Los legisladores radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene presentaron un proyecto de ley para crear el Programa de Asistencia Alimentaria destinado a mujeres vulnerables (PROMUVU). La iniciativa busca brindar un resguardo económico a madres que, tras separarse por situaciones de violencia de género, quedaron a cargo exclusivo de sus hijos sin percibir cuota alimentaria ni asignaciones familiares.
“El proyecto aborda una problemática silenciosa pero devastadora: la violencia económica post-separación”, señalaron los autores, advirtiendo que muchos progenitores eluden sus obligaciones de manutención como forma de castigo, prolongando el ciclo de violencia machista.
El PROMUVU propone otorgar a las beneficiarias una asistencia mensual equivalente al valor de la AUH durante cuatro meses, como refuerzo transitorio mientras se tramita la restitución del aporte alimentario en el ámbito judicial. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Humano, que conformará un equipo técnico para evaluar admisiones, realizar seguimiento de casos y articular con ANSES, SENAF, el
Poder Judicial y organizaciones sociales.
La propuesta se apoya en un estudio realizado en el Alto Valle por la especialista en género Flavia Ayelén Jara Arévalo, que advierte sobre la creciente “feminización de la pobreza” y la doble carga que enfrentan las mujeres: el cuidado casi exclusivo de los hijos y la inserción en un mercado laboral desigual.
Con esta iniciativa, los legisladores buscan visibilizar la violencia económica como una forma persistente de desigualdad y ofrecer un mecanismo de asistencia que garantice derechos básicos mientras se resuelven los procesos judiciales.
El Gobierno provincial otorgó un aporte de más de 37.000 millones de pesos a la empresa Hidrocarburos del Neuquén Sociedad Anónima (HIDENESA), para financiar una red de gas natural en la región del Alto Neuquén, que beneficiará a más de 700 familias.
Los fondos fueron autorizados mediante un decreto 408/2026, firmado por el gobernadorRolando Figueroay el ministro de Energía de la provincia,Gustavo Medele. La obra contempla la extensión de redes y la conversión de la matriz energética en Manzano Amargo, Varvarco, la Comunidad Antiñir Pilquiman y parajes como Tierras Blancas y Bella Vista.
Actualmente, estas localidades se abastecen desde plantas de Gas Licuado de Petroleo (GLP) transportado desde Bahía Blanca, lo que genera costos logísticos que no están incluidos en el cuadro tarifario ordinario.
Se trata de una infraestructura estratégica para el Ejecutivo, porque además de mejorar la calidad de vida de las comunidades, permitirá mitigar el impacto del aumento de las tarifas previsto para el suministro de GLP por la quita de subsidios nacionales y asegurará un crecimiento proyectado a más de 250 nuevos usuarios en parajes y 450 conversiones en las localidades principales.
La región Confluencia se encamina a una transformación estructural en materia de tránsito a partir de un conjunto de obras viales que buscan mejorar la conectividad, reducir la congestión y ordenar la circulación en el área metropolitana.
El gobernador Rolando Figueroa presentó el plan, que incluye intervenciones sobre rutas provinciales y nacionales —estas últimas sujetas a autorización—, nuevas conexiones urbanas y obras estratégicas en puntos considerados críticos para la movilidad diaria.
“Se trata de uno de los planes de infraestructura vial urbana más ambiciosos de las últimas décadas”, afirmó el mandatario al anunciar el paquete de iniciativas.
Según un informe del Ministerio de Infraestructura, actualmente se encuentra en ejecución la duplicación de la Ruta Provincial 67 en el tramo comprendido entre la Autovía de la Ruta Nacional 22 y el empalme con la Ruta 51. La obra abarca 19 kilómetros, con una inversión de 24.772 millones de pesos y un plazo estimado de finalización en febrero de 2028.
Esta intervención se suma a la pavimentación ya finalizada en el mismo corredor, que demandó 5.295 millones de pesos (a valores de mayo de 2025) y permitió consolidar la conexión entre áreas productivas, logísticas y urbanas.
