La imputación la realizó el pasado 21 de marzo, después del mediodía, en una audiencia realizada en Zapala y en la que además pidió que se impongan medidas cautelares para proteger al jefe comunal y su pareja.
De acuerdo a la investigación provisoria, el hecho fue cometido el 20 de marzo entre las 10.30 y 11.30. El acusado, M.E.A, y la acusada, J.L.B, fueron hacia la sede del municipio de Las Coloradas. En el hall de ingreso, J.L.B comenzó a increpar a una mujer que es pareja del intendente, mientras estaba acompañada por M.E.A, quien llevada un envase que contenía combustible.
En ese contexto, J.L.B se abalanzó sobre la mujer y, mientras ella estaba en cuclillas, la golpeó en la cabeza y la espalda con golpes de puño. Cuando la víctima intentó escapar, la acusada y el acusado la siguieron hasta que cayó sobre un banco luego de ser empujada y ahí, J.L.B, volvió a golpearla con la rodilla y los puños en distintas partes del cuerpo.
Luego, mientras era socorrida por otras personas, la víctima se dirigió hacia el área del departamento del Sueldos del municipio, momento en el que M.E.A la alcanzó y le dio dos golpes de puño en la cara y le gritó: “te voy a matar, se les terminó la dinastía, uno por uno los voy a agarrar y los voy a hacer mierda”.
Como consecuencia de las agresiones, la mujer sufrió lesiones de carácter leve, con un mínimo de 21 días de reposo.
Ante esta situación, el intendente Lucrecio Varela intentó trasladar a su pareja desde la sede municipal hacia el hospital local. Fue en ese momento que M.E.A interceptó al jefe comunal y lo amenazó: “te voy a hacer cagar”, le dijo, mientras sostenía un bidón.
Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal jefe Gastón Liotard ordenó la detención del acusado y la acusada hasta el momento de la audiencia.
En la audiencia, el delito que el asistente letrado atribuyó a ambas personas fue, para el caso de J.L.B, lesiones leves en calidad de autora; y en el caso de M.E.A, lesiones leves y amenazas (dos hechos) en concurso real, en calidad de autor.
Como medida cautelar, requirió la prohibición de ingresar a Las Coloradas del acusado y la acusada por un plazo de 60 días, sobre la base de la necesidad de proteger a las víctimas de la agresión. “Este es un caso de conmoción pública para la localidad”, indicó, y destacó que “la medida requerida no es de las más gravosas”. También planteó que el imputado y la imputada estarían en condiciones de cumplir con esta medida, ya que cuentan con familiares en la ciudad de Plaza Huincul, donde podrían permanecer.
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) describió que las enfermeras del hospital local, tuvieron que intervenir para que la acusada no ingresara al sector donde recibió atención la mujer a la que agredió.
La jueza de garantías que intervino en la audiencia, Vanessa Macedo Font, avaló la formulación de cargos.
Sobre el pedido de prohibición de ingreso a Las Coloradas del acusado y la acusada que efectuó el MPF, lo rechazó por considerar que faltaba información sobre la disponibilidad del domicilio ofrecido en Plaza Huincul, así como sobre la situación laboral de ambos durante los 60 días de duración de la medida.
La magistrada resolvió imponer la prohibición de acercamiento al domicilio de las víctimas y al municipio por un radio de 100 metros de parte del acusado y la acusada; también hacia las víctimas en forma personal; así como de mantener contacto por cualquier vía; todo por un plazo de 60 días.
