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El pliego de licitación para la contratación de obra y servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos que busca transformar el basural a cielo abierto de Bariloche en un sistema de relleno sanitario llega a sesión esta semana con debate anticipado por un pedido de la oposición que pone el foco en cuestiones jurídicas y la cantidad de votos que se necesitará para su aprobación.
El proyecto fue presentado por el intendente Walter Cortés, con un presupuesto que ronda los 45.000 millones de pesos, para realizar obras y operar por 10 años los residuos en un cambio de metodología, y la semana pasada comenzó su análisis luego de tomar estado parlamentario, tras fracasar el intento de darle tratamiento exprés en período extraordinario.
En la comisión de Gobierno y Legales el proyecto tuvo dictamen aunque tres concejales de distintos bloques votaron en reserva como Roxana Ferreyra (Nos Une); Laura Totonelli (JSRN) y Lucas Pérez (Bariloche Suma) a la espera de mayores precisiones y correcciones.
Hasta el momento solo el oficialismo confirmó su voto y anticipó su rechazo Facundo Villalba de Primero Río Negro.
Objeciones jurídicas y un pedido de «suspensión» del tratamiento
Otra postura tomaron los dos concejales de Incluyendo Bariloche que tienen una mirada crítica respecto del proyecto, según la anticipó en la comisión el concejal Leandro Costa Brutten, pero luego mediante nota plantearon una objeción jurídica por la cual pidieron la “suspensión del tratamiento legislativo” del proyecto.
Lo que objeta la concejal Julieta Wallace, con el respaldo de su par Costa Brutten, tiene que ver en como se toma el pliego, si es similar a una contratación habitual del municipio o se contempla como un servicio público esencial. La diferencia radica en la cantidad de votos que se necesitan para aprobar el proyecto.
El Ejecutivo, con respaldo de su partido PUL, insiste que se trata de una licitación normal para la cual necesitará una mayoría simple. El asesor letrado del Concejo, Gonzalo Ojeda, en el dictamen ampliado 228 también va en esa línea y argumentó que el gasto ya fue aprobado en el Presupuesto 2026; que se trata de un “servicio complementario”; y que no está en discusión el servicio ni una presunta delegación de responsabilidades o gestión. También remarcó que es una licitación menor a 15 años por lo que requiere mayoría simple.
Exigen audiencia pública y mayoría especial
Wallace y Costa Brutten pidieron que se considere el pliego como un “servicio público” para lo cual exigen una mayoría especial de ocho votos para aprobarlo y una audiencia pública previa.
“El objeto no se limita a la ejecución de una obra pública, sino que incluye de manera expresa la operación, mantenimiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, lo cual configura claramente la concesión de un servicio público esencial”, entendieron los concejales opositores que ya en comisión habían expresado que la iniciativa no tiene “licencia social” y no define el traslado del basural, que es la exigencia prevista en una ordenanza de 2023 y motivo de un amparo judicial.
El pedido incluye que al ser considerado por la normativa que rige para servicios públicos, debería tener el proyecto una doble lectura, y también mencionan “inconsistencias” en el pliego que fueron advertidas por el asesor letrado en su primer dictamen como cuestiones vinculadas al objeto de la licitación, la falta de precisión técnica, la indefinición respecto de si se trata de obra pública o concesión de servicio, y la ausencia de información clave como planos, cantidad de celdas, el presupuesto desagregado, entre otras.
