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Buscan eliminar la superposición de cargos en la administración pública

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Las comisiones de Hacienda y Presupuesto (B) y de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) se reunieron en plenario para tratar el proyecto del gobernador Rolando Figueroa que restituye a la Legislatura el 1,5% de ingresos por coparticipación federal, fondos que había dejado de percibir a partir de la sanción de la ley 3391, de creación del Fondo de Estabilización de Presupuestos.
El cuerpo acordó postergar la votación de la iniciativa hasta tanto se defina en el presupuesto legislativo la creación de un fondo anticíclico. Está previsto que mañana a las 9 se reúna la comisión de Hacienda para tratar el cálculo de gastos y recursos del Poder Legislativo para el próximo año.
El debate incluyó cuestionamientos por la incorporación de los fondos restituidos como partidas específicas dentro del presupuesto legislativo. Cabe destacar que los recursos que podría recuperar la Legislatura son del orden de los 11.200 millones de pesos y, según se indicó en la comisión, las propias autoridades de la cámara por una solicitud de la Vicegobernadora y Presidente de la Honorable Legislatura, habrían presupuestado 6000 millones de ese total, que se destinarían al fondo anticíclico. Es una reasignación específica que contemplará en una partida de la legislatura, y permitiría cubrir desvíos inflacionarios más allá de la pauta establecida del 18% y contingencias que puedan darse en 2025.
Desde el oficialismo, Ernesto Novoa (DC-Comunidad) enfatizó que el fondo debe tener cláusulas “limitativas” y apuntó contra la discrecionalidad en el uso de recursos públicos. “La cuestión discrecional tiene que ser la excepción”, sostuvo tras remarcar que los funcionarios públicos son “meros administradores, el duelo de los recursos es el pueblo de Neuquén”.
El diputado Francisco Lepore (Avanzar) solicitó la postergación de la votación del proyecto al señalar que los dos bloques mayoritarios –Comunidad y MPN- acordaron aguardar el tratamiento del presupuesto legislativo para avanzar con la eventual restitución de fondos.
Por el MPN, Claudio Domínguez hizo eje en la necesidad de conocer las condiciones de uso y restricción que la presidencia del cuerpo debe aplicar en el fondo anticíclico. En ese sentido, consideró importante establecer criterios claros para evitar la reestructuración presupuestaria sobre esos recursos, de modo de garantizar que su uso no sea discrecional.
Su compañero de bloque Gabriel Álamo pidió no perder de vista el rol que tiene la Legislatura, mientras que Ludmila Gaitán aclaró que la incorporación del fondo anticíclico como un artículo específico dentro del presupuesto legislativo fue un compromiso asumido por la Vicegobernadora Gloria Ruiz.
La diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) calificó de desprolijo que se haya presentado un presupuesto legislativo con fondos que la Legislatura todavía no recibió y subrayó que la transparencia “es fundamental”.
En representación del PRO-NCN, el diputado Marcelo Bermúdez criticó el crecimiento exponencial de determinadas asignaciones de recursos y expresó que “no se puede permitir que se incrementen partidas en conceptos que ni siquiera son propios de la institución”. “Así como está presentado, el presupuesto del Poder Legislativo es inviable”, manifestó tras cuestionar también el presupuesto judicial y enfatizar que “tiene que haber un criterio de austeridad en un contexto de inestabilidad”.
Desde UxP, Darío Martínez expuso críticas a la desprolijidad en la presentación del proyecto de ley y a la falta de diálogo dentro del oficialismo, y opinó que se trata de una pelea “de pareja política” entre el gobernador y la vicegobernadora.
En sentido similar, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) consideró evidente que se produjo “una ruptura de confianza” y valoró los fondos anticíclicos como “un buen instrumento”.
El legislador de Hacemos Neuquén, Alberto Bruno, planteó que hay acuerdo generalizado en la restitución de los fondos a la Legislatura y, en ese marco, solicitó que primero se apruebe la devolución de recursos y luego se avance con la discusión del presupuesto. “Acá todos buscamos la transparencia”, dijo.
