Millones de niños a lo largo y ancho del país luchan por sus sueños. Uno de los más comunes es ser un jugador de fútbol profesional. En ese camino, los directores técnicos son una pieza fundamental en el crecimiento dentro del deporte y recreación. Pero…¿Qué sucede cuando el club de barrio deja de ser un lugar seguro? ¿Alcanza solo la indignación para ponerle fin a estas prácticas medievales?
En Neuquén, un entrenador de fútbol está en el centro de un caso que conmociona al mundo deportivo y a las familias de la ciudad. El profesor fue imputado por la fiscalía y la querella por abusar de un adolescente de su equipo y por otros delitos sexuales graves, como grooming, promoción de la prostitución, exhibiciones obscenas y corrupción de menores.
Según la investigación, todo comenzó en 2025, cuando el entrenador contactó al adolescente para sumarlo al equipo. Lo que parecía una oportunidad deportiva se convirtió, con el tiempo, en un vínculo que fue aprovechado para cometer abusos. Entrenamientos, viajes y encuentros fuera del club se transformaron en escenarios donde el acusado habría realizado acercamientos indebidos, ofrecido dinero a cambio de prácticas sexuales y ejercido amenazas sobre la familia del joven para silenciarlo.
La fiscalía asegura que estos comportamientos no se limitaron a un solo hecho ni a un solo lugar, sino que se repitieron en distintas circunstancias, aprovechando la confianza que naturalmente se deposita en un entrenador. Los regalos –botines, teléfonos y viajes a pretemporadas–, que podían parecer gestos habituales, formaban parte de un patrón que facilitaba el contacto sexual y el control sobre la víctima.
La denuncia llegó cuando el adolescente, temiendo por la seguridad de otros chicos, decidió contar lo sucedido a su familia. Desde ese momento, la investigación judicial comenzó a tomar forma y ya se estudian otras posibles víctimas dentro del equipo.
La fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva por riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación y necesidad de proteger a la víctima. El juez Marco Lupica Cristo determinó 15 días de prisión preventiva mientras se verifica la viabilidad de una detención domiciliaria, y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.
El caso dejó al descubierto la complejidad de un abuso sostenido en el tiempo y el peligro que puede surgir cuando la autoridad de un adulto se usa para aprovecharse de menores. La Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia acompaña el proceso para asegurar la protección integral de los adolescentes afectados.
