esta vez de manera virtual, por lo que bajó el nivel de expectativa.
Ante los insistentes cuestionamientos por las restricciones a la participación ciudadana, los libertarios aprovecharon para hacer una picardía: llegaron unos minutos antes a la sala de reuniones del Anexo C y se fotografiaron todos sentados, mientras del otro lado las sillas de la oposición lucían, en ese momento, prácticamente vacías. Luego, a lo largo de la jornada, las presencias fueron variando de uno y otro lado.
Ahora, el oficialismo trabaja para concretar un plenario de comisiones más antes de dictaminar, con la complicación logística que implican los próximos feriados de Semana Santa. Convocarán para el 1 o el 8 de abril y citarán a gobernadores: los interesados en la ley son los que integran la Mesa del Cobre (Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza) y la del Litio (las tres primeras provincias).
El más expectante es el sanjuanino Marcelo Orrego, quien envió a sus funcionarios a disertar a favor en las audiencias. La expectativa está puesta en el megaproyecto Vicuña, que prevé invertir US$ 7.100 millones en tres años para extraer cobre. Según denunció un abogado ambientalista, para cumplir con el objetivo utilizarán “2.000 litros de agua por segundo”.
En el caso de Catamarca, participantes de la audiencia denunciaron que 30 años de explotación de litio dejaron totalmente seco el Río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Desde Jujuy también se habló de más de 1.700 proyectos mineros con diferentes grados de avance en la región de la puna que utilizan miles de litros de agua por segundo.
“Otro que debe dar explicaciones es el gobernador (Alfredo) Cornejo. En Mendoza impulsa el proyecto megaminero San Jorge, en la cordillera, que enfrenta un fuerte rechazo social y masivas movilizaciones. En el último año, 32 ambientalistas fueron detenidos por su gobierno”, denunció la diputada de izquierda Myriam Bregman. Una de las detenidas, Valentina Spalenza, habló en las audiencias.
Judicialización asegurada
La Libertad Avanza confía en tener los votos para sancionar la ley a mediados del mes próximo, con ayuda de aliados del interbloque PRO-UCR-MID, bloques provinciales de Catamarca y San Juan y, probablemente, un puñado de peronistas de provincias mineras. Sin embargo, en el oficialismo saben que lloverán recursos en la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la futura ley.
Además de su contenido (según advierten la oposición y ambientalistas, viola el artículo 41 de la Constitución) van contra el formato de las audiencias públicas por impedir la participación oral de los más de 100.000 inscriptos. En ese punto reparó una de las expositoras de este jueves, la exdiputada justicialista Graciela Camaño.
Otra de las ponencias sobresalientes fue la de Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que tiene a su cargo la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares.
Para el funcionario, el proyecto “no representa una mejora respecto de la ley vigente porque deja áreas con hielo sin proteger; no elimina las ambigüedades planteadas sino que, por el contrario, genera nuevas ambigüedades; y desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades de cada provincia”.
“Desde el punto de vista glaciológico, todos los cuerpos de hielo cumplen con el rol tanto de reserva hídrica cuando el agua está congelada; de aporte cuando está derritiéndose; y de regulación hídrica en los procesos de congelamiento y descongelamiento”, especificó. En ese sentido, advirtió que habrá “subjetividad” a la hora de definir la “importancia hídrica” de una zona y la “afectación relevante” de los cuerpos de hielo.
En la vereda opuesta, Néstor Rigamonti, presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, dijo estar ante “una oportunidad única para mejorar la eficacia del régimen vigente”, ya que “la ambigüedad de conceptos normativos ha generado interpretaciones dispares, conflictos de competencia entre jurisdicciones e inseguridad jurídica”.
También dijo que la nueva ley “no implica una regresión ambiental” porque, a su criterio, “el núcleo de protección de mantiene intacto” y “se propone clarificar su alcance, no reducirlo”. Además, consideró que “las provincias, por su cercanía territorial y conocimiento específico, están en mejores condiciones de aportar información relevante para sus recursos” en lugar de la Nación.
