La Cámara de Diputados aprobó la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares que regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Esta medida marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estos sitios y de las áreas periglaciares del país.
El Poder Ejecutivo afirmó que «la reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista».
Punto por punto, los cambios que establece la reforma a la Ley de Glaciares
Uno de los principales cambios que se aprobó en la Cámara baja gira en torno a brindarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección. El Gobierno indicó que esto es en respuesta los reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio -Catamarca, Jujuy y Salta- y de la Mesa del Cobre -Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan-.
Entre los puntos principales de la normativa sancionada esta madrugada, destacan:
Alcance de la protección: la reforma redefine el sitio protegido. Limita la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan «funciones hídricas» específicas. La verificación queda en manos de cada provincia.
Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), pasa a un rol registral. «El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales». También habilita intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger.
Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley. Esto se mantendrá hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°. En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
La reforma de la Ley de Glaciares introduce un cambio de fondo: redefine qué territorios quedan bajo resguardo ambiental y cuáles pueden abrirse a la actividad económica. En concreto, modifica los criterios de protección sobre el ambiente periglacial, áreas clave para la regulación del agua en zonas de cordillera.
Hasta ahora, esas zonas estaban alcanzadas por restricciones estrictas. Con la nueva norma, esa barrera se corre. Se habilita la posibilidad de realizar tareas de exploración y explotación, siempre que exista una evaluación de impacto ambiental que lo permita.
El cambio no es menor: implica que territorios que antes quedaban automáticamente protegidos ahora pueden ser considerados aptos para inversiones, especialmente mineras.
El control ya no será nacional
Otro punto central de la reforma es el traspaso de poder. La decisión sobre qué áreas proteger deja de estar concentrada en el ámbito nacional y pasa a manos de las provincias.
Esto significa que cada jurisdicción podrá definir sus propios criterios para delimitar zonas periglaciales y autorizar o no actividades económicas. En la práctica, el mapa de protección ambiental quedará fragmentado, con reglas distintas según la provincia.
La modificación fue impulsada por gobernadores de distritos con fuerte interés en el desarrollo minero, que buscan atraer inversiones bajo el esquema del RIGI incluido en la Ley Bases.
El fin de la prohibición automática
Uno de los cambios más sensibles es la eliminación de la prohibición directa de actividades extractivas en áreas periglaciales. A partir de ahora, no habrá una restricción general: cada proyecto podrá avanzar si supera una evaluación ambiental.
El nuevo esquema invierte la lógica vigente. Antes, la regla era proteger y excepcionalmente habilitar. Con la reforma, la posibilidad de explotar queda abierta, condicionada a estudios técnicos.
Una condición clave: demostrar si hay agua
La protección del ambiente periglacial quedará atada a una variable determinante: su función hídrica. Si no se demuestra científicamente que un área cumple un rol relevante en la provisión de agua, podría quedar habilitada para su explotación.
Este punto genera uno de los mayores interrogantes. La carga de la prueba recae en los estudios técnicos, en un contexto donde el Inventario Nacional de Glaciares —herramienta central para esa evaluación— arrastra cuestionamientos por su actualización y financiamiento.
Qué está en juego
La ley original, sancionada en 2010, fijaba presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciales, fundamentales para alimentar cuencas hídricas a lo largo de la cordillera.
Con la reforma, ese esquema cambia de base. Se amplía el margen para actividades económicas en zonas sensibles y se descentralizan las decisiones. El impacto concreto dependerá de cómo cada provincia aplique estas nuevas facultades y de qué criterios utilice para definir qué se protege y qué no.
El proyecto para medir el consumo de agua comenzó su tratamiento en el Concejo Deliberante de Villa La Angostura, con respaldo inicial y el compromiso de garantizar un proceso transparente y ordenado.
En un contexto donde la gestión eficiente de los recursos naturales se vuelve cada vez más prioritaria, Villa La Angostura comienza a dar pasos concretos hacia un cambio estructural en su sistema de provisión de agua potable: la instalación de medidores domiciliarios.
