Neuquén tiene un mes para ocupar el pabellón de máxima seguridad de la U11: confirmaron el fallo de Gass

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El gobierno de Neuquén deberá ocupar en un mes el pabellón de máxima seguridad de la Unidad 11 inaugurado en diciembre de 2025. Un tribunal confirmó la resolución de la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, que ordenó que en 30 días hábiles se trasladen los presos.

Los argumentos de la fiscalía de Estado no alcanzaron para modificar el plazo que, por mayoría, consideraron «prudente, mesurado, razonable».

Este pabellón tiene 26 plazas. Actualmente hay 100 condenados en la Primera Circunscripción Judicial que cumplen la pena en comisarías. El reclamo que hicieron las defensas a Gass se origina en las condiciones de hacinamiento en las que viven las personas encerradas en la séptima de Plottier.

Martín Moya Assef, representante de la fiscalía de Estado, le dijo al tribunal que era imposible cubrir el cupo en ese período ya que quedaba pendiente la colocación del servicio de gas por parte de la empresa Camuzzi.

«Le pone un plazo al Poder Ejecutivo que está condicionado a la habilitación que tiene que expedir una empresa sobre la cual el Poder Ejecutivo no tiene ascendencia, ni potestad alguna», afirmó en la audiencia de hoy. Repitió que le causaba un «gravamen irreparable».

Aseguró que quedaban atrapados en la disyuntiva entre ocuparlo sin la habilitación de la empresa «con el riesgo que implicaría para los condenados, para su salud, para su vida» o incumplir con la orden de la jueza. Aprovechó la oportunidad para responderle. Señaló que existía una «política carcelaria clara y definida» y que Gass había hecho consideraciones «ajenas a sus atribuciones» cuando dijo que el pabellón se inauguró para su «exhibición».

Su propuesta fue que el traslado quedara sujeto a la disponibilidad de Camuzzi, pero sin fecha.

Tanto la representante de la fiscalía, Natalia Lacoste, como las defensoras Luciana Petraglia (del ministerio público) y Sol Pérez de León (abogada particular) solicitaron ratificar la decisión de Gass.

«Hay un desdén en los compromisos asumidos judicialmente. Desde 2022 que cerramos las cárceles en la Primera Circunscripción que se nos viene diciendo en diferentes audiencias judiciales lo que va a suceder y desde noviembre de 2022 a abril de 2026 el Estado provincial no generó ni una plaza nueva», sostuvo Petraglia.

Recordó que el 23 de agosto de 2024 el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se comprometió a tener 200 plazas en 18 meses.

Lacoste manifestó que fueron invitadas a la inauguración del pabellón que está inutilizado y mencionó que la fiscalía de Estado había dicho en la audiencia que el plazo aproximado para la habilitación era de 45 días aproximados.

«Parece que no tienen ningún apuro en cumplir su compromiso como Estado», aguijonó de León.

Moya agregó, antes de finalizar, que la audiencia «se convirtió en una suerte de auditoría y crítica negativa hacia toda la política criminal de la provincia. Entendemos que excede holgadamente el marco del proceso jurisdiccional en el que nos encontramos».

Insistió en que cuando mencionaron los 45 días se referían a lo que los funcionarios del ministerio de Seguridad les habían comunicado, según el trámite en Camuzzi. «No hubo un compromiso por parte de fiscalía de Estado de terminar en 45 días y entregar el pabellón, ni se le solicitó un plazo de 45 días», contestó.

«Son inmensas las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo»

Raúl Aufranc y Bibiana Ojeda, que constituyeron la mayoría, explicaron que existe un «control judicial permanente sobre los plazos administrativos».

«Ningún organismo va a poner en riesgo a personas privadas de la libertad en un lugar en donde no tienen la habilitación en torno a los servicios básicos de electricidad y de gas», planteó Aufranc. Y añadió que si eventualmente no llegaban a tiempo podían pedir una audiencia para extenderlo.

«Son inmensas las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para que ese plazo se cumpla, que no caiga en saco roto», indicó. Ojeda remarcó que el plazo no «es infundado».

Carolina García fue la jueza que votó en minoría, respaldando a la fiscalía de Estado. «El plazo de 30 días no sé de donde lo saca (Gass)», opinó. «Lo correcto hubiera sido que se cite a Camuzzi y que se vea qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita y ahí determinar un plazo», subrayó.

Manifestó que «se le impone (al Estado) una obligación que depende de un tercero». «Todos queremos que se habilite a la mayor brevedad posible este pabellón, no desconzco ni nadie desconoce la emergencia carcelaria», afirmó.