La provincia de Neuquén avanza con un amplio proceso de regularización dominial que busca resolver situaciones históricas vinculadas a la tenencia de tierras y garantizar seguridad jurídica a familias, productores, municipios y empresas. En ese marco, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la firma de nuevas escrituras, transferencias de inmuebles y acuerdos institucionales destinados a acelerar la entrega de títulos de propiedad en distintos puntos del territorio provincial.
La iniciativa forma parte de una estrategia de ordenamiento territorial que apunta a regularizar expedientes que, en algunos casos, permanecían sin resolución desde hace décadas. El objetivo es que quienes habitan, trabajan o desarrollan actividades productivas en terrenos provinciales puedan acceder finalmente a la titularidad legal de esas tierras.
Entre las acciones concretadas se destacan las escrituras correspondientes a 51 lotes en Las Ovejas y 44 en Rincón de los Sauces, además de transferencias de inmuebles para proyectos educativos y productivos en distintas localidades. También se avanzó en la cesión de tierras al municipio de Andacollo, una medida que permitirá regularizar numerosos sectores destinados a quintas y viviendas familiares.
Desde la Escribanía General de Gobierno señalaron que la regularización de la propiedad constituye un paso clave para que posteriormente los municipios puedan otorgar las escrituras definitivas a los vecinos. El proceso permite transformar situaciones de posesión o tenencia en derechos de propiedad plenamente reconocidos por la ley.
Más acceso a créditos y seguridad jurídica
Uno de los principales beneficios de la escrituración es la posibilidad de acceder a herramientas financieras y jurídicas que permanecen vedadas para quienes no cuentan con un título formal. La condición de propietario habilita el acceso a créditos hipotecarios y productivos, facilita trámites sucesorios y brinda mayores certezas para realizar inversiones o planificar proyectos familiares de largo plazo.
La política también alcanza a pobladores rurales de distintos parajes del centro y norte neuquino, donde se viene avanzando en la inscripción y regularización de extensas superficies que permitirán otorgar títulos a familias que habitan esos lugares desde hace años.
El proceso involucra el trabajo coordinado de diversos organismos provinciales, entre ellos la Dirección Provincial de Tierras, Catastro, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. La articulación busca garantizar que cada inmueble cuente con la documentación técnica y legal necesaria para completar la escrituración.
Un plan con alcance provincial
Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 se avanzó en la inscripción de más de 600 lotes, además de la regularización de cientos de inmuebles mediante escrituras traslativas de dominio destinadas tanto a particulares como a organismos públicos.
Asimismo, la provincia registró más de 500 macrolotes distribuidos en distintas regiones y definió un cronograma de trabajo que se extenderá durante los próximos años con el objetivo de concluir los expedientes pendientes.
En localidades como Las Ovejas, donde muchas viviendas ya fueron construidas y canceladas por sus adjudicatarios, la regularización permitirá completar un trámite largamente esperado por las familias: acceder al título de propiedad definitivo de la vivienda que habitan.
Desde el gobierno provincial sostienen que la política de ordenamiento territorial constituye una herramienta central para fortalecer el desarrollo local, promover inversiones y garantizar derechos. La meta es resolver situaciones históricas de informalidad dominial y brindar a miles de neuquinos la posibilidad de contar con la documentación que acredita legalmente la propiedad de la tierra donde viven o producen.
La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó este martes un proyecto de ley para anular la operación inmobiliaria que finalizó con la compra de 14.689 hectáreas, ubicadas en el cerro Carreras de la zona cordillerana de la provincia de Río Negro, con fondos aportados por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
“El presente proyecto de ley tiende a retrotraer los efectos jurídicos de una de esas operaciones inmobiliarias: se trata de aquella que permitió que tierras del Estado rionegrino terminaran bajo el dominio del Estado de EAU, en un lapso de solo 9 años y mediante una trama de negocios inmobiliarios…”, afirmó Odarda.