En paralelo, el plan contempla una serie de obras proyectadas orientadas a resolver los principales cuellos de botella del sistema vial metropolitano. Entre ellas, se destaca la construcción de un puente en altura en la intersección de la Ruta Provincial 67 con la Ruta Nacional 22, uno de los nodos con mayor carga de tránsito en la región.
También se prevé una intervención similar en el cruce de Casimiro Gómez y Los Paraísos, que incluirá un puente sobre el Cañadón de las Cabras, derivadores y la duplicación de la calzada en la Ruta Nacional 22, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Autovía Norte.
Sobre la Ruta Provincial 7, el esquema incorpora la construcción de un puente en altura en el sector de Conquistadores del Desierto y otro en la zona de Fasinpat, donde además se proyecta una rotonda para ordenar la circulación.
En Centenario, el plan suma una nueva rotonda con paseo y mejoras urbanas a la altura de José Franzón. A esto se agregan nuevas conexiones interurbanas, como el vínculo desde el autódromo provincial hacia la Ruta Provincial 67 a través de la calle Benito Machado, con el objetivo de descomprimir los corredores principales.
Finalmente, se incluye la duplicación de la Ruta Nacional 22 en la ex Bajada de Capex, con una extensión de 3,5 kilómetros, accesos y obras complementarias hasta el rulo de Senillosa.
El conjunto de intervenciones apunta a acompañar el crecimiento sostenido del área metropolitana de Neuquén, donde la expansión urbana y la actividad económica —particularmente vinculada al desarrollo hidrocarburífero— han incrementado de forma significativa la demanda sobre la infraestructura vial existente.
La Provincia, a través del ministerio de Infraestructura, ejecuta la pavimentación de la Ruta Provincial 60, en el tramo comprendido entre el portal de acceso al Parque Nacional Lanín y el paso internacional Mamuil Malal, en el límite con Chile. La obra, que abarca 12,24 kilómetros, registra un avance superior al 38 por ciento y cuenta con una inversión de 11.987 millones de pesos.
Desde la dirección provincial de Vialidad informaron que los trabajos incluyen el asfaltado del tramo, así como también la ejecución de alcantarillas y otras obras de arte necesarias para garantizar la durabilidad y seguridad de la traza. Actualmente, las tareas se concentran en el movimiento de suelos para la rectificación de traza y la conformación del terraplén, nuevo pavimento, constituyendo el núcleo principal de la obra en esta etapa.
Este proyecto forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, y permitirá que la provincia de Neuquén cuente con cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados. De esta manera, se fortalece la conectividad turística y la integración con Chile, mejorando las condiciones de circulación en un corredor estratégico.
Una provincia más conectada
La intervención se desarrolla dentro del plan vial que impulsa el gobierno provincial para mejorar la accesibilidad terrestre como herramienta de integración territorial. El objetivo es reducir el déficit de infraestructura que, al inicio de la gestión del gobernadorRolando Figueroa, fue estimado en 4.000 millones de dólares.
En este sentido, la Provincia ya inició la repavimentación de 374 kilómetros en corredores estratégicos, a los que se suman 787 kilómetros de rutas en ejecución o en proceso de inicio durante 2026. En total, se trata de 1.161 kilómetros de intervención vial, resultado de una política sostenida de inversión, planificación y trabajo.
Precaución al circular
Desde Vialidad Provincial se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con extrema precaución, debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando sobre la calzada.
En distintos puntos se registran reducciones de carril, por lo que es fundamental respetar la señalización y disminuir la velocidad para garantizar la seguridad de todos.
Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942 572138 (fin de semana y feriados de 8 a 12 horas).
El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que se detectó una fisura de una cañería de distribución de agua potable en la intersección de Avenida Mosconi con la calle Pampa, en la ciudad de Neuquén.
Desde el primer momento, personal operativo del organismo realizó maniobras sobre válvulas para poder intervenir la cañería sin presencia de agua y avanzar con su reparación, que comenzó este jueves a las 7.
