La fiscalía de Delitos Económicos amplió la acusación por una millonaria estafa cometida con la venta de viviendas iniciada en noviembre del año pasado, ya que aparecieron nuevas víctimas y se incluyó en la causa al hermano del imputado original.
Así lo resolvieron el fiscal del caso Juan Narváez y la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Económicos, Agustina Jara, quienes investigan a los propietarios de la empresa Compac Vivienda, los hermanos Nicolás Alejandro y Bernardo Rubén Commiso, por una millonaria estafa con venta de viviendas mediante el sistema de construcción en seco.
De acuerdo con la fiscalía, en total, en un período que va desde el 1 de noviembre de 2019 al 9 de septiembre de 2022, los imputados perjudicaron a víctimas en 14 hechos, con un perjuicio histórico de $ 25.333.248 y U$ 221.737. Esos montos se actualizarán al momento del juicio.
Se les atribuye haber montado una estructura con tres oficinas para atraer clientes. Se trata de Compac Viviendas, que en el plazo de tiempo indicado, tuvo tres sedes: una en J.J. Lastra 1120, otra en Rivadavia 340 y otra, en Pampa 355, todas de Neuquén capital. La supuesta empresa ofrecía servicios de construcción en seco, bajo las modalidades de steel framing y wood framing.
Los imputados desplegaban una puesta en escena consistente en mostrarle a sus futuros clientes los catálogos de las casas que supuestamente habían construido, así como también las instalaciones de la empresa, en donde las víctimas podían observar materiales de construcción acopiados y gente trabajando. Además, los imputados aprovechaban la ocasión para resaltar que estaban construyendo varias casas, que también contaban con oficinas en la ciudad de Bahía Blanca y que pensaban abrir más sucursales en otras localidades de la región.
“De esta forma, Nicolás y Bernardo Commiso generaban confianza en sus clientes a fin de que contrataran la empresa”, aclaró la asistente Jara, y explicó que era el inicio de la estafa, en la que “les hacían incurrir en el error de pensar que se trataba de una empresa seria, firmaban un contrato y le entregaban dinero”.
Según pudo concluir la fiscalía, las viviendas nunca se construyeron o, en los casos en los que las obras comenzaron, se estancaron apenas iniciadas. Mediante excusas, los imputados ganaron tiempo hasta levantar las oficinas e interrumpir el contacto con las víctimas.
Tras escuchar a las partes, la jueza a cargo de la audiencia, Natalia Pelosso, tuvo por formulados los cargos respecto de Bernardo Rubén Commiso y reformulados, con nuevos hechos, respecto de Nicolás Alejandro Commiso. También hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía para contrarrestar el riesgo de fuga y para resguardar patrimonio que pueda ser de utilidad para resarcir a las víctimas. De ese modo, dictó una prórroga de una inhibición general de bienes que ya regía en la investigación, se impuso a los imputados una prohibición para salir del país y presentaciones mensuales ante el Ministerio Público Fiscal.