El proyecto de ley declara “lesiva al interés general, la escritura de dominio número 70/2008 suscripta por el exgobernador de Río Negro Miguel Saiz y los actos administrativos dictados en consecuencia”. Se trata de la escritura suscrita el 30 de abril de 2008 que otorgó en venta las 14.689 hctáreas a Miguel Guajardo (ex intendente de El Maitén) y Uberfil Carrillanca, “vinculado al magnate inglés, Joseph Lewis”, según la legisladora opositora.
La parcela nomenclatura catastral 20-2-600250 incluyó además treinta y siete áreas y setenta y seis centiáreas. Según la escritura, “dicho inmueble se encuentra incluido en Zona de Frontera, decreto PEN N°887/94. El precio fijado de la operación fue $1.330.830,37. Equivalente a $ 90.6 por cada una de las hectáreas”, indicó la legisladora en los fundamentos del proyecto.
El proyecto de ley instruye a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, para que inicie acción judicial de lesividad contra Baranucci y/o el Fideicomiso Amaike, en los términos dispuestos en el artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo de Río Negro. El objetivo es “obtener la declaración de nulidad absoluta e insanable de las operaciones inmobiliarias que involucran a la parcela”, que está situada en zona de frontera por violación de la normativa de orden público en materia de defensa nacional, control de zonas de fronteras, “posibilitando la cesión de parte del territorio rionegrino al Estado de Emiratos Árabes Unidos”.
La iniciativa prevé comunicar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, para que a través del organismo competente que estime corresponder, realice todos los actos conducentes a la toma de la posesión del inmueble”, que se compró con fondos de EAU, “así como todos aquellos inherentes a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida”.
La ruta de las tierras
Odarda reconstruyó en el proyecto la ruta de la operación inmobiliaria de esas tierras. Sostuvo que Guajardo y Carrillanca solo abonaron el equivalente al 10% del total de la operación, constituyendo derecho real de hipoteca sobre el saldo.
“A menos de un año de celebrado el contrato de compra venta, Guajardo cancela la hipoteca el 16 de junio de 2009 y un mes después vende los derechos al empresario Marcelo Mindlin”, relató Odarda que reconstruyó la ruta de la operación con esas tierras.
Advirtió que Marcos Marcelo Mindlin fue beneficiado por operaciones directas por parte del Estado rionegrino durante el Gobierno de Miguel Saiz.
“En la operación inmobiliaria, Mindlin fue representado por el Dr. Lisandro Allende, quien fuera imputado junto a Joseph Barrington Lewis por evadir, mediante simulación y fraude a la legislación argentina en la compra de 11.000 hectáreas circundantes al Lago Escondido, propiedad del magnate inglés Joseph Lewis, quien al día de la fecha mantiene un conflicto judicial por el libre acceso al espejo de agua”, recordó. Rememoró que la “triangulación de esa operación inmobiliaria fue investigada por la Justicia rionegrina”.
El rol de Mindlin
“Mindlin compró y escrituró a su nombre tres campos el mismo día en 2009, en abierta violación a la ley provincial de Tierras vigente hasta la sanción de la ley 5705 en el año 2023”, aseguró la legisladora en los fundamentos de la iniciativa.
“Tres fracciones contiguas fueron compradas a Marcos Marcelo Mindlin en el Alto Río Chubut en el año 2017, lo cual afectó a las comunidades indígenas Kom Kiñé Mu, Lof Cayunao y Lof las Huaytecas”, añadió.
Odarda consignó que la escritura 15 confeccionada el 14 de marzo de 2017, “refleja la compraventa de Marcos Marcelo Mindlin a través de sus apoderados Martín Luciano Feldman, a favor de Hugo Alberto Barabucci, a través de su apoderada, Patricia Marcela Bin Astigarraga, ocurrida en San Carlos de Bariloche ante la escribana Ana Elisa Aguado, notaria titular del registro 152 del correspondiente distrito”.
Puntualizó que Mindlin vendió a Barabucci la parcela Nomenclatura Catasrral (NC) 20-2-600250 de 14.689 hectáreas, 37 áreas, 76 centiáreas, la NC 670.210 de 3.765 hectáreas., 81 áreas, 95 centiáreas, 69 decímetros cuadrados y la NC 710.320 de 815 has., 16 áreas, 81 centiáreas, 68 decímetros cuadrados. “El precio por las tres parcelas fue 2.050.165” dólares estadounidenses, aseguró Odarda.
