Ante el hacinamiento en comisarías, la Justicia autorizó el ingreso de condenados a la Unidad 11 y, por primera vez desde 2017, derivaciones a la cárcel federal de Senillosa. La jueza Gass advirtió que el Poder Ejecutivo es responsable de la crisis y exigió mejoras urgentes.
En un contexto de profunda crisis carcelaria, la Justicia neuquina habilitó este miércoles dos medidas excepcionales para descomprimir el hacinamiento que afecta a comisarías de toda la provincia. La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, autorizó el traslado de 18 personas condenadas a la Unidad 11 y permitió que otros cuatro condenados por microtráfico sean derivados a la cárcel federal de Senillosa.
La decisión marca un giro en la política de cupos que regía desde noviembre de 2022, cuando la propia jueza dispuso el cierre técnico de la Unidad 11 por sobrepoblación, fijando un límite de 265 internos y prohibiendo nuevos ingresos sin vacantes. Ahora, ante un pabellón recientemente reacondicionado que permanecía vacío, Gass habilitó su ocupación de forma excepcional.
El contexto que motivó el cambio es crítico: actualmente, 98 personas condenadas por la justicia provincial cumplen pena en comisarías, en condiciones que distintos actores del sistema judicial calificaron como inhumanas.
“El cierre de la Unidad 11 tuvo un efecto no deseado: el Ejecutivo empezó a hacinar presos en comisarías. No se puede responsabilizar al Poder Judicial por eso”, argumentó la magistrada durante la audiencia. Afirmó además que se trata de una “decisión en nombre del mal menor”.
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid coincidió: “No podemos tener un pabellón vacío mientras hay presos durmiendo en condiciones inadmisibles. Hay detenidos de primera y de tercera categoría”. La defensora Luciana Petraglia, aunque advirtió que “el Poder Judicial no puede elegir entre males”, respaldó la resolución por tratarse de una respuesta urgente a un problema estructural no resuelto por el Ejecutivo.
Primeros traslados a la cárcel federal desde 2017
La jueza también autorizó el traslado a Senillosa de cuatro personas –tres varones y una mujer– condenadas por causas de microtráfico, alojadas actualmente en comisarías. Es la primera vez, desde la apertura de la cárcel federal en 2017, que se admite el ingreso de condenados por la justicia provincial.
La fiscal de Ejecución, Natalia Lacoste, explicó que hay margen para derivar hasta 15 personas condenadas por microtráfico, a pabellones específicos. La cárcel federal fue construida por la provincia y luego cedida al gobierno nacional, como parte de un acuerdo por el predio donde funcionó la antigua Unidad 9.
Pabellones sin gas y reclamos urgentes
Durante la audiencia, el delegado del Comité contra la Tortura, Roberto Samar, denunció que varios pabellones de la Unidad 11 están sin servicio de gas en medio de la ola polar, y que hay internos durmiendo en el suelo. Frente a esta situación, Gass ordenó al Ejecutivo resolver la provisión de gas en un plazo de 12 horas, tanto en la Unidad 11 como en las Unidades 12 y 16.
Mientras se aguarda la finalización del nuevo pabellón de máxima seguridad –prometido para agosto–, la crisis penitenciaria neuquina sigue acumulando tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en un escenario donde los recursos edilicios, humanos y legales muestran un límite crítico.











