La Justicia federal intimó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a cumplir con las condiciones establecidas para su prisión domiciliaria, luego de que participara en el despliegue de una bandera argentina de grandes dimensiones entre el balcón de su departamento y un edificio ubicado frente a su domicilio de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
La medida fue adoptada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de controlar la ejecución de la condena impuesta en la causa Vialidad. Según la resolución, la ex mandataria colaboró en la colocación de la pancarta y permitió que su balcón fuera utilizado como punto de anclaje de la estructura.
El episodio ocurrió durante una manifestación de apoyo realizada el pasado domingo, cuando simpatizantes instalaron una bandera argentina sostenida mediante cables tensores que unían ambos edificios y atravesaban parte del espacio aéreo sobre la vía pública.
Ante esta situación, el tribunal recordó que una de las condiciones fijadas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria establece que la ex presidenta debe abstenerse de realizar conductas que alteren la convivencia pacífica del vecindario o perturben la tranquilidad de los habitantes de la zona.
En la resolución, el magistrado consideró que el despliegue de la bandera generó riesgos para la seguridad de las personas que circulaban por el lugar y para quienes participaron de la instalación, además de alterar el normal funcionamiento del entorno urbano.
Por ese motivo, la Justicia intimó formalmente a Fernández de Kirchner a no reincidir en conductas que puedan interpretarse como un incumplimiento de las reglas impuestas, bajo apercibimiento de adoptar medidas más severas en caso de nuevas infracciones, incluida la eventual revisión del beneficio de la prisión domiciliaria.
Asimismo, se dispuso informar a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la instalación de la estructura para que evalúen si existieron incumplimientos administrativos o contravencionales vinculados al montaje de la bandera.
La ex mandataria cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad bajo la modalidad de arresto domiciliario y con monitoreo mediante tobillera electrónica.