La Cámara de Diputados de la Nación inició esta semana las audiencias públicas para discutir la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Este proyecto, que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, genera un clima de extrema tensión política y social.
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La magnitud del interés general demostrada con la inscripción de más de 102.000 personas interesadas en exponer, aunque se limitaron las intervenciones presenciales y virtuales a 200 oradores por jornada.
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Roberto Cacciola (CAEM) plantea que la minería del cobre requiere un nuevo marco normativo para atraer inversiones.
Voces en conflicto
Desde el sector productivo, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) defiende la reforma como una pieza central para la previsibilidad económica. Roberto Cacciola, presidente de CAEM, sostuvo que la normativa actual posee «marcos rígidos» que impiden soluciones eficientes.
La industria minera proyecta que, de aprobarse la reforma, el sector podría traccionar inversiones superiores a los USD 33.000 millones. Además, estiman la creación de entre 180.000 y 200.000 empleos directos e indirectos hacia el año 2032. Cacciola enfatizó que «el 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva» para ser viables bajo estándares modernos.
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Las asambleas ciudadanas mantienen la guardia alta.
La resistencia al proyecto suma voces de peso internacional y local. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, denunció que «el agua no es una mercancía, es un derecho» y alertó sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas.
Por su parte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calificó la reforma como «inconstitucional y regresiva», señalando que otorga a las provincias la potestad política de decidir sobre un criterio que debe ser estrictamente científico.
La ciencia contra la «función hídrica efectiva»
El núcleo de la controversia radica en el cambio de criterio para la protección. El proyecto busca limitar el amparo legal únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una «función hídrica efectiva» para la recarga de cuencas. Actualmente, la ley protege de manera integral todos los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
Expertos y organismos técnicos aportan cifras preocupantes. El IANIGLA reportó en su última actualización de los Andes Desérticos una reducción del 17% en la superficie de glaciares y un 23% en los manchones de nieve perennes en solo una década.
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Protestas frente al Congreso durante la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares el 25 de marzo de 2026.
Asimismo, el instituto destaca que los glaciares de escombros, característicos del ambiente periglacial, contienen entre un 35% y un 70% de hielo en su interior, aportando entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en zonas áridas durante años de sequía.
Mientras el oficialismo de La Libertad Avanza busca acelerar el tratamiento para votar en el recinto el próximo 8 de abril, las asambleas ciudadanas mantienen la guardia alta.
La Cámara de Diputados abre el debate público por la reforma de la ley de Glaciares, el proyecto que ya cuenta con la media sanción del Senado. La primera jornada de las audiencias públicas se desarrollará este miércoles e iniciará a las 10 con la presencia de 200 oradores, el jueves 25 se concretará la segunda jornada y será de manera virtual, también con 200 oradores.
Se abre el debate por la reforma de la ley de Glaciares
Las audiencias públicas tuvieron gran convocatoria: hubo más de 100 mil inscriptos, pero La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación y redujo el número de oradores a 400. El resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.
La oposición presentó cautelares para suspender las reuniones públicas, pero la Justicia las rechazó. De igual manera quedó otra en suspenso que fue presentada por organizaciones ambientalistas, hasta este miércoles la cautelar no tenía resolución.
La limitación de los oradores y la cantidad de asesores por bloque, es un tema de polémica debido a que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda expresaron su intención de reclamar la extensión de las audiencias.
Sobre las audiencias, se informó que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico. Los oradores no podrán extenderse más de cinco minutos. La actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara de Diputados.
Ley de Glaciares: cuáles son los cambios que se debaten
La iniciativa busca redefinir los límites de protección ambiental mediante una transferencia de facultades hacia las provincias, permitiéndoles identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.
El eje del debate se centra en la modificación del criterio de protección para el ambiente periglacial, el cual pasará de una redacción considerada «laxa» a una que exige demostrar un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.
