Más de un año después del femicidio de la docente jubilada Olga Quinteros en Piedra del Águila, la Justicia de Neuquén resolvió dictar el sobreseimiento de Ramón De León Pérez, el hombre acusado de asesinarla durante un robo ocurrido en marzo de 2025.
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El nombre del dominicano de 58 años resonó desde la Patagonia hasta en los medios nacionales no solo por la extrema violencia contra la mujer sino porque huyó de la escena del crimen en el auto de la víctima, manejó 1300 kilómetros hasta abandonarlo en Azul, provincia de Buenos Aires.
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Pero además, le pidió ayuda a un camionero y arribó a su destino final: el Consulado de República Dominicana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) donde pidió asilo para salir del país al grito de «ayuda, me quieren matar».
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Además, a través de una investigación de LM Neuquén se determinó que De León Pérez había sido imputado por robos agravados y lesiones agravadas en contexto de violencia de género tanto en Chubut como en Neuquén.
En Esquel fue denunciado por su ex pareja a quien la arrastró del pelo, le mordió la ceja y rompió el celular, entre otras cosas, por lo que aceptó su responsabilidad y evitó la prisión efectiva gozando de una probation.
Un femicidio que conmocionó a toda Piedra del Águila y el país
La mujer de 70 años era una docente muy querida en la localidad neuquina a la cual había llegado desde Catamarca, donde ejerció toda su carrera educativa retirándose en la escuela primaria 315. Por este motivo, su muerte provocó una profunda conmoción en la localidad y motivó movilizaciones en reclamo de justicia principalmente impulsadas por el sindicato docente ATEN.
Según la investigación el crimen se cometió entre el viernes 14 y el sábado 15 de marzo de 2025, pero fue descubierto días después luego de que Sonia, la hija de la mujer fallecida y también parte de la comunidad educativa haya sido alertada por la Policía de que el auto de Olga había sido encontrado abandonado en Azul, provincia de Buenos Aires.
Nadie se esperaba el desenlace cargado de horror porque en un primer momento pensaron que probablemente había viajado y que se había perdido. Pero al registrar su casa, su yerno se topó con una brutal escena. “La encontró en una habitación de la parte trasera de la casa, estaba golpeada, su cuerpo estaba tirado en el piso, sin vida”, lamentó Sonia Díaz, secretaria general de ATEN en Piedra del Águila en diálogo con este diario.
La investigación apuntó desde el inicio a De León Pérez, quien según la investigación ingresó a la vivienda de la mujer con el fin de cometer un robo y luego causarle la muerte. El caso fue investigado como femicidio, pero nunca llegó a la formulación de cargos.
Internación en un hospital psiquiátrico: “Está ganando tiempo haciéndose pasar por loco”
El caso había generado incertidumbre durante meses debido a que De León Pérez nunca fue trasladado a Neuquén. Tras ser detenido tres días después del crimen, el 17 de marzo, quedó a disposición de la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fiscal del caso, Hernán Scordo, solicitó su extradición interprovincial para formularle cargos, pero el juzgado de Rogatorias de la Nación denegó el traslado por «una descompensación en su salud mental» y dispuso su internación.
Diez días después de la detención, la fiscalía informó que Ramón de León Pérez presentó un cuadro de descompensación en su salud mental. De esta manera, se postergó la acusación por homicidio agravado por femicidio y durante su permanencia en Buenos Aires, quedaba a disposición del Juzgado Nacional.
Consultada por LM Neuquén, Sonia Rolhaiser, la hija de Olga, quien siguió el caso día a día, indicó que no tenía dudas de que «está ganando tiempo haciéndose pasar por loco». En este sentido aseguró que el argumento psiquiátrico era una maniobra para evitar ser juzgado por su responsabilidad en el crimen de la jubilada.
“Mi mamá fue asesinada brutalmente y él sabía lo que hacía. Manejó la camioneta que le robó más de 1.000 kilómetros, abandonó el auto y buscó refugio en una embajada. Eso no lo hace alguien fuera de sí”, afirmó.
Inimputabilidad a un año del femicidio
Los plazos se extendieron por un largo plazo y a más de siete meses del femicidio la causa continuó sin la imputación del único sospechoso. Finalmente, lo que parecía una indicación médica para estabilizar al acusado, se transformó en el camino definitivo para su sobreseimiento, aunque no implicó su libertad, al menos por 10 años.
El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó al área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense de Neuquén una pericia sobre el estado de salud mental a Ramón de León Pérez quien continuaba internado en un centro de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires.
El pedido fue informado el 30 de octubre de 2025 durante una audiencia ante el juez de garantías Ignacio Pombo, quien convocó a las partes para definir los próximos pasos de la investigación. Ávila planteó la necesidad de mantener la custodia policial sobre el acusado, luego de que un dictamen del defensor federal advirtiera que la detención afectaba su tratamiento médico.
