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El Juzgado de Zapala rechazó la medida cautelar presentada por la exdirectora de Recursos Humanos de Villa La Angostura, Rosa Orellana, quien había solicitado la suspensión de sanciones administrativas y la restitución de haberes descontados.

El magistrado consideró que, en esta etapa del proceso, no se acreditó la existencia de irregularidades por parte del Municipio y avaló la continuidad del sumario iniciado por presunto abandono de trabajo.

Caber recordar que  Orellana había cuestionado distintas medidas disciplinarias adoptadas por el Ejecutivo municipal y reclamó la restitución de salarios descontados.

La demandante había solicitado una medida cautelar para dejar sin efecto sanciones administrativas, recuperar su cargo dentro de la estructura municipal y percibir los haberes que, según sostuvo, le fueron descontados de manera irregular durante los primeros meses de 2026.

Sin embargo, el juez subrogante José C. Pusterla rechazó el planteo al considerar que no se encontraba acreditada, de manera preliminar, la verosimilitud del derecho invocado por la funcionaria.

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En su resolución, el magistrado señaló que el decreto que dispuso el traslado disciplinario de Orellana ya había sido ejecutado y que cualquier análisis sobre su validez deberá realizarse al momento de dictar sentencia definitiva.

Respecto del sumario administrativo abierto por presunto abandono de trabajo, la Justicia entendió que se trata de una facultad propia de la administración municipal para investigar la conducta de sus agentes y que no existían elementos suficientes para suspender el procedimiento.

El fallo también tuvo en cuenta la postura del Municipio, que sostuvo que Orellana no se presentó a retomar sus tareas luego de haber sido evaluada por una Junta Médica que determinó que estaba en condiciones de trabajar. Según la comuna, esa situación derivó en ausencias consideradas injustificadas, descuentos salariales y la posterior apertura de un sumario administrativo.

Además, el juez consideró que la agente fue notificada de las actuaciones, tuvo acceso al expediente y contó con la posibilidad de ejercer su defensa, por lo que no advirtió una vulneración manifiesta de sus derechos en esta instancia cautelar.

De esta manera, la Justicia resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión de las medidas adoptadas por el Municipio y dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por la parte actora.

La causa continuará su trámite judicial, donde se analizará en profundidad la legalidad de los actos administrativos cuestionados por la exfuncionaria.

El caso Orellana: De una sanción disciplinaria a una disputa judicial

El caso de Rosa Amelia Orellana se remonta a enero de 2025, cuando se produjo un episodio de violencia institucional en el Refugio de Mujeres de Villa La Angostura que involucró a una menor de edad y derivó en la renuncia de la entonces secretaria de Desarrollo Humano, Graciela Lobos.

A raíz de una investigación interna, la Junta de Admisión, Calificación, Ascensos y Disciplina (JACAD) determinó que Orellana, por entonces directora de Capital Humano, accedió sin autorización a material audiovisual confidencial relacionado con el caso. Según el organismo, la funcionaria no tenía competencias para intervenir en la visualización de esos registros, protegidos por normas de privacidad y resguardo de menores.

El sumario concluyó que, si bien Orellana sostuvo que buscaba denunciar un hecho grave, su accionar no se ajustó a los protocolos vigentes. Inicialmente se evaluó una cesantía, pero finalmente la JACAD resolvió aplicarle un traslado disciplinario por seis meses a otra dependencia municipal.

Meses después, el conflicto escaló cuando el Ejecutivo municipal inició un nuevo sumario por presunto abandono de trabajo, tras considerar que la agente no se reincorporó a sus funciones luego de haber sido intimada. Esa decisión derivó en descuentos salariales y en la presentación de una demanda judicial por parte de Orellana, cuyo pedido cautelar fue rechazado recientemente por la Justicia.