La propuesta radica en que las jurisdicciones provinciales sean las encargadas de identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo. Este cambio se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reafirmando que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias.
Aunque el Inventario Nacional (ING) seguirá bajo la órbita del IANIGLA, la decisión final sobre el impacto ambiental y la gestión quedará en manos de los estados provinciales.
A su vez la reforma busca corregir lo que los impulsores consideran una redacción «laxa» del ambiente periglacial que genera parálisis preventiva. El nuevo texto introduce un requisito técnico específico: para que un área sea protegida, deberá demostrarse un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.
Esto permitiría obtener factibilidad ambiental en zonas donde se certifique que la actividad no compromete significativamente la reserva de agua dulce.
El Gobierno sostiene que esta adecuación es la llave para destrabar proyectos de escala global, principalmente de cobre.
La urgencia responde a la necesidad de atraer divisas y generar empleo en las provincias cordilleranas, evitando que la ley funcione como una barrera burocrática en formaciones geológicas que no poseen un valor hidrológico real.
La Cámara de Diputados realizará este miércoles y jueves dos audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, con la participación restringida a solo 400 de los 100 mil inscriptos.
Ley de Glaciares con participación restringida y fuerte polémica judicial
La Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde podrán exponer unos 400 oradores, de los cuales 200 lo harán este miércoles desde las 10 y hasta las 19 en forma presencial, otros 200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.
Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender esas reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución.
De todos modos, no será el único conflicto que existe, ya que, además de restringir la cantidad de oradores, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, decidieron que podrán concurrir dos asesores por bloque, según fuentes legislativas.
El bloque de diputados de LLA estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 400 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o a través de un vídeo.
Los expositores no podrán extenderse más de cinco minutos y, para eso, tanto Peluc como Mayoraz tendrán que ser estrictos con los tiempos en los que podrán hablar los oradores, debido a que, en caso contrario, será difícil que este miércoles puedan exponer 100 personas de las 24 juridiscciones.
Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.
De esta manera, las exposiciones presenciales se restringirán a casi un centenar, mientras que otros 100 lo harán por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los 5 minutos. Esta restricción era rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.
Un grupo de particulares presentó una demanda que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada para suspender las audiencias públicas presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.
El juez Regueira sostuvo que «no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca —al menos con el grado de evidencia que se requiere— para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.
También pidieron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido.
Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climáticas y Greenpeace solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.
La Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de una fuerte controversia por la limitación en la participación de expositores. De los cerca de 100 mil inscriptos, solo 400 podrán tomar la palabra en las audiencias públicas.
El esquema fue definido por el oficialismo de La Libertad Avanza, que dispuso un sistema mixto: 200 oradores participarán de manera presencial el miércoles, entre las 10 y las 19, y otros 200 lo harán el jueves de forma virtual. El resto deberá enviar su postura por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos.
La organización de las audiencias estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. Ambos deberán además controlar estrictamente los tiempos de exposición, ya que cada participante contará con apenas cinco minutos.
La decisión de restringir la participación generó críticas de la oposición, que había solicitado ampliar la cantidad de jornadas para permitir una mayor intervención de sectores interesados. Sin embargo, el oficialismo ratificó el cronograma previsto para el 25 y 26 de marzo.
En paralelo, el tema también escaló a la Justicia. El juez Enrique Regueira rechazó una medida cautelar presentada para suspender las audiencias, al considerar que no se acreditaban los requisitos necesarios para frenar un acto parlamentario.
No obstante, aún está pendiente la resolución de otra presentación judicial impulsada por organizaciones ambientalistas, que reclaman que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. El planteo quedó en manos del juez Enrique Lavié Pico.
Entre las entidades que impulsan este reclamo se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y asociaciones de abogados y espacios universitarios, que advierten sobre las limitaciones al debate público en una discusión clave para la política ambiental del país.
