Etiqueta: Ministerio Público Fiscal

  • Aberrante: un neuquino sumó una nueva pena por abusos, ahora contra una niña

    Aberrante: un neuquino sumó una nueva pena por abusos, ahora contra una niña

    Un violador de Centenario quiso zafar de una pena severa mediante un pedido de su defensor, que cuestionó la posición adoptada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). ¿Qué se resolvió?

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    A partir de un acuerdo parcial impulsado por el fiscal del caso Manuel Islas, un hombre identificado por sus iniciales como R.F.A.C., fue declarado responsable por abusar sexualmente de manera reiterada de la hija de su pareja entre 2018 y 2021 en la ciudad de Centenario. Durante la audiencia, el fiscal describió que los abusos fueron cometidos cuando la víctima tenía entre 9 y 12 años y convivía con el acusado en una vivienda de la localidad. Según precisó el fiscal del caso, el imputado aprovechaba las ausencias laborales de la madre para cometer los abusos sexuales.

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    Islas sostuvo que los hechos fueron acreditados principalmente mediante la declaración de la víctima en Cámara Gesell, informes psicológicos y testimonios de personas a quienes la adolescente les relató lo ocurrido. También se incorporaron pericias e inspecciones realizadas en la vivienda donde sucedieron los abusos.

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    El tribunal, integrado por los jueces Cristian Piana, Diego Hermosilla y Lucas Yancarelli, homologó el acuerdo y declaró a R.F.A.C. responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, doblemente agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser encargado de la guarda.

    Tras resolver la responsabilidad mediante el reconocimiento de los hechos por parte del violador, la fiscalía solicitó una pena de 9 años de prisión efectiva y pidió unificarla con una condena anterior, de 8 años y 8 meses, que el condenado ya cumple.

    La defensa se refugió en cuestiones técnicas

    La defensa cuestionó que esa condena anterior fuera utilizada como agravante y rechazó que correspondiera declarar reincidente al acusado, al sostener que los hechos juzgados ahora ocurrieron antes de que la sentencia previa quedara firme. El tribunal coincidió con ese planteo y descartó la reincidencia, aunque igualmente resolvió imponer una pena única de 14 años de prisión efectiva.

    El anterior castigo impuesto al hombre es por un hecho que tuvo como víctima a su propia hija.

    Más allá de estar condenado, la identidad y otros datos del hecho se preservan, con el objetivo de evitar la identificación de la víctima.

    Otro abusador en el banquillo

    Además de la condena que recayó en el violador de Centenario, esta semana se conoció otra pena efectiva de prisión contra un abusador de Plottier.

    El proceso atravesó distintas instancias porque la defensa impulsó una presentación ante el Tribunal de Impugnación y el acusado se vio beneficiado debido a que los magistrados consideraron que no se había probado la tentativa de violación contra una menor. De igual modo, ratificaron su responsabilidad por el delito de abuso sexual simple continuado y ordenaron una nueva audiencia para determinar la pena.

    El trámite se cumplió bajo un tribunal integrado por Marco Lupica Cristo, Luis Giorgetti y Juan Manuel Kees, quienes le impusieron al abusador una pena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva.

  • Chos Malal: una de las municipales imputadas por el incendio es madre de dos hijos narco

    Chos Malal: una de las municipales imputadas por el incendio es madre de dos hijos narco

    Este jueves, tres trabajadores municipales de Chos Malal fueron imputados por provocar daños en el edificio de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos durante una protesta gremial realizada frente al municipio. En las últimas horas, se conoció que una de las mujeres es madre de dos hijos narco, quienes el mes pasado fueron imputados por comercializar cocaína.

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    La acusación a los estatales sostiene que utilizaron neumáticos incendiados y acercaron un tambor en llamas hacia uno de los accesos del inmueble comunal.

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    De acuerdo a la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF), el episodio ocurrió entre las 5:27 y las 9 de la mañana. Según la investigación, una de las imputadas inició un foco ígneo frente a uno de los ingresos del municipio utilizando papeles, cartones y neumáticos.