La iniciativa fue presentada esta mañana en el ámbito de la comisión 1 del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, donde participaron el Secretario de Hacienda y el Subsecretario de Hacienda y Modernización, quienes expusieron los lineamientos de un proyecto que busca autorizar la implementación progresiva del sistema de medición.
Un cambio estructural con antecedentes en la región
El proyecto contempla la adquisición de medidores similares a los ya utilizados en San Martín de los Andes, una localidad que ha avanzado en políticas de control y uso responsable del recurso hídrico.
La propuesta del Ejecutivo apunta a una implementación gradual, con el objetivo de generar un sistema más equitativo, donde el consumo real de agua sea el parámetro central.
Un reclamo histórico que empieza a materializarse
Desde el ámbito legislativo, la iniciativa no llega de manera aislada. Se trata de un tema que viene siendo impulsado desde hace años, en línea con la necesidad de modernizar la infraestructura y promover un uso más consciente del agua.
En este sentido, desde el bloque Primero Angostura destacaron el avance del proyecto y el inicio del debate formal:
“Se trata de un tema que venimos impulsando desde hace años en el Concejo Deliberante y que, esta vez, empieza a tomar forma concreta. La propuesta del Ejecutivo contempla la compra de medidores —ya utilizados en San Martín de los Andes— y una implementación progresiva para avanzar en la medición del consumo de agua en la Villa. Desde nuestro espacio, lo recibimos como una buena noticia. Ya comenzamos a realizar las primeras devoluciones en comisión, con el objetivo de que este proceso se lleve adelante de manera clara, ordenada y transparente”.
Transparencia y planificación, los ejes del debate
El tratamiento en comisión marca el inicio de un proceso que no solo implica una decisión técnica, sino también política y social. La instalación de medidores suele estar asociada a debates sobre tarifas, equidad y hábitos de consumo, por lo que el desafío será construir consensos y garantizar información clara para la comunidad.
En términos de comunicación pública, el proyecto representa también una oportunidad: instalar el tema en agenda desde una perspectiva pedagógica, explicando beneficios y alcances, y evitando resistencias propias de cambios estructurales.
Los bienes comunes del Sur se despojan por diseño. Agua, litio, datos y salud obedecen a una misma gramática: identificar lo colectivo, debilitar su protección jurídica y transferir su valor al capital. Argentina se ha convertido en el laboratorio más visible de esa operación.
El debate actual en Argentina sobre laLey de Glaciareses el caso testigo de una dinámica regional. Lo que ocurre hoy en los Andes argentinos —con el intento de desbloquear la frontera minera para favorecer la rentabilidad corporativa— prefigura una reorganización territorial que sacrifica vida por renta. Esta arquitectura de la escasez opera bajo una premisa única: producir carencia en lo público para habilitar la apropiación privada de recursos colectivos.
Mientras en Buenos Aires se denuncia un «ocultismo» en el trámite legislativo para silenciar una movilización ciudadana queya supera los 100.000 inscriptospara las audiencias, el Senado dio media sanción el 27 de febrero a una reforma querestringe la proteccióna las zonas con “función hídrica específica” y amplía el margen de decisión de provincias mineras como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.
El intento de frenar esa participación llegó hasta los tribunales:la Justicia rechazó la medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, al considerar que los inscriptos cuentan con vías alternativas de participación. El proceso continúa su curso.
Pendiente aún en Diputados,la hoja de ruta se terminó de trazar en el piso 15 de la torre delJPMorgan Chaseen Nueva York. Allí, ejecutivos de Rio Tinto, McEwen Mining y First Quantum Minerals plantearon sin rodeos que la protección de áreas periglaciares constituye un obstáculo para sus proyectos.
El panel fue moderado por Daniel González Casartelli, ex CEO deYPFy miembro del directorio deAdecoagro, empresa constituida en Luxemburgo: el mismo funcionario llamado a regular la actividad minera participó así en un foro financiero junto a corporaciones que presionan para flexibilizar la legislación ambiental.
