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El empleado policial Emerson Rubén Marín, que está imputado por el femicidio de su novia Stefania Civardi, ocurrido en Bariloche, seguirá detenido en un establecimiento de la ciudad de Roca, donde cumple la prisión preventiva.
El juez de garantías de Bariloche César Lanfranchi rechazó este martes el pedido del defensor particular de Marín para que se le permita cumplir la preventiva de manera domiciliaria.
El defensor Diego Navarro había planteado que los investigadores en los 19 días de agosto, que transcurrieron, ya habían tomado declaraciones a testigos por lo que el riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado había reducido.
Propuso que cumpla la prisión preventiva en el domicilio de su madre, en Las Grutas, con tobillera electrónica. Además, ofreció una caución juratoria.
El defensor alegó que no existía riesgo de fuga y mencionó que en estos días detenido se ha comportado de manera correcta, sin infringir ninguna disposición.
De qué se lo imputa al policía
El fiscal jefe Martín Lozada pidió desestimar el pedido de la defensa, en la audiencia que se hizo ayer de manera virtual. Recordó que el 1 de agosto pasado la fiscalía formuló cargos contra Marín que justamente Lanfranchi admitió y habilitó la investigación del caso por cuatro meses. También, le impuso la prisión preventiva hasta el 1 de diciembre.
Según la hipótesis preliminar de la fiscalía, el homicidio de la joven ocurrió alrededor de las 2 del 30 de julio último, en el domicilio de la víctima., ubicado en calle Los Radales 856 de Bariloche.
La fiscal jefa Betiana Cendón relató en esa audiencia que mientras la joven estaba recostada en su cama, ubicada en la planta alta de la vivienda, Marín le efectuó un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria. La bala impactó en la región lateral derecha de la tráquea.
Señaló que el proyectil siguió una trayectoria vertical ascendente, ligeramente de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, con orificio de salida en la zona occipital derecha, provocándole destrucción encefálica y causándole la muerte de manera inmediata.
Calificó de manera provisoria el hecho atribuido al sospechoso como un homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) y mediante el empleo de un arma de fuego. El Código Penal sanciona ese delito con la prisión perpetua. No hay otra pena posible. La defensa sostuvo entonces que tenía otra teoría y fuentes judiciales señalaron que la hipótesis apuntaba a una autodeterminación.
La postura de la fiscalía
Lozada dijo este martes que los mismos riesgos procesales que se invocaron el 1 de agosto y que fundamentaron el pedido de prisión preventiva para el sospechoso no se han modificado hasta la fecha.
Subrayó, sobre todo, que se trata de “un imputado a quién se le atribuye la comisión del delito de femicidio que trae consigo, en el caso de que se arribe a una condena, la prisión a perpetuidad”.
“Un imputado que se desempeña como empleado policial, con familiares que también forman parte de esa fuerza, un imputado de quien se sospecha fundadamente que utilizó su arma reglamentaria provista por el Estado para quitarle la vida a una joven que era hasta entonces su pareja”, recordó Lozada.
“Un imputado que en el pasado ha mantenido vínculos marcados por el maltrato, la violencia y la intimidación respecto de otras mujeres también en el marco de relaciones de afectividad”, mencionó.
Lozada dijo que “bien puede Marín valerse de su cercanía y de camaradería laboral para intentar influenciar en su relato y mejorar su suerte procesal”. Dijo que falta muchas diligencias. Advirtió que había otros testigos que no han declarado por temor a represalias.
“No existe otra medida cautelar más idónea para paliar ese riesgo de entorpecimiento”, sostuvo para pedir que se confirme la prisión preventiva.
La querella alineada con la fiscalía
El abogado Martín Govetto, en representación de la querella, se opuso a que se le conceda la prisión domiciliaria.
Adhirió a los argumentos de Lozada. Resaltó que Marín al momento del hecho era un empleado policial “y se agrava el riesgo procesal. Tiene acceso a recursos que personas civiles no tienen”.
Reiteró que hay testigos que tienen miedo de declarar porque el imputado es empleado policial. Advirtió una situación muy particular que ocurrió la noche de la muerte de la joven, de 22 años. Marín “se comunico con sus camaradas y tomaron conocimiento de esta supuesta autodeterminación que en la formulación de cargos ya se explicó por qué no es la razonable”.
“No olvidemos que el hecho se cometió con el arma oficial que el señor Marín tenía en su poder”, indicó Govetto.
Alertó que el sospechoso “no tiene arraigo en la provincia. La posibilidad cierta de fuga esta presente con la amenaza de una probable condena a perpetua”, afirmó.
“Todos sabemos que la sujeción a una simple tobillera electrónica no nos garantiza nada. No es más que romper la tobillera y se acabó, y la persona desaparece”, destacó.
Tras escuchar a la defensa, la fiscalía y la querella, Lanfranchi resolvió desestimar el pedido de Marín y ratificó su prisión preventiva hasta el 1 de diciembre.