    Posteriormente, otra de las acusadas habría pateado el recipiente metálico en dirección a la puerta del sector de Rentas y Recaudaciones. Siempre según la acusación fiscal, el tercer imputado indicó que acercaran aún más el tambor en combustión al acceso principal y él mismo volvió a empujarlo hacia la entrada.

    “El humo, el calor y el fuego ocasionaron manchas de hollín sobre el frente del inmueble, afectando un cartel institucional y letras corpóreas”, detalló el MPF.

    Vínculos narco

    Una de las tres personas imputadas por los daños en la Municipalidad de Chos Malal es madre de dos hombres de 26 y 32 años, quienes el pasado mes fueron acusados por manejar un kiosco narco, donde hallaron 300 dosis de cocaína.

    Se trata de Marcela Manríquez, madre de Juan Gabriel Hidalgo y de Lautaro Lihuen Hidalgo, quienes el 2 de abril último fueron sorprendidos en su vivienda de la calle Francis Albert del barrio Uriburu con clorhidrato de cocaína fraccionado y acondicionado para su venta. El hallazgo de droga fue producto de un allanamiento.

    Allí encontraron un plato con restos de cocaína, 9 pastillas que supuestamente utilizaban para el rebaje de la droga, previo al fraccionamiento y posterior comercialización, 141 gramos de clorhidrato de cocaína compactado, (una parte compactada y otra en envoltorios), cantidad que equivale a unas 300 dosis aproximadamente, según precisó la fiscal del caso en la audiencia.

    Además, se halló una balanza de precisión, tres terminales de pago electrónico (posnet) y dinero en efectivo (pesos argentinos y chilenos).

    El delito atribuido a los acusados fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autores.

    Asimismo, durante la audiencia, los representantes del MPF solicitaron que ambos acusados permanezcan detenidos con prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria —ante la falta de cupo en unidades de detención—, pedido que fue rechazado por un juez de garantías, por lo que se requirió la revisión de esa decisión. En simultáneo, se requirió el embargo e inhibición de bienes de ambos.

    El juez de garantías, Lisandro Borgonovo, rechazó la detención domiciliaria y dispuso, en su lugar, la prohibición de salir de Chos Malal y la obligación de presentarse diariamente en la comisaría. No obstante, el magistrado sí aceptó la inhibición de bienes y el embargo.

  • Imputan a tres municipales por daño en un edificio público durante una protesta

    Imputan a tres municipales por daño en un edificio público durante una protesta

    Imputan a tres municipales por daño en un edificio público durante una protesta

     

    07-05-2026

     

    Neuquén – El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a tres personas —un trabajador y dos trabajadoras municipales de Chos Malal— por provocar daños en el edificio de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la comuna.

     

    La acusación fue realizada hoy por la fiscal del caso Natalia Rivera y el fiscal del caso Víctor Salgado. La medida comprendió a dos mujeres, M. M. y M. A. M. M., y un varón, J. A. A., a quienes se les impuso la prohibición de acercamiento a la dependencia municipal mientras avanza la investigación.

     

    De acuerdo a la teoría del caso del MPF, el hecho fue cometido el 15 de abril de 2026, entre las 05:27 y las 09:00 aproximadamente, en el marco de una medida de protesta llevada adelante por integrantes del gremio SOYEM frente al palacio municipal de Chos Malal.

     

    M. M. colocó un neumático sobre un recipiente metálico tipo tacho, junto con papeles, cartones y otros elementos combustibles, iniciando un foco ígneo frente a un ingreso del municipio. Allí permaneció mientras las cubiertas comenzaban a arder con llamas de importante intensidad y abundante humo negro.

     

    Luego, M. A. M. M. incorporó otro neumático al recipiente en combustión y permaneció junto al foco ígneo al lado de M. M. y el otro acusado, J. A. A. Después, pateó el recipiente metálico en dirección a la puerta de ingreso del sector de Rentas y Recaudaciones, acercándolo deliberadamente al edificio municipal.

     

    En ese contexto, J. A. A. le indicó que aproximara aún más el recipiente hacia la puerta de acceso, a lo que ella hizo caso. Finalmente, J. A. A. volvió a patear el recipiente en combustión, acercándolo todavía más al acceso principal del inmueble.