Advirtió que la parcela de 14.689 hectáreas se fijó en 1.562.802 dólares “los que fueron donados por el Estado de Emiratos Árabes Unidos”.
El Fideicomiso Amaike
La legisladora puntualizó en los fundamentos del proyecto de ley que mediante escritura 25 del 19 de enero de 2018 formalizada en la Ciudad de Buenos Aires, “se firmó el contrato por el cual se crea el “Fideicomiso Amaike”.
Reveló que se establecieron, como partes del mismo: “Fiduciante Clase “A”: Jorge Daniel Ortiz, presidente de la firma Manzil SA, vinculada también al Estado de EAU. Dicha empresa cuenta entre sus últimas adquisiciones, con el aeropuerto de Bahía Dorada, comprado al magnate inglés Joseph Lewis”.
“Y Fiduciante Clase B: Hugo Alberto Barabucci , quien fue representado en ese acto por su apoderada, Patricia Bin Astigarraga. Barabucci es quien realizó el único aporte de “tierras” al fideicomiso, entre ellas, la parcela 600-250, ubicada en el Departamento Bariloche, Alto Río Chubut, entre otras”, detalló Odarda. Según la legisladora, el Fiduciario era entonces Ignacio Petrochi Massuh.
Describió otra firma como la Sociedad “Gengis Real Estate SA”, quien resultará adjudicataria del 100% de los beneficios del fideicomiso.
Contó que el objeto del fideicomiso era la “explotación y administración del patrimonio fideicomitido mediante el cual se conforma un “Hounting Lodge” para la explotación de la caza deportiva y alojamiento temporario” por un plazo de 30 años desde la fecha de constitución.
De acuerdo con Odarda, la composición accionaria de de Gengis Real Estate SA es: 49% acciones clase B: Hugo Barabucci y 51% acciones clase “A”: Manzil SA. Por acta de asamblea ordinaria del 13 de marzo de 2020, se designó como presidente a Jorge Daniel Ortíz, presidente de Manzil SA”.
Maniobras
“Empresas y fideicomisos con integrantes con DNI argentino, como el caso del “Fideicomisa Amaike”, “Manzil SA”, “Gengis Real Estate SA”, “Diuna Inmobiliaria”, entre otras, actúan como “personas interpuestas” según la ley 26.737, sirviendo como vehículo jurídico para que los Estados nombrados compren tierras en nuestro territorio provincial, que por imperio constitucional resulta único e indivisible”, advirtió Odarda.
“Estas maniobras de simulación ilícita y fraudulenta a la legislación argentina -que torna nulo de nulidad absoluta todo acto jurídico dictado en consecuencia- han ocurrido ante controles nulos por parte del gobierno provincial, a pesar de que se trata de tierras con agua dulce, parte del bosque andino patagónico, con flora y fauna silvestre inigualables y hasta –en algunos casos- con sistemas glaciarios protegidos”, enfatizó.
Odarda mencionó los confictos territoriales que tienen las comunidades mapuches con los privados citados en el proyecto.
Un antecedente importante
Citó el caso de la ley sancionada en junio de 2013 por La Legislatura de Río Negro por la que fueron restituidas al patrimonio provincial, “más de 24.000 hectáreas de tierras de origen fiscal”, ubicadas en la Meseta de Somuncura.
Esas tierras “habían sido adjudicadas mediante el mecanismo fraudulento mencionado precedentemente y denunciado por la Comisión. El precio vil fijado en la venta del inmueble, ascendía a $9,18, por hectárea”, recordó Odarda.
“La operación inmobiliaria fue declarada nula de nulidad absoluta e insanable y el adjudicatario particular no recibió indemnización alguna por parte del Estado”, destacó.
Tengo que agradecer a este Diario por difundir los problemas de nuestra localidad sin tapar nada, cosa que otros medios callan entendiendo que la pauta, por más que la nieguen, existe, y como no dan derecho a replica pueden decir lo que quieren en defensa de sus silencios que son vox populi en nuestra localidad.