Con un argumento similar, el diputado César Gass (JxC-UCR) también pidió focalizar la discusión de hoy en la restitución de fondos y definir las condiciones de la restricción de uso durante el debate del presupuesto legislativo. “Son fondos públicos, nadie quiere quedar expuesto”, sostuvo.
A su turno, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) opinó que ninguna de las opciones planteadas para tratar la iniciativa garantiza las demandas pendientes del personal legislativo.
En tanto que la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) indicó que el presupuesto debe ser un instrumento de planificación al que también se deben agregar los jefes y jefas de bloque al momento de elaborarlo.

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La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia comenzó a analizar un proyecto para adherir a la ley nacional 27671, que establece la capacitación obligatoria en la “Cuestión de las Islas Malvinas” para agentes públicos de los tres poderes del Estado.
Se trata de una iniciativa del diputado Alberto Bruno (Hacemos Neuquén) que tiene como objetivo reafirmar la soberanía y proporcionar formación y concientización al personal del Estado para comprender la historia, los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos relacionados con las Malvinas.
En otro orden, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) votó despacho por unanimidad a una serie de expedientes con reserva presupuestaria que serán girados a la comisión de Hacienda para su incorporación al presupuesto 2025. Se trata de una formalidad que debe cumplir la comisión con los expedientes de sentencias judiciales en las que el Estado debe afrontar el pago.
Neuquén, 12 de noviembre de 2024.

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La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas emitió despacho por mayoría a la modificación del Código Fiscal de la provincia –ley 2680- y al proyecto con el régimen impositivo para el próximo año. Para ello, el cuerpo que preside la diputada Zulma Reina (DC-Comunidad) recibió al ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y al director provincial de rentas, Juan Martín Insúa. Además, recibió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, quien expuso el presupuesto del Poder Judicial para 2025, estimado en 260.197 millones de pesos.
Según explicaron los funcionarios del Ejecutivo, como todos los años, las modificaciones en el Código Fiscal y en la ley impositiva son menores, y están orientadas a la estabilidad en materia jurídica. Agregaron que “son adecuaciones y no hay cambios trascendentes en lo que se viene haciendo”. Asimismo, señalaron que uno de los ejes de la reforma es seguir con los procesos de constante modernización de los sistemas de recaudación fiscal.
En cuanto al proyecto de ley impositiva, se mantienen las mismas alícuotas que se encuentran vigentes este año e incorpora los incrementos dispuestos por decreto 122/2024 que comenzaron a regir desde enero sobre los ingresos brutos de cinco actividades. Se trata de servicios relacionados con las comunicaciones, que se elevó del 4% al 5,5%; construcción, que pasó del 1,5% al 2,25%; servicios relacionados con la construcción, que se incrementó del 1,5% al 2%; servicios financieros, del 7% al 9% y servicios de intermediación financiera, que aumentó del 5,5% al 8,25%. El proyecto también actualiza rangos, montos fijos y tasas, reguladas por la ley, como consecuencia directa de la inflación anual acumulada hasta la fecha.
Ambos proyectos obtuvieron dictámen por mayoría con el único voto en contra del bloque FIT-U.
Presupuesto judicial
Al inicio de la reunión, Gennari presentó el cálculo de gastos y recursos previstos para el próximo año en el Poder Judicial y remarcó que se trata de un presupuesto “equilibrado” y con un enfoque de género. Consideró como ejes fundamentales de trabajo la digitalización de los procesos judiciales y la descentralización del servicio para garantizar el acceso.
Ratificó la decisión de adherir a la ley de desfederalización de las causas por narcomenudeo y señaló que “va a implicar un esfuerzo muy importante por parte del Poder Judicial en todas sus dimensiones”. También remarcó las medidas que se están implementando para combatir el grooming y las redes de pedofilia.
