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Mientras el Gobierno nacional avanza con su discurso de estabilización económica y disciplina fiscal, una imagen muy diferente se instala puertas adentro de la Policía Federal Argentina: efectivos armados que no llegan a fin de mes, que manejan Uber en sus días francos para completar ingresos, y que ahora recibirán bolsones de alimentos y un comedor institucional porque su sueldo no alcanza ni para comer durante el servicio.
La Policía Federal Argentina pondrá en marcha desde la semana próxima un comedor destinado al personal en servicio de las jerarquías más bajas y medias-bajas que no puedan costear su propia comida. La medida, confirmada por tres fuentes de la fuerza, alcanzará a Subinspectores, Ayudantes, Cabos 1°, Cabos, Agentes, Auxiliares de Seguridad y Defensa y Auxiliares de Inteligencia, con la particularidad de que varios de esos escalafones podrán concurrir incluso estando francos.
Paralelamente, se implementó un sistema de entrega de bolsas con productos básicos —harina, aceite, arroz, yerba, fideos, polenta— a través de un mecanismo de asistencia que, según denuncias en redes sociales, implicaría completar un formulario y podría descontarse alrededor de $9.000 del sueldo mensual.
Los números que no mienten
Los salarios de los rangos más bajos de la PFA en marzo de 2026 son elocuentes por sí solos. Un Agente cobra $878.108, un Cabo $965.919, un Cabo 1° $1.062.511 y un Sargento $1.168.762.
Cruzados con los datos del INDEC, el cuadro se vuelve insostenible. La Canasta Básica Total (CBT) alcanzó $1.397.672 en febrero para una familia tipo de cuatro integrantes, lo que significa la línea que separa a un hogar de la pobreza. Dicho en términos concretos: buena parte del personal alcanzado por el nuevo comedor —si tiene familia a cargo— vive técnicamente en la pobreza con su sueldo de policía federal.
El deterioro no es nuevo pero se aceleró. En enero los salarios del sector público subieron apenas un 1%, cuando los precios lo habían hecho un 2,8%, y en términos interanuales los salarios registrados perdieron un 2% de poder adquisitivo durante 2025.
En el Presupuesto 2026, el área de Seguridad contempla un incremento general del 1,1%, aunque ese refuerzo está principalmente orientado a equipamiento e infraestructura, y no implica automáticamente una mejora salarial.
«Somos la Policía Federal Argentina»
La reacción interna a las medidas de asistencia fue de conmoción. Las fuentes consultadas describieron la situación como «indignante», «vergonzosa» y «más que humillante» para una fuerza que durante décadas se pensó a sí misma como un cuerpo profesional, jerárquico y con orgullo de pertenencia. Algunos efectivos resumieron el momento con una frase que por sí sola retrata el deterioro: «somos la Policía Federal Argentina».
La situación se agrava porque no se trata de una fuerza cualquiera ni de un empleo convencional. Los efectivos cumplen jornadas extensas, servicios adicionales, guardias, traslados y tareas de alto riesgo, muchas veces con fuerte exposición pública y exigencias permanentes. Por eso, la sola idea de que un agente armado del Estado necesite recurrir a un comedor institucional para poder almorzar o cenar durante su servicio genera una conmoción interna difícil de disimular.
Una crisis que venía de antes
El episodio del comedor y los bolsones no es un rayo en cielo sereno. En las últimas semanas se multiplicaron las denuncias internas contra la ministra Alejandra Monteoliva por una supuesta promesa de recomposición salarial que no se habría cumplido. Se habría conversado a fines de 2025 una recomposición del orden del 38% para el primer tramo de 2026, y finalmente solo llegaron incrementos parciales muy inferiores. Esa denuncia no tiene por ahora respaldo en documentación oficial pública, pero alimenta el malestar.
La figura de Monteoliva también arrastra un antecedente incómodo: en Córdoba, su paso por el Ministerio de Seguridad quedó marcado por el acuartelamiento policial y los saqueos de diciembre de 2013, episodio tras el cual dejó el cargo en medio de una fuerte crisis política.
La crisis tampoco es exclusiva de la Federal. En febrero, la Policía de Santa Fe llegó al borde del acuartelamiento. El gobernador Pullaro debió salir a prometer que ningún policía en funciones operativas percibiría menos de $1.438.835, luego de que los efectivos se movilizaran en Rosario denunciando que los sueldos no alcanzaban para cubrir los gastos mensuales.
Ante esa protesta, la ministra Monteoliva fue clara: «De ninguna manera vamos a compartir, apoyar y defender una huelga. Podemos entender que los reclamos son genuinos, están fundados, y la discusión es válida. Lo que no puede ser válido es una huelga cuando se trata de fuerzas de seguridad.»
Sin comunicado oficial
Hasta el cierre de esta nota, no hubo pronunciamiento alguno del Ministerio de Seguridad ni de la Jefatura de la Policía Federal sobre el comedor y los bolsones aunque fuentes de la misma policía informaron que el comedor quedaría suspendido por decisión de la ministra de Seguridad Monteoliva. La decisión puede aliviar urgencias concretas, pero difícilmente cierre la crisis. Dentro de la Federal crece la percepción de que el problema ya dejó de ser salarial en sentido estricto para convertirse en una cuestión de dignidad institucional.
El silencio oficial habla por sí solo. Cuando una fuerza de seguridad del Estado nacional necesita organizar asistencia alimentaria para sus propios agentes, el debate sobre el rumbo económico del país adquiere una dimensión que ningún índice de inflación puede reducir a un número.