     

    Desde el MPF se indicó que, como consecuencia, “se generaron llamas de gran intensidad, abundante humo negro y residuos de hollín que impactaron sobre la fachada principal del edificio”, provocando daños sobre un bien de uso público. “El humo, el calor y el fuego ocasionaron manchas de hollín sobre el frente del inmueble, afectando un cartel institucional y las letras corpóreas emplazadas en la parte exterior”, se explicó.

     

    Además, se puntualizó que el fuego y el humo alcanzaron sectores superiores de la estructura, ocasionando daños en una ampliación en construcción ubicada en el primer piso, donde se constató lana de vidrio quemada y restos de hollín. Estas acciones pusieron en riesgo la integridad física del personal que ingresó al municipio a las 07:45, aproximadamente.

     

    El accionar de los imputados cesó tras la intervención de personal policial, que apagó el foco de fuego y retiró el tambor.

     

    El delito que el MPF les atribuyó fue daño agravado, postura que fue acompañada por el abogado querellante en representación de la municipalidad.

     

    La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Bibiana Ojeda, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en un mes.

     

    Como medida cautelar, la magistrada fijó la prohibición de acercamiento de las personas acusadas en un radio de 100 metros al lugar de los hechos y a los empleados y empleadas de las áreas afectadas. Esta medida tendrá vigencia, inicialmente, hasta el 16 de mayo, para que el MPF concluya con las diligencias pendientes en la investigación.

     

     

  • Confirman pena de 8 años de cárcel a mujer que causó un incendio en el que murió su pareja

    Confirman pena de 8 años de cárcel a mujer que causó un incendio en el que murió su pareja

    Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue confirmada la pena de 8 años de prisión impuesta a Beatriz Esther Cayún, declarada responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de su pareja, José Emiliano Catricura, en el Paraje Trompul en San Martín de los Andes.

    El incidente ocurrió el 10 de febrero de 2024, entre las 8:30 y las 9:00, en la vivienda que la pareja compartía en el Paraje Trompul donde, tras una discusión, Cayún arrojó nafta dentro de la casa y encendió un fósforo, provocando un incendio inmediato.

     Una explosión trabó la puerta de entrada y Catricura quedó atrapado; aunque logró salir por la parte trasera, sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo y murió horas más tarde en el hospital. Ver menos

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  • Discutieron, prendió fuego la casa y murió su pareja: ratifican la pena

    Discutieron, prendió fuego la casa y murió su pareja: ratifican la pena

    El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de 8 años de prisión impuesta a Beatriz Esther Cayún, quien fue declarada responsable del delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de su pareja, José Emiliano Catricura.

    El hecho ocurrió en el paraje Trompul y la resolución se dio a partir de un planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal jefe Gastón Ávila y la fiscal del caso Inés Gerez.

    Durante una audiencia llevada a cabo el pasado 17 de abril, los funcionarios sostuvieron que la sentencia original fue producto de “un razonamiento lógico tanto en su estructura interna como externa” y que estaba “debidamente motivada”, descartando cualquier tipo de arbitrariedad.

    En ese marco, solicitaron la ratificación de la condena dictada en diciembre del año pasado por el tribunal colegiado integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría Ruíz.

    El Tribunal de Impugnación intervino tras un recurso presentado por la defensa de Cayún, que pedía la nulidad del fallo. Sin embargo, el cuerpo —integrado por la jueza Patricia Lupica Cristo y los jueces Eulogio Nazareno y Mauricio Macagno— resolvió por unanimidad rechazar la impugnación al considerar que no se lograron demostrar los agravios denunciados.

    El hecho

    El episodio ocurrió el 10 de febrero de 2024, entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana, en la vivienda que la pareja compartía en el paraje Trompul.

    Según se acreditó en el juicio, tras una discusión, Cayún arrojó nafta en el interior de la casa y encendió un fósforo, lo que provocó un incendio inmediato.

    Como consecuencia, se produjo una explosión que trabó la puerta de entrada, dejando a Catricura atrapado.

    Si bien logró salir por la parte trasera de la vivienda, sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y falleció horas después.

