El condenado por el triple femicidio de Cipolletti reiteró su reclamo de beneficios penitenciarios. El juez de Ejecución ordenó medidas clave para analizar su pedido.
Claudio Rodolfo Kielmasz, único condenado por el crimen de María Emilia, Paula y Verónica —considerado el primer triple femicidio del país—, volvió a exigir a la Justicia beneficios que le permitan acceder a salidas transitorias tras pasar casi tres décadas detenido. El pedido se formalizó mediante un hábeas corpus que expuso falencias en su tratamiento psicológico y en la atención médica dentro del penal de La Pampa donde cumple su condena.
El juez de Ejecución Penal Fernando Romera presidió la audiencia virtual donde Kielmasz y su defensora oficial, Victoria Marian Martínez, insistieron en la necesidad de diseñar un plan de tratamiento individual que contemple su eventual reinserción social. Según el interno, la falta de apoyo psicológico le impide avanzar en el régimen progresivo de pena al que tiene derecho.
Un plan para la reinserción
Romera dispuso medidas que marcan un paso clave para evaluar la posibilidad de beneficios. Ordenó a la Unidad Penitenciaria Federal N° 4 de Santa Rosa elaborar un plan de tratamiento individual con objetivos claros para la reinserción de Kielmasz. Además, solicitó informes detallados sobre su estado físico y la eventual necesidad de atención cardiológica, sumado a la evaluación de su traslado a un sector de mayor autodisciplina dentro del penal.
Entre los puntos destacados, la resolución exige que se precise qué familiares podrían ser designados como tutores para el cumplimiento de un régimen extramuros. Estos requisitos forman parte del protocolo para avanzar con la solicitud de salidas transitorias.
Críticas a la atención y comparación con Robledo Puch
Durante la audiencia, Kielmasz expresó su disconformidad con la asistencia psicológica que recibe. Relató que solo fue atendido en cuatro oportunidades y que, a pesar de pérdidas familiares recientes, no recibió contención adecuada. En un paralelismo llamativo, se comparó con Robledo Puch, el asesino serial más famoso de Argentina, para enfatizar que en su caso no hay informes negativos y que no representa un peligro, por lo que considera que debería gozar de beneficios.
“Algo debe haber aprendido en estos 30 años. No estoy loco ni intenté matarme o escaparme”, dijo Kielmasz, remarcando que su pena “no es de por vida” y cuestionando al Servicio Penitenciario por la falta de acciones concretas para su tratamiento y reinserción.
Postura de la defensa y la Fiscalía
La defensora Martínez remarcó la ausencia de un seguimiento terapéutico estable para su cliente y reclamó que el penal defina cómo se implementará un plan extramuros. Argumentó que Kielmasz no tiene antecedentes de indisciplina y que después de tres décadas de encierro “no es aceptable que se lo prive indefinidamente de cualquier beneficio”.
Por su parte, la fiscal Susana Carrasco reconoció la validez de los planteos de la defensa y resaltó la necesidad de elaborar informes que contemplen la situación socioambiental del interno. Además, cuestionó los constantes traslados de Kielmasz entre penales federales, que dificultan la continuidad de su tratamiento.
Un triple femicidio que marcó a Cipolletti
Kielmasz fue condenado a prisión perpetua por el brutal asesinato de María Emilia González, Paula González y Verónica Villar, ocurrido en Cipolletti en 1997. El caso conmocionó a la provincia y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. A más de 27 años del hecho, la comunidad sigue recordando el crimen con marchas y reclamos para que se mantenga la prisión efectiva del único condenado.
El pedido de Kielmasz para acceder a salidas transitorias reabre la discusión sobre los límites del régimen progresivo de pena, la posibilidad de reinserción y las garantías que deben tener las víctimas y sus familiares para evitar la impunidad.
