El martes 24 de marzo se cumplen exactamente cincuenta años del golpe de Estado cívico-militar que instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Lejos de ser una fecha de simple conmemoración, este aniversario llega cargado de una tensión inédita: por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983, un grupo de expertos de Naciones Unidas emitió una advertencia formal y pública sobre lo que denominaron «alarmantes retrocesos» en materia de Memoria, Verdad y Justicia en el país que supo ser referente mundial en esa causa.
Una advertencia desde Ginebra
Durante cinco décadas, la Argentina construyó un modelo de justicia transicional que el mundo observó y en muchos casos replicó. La CONADEP, el histórico Juicio a las Juntas, la condena penal de más de mil responsables de crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la restitución de la identidad de hijos apropiados durante la dictadura y la preservación de los sitios donde funcionaron los centros clandestinos de detención conformaron un andamiaje institucional que fue orgullo y obligación de todos los gobiernos democráticos. Ese legado, edificado con décadas de lucha de los organismos de derechos humanos y con la acumulación de voluntad política de distintos signos partidarios, está hoy seriamente amenazado.
Así lo indicaron cinco expertos independientes de Naciones Unidas en una declaración difundida el 20 de marzo, a cuatro días del medio siglo del golpe. El grupo estuvo integrado por los relatores especiales Bernard Duhaime —a cargo de los temas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición—, Morris Tidball-Binz —ejecuciones extrajudiciales—, Alexandra Xanthaki —derechos culturales— y Alice Jill Edwards —tortura y tratos crueles e inhumanos—, junto al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas liderado por Gabriella Citroni. Todos coincidieron en que el deterioro que atraviesa la Argentina en esta materia es rápido, profundo y preocupante.
El desmantelamiento concreto
Las advertencias no son abstractas. Los expertos documentaron un conjunto de medidas adoptadas por la actual administración que desarticulan punto por punto la arquitectura institucional construida desde 1983. Entre ellas se cuentan la disolución de los equipos que relevaban archivos en las Fuerzas Armadas, el desmantelamiento de las querellas que sostenía la Secretaría de Derechos Humanos —organismo que además fue degradado en su rango—, la eliminación del cuerpo de peritos que prestaba apoyo técnico a los juicios de lesa humanidad, el vaciamiento de los sitios de memoria y el recorte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Todo ello acompañado de un discurso oficial que relativiza o directamente niega la magnitud de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Ese discurso encontró su expresión más escandalosa en el plano internacional. En noviembre de 2025, un representante del gobierno argentino compareció ante un organismo de Naciones Unidas y utilizó el espacio para poner en duda las cifras de desaparecidos y minimizar la responsabilidad del Estado terrorista. Los propios relatores que meses después firmarían la declaración fueron testigos directos de esa intervención.
También trascendió que desde el oficialismo se había planificado estrenar en el museo que funciona en la ex ESMA un material audiovisual que desplazaba el eje del relato hacia la violencia política previa al golpe, en un intento de equiparar víctimas con victimarios. Ante la repercusión pública, el proyecto fue finalmente descartado.
La sombra del indulto
Uno de los puntos más graves de la declaración apunta a versiones que circulan con insistencia en el ambiente político sobre una eventual amnistía o indulto a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Los expertos de la ONU fueron explícitos: el Estado argentino tiene obligaciones internacionales vinculantes en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, y esas obligaciones no están sujetas a discrecionalidad política. «Esto no es opcional», escribieron. La advertencia no es nueva en la historia argentina: ya en los años noventa, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida —y luego los indultos presidenciales que liberaron a los jefes de las Juntas— mostraron el costo institucional y moral de la impunidad. Ese camino, señalaron los expertos, no puede volver a recorrerse.
El hilo que une pasado y presente
A cincuenta años del golpe, el caso argentino demuestra que la justicia transicional no es un proceso que se clausura con una sentencia o un decreto. Es un equilibrio frágil, permanentemente disputado, que requiere voluntad política sostenida, movilización social activa y fortaleza institucional para resistir los embates de quienes prefieren que el pasado permanezca oscuro.
Las batallas por la memoria son siempre, en el fondo, batallas por el presente y por el tipo de país que se quiere construir. Preservar la verdad sobre lo que ocurrió entre 1976 y 1983 no es un ejercicio de nostalgia ni de revanchismo: es una condición estructural de la democracia misma.
La clase política también tiene su deuda
Sería, sin embargo, un error de perspectiva reducir este aniversario a una disputa entre el gobierno actual y la causa de los derechos humanos. A cincuenta años del golpe, la pregunta sobre cómo se llegó hasta aquí exige una mirada más larga e incómoda sobre el ciclo democrático completo. Durante cinco décadas, una porción significativa de la dirigencia política argentina —sin distinción de signo partidario— utilizó la memoria como bandera electoral y como herramienta de disputa facciosa, pero desatendió con igual constancia las condiciones materiales que una democracia real necesita para ser creíble ante su propia ciudadanía.
Hubo gobiernos que indultaron genocidas para estabilizar sus coaliciones de poder. Partidos que predicaron republicanismo mientras vaciaban las instituciones desde adentro. Coaliciones que prometieron transformación y administraron el deterioro. Líderes que construyeron fortunas y aparatos clientelares a costa del bien público. Todos ellos, en distintas medidas y con distintas responsabilidades, contribuyeron a erosionar la confianza popular en el sistema democrático hasta dejarlo tan poroso como para que el negacionismo y el autoritarismo encuentren hoy audiencia y votos.
Señalar únicamente al presente como responsable del daño es cómodo, pero deshonesto. El 24 de marzo de 2026 no interpela solo a quienes hoy gobiernan: interpela también a quienes, durante cincuenta años y en nombre de la democracia, la fueron vaciando de contenido, de ética y de futuro.
Fuentes consultadas: OHCHR — Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH; declaraciones de relatores especiales
