Las condiciones de alojamiento y contención que padecen presos en Bariloche quedaron expuestas una vez más en una reunión mantenida por representantes del poder judicial con la APDH, la junta vecinal del barrio Sara María Furman y la pastoral carcelaria, entre ellos el obispo Juan Carlos Ares, que habían promovido el encuentro.
Los internos del Penal 3 están “hacinados” y conviven en una situación «deplorable», porque el edificio los alberga en un número que supera largamente la capacidad habilitada, según los denunciantes, quienes subrayaron también la falta de opciones educativas y laborales, de espacios aptos para recibir visitas y los recreos al aire libre de apenas “una hora a la semana”.
De la reunión participaron el defensor general de Río Negro, Ariel Alice, y los defensores penales en Bariloche Natalia Araya y Marcos Ciciarello, quienes ya se han ocupado del tema en los últimos meses con la presentación de amparos y hábeas corpus, que derivaron en el cierre de dos comisarías como lugares de detención.
El referente en “violencia institucional” por la APDH, Rubén Marigo, dijo que “sin duda las soluciones tienen que provenir del Ejecutivo provincial” y por eso el próximo paso que se fijaron es lograr un encuentro directo con el ministro de Seguridad, Daniel Jara, o quien él designe.
Este medio buscó obtener alguna precisión sobre el tema de parte del ministerio pero no hubo respuesta hasta el cierre de este envío.
Problemas también para el barrio donde está el Penal 3
Marigo dijo que el encuentro realizado ayer resultó valioso, que pudieron detallar sus planteos y destacó la presencia del obispo Ares, quien mostró “mucha preocupación por el tema”. También destacó la incorporación a los intercambios de la junta vecinal en cuya jurisdicción se encuentra la cárcel, que reclamó por la inseguridad que representa para el barrio, los problemas de infraestructura que genera, “por ejemplo desbordes cloacales”, y la dificultad que padecen aquellos que quieren vender sus propiedades.
Las organizaciones sociales que participaron de la reunión señalaron la necesidad de disponer “en forma inmediata” de refacciones o modificaciones en el edificio, para convertirlo en un sitio de “detención digna”, como lo mandan la constitucional nacional, la provincial y normativas internacionales de derechos humanos. Es decir que se garantice un tratamiento de los internos orientado a su reinserción social.
Marigo dijo que ya nadie desconoce que la solución de fondo es construir una cárcel nueva, pero no sería en el corto plazo. Por eso esperan que el gobierno incluya la inversión en el próximo presupuesto. “De esto venimos hablando hace mucho y nunca avanzó. Si hubieran empezado con una obra nueva hace 15 años, o hace 5, o hace 3, ya se hubiera logrado”, manifestó.
Dijo que las comisarías no son un lugar para alojar presos de manera permanente porque no cuentan con espacios para comer, ni para bañarse, para recreos o visitas íntimas. Pero el traslado de esos presos a la cárcel tampoco es solución. La Pastoral Carcelaria y la APDH se oponen también a derivarlos a otra ciudad porque a las penurias que padecen se les suma el desarraigo y la lejanía de sus familias.
Entendimiento en general
Marigo dijo que encontraron conocimiento del tema y “buena disposición” por parte del jefe de los defensores, e insistió en que para lograr una solución definitiva “deben participar los tres poderes”. Aseguró que hoy en la cárcel barilochense “se violan todos los derechos humanos de una manera que no se puede imaginar”.
Dijo que están convencidos de que la solución es el nuevo edificio. El actual -subrayó- abarca un cuarto de manzana en una zona céntrica, tenía originalmente otro destino, recibió muchos agregados y “ya no puede crecer más, para arriba ni para los costados”.
Por eso esperan que el gobierno instrumente alguna medida que podría ser “la búsqueda de otro lugar provisorio” en dependencias públicas, “del Ejército, o de Gendarmería”, a fin de mejorar las condiciones de alojamiento.
La cárcel tiene alrededor de 150 internos, cuando el cupo permitido es de 94 y según las ongs que se ocupan del tema, “todos, también en el Ejecutivo, están al tanto” de la gravedad del problema. Por eso esperan “que no quede ahí”.
