El proyecto de ley que establece exámenes toxicológicos obligatorios para autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial logró despacho por unanimidad en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A). El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) introdujo modificaciones al dictamen original emitido por la comisión de Desarrollo Humano y Social (C). El tema continuará su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B).
A propuesta de la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), se acordó incorporar la realización de test rápidos homologados de orina o saliva –de uso habitual en fuerzas de seguridad y en el sector privado- en forma sorpresiva y en el ámbito laboral, con análisis de laboratorio confirmatorio solo ante resultado positivo. La legisladora destacó la agilidad y el menor costo de este tipo de pruebas frente a las de análisis de sangre.
Durante el debate, hubo advertencias sobre la constitucionalidad de las sanciones previstas. El diputado Federico Méndez (Comunidad) recordó que la suspensión o destitución de funcionarios está regulada por la Constitución provincial y no puede delegarse en la autoridad de aplicación. “El debido proceso es el que está en la Constitución, no podemos crear un nuevo procedimiento”, sostuvo. En una línea similar se expresó el diputado César Gass (JxC-UCR) quien pidió un análisis más profundo del aspecto constitucional.
Si el test rápido detecta la presencia de sustancias prohibidas, la iniciativa dispone la realización inmediata de un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado, designado por sorteo. El funcionario podrá solicitar, dentro de las 48 horas, una contraprueba en otro laboratorio distinto, con la posibilidad de ser asistido por un perito de parte. También tendrá derecho a recusar el laboratorio asignado, debiendo fundar su pedido, que deberá resolverse en un plazo máximo de 48 horas.
Una vez confirmado el resultado positivo de la contraprueba, la autoridad de aplicación deberá remitir el informe al organismo en el que se desempeña el funcionario para que se activen los mecanismos previstos en la Constitución Provincial y la legislación vigente en materia de responsabilidad de funcionarios públicos. Se prevé la suspensión preventiva por única vez, por un plazo máximo de 3 meses. Vencido ese plazo, el deberá someterse a un nuevo examen toxicológico.
La negativa injustificada a testearse se equipara a un resultado positivo. A la vez, se reafirmó que el costo del examen estará a cargo del funcionario y se facultó a descontarlo de los haberes.
Las sanciones dependerán del cargo. Corresponderá la suspensión o revocación del mandato para funcionarios electos y comprendidos en la artículo 266 de la Constitución provincial; mientras que para los alcanzados por el artículo 267 (miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político) la remoción será conforme a la ley de procedimiento del jurado de enjuiciamiento.
Por otro lado, la iniciativa estipula la creación de una Comisión Evaluadora Interpoderes que se encargará de supervisar los criterios de evaluación para los casos positivos, emitir dictámenes técnicos a pedido de la autoridad de aplicación, recomendar mejoras en los protocolos de control y actuar como órgano de consulta ante situaciones no contempladas en la reglamentación. Asimismo, propone la creación de un registro interno confidencial para trazabilidad y control, con resguardo de datos personales.
El alcance incluye a gobernador y vice; jefe de Gabinete, ministros y secretarios; diputados y diputadas; integrantes del Tribunal Superior de Justicia, fiscal y defensor general; jueces, fiscales y defensores; consejeros de la Magistratura; directivos de organismos autárquicos y empresas del Estado; e intendentes y concejales.
Al hablar, el diputado Novoa destacó que el proyecto implica que no haya privilegios para los funcionarios públicos. “Nos sometemos a los mismos controles que un trabajador común. Es un criterio de igualdad”, afirmó.
Control cardíaco fetal obligatorio y oximetría neonatal
Por otro lado, el cuerpo emitió despacho unánime a un proyecto de ley que promueve la detección temprana de cardiopatías congénitas. Para ello, establece la realización obligatoria de al menos una ecografía prenatal con evaluación cardiológica fetal, así como la implementación del estudio de oximetría de pulso en recién nacidos, previo al alta hospitalaria. La iniciativa es del diputado Damián Canuto (PRO-NCN) y ya había obtenido despacho en la comisión C. Continuará su tratamiento en la comisión B.
Plan Provincial de Edificios Públicos Sostenibles
En otro orden, los diputados y diputadas se pronunciaron a favor de la creación del Plan Provincial de Edificios Públicos Sostenibles, al votar el proyecto con un despacho por unanimidad.
La iniciativa, impulsada por la diputada Cielubi Obreque (MPN), apunta a implementar mejoras de manera progresiva en la eficiencia energética, el uso del agua, del gas y la gestión de residuos en los edificios públicos de la provincia. El proyecto había obtenido despacho unánime en la J y continuará su tratamiento en la B
El plan permitirá generar ahorro en las arcas públicas, optimizar consumos, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, promover la innovación tecnológica y concientizar a la ciudadanía a través de los edificios estatales como ejemplos de buenas prácticas.
Cambios a la ley de honorarios de abogados para actualizar el pago
La comisión también se pronunció a favor de un proyecto del diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) que actualiza y fija nuevas reglas para el pago y la actualización de honorarios, al proponer una actualización del artículo 49 de la ley 1594. El legislador explicó que la iniciativa fue consensuada con el Colegio de Abogados de la provincia, incorpora el JUS como unidad de medida —atado a la intangibilidad salarial judicial—, reconoce carácter alimentario a los honorarios y establece su embargabilidad hasta un 20% del monto neto, entre otras cosas.
El proyecto continuará su tratamiento en la comisión B.
Neuquén, 2 de septiembre de 2025.
