La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) comenzó a analizar dos proyectos del Poder Ejecutivo para autorizar operaciones de crédito con organismos internacionales por hasta 300 millones de dólares para infraestructura turística y desarrollo urbano. Una de las iniciativas es para obtener financiamiento por hasta 150 millones dólares a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la otra es por el mismo monto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) acordó invitar a funcionarios del Ministerio de Economía a la próxima reunión para que brinden información técnica y respondan consultas.
Con los recursos obtenidos a través del BIRF, se financiará el “Proyecto Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1”. Prevé obras de conectividad vial en regiones de Alto Neuquén y Lagos del Sur, mejoras en destinos turísticos —servicios básicos, accesos, equipamiento para visitantes— y fortalecimiento institucional, incluido el sistema provincial de manejo del fuego. Incluye un componente contingente para responder a emergencias.
Los fondos provenientes del BID se destinarán al “Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat”. Contempla obras de servicios básicos, espacio público y equipamiento urbano; infraestructura vial y peatonal, de movilidad sostenible; regularización dominial en barrios populares; y fortalecimiento de herramientas de planificación urbana.
El plazo total de ambos créditos es de hasta 32 años, con hasta 7 años de gracia y una tasa de interés que hoy se ubicaría—como máximo—en torno al 7% anual.
Durante el debate, hubo planteos por parte de Cumplir, PTS-FIT-U y UxP para vincular el tratamiento del crédito con la discusión del presupuesto 2026. Desde Comunidad, MPN y PRO-NCN, en tanto, se destacaron las condiciones beneficiosas de los créditos y el impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía. El bloque JxC-UCR hizo eje en la necesidad de conocer precisiones sobre el listado de obras y proyectos ejecutivos.
El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) destacó que las obras públicas que se financiarán con los fondos obtenidos van a generar un beneficio directo en los vecinos y vecinas de las distintas localidades de la provincia. Adelantó que los esquemas contemplan un abanico de infraestructura que incluyen loteos sociales, pavimentación urbana, iluminación, cloacas y agua potable.
A su turno, el legislador Novoa remarcó que el proyecto del BID propone recomponer en 100 millones de dólares la autorización de endeudamiento dispuesta por la Ley 3434, de modo de restablecer el tope general de 500 millones de dólares para eventuales emisiones provinciales en los mercados. Destacó las condiciones ventajosas de los créditos y señaló que la provincia “califica muy bien” en entidades como el BID y el Banco Mundial.
Desde el mismo bloque, la diputada Zulma Reina aportó datos sobre la evolución de la deuda pública provincial y destacó la reducción del stock registrado en los últimos meses. Informó que, al asumir la gestión en diciembre de 2023, la provincia mantenía un stock de deuda pública de 1173 millones de dólares, y precisó que, tras 21 meses de gestión, aportó alrededor del 23%, lo que equivale a unos 270 millones de dólares. “La provincia está asistiendo a su stock de deuda pública”, explicó la legisladora, al señalar que el dato permite dimensionar la situación financiera actual.
El diputado Claudio Domínguez (MPN) respaldó las iniciativas y destacó que los créditos permitirán financiar infraestructura esencial en toda la provincia. “Una cosa es endeudarse para rifar el futuro de las próximas generaciones, y otra muy distinta es hacerlo para generar obras e igualdad de oportunidades”, sostuvo. En cuanto a la relación con el presupuesto provincial, explicó que la provincia está en condiciones de asumir nuevas obligaciones. “En 2007, el endeudamiento equivalía al 100% del presupuesto y hoy, tomando estos créditos, no llega al 20%”, afirmó.
Por otro lado, destacó que se trata de “créditos blandos”, con condiciones favorables y objetivos claros, y sostuvo que “lo más conveniente es aprobar primero el endeudamiento para luego incorporarlo al presupuesto”.
Por Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz consideró que primero es necesario discutir el presupuesto y conocer cómo se afectó la deuda que se autorizó el año pasado. En ese marco, observó que hay una alta incidencia del gasto en salarios, lo que, a su entender, debería ser revisado antes de avanzar con nuevos compromisos financieros. Además, planteó la necesidad de establecer un límite porcentual a la afectación de la coparticipación provincial y mecanismos de control. “Hablar de endeudamiento en una provincia que exhibe superávit es, de mínima, una contradicción”, indicó.
Desde UXP, Darío Martínez opinó que el debate debe realizarse dentro de la discusión del presupuesto para analizar la conveniencia o no de tomar deuda a partir de los datos proyectados.
En sentido similar, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) criticó que se discutan los endeudamientos antes que el presupuesto y cuestionó la ausencia de motivos que expliquen la necesidad de tomar crédito.
Neuquén, 4 de noviembre de 2025.