Los glaciares son infraestructura hídrica: regulan cuencas, alimentan ríos y sostienen ecosistemas.Su destrucción no es efecto colateral del progreso sino el resultado directo de un modeloqueantepone la renta corporativa a la vida. Poblaciones indígenas y campesinas de la Puna, la Cordillera y la Patagonia sufren primero la escasez de agua provocada por la minería periglaciar. El cianuro y los químicos de lixiviación dejan impactos irreversibles.Esa es la química del despojo.
Del hielo a los servidores: la soberanía que nadie nombra
Glaciares, litio, datos y salud están unidos por una lógica de despojo que atraviesa recursos, información y cuerpos, y que concentra poder y valor en pocas manos.
El litio, denominado eloro blanco del siglo XXI, concentra esta tensión con especial claridad. En el triángulo que comparten Argentina, Bolivia y Chile se encuentramás del 60% de las reservas mundialesde este mineral, indispensable para la transición energética global. La extracción masiva en salares altiplánicos —ecosistemas frágiles, vinculados a acuíferos profundos— genera una presión hídrica sin precedentes sobre comunidades que ya enfrentan escasez.La transición verde del Norte Global se financiacon la desposesión hídrica y territorial del Sur.
Bolivia nacionalizó el litio vía Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), reorientando renta hacia el Estado e industrialización soberana. Un proyecto que, aunque enfrenta serias dificultades técnicas y financieras, interpela a la región:¿se puede recuperar la renta de bienes comunes sin reproducir la lógica extractiva que los destruye?
Audiencia pública ley de glaciares.
Foto: Prensa Diputados
Existe unadimensión del despojoque suele ser invisible: el control de las infraestructuras digitales. Los datos ambientales que monitorean el retroceso de un glaciar, los mapas de reservas de litio o las historias clínicas de millones de personas no viajan por un éter neutral. Se almacenan y procesan en servidores de Amazon, Google o Microsoft, fuera del alcance regulatorio de cualquier Estado latinoamericano. Es la nueva frontera extractiva:así como se extrae litio sin dejar el agua, se extraen datos estratégicos sin moverlos del territorio,pero su gobernanza y su valor quedan en manos extranjeras.Quien controla esa información decide, en última instancia,qué se sabe, qué se explota y qué cuerpos se atienden.
La intemperie sanitaria: donde el despojo llega al cuerpo
La misma lógica que avanza sobre los glaciares y los datos opera sobre los sistemas de salud.La crisis sanitaria en América Latinaes la expresión de una transformación estructural que convierte derechos sociales en mercancías. Una racionalidad neoliberal reorganiza el campo sanitario bajo criterios de rentabilidad y traslada progresivamente el costo de la atención hacia la población. Lo que emerge es una formasistemática de desposesión: la extracción de valor social desde los sistemas de cuidado hacia circuitos privados de acumulación. Esta dinámica opera mediante unaplusvalía sanitaria: El valor social que produce el sistema público de salud no retorna a él: se transfiere hacia circuitos privados de acumulación. Lo hacen los laboratorios con patentes que sostienen precios inaccesibles, las aseguradoras que lucran con la intermediación, y las empresas que tercerizan servicios esenciales pagando menos y cobrando más al Estado.
El Senado ya aprobó la modificación de la Ley.
Foto: Comunicación Senado
El caso argentino es el más nítido de la región. Con elDNU 70/23, lo que en otros países tomó años se comprimió en un solo instrumento legal: programas desfinanciados, medicamentos esenciales que dejaron de llegar y un sistema reconfigurado para favorecer a los operadores privados. No fue una respuesta de emergencia: fue una transferencia planificada de valor público al sector privado.