La administradora general del Poder Judicial, Karina Reina, hizo referencia al presupuesto inicial de este año y la proyección al cierre, en la que se estima un incremento del 89% a partir de la variación de las pautas macrofiscales.
En cuanto al presupuesto 2025, recordó que el 52% de los recursos corresponde a ingresos de coparticipación federal, el 46% a asistencia financiera y el 2% a recursos propios. En materia de gastos, detalló que el 92% se destinará a personal, 5% a servicios no personales, 2% a bienes de capital y 1% a bienes de consumo. En lo que respecta al gasto en personal, especificó que el 55% se concentra en el personal administrativo, técnico y ordenanza; mientras que el 45% en funcionarios y magistrados.
En otro tramo se refirió a la planta de personal y puntualizó que hay 2518 cargos aprobados, de los cuales 2340 se encuentran ocupados a septiembre de 2024, mientras que 178 están vacantes.
En tanto Gennari se refirió a la necesidad de contribuciones figurativas del Poder Judicial para equilibrar el presupuesto y la contextualizó en “una omisión legislativa que se configura desde el 2009 y nos ha llevado a esta situación”. La aclaración fue en referencia al artículo 2 de la ley de autarquía -1971- que establece que el porcentaje del régimen de coparticipación federal de impuestos que le corresponden por esa ley (18%) debe ser revisado todos los años por el Poder Legislativo. “No es una responsabilidad judicial, es una responsabilidad netamente política”, expresó Gennari.
Al respecto, afirmó que “estamos poniendo toda la creatividad para poder ser cada vez más austeros y ahorrar; prácticamente hemos ajustado la mayoría de los procesos y todos los proyectos nuevos que hemos hecho prácticamente no tienen costo”.
Neuquén, 12 de noviembre de 2024.

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El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, expuso en la Legislatura el proyecto de presupuesto para el próximo año. Lo hizo esta mañana en la comisión de Hacienda, a la que asistió acompañado de su equipo de trabajo. El cálculo estima gastos por 5,4 billones de pesos e ingresos del orden de los 5,8 billones, lo que arroja un resultado positivo de 422,5 millones. El funcionario calificó como “novedosa” la incorporación de la pauta salarial prevista para 2025 como así también el impacto de la obra pública en las cuentas del Estado. También subrayó que el superávit presupuestario fue posible por los ajustes realizados en los gastos.
Durante su exposición, el ministro hizo eje en la evolución de los ingresos por regalías y la disminución de la dependencia de los recursos nacionales. Comparó la evolución de los recursos presupuestados en 2012 y dijo que, en ese ejercicio, los ingresos se dividían en tercios mientras que la proyección para el próximo año es de 46% por regalías, 36% por ingresos provinciales y 18% por ingresos nacionales. En ese sentido, remarcó que el incremento en la producción de petróleo se produjo por los oleoductos que están en construcción.
Koenig definió en 4,4 billones de pesos la estructura de gastos de funcionamiento e indicó que el 65% se concentra en personal, el 20% en transferencias corrientes, el 12% en bienes y servicios y el 3% en intereses de deuda. A ellos agregó que 1000 millones se destinan a gastos de capital y que el 92% de esa partidas son obras.
Las partidas de personal en Educación y Salud representan el 60% del gasto en ese rubro y las obras para esas áreas alcanzan los 150 mil millones de pesos para el sistema educativo y 92 mil millones para el sistema sanitario.
Además, el titular de la cartera económica adelantó la incorporación de una partida de resguardo del orden de los 500 mil millones de pesos (250 mil millones en obras; 150 mil millones en gastos corrientes y 100 mil millones en emergencias) destinados a afrontar eventuales necesidades financieras que puedan surgir ante una suba del índice inflacionario por encima de lo previsto. “Me parecería una buena medida que los otros poderes pudieran tener una previsión”, sostuvo.
En otro tramo, Koenig expuso que para uso del crédito se prevén 390 mil millones, de los cuales 240 mil millones serán para emisión de títulos públicos y 40 mil millones para adquirir vehículos a través de leasing. A ello -aclaró- se agregan líneas de financiamiento que vienen de ejercicios anteriores.
