Causas simultánes, superposición de competencias entre Nación y la provincia de Neuquén, orden de desalojo vigente, comunidades aborígees que denuncian vulneración de derechos y un conflcito que se agravar en la zona del Pedregoso.
El conflicto por la ocupación y reivindicación territorial de las comunidades mapuches Lof Melo y Lof Kinxikew escaló en los últimos días con nuevas declaraciones, en un escenario donde la disputa judicial se entrelaza con tensiones políticas e institucionales entre Nación y la provincia de Neuquén.
La denuncia: “persecución y arbitrariedad”
A través de un comunicado público publicado recientemente, el Lof Melo señaló que:
“el 30 de marzo de 2026, el juez Francisco Astoul Bonorino vuelve a ordenar un desalojo ilegal contra el territorio mapuche del LOF MELO y LOF KINXIKEW”, al tiempo que calificaron la medida como “un claro acto de persecución y arbitrariedad”.
En el mismo documento, las comunidades afirmaron: “denunciamos públicamente que este accionar no solo vulnera nuestros derechos, sino que también constituye un grave incumplimiento de la ley que el propio juez debería garantizar”.
Entre las principales irregularidades señaladas, destacaron:
La omisión deliberada del Lof Melo en la orden judicial, pese a tratarse de una comunidad reconocida.
La imposibilidad de acceso de la defensa al procedimiento, lo que —según sostienen— vulnera garantías básicas.
La paralización de una medida cautelar clave vinculada al Lof Kinxikew.
Para las comunidades, estas decisiones evidencian un accionar direccionado:
“este comportamiento no es neutral, responde a intereses que nada tienen que ver con su función como juez”.
La mirada judicial: causas paralelas y complejidad jurídica
Fuentes judiciales consultadas plantean una interpretación distinta del conflicto y advierten que las comunidades no explicitan la existencia de dos causas paralelas en trámite, lo que complejiza la situación.
Una es la causa original, caratulada “Comunidad Mapuche Lof Kintrikeu c/ Broers María Cristina s/ acción reivindicatoria”, busca dirimir si el terreno pertenece a la mujer que reclama su restitución o si se trata de una ocupación tradicional mapuche.
En esa causa, el juez Astoul Bonorino ya había intervenido en una causa previa relacionada, cuando hizo cumplir una sentencia firme del año 2012 —dictada por el juez Andrés Luchino— que ordenaba el desalojo de la familia Quintriqueo. Esa participación fue el motivo central de la recusación: la defensa consideró que el magistrado ya no podía actuar con objetividad.
La otra acción, es la iniciada por el Lof Kinxikew junto al Lof Melo (y vinculada también al Lof Quintupuray), busca que la Justicia declare que los territorios en disputa pertenecen a comunidades indígenas.
Este planteo abre un conflicto estructural:el área en cuestión se encuentra dentro de un parque nacional, pero al mismo tiempo bajo jurisdicción de la provincia de Neuquén, generando un choque de competencias entre el Estado nacional y el provincial.
Según explicaron desde el palacio judicial: “si algún estamento le diera la razón al reclamo de los Lof, quien lo haga debería pagarle a los propietarios de la tierra, que son la familia Broers; en ese caso, de antemano debería suspenderse el desalojo”.
El nudo del conflicto: propiedad, jurisdicción y expropiación
El punto más complejo del caso radica en la eventual expropiación de las tierras, que implicaría una serie de definiciones aún pendientes:
Determinar qué nivel del Estado (Nación o provincia) tiene competencia sobre el territorio.
Definir quién asumiría el costo económico de indemnizar a los actuales propietarios.
Resolver si corresponde priorizar derechos indígenas preexistentes o títulos de propiedad vigentes.
En ese sentido, desde la Justicia señalan que: “la justicia que ordene la expropiación también tiene que determinar si esa medida afecta a Parques Nacionales o a la provincia, y como es un tema muy complejo, aún no se resuelve”.
Nación vs. provincia: un conflicto abierto
El expediente también expone una falta de coordinación entre distintos niveles del Estado:
La provincia de Neuquén rechazó el planteo de las comunidades.
El Estado nacional aún no se pronunció sobre el fondo del reclamo.
Este vacío institucional profundiza la incertidumbre y deja el conflicto en un estado de indefinición.
En ese contexto, las fuentes judiciales remarcan: “no es que se dictó una nueva orden de desalojo, sino que nunca se frenó la original”, lo que explica por qué el proceso sigue avanzando.
La respuesta de las comunidades: derechos históricos
Frente a este escenario, los Lof Melo y Lof Kinxikew endurecieron su postura y exigieron: “el cese inmediato de estas prácticas arbitrarias, la revisión urgente de lo actuado y la resolución de la medida cautelar que permanece injustificadamente retenida”.
Además, plantearon que el conflicto tiene un trasfondo político: “no estamos ante un error, estamos ante una decisión política que intenta avanzar sobre nuestros territorios”.
En defensa de su reclamo, sostienen contar con respaldo documental:“tenemos pruebas, documentación histórica y legal que respaldan nuestra preexistencia como pueblo”, y aseguran que su presencia está registrada desde 1890 por el propio Estado argentino.
Un conflicto estructural sin resolución inmediata
El caso sintetiza tensiones históricas en la Argentina:
Reivindicaciones territoriales indígenas
Intereses de propietarios privados
Superposición de jurisdicciones estatales
Falta de definiciones políticas de fondo
Mientras tanto, el proceso judicial avanza y el desalojo se mantiene vigente en la órbita provincial, en un escenario donde las decisiones estructurales aún no llegan.
Lo que está en juego
Más allá del caso puntual, el conflicto pone en discusión cuestiones de fondo:
El alcance real de los derechos de los pueblos originarios
La aplicación efectiva de normativas vigentes
El rol del Estado en la resolución de disputas territoriales
La necesidad de coordinación entre Nación y provincias
Puntos clave del conflicto (2025-2026):
Situación actual:La propiedad está en disputa con un particular y la orden de desalojo contra la comunidad Melo y Quintriqueo sigue firme, a pesar de los intentos fallidos de ejecución.
Conflicto legal:Apoderados de la propietaria denunciaron «incumplimiento de la manda judicial» por parte de la policía al no realizar el desalojo.
Antecedentes:Los lofs Melo y Kinxikew ya habían advertido en 2025 que resistirían los desalojos.
Intervención Internacional:Las comunidades han pedido medidas cautelares a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para evitar el desalojo.
Contexto regional:Las disputas se suman a otros conflictos territoriales en la zona, como el del Lote Pastoril 9
