El ministro Jorge Tobares reconoció que solo se otorgaron dos personerías en siete años y apuntó a trabas administrativas y falta de políticas nacionales. Esta semana se reunirá con comunidades mapuche para avanzar en el tema.
El Gobierno de Neuquén reconoció los importantes retrasos en el otorgamiento de personerías jurídicas a comunidades mapuche y confirmó que esta semana se concretará una reunión con sus representantes para intentar destrabar la situación.
El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, detalló que en los últimos siete años solo se entregaron dos personerías en toda la provincia, lo que refleja una grave demora en los procesos administrativos. Según explicó, la tramitación se ve obstaculizada por diversos factores, entre ellos la falta de políticas nacionales para acompañar el proceso de reconocimiento territorial.
“El relevamiento territorial que ordena la ley 26.160 quedó inconcluso por parte del gobierno nacional, y eso nos obliga a redefinir muchas de nuestras herramientas de gestión”, sostuvo Tobares en una entrevista con La Voz. El funcionario también señaló que la fragmentación de comunidades —cuando una nueva se forma como escisión de otra— complejiza aún más el proceso debido a los consensos internos necesarios.
Las personerías jurídicas son un paso clave para que las comunidades indígenas puedan acceder formalmente al reconocimiento de los territorios que habitan, así como para gestionar programas y recursos estatales. La semana pasada, varias comunidades mapuche realizaron una protesta frente a Casa de Gobierno para exigir respuestas concretas.
Desde el Ejecutivo provincial aseguran que parte de las demoras responden a la necesidad de garantizar la participación de todos los actores involucrados, pero también admiten trabas burocráticas propias del sistema de tramitación actual.
La reunión entre Tobares y referentes mapuche está prevista para esta semana en la ciudad de Neuquén. Participarán también equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y representantes de organizaciones territoriales. El objetivo, según el gobierno, es establecer un esquema de trabajo conjunto que permita agilizar los trámites y avanzar en los compromisos pendientes con las comunidades originarias.