Por su parte, la defensa del imputado presentó una pericia del Ministerio Público de la Defensa de la Nación en la que se concluye que el hombre no estaba en control de sus facultades mentales al momento del hecho. De todos modos, el propio defensor se mostró de acuerdo con que la fiscalía neuquina pueda revisar esa evaluación.
El juez Pombo dispuso que, una vez incorporados los informes médicos, se convoque a una nueva audiencia dentro de 30 días para debatir la imputabilidad del acusado.
Luego, según lo informado por el MPF el fiscal Scordo solicitó que una junta médica evalúe el caso para tener una propia consideración. De esta manera, los peritos de Neuquén relevaron los certificados médicos del Borda. Finalmente, elevaron su decisión: coincidieron en que De León Pérez «no era capaz de comprender sus actos».
Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la declaración de inimputabilidad el 17 de abril pasado, durante una audiencia en la que el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora presentaron el hecho por el cual se lo investigó.
La investigación determinó que el 14 de marzo de 2025 por la tarde, cometió el homicidio de Olga Delina Quinteros, de 70 años, luego de ingresar a su casa en Piedra del Águila para robar. En la vivienda, golpeó a la víctima y se apoderó de 43 mil dólares, una cadena, un reloj, anillos y un auto Volkswagen T-Cross que era de ella.
En el auto escapó y manejó hasta Azul —provincia de Buenos Aires— donde lo abandonó a la vera de la Ruta Nacional 3 tras quedarse sin nafta. Llegó a CABA luego de pedirle ayuda a un camionero, y fue detenido cuando intentó ingresar al consulado de República Dominicana.
En forma inicial el caso se investigó como femicidio y durante la audiencia de petición de sobreseimiento se le atribuyó el delito de robo calificado por homicidio, en carácter de autor.
«No puede comprender sus actos ni acciones»
Entre los fundamentos para pedir la declaración de inimputabilidad y el sobreseimiento, desde el MPF se planteó que al momento del hecho y según los informes médicos, el imputado “no se hallaba en condiciones de comprender sus actos ni dirigir sus acciones”.
El juez de garantías que dirigió la audiencia de sobreseimiento, Ignacio Pombo, avaló el pedido así como la medida de seguridad requerida por el MPF de internación obligatoria por un plazo máximo de 10 años en un centro de salud -también estuvo de acuerdo el defensor oficial.
El magistrado resolvió la internación obligatoria “en un dispositivo de salud mental”, y señaló que “dicha medida deberá cesar si se revierten las condiciones médicas y los riesgos que llevaron a su imposición (previo dictamen de especialistas del cuerpo médico forense y resolución jurisdiccional); si la medida cesa por el agotamiento de su plazo máximo o hubiesen desaparecido los riesgos para sí o para terceros, una semana antes del vencimiento deberá expedirse el equipo interdisciplinario de salud mental que lo esté tratando y continuará esa internación bajo control de la justicia civil interviniente”.
Asimismo, dispuso que el centro de salud de CABA en el que permanece internado desde su detención el año pasado, continúe “la atención médica bajo modalidad de internación involuntaria, hasta tanto se materialice su traslado a otra institución de salud mental para continuar su tratamiento”.
Además, solicitó la notificación al Juzgado de Rogatorias de la Ciudad de Buenos Aires “haciéndole saber lo aquí expuesto y solicitándole que preste colaboración para sostener la vigilancia de la medida de seguridad, ordenando a la fuerza policial que resulte adecuada la custodia permanente de la internación impuesta”.
Lo mismo requirió respecto al defensor público civil y al juez civil interviniente, “haciéndoles saber que el control y seguimiento de esta medida de seguridad quedará bajo la órbita del Juez de Ejecución Penal o quien subrogue dicho cargo, con revisión cada tres meses”.
«La próxima vez usted va a la cárcel»
El resultado judicial significó que la advertencia del juez de Chubut Martín O’Connor quedó trunca. El magistrado lo condenó en febrero de 2025 a seis meses de prisión en suspenso por delitos de daño, en concurso real con lesiones leves agravadas, en concurso real con robo simple, porque de León Pérez aceptó su responsabilidad en los tres episodios de violencia de género.
En su veredicto, el magistrado le dijo al entonces condenado: «la ley penal argentina le da una segunda oportunidad a una persona que no ha cometido delitos con anterioridad y que no comete delitos graves».
Por último, el magistrado de Chubut le advirtió a De León Pérez: “el próximo delito, usted va adentro, va a la cárcel, ¿está claro? Así que esta es su última oportunidad, aprovéchela, no vuelva a cometer nuevos delitos”. No hay información sobre si antes de cometer el femicidio de Olga, el sobreseído cumplió la prohibición de contacto con la víctima y contactarla por cualquier medio y si realizó el Taller de Sensibilización sobre Violencia de Género (TAVIRE).
Lo que sí está claro es que un mes después de aquella sentencia, asesinó a Olga Quinteros en Piedra del Águila. Y que la causa por su femicidio terminó cerrándose sin juicio, con un sobreseimiento por inimputabilidad.