    Durante la etapa de determinación de la pena, la fiscalía había solicitado una condena de 9 años de prisión.

    No obstante, el tribunal fijó el mínimo legal de 8 años, teniendo en cuenta como atenuantes la falta de antecedentes penales de la imputada y las lesiones que ella misma sufrió durante el incendio.

  • Plaza Huincul: hallaron muerto a un hombre y hay sospechas de un hecho violento

    Plaza Huincul: hallaron muerto a un hombre y hay sospechas de un hecho violento

    Un importante despliegue policial en las primeras horas de la tarde de este lunes generó una gran inquietud en el barrio Otaño de la ciudad de Plaza Huincul. Con el correr de los minutos, los vecinos tomaron conocimiento de que un hombre que vivía solo fue hallado muerto en su vivienda.

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    Los primeros móviles de las fuerzas de seguridad neuquinas arribaron pasado el mediodía y, luego, tras confirmarse el hallazgo de un cuerpo, fue notificado el Ministerio Público Fiscal (MPF).

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    Como ocurre en otros hechos similares, se montó un dispositivo en derredor de la vivienda con el fin de preservar la escena y se colocó una cinta en el límite del patio de la pequeña propiedad donde vivía el hombre, situada sobre calle Misiones.

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    Además de relevar la zona, los agentes policiales consultaron a los vecinos si tenían conocimiento de alguna anormalidad y la presencia de personas sospechosas en la zona. A simple vista, el hombre fallecido tendría una herida y por este motivo, el fiscal jefe Gastón Liotard anticipó al sitio Cutral Co Al Instante que se trataría de una “muerte violenta”.

    De igual modo, el MPF ya solicitó una autopsia para confirmar la causa de la muerte y si se trata de un hecho reciente o el deceso se produjo mucho antes del hallazgo del cuerpo.

    Identidad de la víctima

    En cuanto a los datos filiatorios, el hombre tenía 29 años y según La Voz del Neuquén su apellido sería Albornoz.

    El trabajo investigativo está a cargo de personal de la Policía de Plaza Huincul, los peritos de Criminalística y el equipo de la fiscalía de Cutral Co.

    De forma inicial, se especula que apenas se conozca la causa de la muerte, se avanzarían con otras actuaciones tendientes a esclarecer lo sucedido.

    Lamentablemente, el incidente de Plaza Huincul viene precedido de otros hechos de violencia ocurridos en las últimas 72 horas. En el cierre de la semana que pasó, en el barrio Islas Malvinas de esta capital, un vecino de 30 años fue apuñalado mortalmente en el pecho. La víctima fue identificada como Nicolás Cifuentes, un colaborador del Motocross Club Neuquén y que se destacaba por su tarea como jefe de banderilleros.

    Hasta el momento, el autor del crimen no fue atrapado y la Policía provincial indicó que se esperaban obtener datos certeros tras el análisis de material de cámaras de seguridad.

    Una seguidilla de homicidios

    Apenas un día después del asesinato en el Islas Malvinas, en la zona de la meseta de esta capital, se produjo otro hecho de violencia cuando un hombre apuñaló mortalmente a un trabajador que le recriminó una serie de insultos. Este incidente tuvo lugar el sábado en horas de la tarde, en el sector conocido como El Choconcito y también se encuentra bajo investigación luego de conocerse el deceso de la víctima en la madrugada de este último domingo.

    En las primeras horas de la mañana de este lunes, se confirmó que la víctima es oriunda de la ciudad rionegrina de Cipolletti y que habría buscado interceder luego de que el asesino golpeó a un amigo.

  • los detalles de la operación

    los detalles de la operación

    El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes en Junín de los Andes, tras una investigación que permitió reconstruir su funcionamiento, roles y puntos de venta.

    La acusación fue presentada por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, quienes atribuyeron a los imputados los delitos de comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por la participación organizada de tres o más personas.

    De acuerdo con la investigación, entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026 los acusados operaron de manera coordinada, con una clara división de tareas. Dos de ellos encabezaban la estructura: conseguían clorhidrato de cocaína, lo fraccionaban y lo distribuían entre el resto para su venta.