Al referirse al stock de deuda, señaló que el vigente a octubre de este año es de 1026 millones de dólares, cifra que representa el 18% del total presupuestado para el año que viene.
Ante una consulta sobre el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), el ministro informó que no presentará déficit el próximo año y, en ese marco, dijo que “no están en agenda” medidas como el incremento de la edad jubilatoria o aumentos en los aportes de los afiliados y las afiliadas.
Consultas y apreciaciones políticas
Tras la exposición del ministro, desde distintas bancas le hicieron consultas en relación con los números explicados e hicieron consideraciones políticas al respecto.
En ese marco, Darío Martínez (UxP) cuestionó la relación entre el superávit y la baja en la ejecución de la obra pública. “¿Por qué hay plata guardada mientras cae la obra pública?” preguntó el legislador, quien además puso en duda las proyecciones estimadas en la producción tanto de gas como de petróleo. Según estimó, hay una “subvaloración” ya que al menos se triplicará por lo que las regalías en la materia se verán incrementadas.
Su par de bloque, Darío Peralta planteó reparos en los 280 millones de dólares que contempla el presupuesto en concepto de deuda. Al respecto, el ministro explicó que se trata de una previsión y que no se tomará deuda de no ser necesario. “No es una deuda, es una autorización”, aclaró en ese sentido.
En materia de obras para el interior de la provincia, las diputadas Verónica Lichter (PRO-NCN) y Paola Cabeza (MPN) pidieron, respectivamente, por la pavimentación de acceso al Cerro Bayo y por el CPEM 6, entre otras de Plaza Hunicul y Cutral Co. En tanto, por Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz criticó que la reunión no se haya transmitido de manera virtual y pidió “mayor transparencia” en el debate en comisión. En cuanto a las partidas, cuestionó la falta de inversión en infraestructura de seguridad que es del 11% y que, según dijo, representa la mayor preocupación de la ciudadanía. Además, pidió profundizar la contracción del gasto público. Koenig informó que aquellas que no cuentan con el proyecto ejecutivo podrán incluirse con posterioridad en partidas para obras bajo dicha condición. Dijo que, del total de la autorización aprobada por ley 3434 de endeudamiento, se firmaron solo 100 millones de dólares de los 500 previstos y que, a medida que los organismos internacionales otorguen más fondos se irá avanzando en las obras contempladas.
César Gass (JxC-UCR) consultó por previsiones para afrontar posibles nuevos déficit en el ISSN y por obras impulsadas con modelos alternativos de energía limpia. Desde el bloque PTS-FIT-U, Gabriela Suppicich consultó por el resguardo de los fondos que constituyen el superávit -que se ubican en el BPN y en el mercado internacional, según mencionó Koenig- y por el cumplimiento del acuerdo salarial por IPC en caso de que la inflación sea mayor a lo estimado. “Tenemos previsiones para aplicar” en caso de que surjan tales diferencias aseguró el titular de la cartera de Economía.
Tras referirse al fondo con reservas para eventuales necesidades financieras que contempla el presupuesto Ejecutivo, Claudio Domínguez (MPN) consultó la opinión del ministerio sobre la viabilidad de constituir uno de similares características en en el Poder Legislativo, mientras que su par Gerardo Gutiérrez preguntó por las medidas a tomar frente a un posible cambio de valor del barril del petróleo ante el nuevo escenario político en Estados Unidos.
A su turno, Ernesto Novoa (DC-Comunidad) valoró que los gastos discrecionales del Poder Ejecutivo rondan el 10%, mientras que observó partidas similares en el Poder Legislativo tuvieron un incremento del 300%. Por su parte, Carlos Coggiola (Neuquén Federal) ponderó que es la primera vez que un ejercicio financiero contempla la pauta de incremento salarial, mientras que Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) calificó de “equilibardo y previsor al presupuesto, en una provincia que se va desendeudando” y adelantó cuestionamientos a los presupuestos Legislativo y Judicial con “excedentes sin destino y déficit crónico”, respectivamente.
