Tras la denuncia de las autoridades de CALF sobre el hallazgo de viviendas de lujo de barrios privados de Neuquén por conexiones clandestinas para evitar el cobro y el posterior pago del servicio de luz, la Justicia comenzó la investigación.
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Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que iniciaron una investigación preliminar por el presunto hurto de energía eléctrica a la cooperativa CALF en tres barrios privados de la ciudad de Neuquén.
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Aunque las autoridades de la cooperativa habían anunciado públicamente que habían encontrado este tipo de conexiones clandestinas en al menos 30 viviendas, la denuncia que realizaron ante la justicia fue solo por 5.
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La investigación, tras la denuncia presentada ayer por el apoderado legal de CALF, quedó a cargo de la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, dirigida por el fiscal Diego Azcárate, y bajo la supervisión del fiscal jefe Mauricio Zabala.
«De acuerdo a la información brindada por la cooperativa, personal propio detectó conexiones clandestinas a la red, así como la manipulación antirreglamentaria de instalaciones eléctricas y medidores, lo que habría permitido el consumo de energía sin su correspondiente registración ni facturación», explicaron desde la Justicia en un comunicado.
La denuncia es por un total de cinco lotes ubicados en los barrios privados “Rincón Club de Campo” (un lote), “La Zagala” (un lote) y “La Pelegrina” (tres lotes).
Días atrás las autoridades de CALF habían denunciado que descubrieron esta red de fraude VIP que operaba en barrios privados de Neuquén. En una serie de auditorías sorpresivas en los barrios cerrados más caros de la ciudad, los equipos técnicos detectaron irregularidades en propiedades de lujo -con piscinas climatizadas y consumos eléctricos masivos- que se encontraban conectadas ilegalmente a la red o con medidores adulterados.
Las inspecciones llevadas adelante por el área de Disciplina de Mercado, que se profundizaron durante la última semana, pusieron al descubierto maniobras de alta complejidad técnica en urbanizaciones cerradas, detectando casas de lujo con maniobras intencionales para eludir el control y evitar el pago de servicios.
El operativo, calificado por CALF como una «ofensiva sin precedentes», estuvo centrado en urbanizaciones como La Zagala con auditorías técnicas sorpresivas y terminó con el corte inmediato del suministro y la promesa de acciones penales por hurto de energía.
La justicia determinó que no habrá allanamientos
El fiscal del caso dispuso como primera medida, y con el objetivo de verificar los hechos y determinar las eventuales responsables, que desde CALF se remita al MPF diversa documentación vinculada a la denuncia; además de pedir informes a una de las administraciones de los barrios privados sobre los titulares de los lotes, ya que en las dos restantes fueron identificados.
Sobre el pedido de allanamiento de las viviendas involucradas en los hechos, y que realizado por CALF en la denuncia, el MPF consideró innecesaria la medida en este momento de la investigación: “teniendo en cuenta los procedimientos llevados a cabo por personal de CALF (constataciones, actas labradas con presencia policial), y conforme lo coordinado con el fiscal jefe, no corresponde hacer lugar a lo solicitado”, indicó el fiscal del caso.
De forma provisoria, la investigación es por el supuesto delito de apoderamiento ilegítimo de energía eléctrica.
En el contexto de la denuncia, la cooperativa también requirió al MPF que permita su constitución como querellante en el caso, lo cual fue aceptado.
“Estas conductas tienen como finalidad inequívoca eludir el control de consumo y evitar el pago del servicio, generando un perjuicio económico directo a la cooperativa y afectando además la seguridad del sistema eléctrico”, plantearon desde la CALF en la denuncia.