    La organización utilizó distintos domicilios como puntos de acopio, fraccionamiento y comercialización. Primero operaron en una vivienda de calle Los Maitenes, luego en otra de calle 25 de Mayo y finalmente en una casa del barrio Nehuenche.

    Según la fiscalía, cuatro de los imputados cumplían el rol de vendedores: recibían la droga, la fraccionaban en dosis y la comercializaban directamente. Para ello utilizaban balanzas de precisión, envoltorios de nylon y otros elementos. Parte del dinero obtenido era transferido mediante billeteras virtuales a quienes lideraban la organización.

    Además, uno de los acusados habría facilitado su vehículo para el traslado de la droga y extendido la actividad hacia San Martín de los Andes.

    Durante los allanamientos realizados el pasado 2 de mayo, la fiscalía secuestró 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína en distintos domicilios vinculados a los imputados. También se incautaron dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento.

    En los procedimientos, además, se hallaron armas de fuego y municiones sin la debida autorización legal. Por este motivo, a uno de los imputados se le sumaron cargos por tenencia de armas de guerra y de uso civil, mientras que otro fue acusado por tenencia ilegal de un arma de uso civil.

    La audiencia de formulación de cargos fue encabezada por la jueza de garantías Vanesa Macedo Font, quien avaló la acusación presentada por la fiscalía.

    Medidas cautelares

    Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron prisión domiciliaria para cuatro de los imputados por el plazo de dos meses. Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido.

    En su lugar, dispuso medidas cautelares para todos los acusados: deberán cumplir comparendos periódicos y tienen prohibido mantener contacto entre sí o ejercer actos de intimidación o perturbación vinculados a la causa.

    En uno de los casos, además, se ordenó la presentación diaria en una sede de Gendarmería.

    Tras la decisión, la fiscalía solicitó la revisión de la resolución en relación con el rechazo de las prisiones domiciliarias.

    La causa sigue en investigación y no se descartan nuevas medidas en el corto plazo.

  • Investigación a contadora de la Agencia de Recaudación de Río Negro

    Investigación a contadora de la Agencia de Recaudación de Río Negro

    Una denuncia sacudió a la Agencia de Recaudación de Río Negro: una contadora del organismo quedó bajo investigación por maniobras irregulares con datos de tarjetas de crédito de contribuyentes, en una causa que ya está en manos del Ministerio Público Fiscal y que podría escalar en los próximos días.

    Todo comenzó con una presentación formal impulsada por el propio titular del organismo, Alejandro Palmieri, quien decidió llevar el caso a la Justicia tras detectar movimientos que no cerraban. A partir de ahí, la Fiscalía activó una serie de medidas que pusieron el foco sobre una empleada del área contable, sospechada de haber aprovechado su acceso a información sensible para realizar consumos indebidos.

    Según trascendió, la maniobra habría sido tan silenciosa como delicada: usuarios que se acercaban a pagar sus impuestos dejaban sus datos, y eran utilizados después para realizar compras. Una operatoria que, de confirmarse, no solo implicaría un delito económico, sino también una grave vulneración de la confianza en un organismo clave del Estado.

    En este contexto, la investigación avanza con cautela. Desde la Fiscalía confirmaron la existencia de la denuncia, aunque dejaron en claro que se trata de una etapa preliminar. Por ahora, no hay cifras oficiales sobre el posible monto defraudado, lo que abre aún más interrogantes sobre la magnitud real del caso.

    Al mismo tiempo, se desplegó un trabajo técnico que incluye pedidos de informes a bancos y distintos organismos. La intención es reconstruir el recorrido del dinero y determinar si hubo más personas involucradas. Aunque hasta ahora la lupa está puesta sobre una sola contadora, en los pasillos judiciales no descartan que la trama sea más amplia.

    Además, el equipo de contadores de la Procuración General ya trabaja en el análisis de la documentación recolectada. Ese paso será clave: de allí podría surgir el sustento necesario que permitiría para avanzar hacia una formulación de cargos formal.

    Mientras tanto, el caso genera ruido puertas adentro y también hacia afuera. No es un dato menor: se trata de un organismo que maneja información extremadamente sensible de miles de contribuyentes. Por eso, más allá del resultado judicial, la investigación ya deja una señal de alerta sobre los controles internos y la protección de datos en la administración pública.