Para llevar adelante los trabajos fue necesario detener el sistema de agua potable del río Limay, denominado “Leguizamón”, por lo que se ven afectados los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.
Martín Giusti, coordinar general del EPAS informó que se espera concluir con la reparación cerca del mediodía “pero el servicio recién se normalizará en horas de la noche, ya que primero la cañería debe presurizarse”.
La cañería afectada es bastante antigua, por lo que no existía registro de su existencia. Es importante destacar que este tipo de situaciones se pueden repetir a lo largo de la ejecución de los trabajos, por lo que se ha creado un protocolo de actuación entre el municipio, EPAS y las empresas que están a cargo la obra para un rápido accionar en caso de repetirse una situación similar.
Desde el EPAS se recomienda a los usuarios extremar el cuidado del agua, priorizándola únicamente para consumo humano e higiene.
Ante cualquier inconveniente, las vecinas y vecinos pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario (0800-222-4827), disponible las 24 horas.
La convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Las 127 Hectáreas La Sirena Ltda., publicada en el Boletín Oficial de Neuquén el 17 de marzo de 2026, vuelve a poner sobre la mesa una escena que ya resulta intolerable: una entidad bajo fuerte cuestionamiento judicial y social actúa como si nada hubiera pasado.
Según el aviso oficial y el material aportado por los damnificados, la asamblea fue convocada para el 3 de abril en la ciudad de Neuquén, con un orden del día que incluye memoria y balance, además de la elección de consejeros y síndicos. En otras palabras, se intenta renovar autoridades y sostener una apariencia de normalidad institucional en medio de una causa por presunta estafa que continúa empantanada.
El repudio de los socios damnificados no aparece de la nada. La historia de este caso acumula denuncias desde hace meses, reclamos judiciales, expedientes civiles y penales, pedidos de auditoría y una presión pública creciente. Neuquén News publicó en enero que ya había más de 300 denunciantes y que el conflicto arrastraba años de promesas incumplidas, mientras otras coberturas señalaron que la dimensión total del daño podría alcanzar a miles de familias. En octubre de 2025, el propio sitio consignó que el conflicto involucraba a más de 3.000 familias que aportaron dinero esperando un terreno o una vivienda.
La Legislatura neuquina también tomó nota de la gravedad. En julio de 2025, Neuquén News informó que se aprobó por unanimidad el pedido de intervención de la cooperativa, con más de 100 juicios civiles y 50 denuncias penales como telón de fondo. Luego, la propia Legislatura informó oficialmente la aprobación de una resolución para pedir a Personas Jurídicas que impulsara la intervención judicial, en un debate en el que incluso se habló de una “estafa colosal” con miles de perjudicados. Sin embargo, ese impulso político no derivó en una respuesta estatal eficaz. Meses después, se informó que la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente de Tobares como ministro de gobierno, rechazó la intervención solicitada.
Ese rechazo administrativo es una de las claves del escándalo. Porque mientras los damnificados pedían resguardo institucional, el sistema decidió preservar la inercia. Y esa inercia tiene nombres propios. Jorge Salas, señalado desde hace tiempo por denunciantes como principal responsable de la conducción de la cooperativa, sigue siendo una figura central de esta trama. Cuando el Ministerio Público Fiscal avanzó con los allanamientos de mayo de 2025, tanto el MPF como la prensa local ubicaron a Salas entre los alcanzados por las medidas: hubo procedimientos en la sede de la cooperativa, en domicilios particulares y en la casa del entonces presidente.
Los hechos de mayo fueron presentados, con razón, como un punto de inflexión. Se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación, y se informó que la pesquisa alcanzaba también movimientos con billeteras virtuales y transferencias internas. Incluso se consignó que el fiscal Juan Manuel Narváez no descartaba entonces que la investigación pudiera derivar en otras figuras penales.
