A seis meses de la tragedia que conmocionó a Junín de los Andes, la Justicia de la provincia de Neuquén formuló cargos contra el director del establecimiento donde murió Joaquín Stefano Gatto.

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El niño de 12 años fue aplastado por un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo. La causa avanza bajo la figura de homicidio culposo y podría definirse en los próximos meses si llega a juicio o si las partes alcanzan una salida alternativa.

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La audiencia se realizó este martes y estuvo encabezada por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien confirmó que el imputado es la máxima autoridad del predio perteneciente a la Orden Salesiana, de la cual depende el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes.

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Según la acusación, el directivo incumplió los deberes de cuidado que le correspondían respecto de los arcos instalados en el establecimiento, situación que derivó en la muerte del menor.

Qué determinó la investigación por la muerte de Joaquín

De acuerdo con la formulación de cargos, el hecho ocurrió el 4 de enero de 2026, alrededor de las 11:30, cuando Joaquín participaba de un campamento junto a un grupo de exploradores provenientes del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires.

Mientras jugaba en el sector destinado al campamento, el niño se balanceó sobre uno de los travesaños de un arco de fútbol. La estructura, de 7,40 metros de largo, 2,40 metros de alto y un peso estimado de 160 kilos, cedió y cayó directamente sobre su pecho.

«Realizamos diferentes pericias y revisiones dentro del predio y pudimos determinar que no había uno, sino que todos los arcos carecían de fijación al suelo», explicó Ávila en diálogo con Canal 7. «Realizamos diferentes pericias y revisiones dentro del predio y pudimos determinar que no había uno, sino que todos los arcos carecían de fijación al suelo», explicó Ávila en diálogo con Canal 7.

El fiscal precisó que el arco involucrado era de dimensiones reglamentarias para una cancha de fútbol 11 y que su peso convertía a la estructura en un elemento de alto riesgo.

«Cuando Joaquín se colgó del arco, el mismo inmediatamente se venció y cayó sobre su tórax. Las lesiones cardíacas que sufrió derivaron en una muerte encefálica por falta de oxigenación en el cerebro dos días después», detalló.

«Joaquín no hizo nada imprudente»

Uno de los puntos centrales de la investigación apuntó a descartar cualquier conducta riesgosa por parte del menor. «Nosotros sostenemos que Joaquín no realizó ningún tipo de imprudencia”, afirmó el fiscal.

“No es que se subieron diez chicos al arco ni estaban haciendo un uso indebido de la estructura. Se colgó del travesaño como puede hacerlo cualquier arquero en un partido de fútbol», agregó.

Además, explicó que la estructura no solo carecía de anclajes, sino que presentaba otras condiciones que agravaban el peligro. «El arco tenía espacios para colocar estacas y no las tenía. Tampoco estaba cementado. A eso se sumaba que el terreno era irregular y los postes no apoyaban completamente sobre el suelo, lo que generaba aún más inestabilidad», sostuvo.

Qué cargos enfrenta el director del establecimiento

La imputación formal es por homicidio culposo, un delito que contempla situaciones en las que una persona provoca la muerte de otra por negligencia o incumplimiento de deberes de cuidado, sin intención de causar el resultado.

«Lo que se atribuye es una falta de cuidado por parte del establecimiento, que termina derivando en la muerte de una persona», explicó Ávila. «Lo que se atribuye es una falta de cuidado por parte del establecimiento, que termina derivando en la muerte de una persona», explicó Ávila.

Durante la audiencia no se solicitaron medidas cautelares restrictivas contra el acusado. El fiscal destacó que desde el primer momento la institución colaboró con la investigación y permitió el acceso a todas las pericias realizadas.

«Han mantenido clausurada la cancha hasta la actualidad y siempre se mostraron voluntariosos para colaborar con el proceso», indicó.

Cómo sigue la causa por la muerte del niño

Tras la formulación de cargos, la fiscalía contará con tres meses más de investigación para completar las medidas pendientes y definir los pasos a seguir.

Según explicó Ávila, durante ese período se reunirán con la familia de Joaquín y posteriormente con la defensa del imputado para analizar posibles alternativas procesales.

«Vamos a intentar acercar posiciones y ver si existe una solución consensuada. Si eso no ocurre, continuaremos con una eventual acusación para llevar el caso a juicio», adelantó. «Vamos a intentar acercar posiciones y ver si existe una solución consensuada. Si eso no ocurre, continuaremos con una eventual acusación para llevar el caso a juicio», adelantó.

El fiscal señaló además que, por tratarse de un homicidio culposo, la legislación contempla otras salidas posibles como una suspensión de juicio a prueba o, eventualmente, una condena condicional.

El impulso de la Ley Joaquín

Mientras la causa judicial avanza, la familia del niño continúa promoviendo el proyecto nacional conocido como «Ley Joaquín», una iniciativa que busca reforzar los controles de seguridad en clubes, escuelas y espacios deportivos de todo el país.

La propuesta establece:

• Medidas de seguridad obligatorias: todos los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, así como los aros de básquet y postes de vóley, deberán estar correctamente instalados, sujetos y mantenidos en condiciones seguras, tanto en espacios públicos como privados destinados a actividades deportivas.
• Anclaje y sujeción de estructuras: los arcos que pesen más de 20 kilos tendrán que contar con sistemas de anclaje, sujeción o contrapeso, permanentes o removibles, para evitar vuelcos o desplazamientos.
• Protección contra impactos: se exigirá la colocación de elementos acolchonados en columnas, paredes y postes ubicados en áreas deportivas para disminuir el riesgo de lesiones.
• Inspecciones periódicas: las instalaciones deberán ser sometidas a controles técnicos regulares realizados por profesionales matriculados, quienes emitirán certificados que acrediten su aptitud y seguridad.
• Plazo de adecuación: las instituciones alcanzadas por la normativa dispondrán de hasta un año para adaptar sus instalaciones a los requisitos establecidos.
• Régimen de sanciones: el proyecto prevé multas y otras penalidades para los establecimientos que incumplan las medidas de seguridad exigidas por la ley.