  • desarticulan banda de venta de drogas

    desarticulan banda de venta de drogas

    El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial realizaron 11 allanamientos en Junín de los Andes, en el contexto de una investigación que involucra a una banda dedicada a la venta de drogas en esa ciudad.

    Los procedimientos fueron  este sábado y se extendieron hasta pasado el mediodía. El fiscal general José Gerez y el fiscal jefe de la zona Gastón Ávila encabezaron el operativo que se llevó adelante con personal de la División Antinarcóticos de la Policía provincial, bajo la supervisión del superintendente de Investigaciones, el comisario general Dante Catalán, y el director de Antinarcóticos, el comisario mayor Nelson Peralta.

    La investigación inició a principios del año por el Ministerio, con información aportada por los ciudadanos y ciudadanas, tareas de observación de la Policía e informes remitidos por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente.

    A partir de esto se pidieron las autorizaciones de los allanamientos a una jueza de garantías. En total fueron 12 procedimientos: 11 estuvieron focalizados en Junín de los Andes (en los barrios Nehuenche, Primeros Pobladores, Lanín y 101 Viviendas, entre otros) y el restante en el barrio Chacra 30 de la ciudad de San Martín de los Andes.

    Los allanamientos se concretaron en el contexto de una investigación contra una banda dedicada a la venta de drogas.

    El delito bajo investigación es comercialización de drogas y existe la hipótesis de que integrantes de la banda habrían participado en hechos que implicaron otros delitos.

    En los distintos domicilios se secuestraron 186 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalente a 372 dosis; 6 armas de fuego (3 carabinas, 2 revólveres y una pistola); 80 municiones de diversos calibres; alrededor de 9,1 millones de pesos y 500 dólares; 22 teléfonos celulares; 10 balanzas; una notebook; y 23 gramos de Cannabis Sativa.

    Finalmente el Ministerio dispuso la detención de 8 hombres, a los que prevé imputar durante una audiencia que requerirá en las próximas horas.

  • Golpe al narcotráfico: 11 allanamientos, 8 detenidos y millonario secuestro

    Golpe al narcotráfico: 11 allanamientos, 8 detenidos y millonario secuestro

    El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial llevaron adelante un amplio operativo en la ciudad de Junín de los Andes, donde realizaron 11 allanamientos en el marco de una investigación por comercialización de drogas.

    Como resultado, ocho hombres fueron detenidos y se secuestraron estupefacientes, armas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

    Los procedimientos se concretaron este sábado desde las primeras horas de la mañana y se extendieron hasta pasado el mediodía.

    El operativo estuvo encabezado por el fiscal general José Gerez y el fiscal jefe de la zona, Gastón Ávila, con la participación de la División Antinarcóticos de la Policía provincial.

    La supervisión estuvo a cargo del superintendente de Investigaciones, comisario general Dante Catalán, y del director de Antinarcóticos, comisario mayor Nelson Peralta.

    La investigación había sido iniciada a comienzos de enero de este año por el MPF, a partir de denuncias e información aportada por vecinos, tareas de observación policial y reportes de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente.

    Con estos elementos, el organismo judicial solicitó las órdenes de allanamiento a una jueza de garantías.

    En total se realizaron 12 procedimientos: 11 en distintos barrios de Junín de los Andes —entre ellos Nehuenche, Primeros Pobladores, Lanín y 101 Viviendas— y uno en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes.

    La causa investiga el delito de comercialización de drogas, aunque no se descarta la participación de integrantes de la banda en otros hechos delictivos.

    Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron 186 gramos de clorhidrato de cocaína —equivalentes a 372 dosis—, 23 gramos de cannabis sativa, seis armas de fuego (tres carabinas, dos revólveres y una pistola), 80 municiones de distintos calibres, alrededor de 9,1 millones de pesos y 500 dólares en efectivo, además de 22 teléfonos celulares, 10 balanzas y una computadora portátil.

    El MPF dispuso la detención de ocho hombres, quienes serán imputados en una audiencia que se prevé realizar en las próximas horas.