Pero el problema no es sólo lo que se hizo. El problema central es lo que no pasó después. A casi un año de los allanamientos, la causa no exhibe avances públicos proporcionales a la gravedad del caso. No hay formulación de cargos conocida contra la conducción por los hechos principales, no hay explicación clara sobre el estado de los peritajes de los equipos secuestrados, (si es que fueron peritados) y no hay una hoja de ruta judicial visible para los miles de afectados. Lo que sí hay es un documento presentado por damnificados el 18 de marzo de 2026, en el que solicitaron “máxima celeridad” y la imputación de cargos, advirtiendo que la etapa investigativa ya tendría elementos suficientes y que la urgencia social exige una respuesta efectiva.
Ese escrito, dirigido a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, es un dato político y judicial de enorme peso. No habla una parte menor o marginal del expediente: hablan damnificados que ya pasaron por mediaciones fallidas, por reclamos públicos y por una larga espera sin resultados. La mediación, de hecho, fue cerrada sin acuerdo. Neuquén News informó en febrero que la instancia terminó y que el caso volvió a Delitos Económicos; el MPF también informó en octubre de 2025 que el proceso de diálogo había concluido. Es decir: la salida alternativa fracasó y la causa debía volver al cauce penal. Sin embargo, la velocidad del expediente siguió siendo exasperantemente baja.
En ese contexto, el papel del fiscal Juan Manuel Narváez queda inevitablemente bajo escrutinio público. No porque haya una sentencia sobre su conducta, sino porque el resultado objetivo de la investigación es, hasta hoy, una sensación de congelamiento. El ciudadano común ve algo difícil de explicar: se allana, se secuestra prueba, se anuncian delitos preliminares, se habla de cientos o miles de damnificados, pero pasan los meses y el expediente no logra ofrecer una señal contundente de avance.
Para una causa de esta magnitud, la demora deja de ser una cuestión técnica y empieza a parecer una forma de impunidad manifiesta. Esa percepción se agrava cuando son los propios damnificados quienes deben presentar notas reclamando celeridad para que el proceso no se hunda en la nada.
También merece atención el lugar de Jorge Tobares en esta historia. La mediación fallida de 2025 contó con participación de funcionarios del Ministerio de Gobierno que él conduce. Una clara dilación para desgastar a los denunciantes y quitar el foco publico sobre la causa. Tobares fue representante legal de la Cooperativa 127 Hectáreas hasta diciembre de 2023. Ese dato no es menor. Aunque hoy ocupe otra función pública, su vínculo previo con la cooperativa vuelve inevitable la pregunta sobre el grado de responsabilidad política y la profundidad real del involucramiento estatal en un conflicto que arruinó el proyecto de vida de miles de neuquinos.
Jorge Salas, por su parte, sigue orbitando el conflicto sabiendo que el paso del tiempo juega a su favor en la causa judicial y en el plano político. En octubre, en plena mediación, declaró a Río Negro que la cooperativa continuaría conversando con el Gobierno para activar un pago y retomar desarrollos pendientes. Antes y después, distintas publicaciones lo ubicaron como presidente de la cooperativa y como uno de los principales apuntados por los denunciantes. Y aun así, meses más tarde, la cooperativa convoca a asamblea, discute balances y prepara elecciones internas.
Lo más grave, quizás, no es la convocatoria en sí. Lo más grave es lo que simboliza. Simboliza un sistema que naturaliza el daño. Un Poder Judicial que no transmite urgencia frente a una presunta maniobra que golpeó el derecho básico a la vivienda. Un Estado administrativo que primero escucha, luego dilata y finalmente deja hacer. Una dirigencia política que, cuando el tema estalla, se limita a administrar el malestar. Mientras tanto, las familias siguen esperando dinero, lotes, viviendas, pericias, imputaciones, explicaciones.
Esperan algo. Cualquier cosa que se parezca a la idea de justicia.
