Una jueza de Familia de Neuquén ordenó a un colegio secundario de Centenario implementar un plan obligatorio de capacitación y abordaje integral luego de una denuncia por la difusión de un video de contenido íntimo que involucró a estudiantes de la institución.
La resolución fue dictada por la jueza Adriana Luna, a partir de una demanda presentada por una alumna de cuarto año contra un compañero por la grabación y exhibición no consentida de material íntimo. La magistrada encuadró el caso como un supuesto de violencia digital, en los términos de la Ley Olimpia, incorporada a la Ley 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres.
Además de disponer medidas cautelares para prohibir actos de intimidación, perturbación y hostigamiento contra la adolescente, la jueza ordenó que el colegio avance con una intervención institucional que alcance al curso al que asisten ambos estudiantes, al cuerpo docente y directivo, y a las familias involucradas.
El impacto psicológico en la adolescente
En su resolución, Luna tuvo en cuenta un informe psicológico sobre el estado de la joven. Según el documento citado por la magistrada, la adolescente presenta “un cuadro depresivo, angustia y temor constante a la exposición pública en el ámbito escolar”.
El mismo informe recomendó “un trabajo conjunto con la institución educativa para evitar la repetición de estos hechos”. A partir de ese diagnóstico, la jueza consideró necesario adoptar medidas que no se limiten a la protección individual de la víctima, sino que también permitan trabajar sobre el contexto escolar en el que ocurrió la situación.
“Surge la necesidad de adoptar medidas de tutela judicial efectiva que trasciendan lo meramente cautelar para abordar la problemática de forma sistémica y preventiva”, señaló Luna en el pronunciamiento.
Talleres obligatorios y participación de toda la comunidad educativa
La jueza dispuso que la institución implemente un Plan de Capacitación y Abordaje Integral sobre Violencia Digital y de Género, con carácter “obligatorio e inmediato”.
El colegio deberá fijar, en un plazo de 30 días hábiles, la fecha de la primera jornada y presentar un cronograma detallado de actividades. Una vez finalizado el proceso, tendrá que elevar un informe sobre el desarrollo de las jornadas, el nivel de participación y el impacto observado en la comunidad escolar.
Los talleres deberán abordar ejes como violencia de género y violencia simbólica en entornos digitales, responsabilidad en el uso de redes sociales, difusión de contenido íntimo, vínculos saludables, empatía y consentimiento en la adolescencia. También podrán sumarse otros temas sugeridos por los profesionales que intervengan.
Una medida con enfoque preventivo
“La intervención judicial en procesos que involucran adolescentes debe regirse por los principios de interés superior del niño, oportunidad y eficacia, procurando medidas idóneas que no solo protejan a la persona a quienes van destinadas, sino que eduquen y responsabilicen a los involucrados y a su entorno”, sostuvo la jueza.
Las actividades deberán ser coordinadas por profesionales con especialidad en género, ciudadanía digital y psicología adolescente. La magistrada también dispuso la intervención de los equipos interdisciplinarios del Consejo Provincial de Educación.