El resultado es unapedagogía del desgasteque naturaliza la escasez. La degradación instala en la vida cotidiana una narrativa conocida: no hay turnos, no hay insumos, no hay presupuesto. Bajo ese discurso se construye la idea de que el Estado es incapaz de sostener el derecho a la salud. Esta narrativa empuja a sectores de la población hacia soluciones privadas que, en la práctica, resultan inaccesibles para las mayorías. La expulsión del sistema público no integra a esos sectores al mercado: los deja expuestos a una verdaderaintemperie sanitaria.
La disputa es una sola
El desafío es revertir lo que el neoliberalismo fragmentó: restituir la salud como bien público, los glaciares como reservas estratégicas de la humanidad, el agua como derecho inalienable y el territorio como espacio de vida.La disputa es una solaporque el despojo es uno solo: opera en los cuerpos sin medicamentos, en los ríos que pierden caudal, en los suelos contaminados y en los datos estratégicos que se procesan fuera de toda soberanía. Recuperar esa plusvalía —sanitaria, hídrica, territorial, tecnológica— y ponerla al servicio de un proyecto colectivo de vida es la tarea política central de nuestra época. No hay transición posible sin justicia. El tiempo presente exige voluntad política capaz de redistribuir poder, recursos y condiciones dignas de existencia.
La ciudad de Neuquén se prepara para vivir una jornada deportiva y recreativa este domingo 22 de marzo, cuando se lleve a cabo una nueva edición de la “Media Maratón de los Ríos” en el Paseo de la Costa, en el marco del Día Mundial del Agua. Con más de 1.400 inscriptos provenientes del Alto Valle, distintos puntos de la provincia y otras regiones del país, el evento se consolida como una propuesta que combina actividad física, turismo y conciencia ambiental. La iniciativa es impulsada por la subsecretaría de Recursos Hídricos, en conjunto con el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial.
La largada está prevista para las 10 de la mañana, mientras que desde las 9:30 se realizará la entrada en calor. El día previo, se llevarán adelante las acreditaciones entre las 13 y las 20 en la sede de Recursos Hídricos ubicada en el Paseo de la Costa, donde los participantes recibirán sus kits y chips de clasificación.
La competencia ofrecerá tres distancias adaptadas a distintos niveles: un circuito recreativo de 5 kilómetros, ideal para familias y principiantes, y dos recorridos competitivos de 10 y 21 kilómetros para corredores más experimentados. Uno de los aspectos distintivos será el contacto directo con la naturaleza. Los circuitos combinarán tramos urbanos con sectores de aventura, incluyendo el cruce de brazos del río Limay y el paso por una isla, lo que propone una experiencia diferente a la de una carrera tradicional.
Además del aspecto deportivo, durante la jornada habrá stands informativos, actividades recreativas y propuestas educativas orientadas al cuidado del agua y el ambiente, junto con puestos de hidratación y asistencia sanitaria. Desde la organización destacaron que el objetivo es promover hábitos saludables y generar mayor conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar del entorno al aire libre en un ambiente familiar.
El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, firmó un convenio de Aporte No Reintegrable (ANR) con la Comisión de Fomento de Aguada San Roque para mejorar el acceso al agua en la región.
El acuerdo fue suscripto por el subsecretario Oscar Horacio Carvalho y la presidenta de la comisión, Andrea Campo, y contempla una inversión de 53.610.000 pesos.
El ANR permitirá financiar la ejecución de dos perforaciones con bombeo solar para la captación de agua subterránea: una en proximidades del Volcán Auca Mahuida y otra en cercanías de Añelo, incorporando tecnología sustentable para el abastecimiento.
El aporte será transferido en un único pago dentro de los 15 días posteriores a la firma, mientras que el plazo de ejecución de las obras será de hasta 45 días desde la acreditación de los fondos.
La Comisión de Fomento estará a cargo de la ejecución y deberá presentar informes técnicos y financieros, mientras que la Subsecretaría verificará el cumplimiento de lo acordado.
Desde el organismo provincial destacaron que estas inversiones fortalecen la infraestructura hídrica en zonas estratégicas y promueven soluciones eficientes y sostenibles.
También aclararon que el convenio no implica la autorización automática de las obras, por lo que deberán tramitarse los permisos correspondientes.