La asamblea del 3 de abril no debería leerse solamente como un trámite interno. Debe ser vista como un síntoma de un sistema fallido. Si una cooperativa denunciada por una presunta estafa de esta dimensión puede llamar a elecciones y tratar balances en medio de una investigación que no avanza con claridad, entonces el problema ya no es sólo la cooperativa. El problema es el sistema que le permite seguir funcionando bajo una ficción de legalidad, mientras los estafados cargan con la parte más pesada: el silencio, el desgaste y el abandono.
El 26 de julio de 1953, durante el asalto al Cuartel Moncada que Fidel Castro organizó para intentar derrocar a Batista, Haydée Santamaría fue capturada junto a su compañera Melba Hernández. Las llevaron a un calabozo del cuartel. Lo que ocurrió en ese calabozo las siguientes horas forma parte de los episodios más oscuros de aquella revolución que apenas comenzaba.
Los militares batistianos le trajeron a Haydée los ojos de su hermano Abel. Le dijeron que si no hablaba, lo que quedaba de él sufriría más. Después le trajeron la muela de su novio Boris Luis Santa Coloma, que también había sido capturado. Le dijeron lo mismo. Haydée Santamaría los miró. No habló. Abel murió torturado esa misma noche. Boris también.
Tenía veintiocho años ese 26 de julio. Cualquier análisis de lo que vino después —la prisión, el exilio en México, el Granma, la sierra, el triunfo de la revolución en 1959 y los décadas que siguieron— tiene que empezar en ese calabozo, con esa mujer que eligió callar mientras perdía todo en unas pocas horas. No porque lo que hizo fuera simple. Sino porque fue el acto que definió todo lo que vendría.
Haydée Santamaría había nacido en 1923 en Encrucijada, en la provincia de Las Villas, en el centro de Cuba. Era hija de trabajadores rurales, sin educación universitaria, sin conexiones políticas. Tenía, en cambio, una claridad moral y una capacidad de organización que hombres con el triple de recursos nunca alcanzaron. Cuando Fidel Castro comenzó a organizar el movimiento que asaltaría el Moncada, Haydée y Abel fueron de los primeros reclutados. No como soldados de segunda fila: como organizadores centrales.
Después de la prisión y la amnistía, del exilio en México donde el grupo que se convertiría en el Ejército Rebelde se entrenó en secreto, del desembarco del Granma en diciembre de 1956 y los años de guerrilla en la Sierra Maestra, cuando la revolución triunfó el 1 de enero de 1959 Haydée Santamaría podría haber reclamado cualquier cargo. Tenía los méritos. Tenía el reconocimiento de sus compañeros.
Eligió la cultura.
En 1959 fundó la Casa de las Américas, institución que dirigió hasta su muerte y que se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de América Latina durante el siglo XX. La idea era simple en su enunciado y extraordinariamente compleja en su ejecución: crear un espacio donde la cultura latinoamericana pudiera encontrarse, dialogar, publicarse, premiarse, sin las mediaciones del mercado editorial norteamericano o europeo que dominaba lo que llegaba y lo que no llegaba a los lectores del continente.
Invitó a escritores, artistas, cineastas, músicos y pensadores de toda América Latina. Organizó concursos literarios que lanzaron las carreras de autores que hoy son canónicos. Publicó la revista Casa de las Américas, que durante décadas fue una de las publicaciones culturales de referencia en español. Llevó a La Habana a figuras como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa —antes de las rupturas políticas que fracturarían esas relaciones—, y a decenas de artistas que encontraron en la Casa un espacio de intercambio que ninguna otra institución del continente ofrecía.
Pero el peso de lo que había visto y perdido el 26 de julio de 1953 nunca la soltó del todo. Sus compañeros de aquella generación recordaron siempre en ella una tristeza de fondo, una melancolía que el entusiasmo y la energía de su trabajo cultural no llegaban a cubrir completamente. Había pagado un precio que nadie podía pagar y seguir igual.
El 26 de julio de 1980 —aniversario exacto del Moncada, veintisiete años después— Haydée Santamaría se suicidó. Tenía cincuenta y siete años. Cuba tardó en hablar de su muerte con honestidad. La incomodidad de una heroína revolucionaria que no resistió era demasiado compleja para el relato oficial que necesitaba figuras sin grietas. Pero las grietas eran también parte de la verdad.