Gracias a la nota que este diario publicó de mi autoría de fecha 19 del corriente mes, veo que hasta la justicia se movió, recordando a este medio que hay denuncias en curso contra funcionarios judiciales, municipales, escribanos de la zona y abogados, que se hicieron millonarios con la venta de terrenos de VIALIDAD NACIONAL Y SUS REMANENTES.
Me comprometo a acreditar en este medio todo lo denunciado y los manejos que se taparon durante años que hicieron rico a muchos abogados y operadores de turno en el Municipio, tengo pruebas documentadas de todo, hay gente hasta de Aluminé escribiendo por esta nota. Es decir, el curro con las tierras de VIALIDAD NACIONAL es en toda la provincia.
Jorge Sainz
DNI 13.970.890
Villa la Angostura
“El gran negocio inmobiliario con los terrenos de Vialidad Nacional y sus remanentes”
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Hubo un dictamen importante para las provincias, este miércoles, en el Senado: en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Legislación General, que presidió la neuquina Nadia Marquez, se dejó en firme que no habrá límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, pero que serán los gobernadores, quienes determinarán acuerdo o no con tales negocios que implican cesión de tierras.
En concreto, se determinó que se mantendrá la eliminación de los topes para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras, pero deja en manos de las provincias la potestad de aprobar esa venta.
El dictamen, firmado con el respaldo de la Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, y Despierta Chubut, se discutirá en una sesión que se realizará en quince días, según anticipó la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas. Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.
Se prohíbe que puedan comprar tierras Estados extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero
Sobre la eliminación de los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, indicó que “apunta a fortalecer el federalismo, dejando en manos de cada provincia la regulación sobre posibles restricciones a la venta de tierras a extranjeros”.
La compleja cuestión de las tierras que administra el Estado y de la que nadie quiere hablar. Sin embargo la Senadora Nadia Márquez a través de un comunicado cuestionando los dichos del Lonco de la Comunidad Mapuches se muestra preocupada. Han copiado como un slogan que les queda muy grande “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”
Me preguntó que estará haciendo Nadia Márquez por la seguridad jurídica en Neuquén?. Los conflictos por tierras, tanto de uso comunitario, cómo los campos de veranada o invernada que son la base la producción agropecuaria del Neuquén están atravesados por constantes y violentos conflictos, generados por acción y omisión por, las autoridades de aplicación del mismo Estado.
A los señores diputados y senadores por Neuquén, incapaces de marcar una agenda local que resuelva los verdaderos problemas de Neuquén con acciones concretar
Muchas redes sociales, mucho reel, mucha rosca política, pero a la hora de actuar bien vale el refrán “entre bueyes …no hay cornadas”.
María Cruz De Antueno
DNI 23.006.238
Aluminé
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¿Cuántos lotes quedan para entregar en Cutral Co? Rioseco insiste con ampliar el éjido
Cutral Co espera que la Legislatura de Neuquén amplíe su éjido urbano para contar con más tierras que den respuestas al crecimiento urbano
La ciudad de Cutral Co espera que la Legislatura de Neuquén amplíe su éjido urbano para contar con más tierras que den respuestas al crecimiento urbano. Mientras ello ocurre ¿cuántos terrenos quedan en Cutral Co?
El intendente Ramón Rioseco aseguró que hay una reserva y que muchas familias acceden a un lote, porque se recuperan tierras donde no se construyó y se van entregando otros.
“Va muy bien la entrega de terrenos, siempre vamos entregando y también vamos recuperando mucho porque la gente no cumple pero en realidad no tenemos muchas dificultades”, dijo el jefe comunal pero advirtió la necesidad de que se amplíe el éjido.
“Esperamos que este año pueda salir de la Legislatura la ampliación del éjido que es algo tan importante para nosotros para poder seguir proyectando para los próximos 50 años”. Respecto de lo que queda dijo “todavía tenemos algunos terrenos disponibles, de hecho para las 150 viviendas que se van a construir o para las 50 viviendas sociales tenemos tierra disponible y tenemos una reserva en el oeste, en el noroeste de unos 500 lotes, con eso vamos a resolver los temas de los próximos años pero necesitamos que avance la ampliación”.
