La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) votó por unanimidad el despacho del proyecto que prohíbe el acceso como espectador o asistente a las personas inscriptas en los registros provinciales de deudores alimentarios morosos y de violencia familia y de género. La prohibición alcanza a espectáculos públicos, eventos deportivos y culturales, fiestas populares y actividades de entretenimiento que superen los 200 asistentes.
Se trata de una iniciativa del diputado Francisco Lepore (Avanzar) que venía con dictamen favorable de la comisión de Desarrollo Humano y Social (C) y continuará su tratamiento en la de Hacienda y Presupuesto (B). Lepore recordó que la iniciativa surgió de una experiencia ocurrida a principios de año, cuando en Buenos Aires se impidió el acceso a recitales a personas incluidas en esos listados y consideró un contrasentido que esas mismas personas puedan ingresar sin inconvenientes a cualquier espectáculo en la provincia. “El proyecto impone un poco de justicia a esta situación”, sostuvo el legislador en referencia al cumplimiento de las obligaciones parentales.
La propuesta establece la aplicación del derecho de admisión para espectáculos públicos pagos con más de 200 asistentes. La autoridad de aplicación deberá definir protocolos de verificación, garantizar una plataforma digital única y gratuita para el control de datos y resguardar la protección de datos personales.
Además, prevé sanciones por incumplimiento tanto para los asistentes como para los organizadores que no implementen los mecanismos de control. Lo recaudado en concepto de multas se destinará a campañas de difusión y concientización sobre responsabilidad parental, cumplimiento de cuota alimentaria y erradicación de la violencia de género.
Durante el debate se acordó incorporar ajustes a la redacción, como por ejemplo precisar un rango de sanciones aplicables a los organizadores. Las modificaciones se incorporarán en la comisión B.
Junín de los Andes, capital provincial del turismo religioso
El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) también se pronunció por unanimidad a favor de un proyecto de ley que declara a Junín de los Andes capital provincial del turismo religioso.
La iniciativa —impulsada por la diputada Mercedes Tulián (PRO–NCN)— destaca el carácter identitario del destino, sustentado en su patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, como así también el sincretismo entre la fe católica y otras creencias religiosas junto con la cosmovisión mapuche; el desarrollo de circuitos y servicios especializados; y la puesta en valor de obras como el parque temático Vía Christi del arquitecto Alejandro Santana.
La propuesta ya venía con dictamen favorable de la comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte (F) y continuará su tratamiento en la comisión B.
Habilitan tratamiento del pliego de candidata a fiscal del caso para Neuquén
Al inicio de la reunión, el cuerpo habilitó por mayoría el pase al recinto del pliego de designación de Rocío Rivero para el cargo de fiscal del caso de Neuquén capital. Así lo votó tras entrevistar a la candidata, que actualmente cumple esa misma función en Rincón de los Sauces.
Rivero señaló que su objetivo profesional es la especialización por materias, con particular interés en delitos contra la administración pública, y valoró la rotación de funciones para evitar estancamientos en la gestión.
Sobre el juicio por jurados, consideró adecuado el esquema vigente sin exigencia de unanimidad, al igual que los tribunales técnicos. Planteó, no obstante, incorporar de modo más explícito la perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los jurados populares.
Respaldó la constitucionalidad de la figura de la reiterancia como criterio de riesgo procesal, al entender que protege no solo a las víctimas directas sino a la sociedad en su conjunto y respecto de la política provincial contra el microtráfico, valoró la incorporación de herramientas investigativas específicas —incluida la denuncia anónima— por los resultados obtenidos en la desarticulación de puntos de venta. “Fue atinado darle a los fiscales esas herramientas”, aseguró.
Sobre el proyecto de “narcotest” a funcionarios, lo consideró una medida “que guarda estricta coherencia y razonabilidad con esta decisión estatal de perseguir y castigar los delitos de tráfico”. Además, lo enmarcó en los principios de ética pública y en la expectativa social sobre el desempeño de la función pública.
Al trazar el panorama de Rincón de los Sauces, informó que las causas se incrementaron de mil a 3 mil aproximadamente desde que asumió su cargo en 2020. Precisó que la mayor cantidad de denuncias son sobre robos y hurtos, y los casos que más van a juicio son de abuso sexual. Señaló la necesidad de fortalecer recursos humanos y propuso políticas habitacionales que faciliten arraigo y cobertura de vacantes en la jurisdicción.
En referen cia al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, advirtió que debe actuarse con cautela para no incumplir compromisos internacionales y señaló que la evidencia estadística no justifica, por sí sola, la necesidad de hacer esa reforma.
Por otro lado, se expresó a favor de ampliar la competencia de los juicios por jurados a otros delitos, a excepción de los delitos de corrupción para “tratar de evitar la militancia”.
Neuquén, 9 de septiembre de 2025.