La Casa de las Américas, que sigue funcionando hoy en La Habana, es su respuesta más duradera y más honesta. Construyó algo que la sobrevive y que sigue siendo útil. En un continente donde tantas instituciones nacen y mueren con sus fundadores, eso es una forma extraordinaria de persistencia.
“La cultura es también una forma de combatir.”— Haydée Santamaría
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro provincial a partir del lunes 30 de marzo, en una nueva escalada del conflicto con el Gobierno neuquino. La decisión fue adoptada por el plenario de delegados y, según expuso el sindicato, responde a la falta de respuestas concretas frente a reclamos salariales y laborales que arrastran desde hace meses.
Uno de los principales motivos de la medida es la falta de liquidación de la llamada “promoción horizontal”, un adicional salarial contemplado en acuerdos previos y que, según el gremio, debía comenzar a pagarse con los haberes de enero. De acuerdo con la publicación de Diario Río Negro, el reclamo alcanza a más de 8.000 auxiliares de servicio del área educativa, que todavía no vieron reflejado en sus sueldos ese 4% correspondiente al ítem.
Según esa misma publicación, ATE sostiene que los listados trabajados durante el verano no fueron cargados en el sistema ni en febrero ni en marzo, por lo que el adicional volvió a quedar afuera de la liquidación salarial. Para el sindicato, no se trata de un detalle menor: en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, incluso un porcentaje aparentemente acotado impacta de lleno en la economía diaria de los trabajadores.
El otro eje del conflicto pasa por el funcionamiento de la Dirección de Medicina Laboral. Allí ATE denuncia trabas administrativas, desconocimiento de certificados médicos y un criterio de control que, según el gremio, termina perjudicando a trabajadores con enfermedades crónicas, graves o incapacitantes. El sindicato denunció casos en los que no se reconocieron certificados emitidos por profesionales públicos y privados, lo que dejaría a empleados expuestos a descuentos salariales o a una situación de indefensión.
La gravedad del planteo no reside solo en la discusión administrativa. Lo que ATE describe es un esquema en el que la auditoría médica deja de ser una herramienta de control razonable y pasa a convertirse, según su denuncia, en un mecanismo que agrega incertidumbre y castigo sobre personas que ya atraviesan cuadros delicados de salud. Esa acusación es una de las que más tensó la relación con el Ejecutivo en las últimas horas.
Respecto del impacto de la protesta, la afectación podría sentirse especialmente en las escuelas. La razón es concreta: al tratarse de auxiliares de servicio, su ausencia compromete tareas básicas de limpieza e higiene. De acuerdo con lo informado por el gremio, el lunes podría sentirse con más fuerza desde el turno tarde, ya que la limpieza realizada el viernes permitiría sostener parcialmente la actividad matutina, pero no garantizar las condiciones para el resto de la jornada.
La medida, además, fue anunciada sin fecha de finalización. El gremio condicionó su levantamiento a una convocatoria urgente y a respuestas efectivas sobre los puntos en discusión. En otras palabras, no se trata de un paro simbólico ni de una advertencia menor: es una señal de endurecimiento en un escenario donde el diálogo entre las partes aparece cada vez más deteriorado.
El conflicto vuelve a exponer una realidad ya repetida en la provincia: cuando los compromisos salariales no se cumplen y los organismos de control laboral son percibidos como una carga antes que como una garantía, la tensión se traslada de inmediato a los servicios públicos. Y en este caso, el costo no se limita a una discusión gremial: también puede traducirse en escuelas sin condiciones mínimas de funcionamiento y en miles de estudiantes afectados.
La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena multimillonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF. La resolución vuelve a poner en primer plano un dato central: la recuperación del 51% de la petrolera fue una decisión soberana, votada por el Congreso, en un área estratégica para el presente y el futuro energético del país.