Rioseco además valoró positivamente la oferta de créditos hipotecarios no bancarios que ofrece el gobierno provincial desde esta semana. “Creo que es positivo porque parte de estos créditos que tiene prevista la provincia son para el interior así que también va a estar beneficiando las familias de Cutral Co”, dijo.
Y consideró que es importante que se trabaje también en la escrituración. “Hay mucha gente en Cutral Co que no ha podido escriturar, hay distintas problemáticas pero la provincia tiene una estrategia para abordarla que es darle tiempo para que escrituren”, dijo el intendente.
El empresario denunciante, el ex polista Hugo Alberto Barabucci, ya había encendido la polémica al reconocer que compró miles de hectáreas al sur de Bariloche con dos millones de dólares aportados por el emir de Abu Dhabi. Ahora, la Justicia terminó de sacudir el caso: sobreseyó a la mujer mapuche acusada de usurpar esas mismas tierras por falta de pruebas.
El fallo del juez Marcelo Mellinger no dejó margen para dudas. No hubo despojo, no hubo ocupación efectiva y, por lo tanto, no hubo delito. La acusación contra la integrante de la comunidad Lof Cayunaose desmoronó en pleno juicio, empujada por un dato clave: ni siquiera los propios testigos del denunciante pudieron señalar con precisión los límites del campo.
Con ese escenario, la causa empezó a caerse pieza por pieza. Porque mientras se intentaba sostener una supuesta usurpación, lo que apareció fue otra realidad: un campamento precario, de corta duración, sin control territorial y sin desplazamiento del propietario. En otras palabras, un reclamo, no una ocupación ilegal.
Pero el golpe más fuerte ya había ocurrido antes y cambió por completo la lectura del caso. Fue el propio Barabucci quien admitió que esas tierras, unas 14 mil hectáreas, fueron adquiridas con financiamiento proveniente de Emiratos Árabes. La revelación no solo expuso el origen de la propiedad, sino que dejó flotando interrogantes sobre la legalidad y las condiciones en las que se concretó la operación.
A partir de ahí, el eje del conflicto se corrió. Ya no se trataba únicamente de una denuncia penal, sino de un escenario mucho más complejo, atravesado por capitales extranjeros, tierras estratégicas y reclamos territoriales. Incluso, durante el proceso, se planteó la necesidad de investigar la compra del campo.
En paralelo, los testimonios terminaron de debilitar la acusación. Los propios empleados de la estancia reconocieron dificultades para identificar los límites del predio, un punto que resultó determinante. Sin delimitación clara, sostener una usurpación se vuelve prácticamente imposible.
Así, lo que comenzó como una denuncia por ocupación ilegal terminó con un fallo que expone algo mucho más profundo. La Justicia cerró la causa contra la mujer mapuche, pero dejó abierta una discusión incómoda: la de unas tierras millonarias cuyo origen, lejos de aclararse, ahora genera más dudas que certezas.
Un empresario vinculado al mundo del polo reconoció en plena audiencia judicial que compró 14 mil hectáreas en Bariloche con 2 millones de dólares provenientes del emir de Abu Dhabi, en una operación que podría violar la legislación argentina que prohíbe este tipo de adquisiciones en zonas sensibles. Una historia que sustenta la llegada del poder árabe a la Patagonia.
La bomba la tiró él mismo. Sin rodeos, sin titubeos. El protagonista fue Hugo Alberto Barabucci, oriundo de El Trebol, Santa Fe que se dedica a jugar al polo y a la actividad agrícola ganadera en esa provincia. La declaración surgió él inició de un juicio contra integrantes de una comunidad mapuche por presunta usurpación, afirmó que compró las tierras en la provincia de Río Negro con dinero de una donación de los Emiratos Árabes.
Según su propio relato ante el juez, las tierras no las compró con fondos propios. Dijo que fueron adquiridas «por algo de dos millones de dólares» provenientes de Emiratos Árabes Unidos. Traducido: plata extranjera para quedarse con tierras en una zona donde la ley pone límites muy claros.