Avanza la construcción del puente que conectará con Isla El Porvenir en Centenario
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La obra se ejecuta sobre la calle rural 7. Permitirá mejorar el acceso a la isla y garantizar la transitabilidad para las familias que residen en el sector, incluso durante las crecidas del río Neuquén.
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El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, supervisó los avances en la construcción del puente sobre el brazo del río Neuquén ubicado en la calle rural 7 de Centenario, una obra clave que permitirá mejorar la conectividad hacia la Isla El Porvenir y garantizar condiciones de acceso seguras para las familias que habitan en el sector.
Durante una recorrida técnica por el lugar se pudo constatar el progreso de los trabajos estructurales. Actualmente ya se encuentran ejecutadas las pilas del puente, que constituyen la base de la estructura. En la próxima etapa se avanzará con la colocación de las vigas transversales, sobre las cuales se montarán posteriormente las vigas longitudinales y finalmente se realizará el hormigonado del tablero, que conformará la superficie de circulación.
El proyecto contempla la construcción de un puente de 30 metros de longitud con dos apoyos intermedios, diseñado para asegurar la transitabilidad incluso durante períodos de crecida del río, una situación que históricamente dificultó el acceso a la isla.
La obra fue adjudicada a la empresa Limayser SRL, con una inversión de 1.017.234.780 pesos y un plazo de ejecución de 300 días corridos.
La construcción del nuevo puente dará una solución definitiva para las aproximadamente 50 familias que residen en la Isla El Porvenir, una zona que suele verse afectada durante las crecidas del río Neuquén. En ese contexto, años atrás el Ejército Argentino había instalado un puente tipo Bailey para garantizar el paso.
Mientras avanzan los trabajos del puente definitivo, se habilitó un acceso provisorio mediante un bypass sobre calle 8, con la señalización correspondiente, para mantener la conexión terrestre hacia la isla durante el desarrollo de la obra.
Esta intervención forma parte de las acciones que impulsa el gobierno provincial para mejorar la infraestructura y garantizar condiciones de acceso seguras en sectores que históricamente presentaron dificultades de transitabilidad.
El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, supervisó los avances en la construcción del puente sobre el brazo del río Neuquén ubicado en la calle rural 7 de Centenario, una obra clave que permitirá mejorar la conectividad hacia la Isla El Porvenir y garantizar condiciones de acceso seguras para las familias que habitan en el sector.
Durante una recorrida técnica por el lugar se pudo constatar el progreso de los trabajos estructurales. Actualmente ya se encuentran ejecutadas las pilas del puente, que constituyen la base de la estructura. En la próxima etapa se avanzará con la colocación de las vigas transversales, sobre las cuales se montarán posteriormente las vigas longitudinales y finalmente se realizará el hormigonado del tablero, que conformará la superficie de circulación.
El proyecto contempla la construcción de un puente de 30 metros de longitud con dos apoyos intermedios, diseñado para asegurar la transitabilidad incluso durante períodos de crecida del río, una situación que históricamente dificultó el acceso a la isla.
La obra fue adjudicada a la empresa Limayser SRL, con una inversión de 1.017.234.780 pesos y un plazo de ejecución de 300 días corridos.
La construcción del nuevo puente dará una solución definitiva para las aproximadamente 50 familias que residen en la Isla El Porvenir, una zona que suele verse afectada durante las crecidas del río Neuquén. En ese contexto, años atrás el Ejército Argentino había instalado un puente tipo Bailey para garantizar el paso.
Mientras avanzan los trabajos del puente definitivo, se habilitó un acceso provisorio mediante un bypass sobre calle 8, con la señalización correspondiente, para mantener la conexión terrestre hacia la isla durante el desarrollo de la obra.
Esta intervención forma parte de las acciones que impulsa el gobierno provincial para mejorar la infraestructura y garantizar condiciones de acceso seguras en sectores que históricamente presentaron dificultades de transitabilidad.