El juicio por YPF en los Estados Unidos fue presentado durante años como la prueba definitiva de un supuesto desvarío argentino. Pero el fallo conocido este 27 de marzo de 2026 en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York obliga a revisar ese relato. La Cámara revocó la sentencia que había condenado al país a pagar unos 16.100 millones de dólares y sostuvo, en lo sustancial, que esos reclamos de daños por incumplimiento contractual no eran admisibles bajo el derecho argentino aplicado al caso. También dejó sin efecto el andamiaje que se había montado alrededor de esa condena y confirmó la decisión favorable a YPF.
El dato más relevante del fallo no es solamente económico. Es político, jurídico e histórico. La Cámara recordó que la Argentina expropió la participación mayoritaria de Repsol en 2012 y destacó que eso ocurrió mediante un proyecto de ley enviado al Congreso para autorizar la expropiación del 51% de las acciones clase D de YPF. Es decir: la propia reconstrucción judicial del caso vuelve a ubicar la decisión donde siempre debió estar, en el terreno de la soberanía estatal y del procedimiento institucional, no en el de una maniobra caprichosa o clandestina.
Ese punto no es menor. La reestatización no fue un acto administrativo aislado ni una confiscación de hecho resuelta entre bambalinas. Fue una decisión política adoptada por el Estado argentino a través de sus mecanismos constitucionales, con intervención del Poder Legislativo y bajo una ley específica, la 26.741, que declaró de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos. En un país que venía de años de caída productiva, pérdida de reservas y creciente dependencia energética, recuperar el control sobre YPF no fue un gesto ideológico: fue una decisión estratégica. La propia Cámara de Apelaciones situó la disputa dentro del marco del derecho público argentino de expropiación y no como un simple litigio mercantil entre privados.
De hecho, ahí está uno de los núcleos del nuevo fallo. Los jueces sostuvieron dos razones independientes para revertir la condena: primero, que bajo el derecho civil argentino el estatuto de YPF no creó una obligación contractual bilateral de la República frente a los accionistas minoritarios; segundo, que aun si se admitiera esa hipótesis, los reclamos de daños estaban desplazados por el derecho público argentino que gobierna las expropiaciones. Traducido a lenguaje llano: la Cámara dijo que no correspondía tratar esa decisión soberana como si fuera apenas el incumplimiento de una cláusula comercial.
Esto adquiere todavía más peso si se recuerda el cuadro anterior. En 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había concluido que la Argentina había tomado control indirecto de las acciones expropiadas el 16 de abril de 2012, con el decreto de intervención, y no recién cuando entró en vigor la ley de expropiación. Sobre esa base, fijó criterios que terminaron en una condena multimillonaria. Incluso dejó asentado en su fallo que tras el decreto de intervención las acciones de YPF cayeron más de 40%, mientras que cuando la ley de expropiación entró en vigencia el descenso fue de apenas 3%. Ese razonamiento fue uno de los cimientos de la sentencia ahora revertida.
Pero la resolución de la Cámara introduce una corrección de fondo: reconoce que el caso nace de una expropiación y que ese dato no puede ser barrido para reconvertirlo artificialmente en un reclamo indemnizatorio contractual común. El tribunal fue explícito al afirmar que el hecho de que antes se hubiera discutido la jurisdicción bajo la ley de inmunidades soberanas de Estados Unidos no significaba que el caso dejara de involucrar derecho público extranjero, incluido el que regula los actos expropiatorios de un gobierno soberano. También remarcó que la ley argentina de expropiaciones constituye el marco jurídico primario para resolver estas controversias.
En otras palabras, la Cámara no dijo que la expropiación no existió. Dijo algo políticamente más relevante: que no podía desarmarse el régimen jurídico público argentino para imponerle desde afuera una lectura contractual funcional a los fondos litigantes. Y ahí aparece una verdad incómoda para ciertos sectores del mercado: cuando un Estado decide recuperar el control de una empresa estratégica y lo hace por ley, lo que está en juego no es sólo un paquete accionario. Está en juego la capacidad de una nación para ordenar su política energética.