Pero además, el dato no es menor. Las hectáreas en cuestión, unas 14 mil, están ubicadas en una región estratégica: área natural protegida, zona de frontera y con presencia de recursos hídricos. Es decir, un combo donde la normativa argentina no solo regula, sino que directamente restringe la compra por parte de extranjeros.
Sin embargo, la operación igual se hizo. Y ahí es donde la historia empieza a hacer ruido. Porque, siempre según la documentación que circula en la causa, el dinero ni siquiera habría ingresado al país: salió de una cuenta en Abu Dhabi y fue a parar a otra en Estados Unidos, del vendedor, Marcos Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía. Argentina, en el medio, apenas figura como escenario de una compra millonaria que, en los papeles, quedó a nombre de un ciudadano argentino. Un esquema que, como mínimo, despierta sospechas.
En ese contexto, la confesión cayó como una bomba dentro del juicio que el propio Barabucci había iniciado contra la pobladora mapuche Soledad Cayunao, a quien acusaba de usurpación. La causa, sin embargo, terminó en sentido inverso: la mujer fue absuelta porque no se pudo probar el delito. Pero lo que quedó flotando en la sala fue otra cosa.
Mientras se discutía si una mujer subía ganado por un sendero ancestral, el propio denunciante reconocía haber comprado tierras con dinero extranjero en una zona donde eso podría estar prohibido. Y entonces el foco cambió.
A partir de ahí, los abogados defensores no dejaron pasar el dato. Anunciaron que pedirán que intervenga el Ministerio Público Fiscal y organismos nacionales para determinar si la operación fue legal o si, en realidad, se utilizó una figura local para sortear las restricciones que impone la ley de tierras. Es decir, si hubo un mecanismo para “prestar el nombre”.
Además, en el entramado aparecen sociedades, fideicomisos y nombres cruzados que complejizan aún más el mapa de propiedad. Un rompecabezas que, lejos de aclarar, suma capas de opacidad sobre quién es el verdadero dueño de esas miles de hectáreas en plena Patagonia.
Odarda pide información sobre la venta
La polémica escaló a la Legislatura. La dirigente Magdalena Odarda presentó un pedido de informes para que la Justicia investigue a fondo la confesión del polista Barabucci. La presentación apunta directamente al Ministerio Público Fiscal y exige saber si ya se abrió una causa penal por el origen de esos fondos millonarios.
Pero además, el foco está puesto en cómo ingresó ese dinero al circuito financiero. Según lo declarado en la Sala 1 del Auditorium en el juicio, los dos millones de dólares fueron transferidos desde Abu Dhabi hacia una cuenta en Estados Unidos, sin pasar por controles argentinos. Odarda pidió que se investigue un posible contrabando de divisas, evasión y hasta lavado de dinero, con intervención de organismos nacionales como la UIF y la AFIP.
Al mismo tiempo, la lupa cae sobre la legalidad de la compra. Las tierras, hubicadas a unos 100 kilómetros al sur de Bariloche, y a 45 del límite con Chile, están ubicadas en zona de frontera y bajo régimen de protección, donde la ley prohíbe expresamente la adquisición por parte de extranjeros, incluso mediante intermediarios. Por eso, el planteo también apunta a determinar si se utilizó a Barabucci como figura para encubrir al verdadero titular de la propiedad.
El gobierno de la provincia de Neuquén puso en marcha un proceso de regularización dominial en Senillosa, que beneficiará a 128 familias que habitan desde hace años en el sector del kilómetro 1251 de la ruta. La medida fue confirmada por el director provincial de Tierras, Ezequiel Vélez, quien destacó la importancia de otorgar seguridad jurídica a los vecinos que construyeron allí sus hogares.
Según explicó Vélez, el trabajo consiste en reconocer la situación de las personas asentadas y avanzar en la concreción de sus derechos. Para ello, ya se realizó una inspección en terreno que permitió identificar el estado de las ocupaciones y dar inicio al proceso de ordenamiento. “Lo que hacemos es poner las cosas en orden, que tengan sus derechos y sus obligaciones”, señaló el funcionario.
