La fiscalía formuló cargos contra un psiquiatra, una psicóloga y dos responsables del establecimiento Valle Sereno-San Cirano. Investigan 21 hechos ocurridos entre 2021 y 2023 por prestaciones que habrían sido facturadas a la obra social provincial sin haberse realizado.
La Justicia de Río Negro avanzó este martes con una investigación por presuntas maniobras de defraudación contra el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) y formuló cargos contra cuatro personas vinculadas al establecimiento de salud mental Valle Sereno-San Cirano, de General Roca.
La acusación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal, que atribuyó a los imputados la participación en una serie de maniobras destinadas a facturar prestaciones que, según la investigación, no habrían sido efectivamente brindadas a afiliados de la obra social provincial.
Los hechos investigados son 21 y habrían ocurrido entre noviembre de 2021 y julio de 2023.
Durante la audiencia de formulación de cargos fueron imputados el médico clínico y psiquiatra Luis Mercado, la psicóloga María Galván, la presidenta del establecimiento Silvia Sirotich y el socio de la institución Luis Valsangiacomo. La fiscalía anticipó además que una quinta persona será imputada en los próximos días.
Según la acusación, los profesionales y directivos habrían actuado de manera coordinada para presentar documentación presuntamente falsa ante el Ipross y cobrar prestaciones vinculadas a tratamientos de salud mental que no habrían sido realizadas.
La investigación sostiene que se habrían confeccionado historias clínicas apócrifas, planillas de asistencia con datos presuntamente falsos e inclusiones ficticias de pacientes en la modalidad denominada Hospital de Día, una prestación específica que contempla un módulo de facturación superior al de otros tratamientos.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la documentación era elaborada por integrantes del equipo profesional y luego remitida a la administración del establecimiento para generar las facturas mensuales que posteriormente eran enviadas al Ipross para su cobro.
Una vez presentada la documentación, la obra social provincial tramitaba los expedientes administrativos correspondientes y autorizaba los pagos a favor del prestador.
La fiscalía señaló que la operatoria investigada fue posible en el marco del convenio vigente entre el Ipross y Valle Sereno-San Cirano, mediante el cual la institución se comprometía a brindar distintas prestaciones de internación y tratamiento para afiliados de la obra social.
Las fiscales Teresa Giuffrida y María Celeste Benatti sostuvieron que los servicios facturados habrían sido cobrados por montos superiores debido a que correspondían a módulos especiales de atención, generando un perjuicio económico para el organismo provincial.
La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada por el Ipross en mayo de 2024 ante la Fiscalía General.
Entre las pruebas mencionadas por el Ministerio Público Fiscal figuran expedientes administrativos de la obra social, documentación vinculada al convenio prestacional, informes contables realizados por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, registros bancarios sobre pagos efectuados al establecimiento, informes de organismos nacionales y provinciales y declaraciones testimoniales incorporadas al expediente.
La calificación legal provisoria atribuida a los imputados es la de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública, en 21 hechos y en concurso real.
Mientras que la presidenta y el socio del establecimiento fueron acusados como coautores, los profesionales fueron imputados en calidad de partícipes necesarios.
Las defensas no plantearon objeciones a la formulación de cargos y el juez de Garantías Gustavo Quelin dio por formalizada la imputación. Además, fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria, período durante el cual la fiscalía reunirá nuevas pruebas para determinar las responsabilidades de los involucrados.