Esa discusión, además, no puede hacerse en abstracto. Basta mirar lo que representa hoy YPF. En la última década, la petrolera volvió a ocupar un lugar central en el desarrollo de Vaca Muerta, en la expansión del shale argentino, en la infraestructura de evacuación de crudo y gas y en la proyección exportadora del país. En un mundo donde la energía volvió a ser un factor de poder —por las guerras, la disputa entre potencias, la volatilidad de precios y la transición energética— tener una empresa como YPF bajo control nacional no es una rareza: es una herramienta.
Ese es, en definitiva, el trasfondo real del caso. Durante años se quiso instalar que la reestatización era apenas un pecado de origen cuyos costos recaerían eternamente sobre la Argentina. El fallo conocido ahora no borra las complejidades del proceso ni convierte en perfecto todo lo actuado en 2012. Pero sí restituye algo esencial: la recuperación del 51% de YPF fue una decisión tomada por el Estado argentino en sede institucional, con intervención del Congreso, en función de un objetivo de interés público ligado al autoabastecimiento y al control de un recurso estratégico.
Para un país como la Argentina, eso importa. Importa porque la historia económica nacional está llena de decisiones condicionadas por acreedores, tribunales, fondos especulativos o intereses externos. E importa también porque, cuando se discute YPF, no se discute solamente una sociedad anónima. Se discute quién planifica, quién invierte, quién administra y para qué se usan los recursos energéticos del país. (Reuters)
La resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York no clausura todos los capítulos del expediente. Pero sí deja una enseñanza política nítida: la decisión de reestatizar YPF no fue un extravío, sino una afirmación de soberanía en uno de los pocos terrenos donde un país periférico todavía puede intentar definir su destino. Y en tiempos de incertidumbre global, de guerras energéticas y de disputa por los hidrocarburos, contar con YPF no parece un problema. Parece, más bien, una necesidad.
Durante años, no faltaron voces que anticiparon —y en algunos casos celebraron— una condena millonaria contra la Argentina como si se tratara de una confirmación ideológica más que de un proceso judicial en curso. Hoy, con el fallo revertido, esas mismas posiciones intentan reacomodarse en el nuevo escenario, apropiándose de una resolución que contradice sus propios diagnósticos previos. La secuencia deja al descubierto una lógica recurrente: la rapidez para amplificar el costo político de una decisión soberana, y la incomodidad para reconocer cuando esa misma decisión encuentra respaldo, incluso en tribunales externos.
El clima en la provincia deNeuquén para este viernes 27 de marzo estará marcado por la estabilidad meteorológica, con predominio de cielos despejados y temperaturas en ascenso en los valles y la meseta, en una jornada que se perfila como una de las más agradables de la semana.
En la ciudad de Neuquén se espera un día completamente despejado, con una temperatura máxima que alcanzará los 27 grados y una mínima de 11 grados durante la noche. El viento se mantendrá leve a moderado, con ráfagas que no superarán los 18 kilómetros por hora, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante gran parte del día.
El buen tiempo también se extenderá hacia otras localidades de los valles y la meseta. En Añelo y Zapala se repetirán condiciones similares, con máximas cercanas a los 27 y 28 grados respectivamente, y sin presencia de fenómenos adversos. La estabilidad del tiempo permitirá jornadas ideales para actividades al aire libre, sin interrupciones por lluvias o viento fuerte.
En la zona cordillerana, si bien el cielo se mantendrá mayormente despejado, las temperaturas serán más bajas, especialmente durante la noche. En localidades como San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el frío se hará sentir con mínimas bajo cero, en un contexto típico de transición hacia el otoño en la región.
Por su parte, en el norte neuquino, el clima también acompañará con condiciones estables. En Chos Malal se prevé una jornada con cielo despejado y una máxima de 23 grados, aunque con algunas ráfagas de viento moderadas durante el día.
