Autor: Legislatura del Neuquén

La comisión de Asuntos Laborales comenzó a analizar la iniciativa elevada por el Ejecutivo provincial que define una nueva ley Orgánica y del personal de la Policía provincial. El proyecto deroga las actuales leyes 715 y 2081, y genera un plexo normativo de 264 artículos para definir las atribuciones, funciones, estructura, cadena de mando y lineamientos generales que deben guiar a la institución policial en la provincia.

Al fundamentar el alcance de las nuevas disposiciones que incorpora la normativa, el legislador del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, puntualizó que entre los ejes centrales se encuentran la creación de dos superintendencias vinculadas a la Administración Logística y a Asuntos Internos; la eliminación fáctica del régimen de arresto como medida disciplinaria; la extensión del escalafón de la carrera policial; la posibilidad de alargar por dos años y, de manera voluntaria, la instancia del retiro como así también la opción de poder solicitar el reingreso de un agente que haya dejado su puesto laboral por un plazo de 5 años. 

De igual modo, Novoa destacó la implementación de políticas de género y de derechos humanos dentro del articulado; la compatibilización de criterios de regionalización para diagramar el despliegue territorial de la fuerza; la obligatoriedad de tener que realizarse exámenes toxicológicos de manera aleatoria y sorpresiva; y recordó que el nuevo marco normativa abarca al personal civil que trabaja en la fuerza, agentes que en la actualidad se rigen bajo los criterios del EPCAPP.   

Al hablar, Novoa dejó en claro que la puesta en funciones de las nuevas superintendencias no va a generar un costo extra en materia presupuestaria al señalar que las mismas existen en la actualidad con menor rango y la intención es mantener una estructura similar. 

 

“En la actualidad hay sólo tres superintendencias: la de Seguridad; Investigaciones; Recursos Humanos, tecnología y comunicaciones; y dos áreas que no son superintendencias pero que integran el Consejo Asesor Superior: Administración Logística y Asuntos Internos. El mismo personal que integra estas estructuras continuará en las nuevas dependencias. Lo que se hace es transparentar una cuestión que se debía formalizar en los hechos”, apuntó el diputado. 

Un punto que destacó Novoa es la finalización de régimen de le impide a un policía sancionado poder moverse de un lugar determinado por casi 15 horas en un día. “No existe más el arresto propiamente dicho, no se va a cuartar más la libertad ambulatoria. Va a existir al sólo efecto de la anotación en el legajo. Esta es una modificación que va a cambiar para siempre a la institución policial”, reconoció el legislador.

Durante el debate hubo cuestionamientos a la falta de claridad respecto a las atribuciones que un agente puede ejercer al momento de demorar o detener a una persona. También se objetó el mecanismo de selección del jefe de Policía como así también la potestad del cuerpo de poder definir su organigrama operativo. De igual modo, se solicitó que se incorporen desde un área específica de Inteligencia Criminal para investigar delitos complejos como una instancia especial de Asuntos Internos para investigar a los cuadros más altos de la esfera policial. 

En su intervención, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) pidió definir a la fuerza policial como una institución civil armada, calificación que le otorga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su fuerza metropolitana de seguridad. Lo dijo al sostener que es necesario que desde el poder político se fijen los criterios generales de la política de seguridad, en donde la policía se constituye en una herramienta para llevar adelante esa política. 

Al respecto, remarcó que debe quedar claro que las “órdenes son impartidas por la política” y que el gobernador tiene la potestad de elegir tanto al jefe de policía como al subjefe de la fuerza de seguridad. Así lo expresó al observar que en el articulado de la norma se le impone al gobernador “de dónde tiene que sacar al jefe de policía y al subjefe”. “La policía se divide en dos ramas: la de investigación y la de seguridad. Esta ley le dice que debe elegir del lado de la seguridad”, puntualizó el diputado.

De igual modo, Bermúdez hizo referencia a la falta de pautas precisas referidas a las atribuciones que un agente tiene para demorar a una persona. Especificó que la normativa en vigencia dispone un tiempo prudencial pero que el nuevo articulado no hace mención a ningún tipo de restricción. 

“El agente tiene la facultad para demorar a una persona pero no dice nada durante qué tiempo. Le tenemos que dar a la policía esa facultad pero hay que ponerle un tiempo”, advirtió. También alertó respecto a la necesidad de que un oficial de mayor rango se debe hacer responsable de autorizar la medida.   

Diputados y diputadas de la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento debatieron hoy por la mañana los alcances del proyecto que crea en el ámbito provincial un Consejo de Seguridad Ciudadana y siete estamentos locales para elaborar de manera ágil y eficiente diagnósticos sobre inseguridad focalizados en cada región. 

La iniciativa pertenece al poder Ejecutivo provincial y busca descentralizar el diseño de políticas en materia de seguridad y generar ámbitos de participación ciudadana, que involucren tanto a asociaciones civiles como a intendentes, concejales y presidentes de comisiones de fomento y también a funcionarios del Poder Judicial.     

Al explicar la normativa, el legislador Ernesto Novoa (Comunidad) remarcó que la intención es poder descentralizar y cambiar la lógica mediante la cual se definen los planes de seguridad en todo el territorio provincial. En ese sentido, Novoa indicó que la intención es dejar de diseñar e implementar políticas de manera centralizada y apuntar a que cada Consejo local pueda elaborar su propio diagnóstico en territorio.

El diputado puntualizó que se busca “evitar la aplicación de políticas de seguridad de manera uniforme” y puso en valor la decisión de que “cada localidad presente y aporte respuestas para resolver problemáticas particulares”. Sobre este punto, admitió que los planes confeccionados a partir de una mirada central “no reconocen la realidad de base de cada localidad y terminan naufragando”.

De igual modo, Novoa sostuvo que, por la magnitud de la problemática, la resolución de temas vinculados a la inseguridad no puede recaer exclusivamente en la institución policial y calificó la apertura a la participación ciudadana como un paso importante, instancia que prevé la normativa al permitir que asociaciones civiles formen parte de las reuniones que realice cada Consejo regional. 

Durante el debate, legisladores y legisladoras solicitaron evitar cualquier tipo de superposición que los consejos pudieran generar sobre acciones que lleve adelante cada municipio en particular. También se hizo mención a la necesidad de no burocratizar los tiempos de respuesta que requiere cada localidad, situación que se podría registrar en los tiempos de aprobación o supervisión que demande el Consejo o sus estamentos regionales. 

A solicitud de Novoa, la comisión decidió convocar para su próxima reunión semanal al director de planeamiento de la policía de Neuquén, comisario Andrés Borra; y al subsecretario de Seguridad, Luis Sánchez. 

En otro orden, el cuerpo votó a favor el despacho que declara de interés legislativo el 90° aniversario de la Asociación Civil Cruz Roja Argentina, filial Neuquén.