Un conflicto de larga data
El origen de esta problemática se remonta a varios años atrás, cuando el sector fue expropiado con fines productivos y pasó al dominio de la provincia. Con el tiempo, comenzaron a instalarse familias en condiciones irregulares, levantando viviendas que hoy constituyen su residencia principal. “Son viviendas donde efectivamente habitan y desarrollan su vida, no son segundas residencias”, aclaró Vélez. Para avanzar en la regularización, fue necesaria una ordenanza municipal que habilitara la división de la tierra y el cambio de uso de rural a urbano, con nuevas configuraciones y medidas de lotes. Este paso permitió coordinar acciones entre la provincia y el municipio de Senillosa.
Derechos y oportunidades para los vecinos
El director provincial de Tierras subrayó que no se trata de nuevas adjudicaciones, sino de formalizar situaciones existentes. El objetivo es que las familias puedan acceder a un título que acredite su derecho sobre la tierra, lo que les permitirá gestionar créditos, ampliar sus viviendas y contar con respaldo legal. “Tienen derecho a tener un papel que diga que tienen derecho sobre esa tierra, poder gestionar un banco, un crédito para hacer una ampliación, y no tener que andar sin nada cuando van al banco”, expresó.
Una problemática extendida en la provincia
Vélez reconoció que este tipo de situaciones se repite en distintos puntos de Neuquén. Actualmente, se trabaja en localidades como Santo Tomás, Villa Nahueve, Manzano Amargo, Varvarco, Villa Curi Leuvú y Chos Malal. Además, recordó que el año pasado se logró regularizar un pueblo completo en Coyuco Cochico, donde ningún vecino tenía documentación que acreditara la ocupación. “En un acto del aniversario entregamos las tenencias a prácticamente todos los habitantes”, destacó.
El funcionario vinculó esta problemática con la que recientemente expuso el presidente del IPVU, Pablo Dietrich, sobre la falta de regularización de viviendas entregadas hace años. En muchos casos, las casas se construyeron sobre tierras provinciales sin que se completara el proceso de adjudicación formal.
Un paso hacia la seguridad jurídica
La iniciativa en Senillosa representa un avance significativo para las familias que durante años vivieron en la incertidumbre. Con la entrega de títulos de propiedad, podrán acceder a derechos plenos y asumir obligaciones, consolidando su lugar en la comunidad. El proceso, además, marca un camino para replicar la experiencia en otras localidades de la provincia, donde la ocupación de tierras fiscales sigue siendo una realidad.
Buscan crear una Comisión Investigadora sobre las tierras de Pulmarí
La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto de resolución que busca crear una Comisión Investigadora destinada a indagar la situación de las tierras de la Corporación Interestadual Pulmarí.
La Comisión tendrá la facultad de recabar documentación, requerir informes técnicos y tomar declaraciones bajo asesoramiento profesional. El eje central será la revisión integral de los actos administrativos de cesión y adjudicación de tierras a particulares, funcionarios públicos y ciudadanos (tanto nacionales como extranjeros), independientemente de la presencia de comunidades originarias en las áreas afectadas.
Asimismo, el proyecto extiende el alcance del control a la Dirección Provincial de Tierras, para lo cual solicitará un análisis profundo sobre su desempeño en la tramitación de expedientes vinculados a tierras en conflicto en distintos puntos de la provincia.
En otro tramo, la propuesta señala que la Comisión estará integrada por los presidentes de todos los bloques políticos de la Legislatura neuquina, o quienes designen. El texto establece que el órgano deberá constituirse en un máximo de 15 días tras su sanción.
Además, el cuerpo tendrá un plazo de 120 días para ejecutar sus tareas. Al finalizar, deberá elevar un informe detallado a la Cámara de Diputados, al gobernador, al Tribunal de Cuentas y al Fiscal de Estado, con el objetivo de que estos organismos determinen las responsabilidades administrativas y/o penales correspondientes.
El proyecto de resolución (18190) ingresó por Mesa de Entradas el 13 de marzo de 2026 y acompañan con su firma Mónica Guanque, Federico Méndez y Cecilia Papa (Democracia Neuquén).
