El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén acusó este jueves a un entrenador de fútbol por una serie de delitos sexuales cometidos contra menores. La formulación tuvo lugar en la Ciudad Judicial y estuvo a cargo de la asistente letrada Cecilia Sabatte y el fiscal del caso Gastón Medina.
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El acusado, identificado como D.E.M., se desempeñaba como integrante del cuerpo deportivo del Club Unión Vecinal. Además, es abogado y también tiene denuncias por estafas.
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El imputado fue acusado por la justicia por abuso sexual, grooming, corrupción de menores, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas. Los hechos habrían ocurrido en un contexto de confianza generado por su rol como entrenador, lo que facilitó el acercamiento a las víctimas.
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De acuerdo con la investigación, los sucesos comenzaron en 2025, cuando D.E.M. contactó a uno de los adolescentes para sumarlo a un equipo. A partir de allí, generó un vínculo cercano que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo, que se extendieron hasta marzo de este año.
Regalos, dinero y amenazas
Según la acusación, el imputado habría realizado ofrecimientos de dinero a cambio de contenido sexual, amenazas hacia el entorno familiar y contactos físicos sin consentimiento, en distintos momentos y lugares.
“Tenía miedo porque el acusado le había dicho que conocía gente que le podía hacer algo a familiares”, explicó Sabatte.
Además, la fiscalía indicó que el entrenador realizaba regalos como botines, teléfonos y viajes, prácticas que no eran habituales. También habría solicitado el envío de imágenes íntimas a cambio de dinero, en un esquema que podría involucrar a otros integrantes del equipo.
La investigación también contempla la existencia de otras denuncias en curso, por lo que la imputación podría ampliarse en las próximas semanas.
El MPF encuadró los hechos como abuso sexual agravado, corrupción de menores, promoción de la prostitución agravada, grooming y exhibiciones obscenas, todos en concurso real.
El testimonio de una integrante del Club Unión Vecinal
En diálogo con Canal 7, la presidenta del Club Unión Vecinal, Fabiana Cárdenas, confirmó que la institución actuó de manera preventiva al tomar conocimiento de los primeros indicios. “Estamos atravesando una situación bastante compleja y tratamos de manejarla con la mayor prudencia posible porque se trata de chicos menores de edad”, expresó.
En su relato, explicó que la comisión directiva decidió desvincular al entrenador de la categoría y luego de todo el club, incluso antes de que existieran denuncias formales.
“A medida que nos fueron llegando cosas más fuertes, tomamos la determinación de desvincularlo hasta saber realmente qué estaba pasando”, explicó.
Cárdenas indicó que posteriormente recibieron un requerimiento de la fiscalía para aportar información sobre los jugadores, lo que permitió confirmar que existían denuncias en curso. También señaló que los hechos denunciados habrían ocurrido durante una pretemporada realizada en enero.
Más denuncias contra el entrenador
La presidenta denunció, además, que D.E.M., en su rol como abogado, habría cometido varias estafas a familias vinculadas al entorno del club. Uno de los damnificados sería su propio hijo, quien habría sido víctima de una maniobra fraudulenta tras iniciar un reclamo por un siniestro vial.
“Le dijo que había ganado el juicio y que fuera a completar documentación, pero con esos datos después sacó préstamos a su nombre”, detalló. Según explicó, el imputado habría utilizado información personal para gestionar créditos en entidades bancarias, cuyos fondos fueron transferidos a cuentas vinculadas a él.
“Hay entre ocho y nueve casos de familias en la misma situación”, afirmó.
Las denuncias por estafa ya fueron radicadas en fiscalía y forman parte de una investigación paralela que podría agravar aún más la situación procesal del acusado.
Prisión preventiva
Durante la audiencia, la fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a las víctimas. Sin embargo, el juez de garantías Marco Lupica Cristo resolvió dictar 15 días de prisión preventiva, con el objetivo de avanzar en la investigación mientras se analiza la posibilidad de una detención domiciliaria.
El magistrado también fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, período en el que se espera la recolección de pruebas y la posible ampliación de cargos. Desde el MPF remarcaron la importancia de garantizar la protección integral de las víctimas, especialmente por tratarse de adolescentes que deberán declarar en instancias sensibles como la cámara Gesell.