Neuquén, 11 de noviembre de 2024.

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La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría la comunicación 269, iniciativa que solicita al gobierno de Javier Milei que desista de la subasta de los terrenos e inmuebles de dominio nacional ubicados en la provincia y que se destinen a espacios públicos recreativos y al funcionamiento de instituciones. Lo hizo esta tarde durante la 27° sesión ordinaria, a partir de la unificación de tres iniciativas presentadas por Hacemos Neuquén, Neuquén Federal y UxP, respectivamente.
Al inicio del debate, el diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) explicó que el predio del parque Jaime De Nevares cuenta con una afectación pública específica y que no puede tener un cambio de indicador para su uso urbano sin una previa aprobación por parte del Concejo Deliberante local. También destacó que la propia comunidad local se apropió del espacio y defiende su utilización con fines recreativos.
Por su parte, la legisladora Ludmila Gaitán (MPN) ratificó su rechazo al listado de bienes inmuebles ubicados en Neuquén que el gobierno nacional destinó a venta y subasta. Al respecto, sostuvo que bajo ningún punto de vista se puede considerar a un parque o pulmón verde como un “costo sobredimensionado” para las arcas del gobierno nacional.
“Quieren vender sin conocer la historia”, advirtió la legisladora al destacar que desde la Legislatura se impulsa una iniciativa para declarar patrimonio histórico el predio donde en la actualidad funciona el parque Jaime De Nevares y el terreno lindero en el cual se emplazaba la ex cárcel U9.
De igual modo, su par de bancada, Gerardo Gutierrez, ponderó el proceso de participación ciudadana que permitió proyectar la edificación de un pulmón verde en el lugar. Explicó que se firmaron convenios con la anterior gestión nacional para ceder el edificio ubicado en Senillosa y así poder alojar a las personas privadas de su libertad que anteriormente cumplían condena en la ex cárcel U9.
Desde UxP, Darío Martínez se pronunció a favor de defender un espacio público “bien apropiado por los neuquinos y neuquinas” y puso énfasis en las desprolijidades del decreto nacional que incluyó tierras ya vendidas por el propio Estado. En ese sentido, pidió que la Legislatura se declare en defensa del patrimonio público de los neuquinos.
En igual sentido, Francisco Lepore (Avanzar) se refirió a que los acuerdos alcanzados en gestiones anteriores no se pueden desconocer en la actualidad y se expresó a favor de declarar al predio como patrimonio cultural de la provincia.
El diputado Carlos Cogggiola (Neuquén Federal) subrayó que la iniciativa permitirá respaldar las gestiones con el gobierno nacional y consideró importante que la Legislatura neuquina “levante la voz en defensa de estos predios”.
Por JxC-UCR, el diputado César Gass aportó el contexto histórico en el que surgieron las primeras gestiones por las tierras entre el municipio neuquino, la provincia y el Estado nacional, y dijo que “es muy poco lo que puede reclamar Nación por ese predio” al señalar que la construcción de la cárcel de Senillosa debía ejecutarla el Estado nacional y lo terminó haciendo el gobierno de la provincia.
A su turno, desde Cumplir, Brenda Buchiniz, no acompañó la iniciativa al observar que existen conversaciones “en curso” con funcionarios nacionales para solucionar el tema. No obstante, postuló como inapropiado remarcar que por el solo hecho de ser utilizado por la ciudadanía, el predio deba tomarse como un bien más de la comunidad.
En tanto, la legisladora Gabriela Suppicich (FIT-U) hizo referencia a la iniciativa que presentó su espacio político en el Congreso Nacional para anular el decreto que plantea rematar 309 inmuebles del Estado, entre los que se encuentran sitios de memoria que funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar, y opinó que el decreto “está hecho a medida del lobby inmobiliario del grupo IRSA”.