La mujer de 45 años que había resultado gravemente herida tras ser atropellada por un auto en el barrio Don Bosco de Zapala falleció este martes. La víctima permanecía internada en estado crítico desde el momento del siniestro, ocurrido el lunes por la tarde.
Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, una cámara registró toda la secuencia, lo que aportaría evidencia para avanzar en la investigación que ya está en marcha.
El hecho se registró alrededor de las 17.50 en la intersección de las calles Eva Perón y Martín Petri. La mujer caminaba junto a su hija cuando fue embestida por un Volkswagen Gol gris conducido por un joven de 19 años. Fiscalía ya le informó sobre las actuaciones en curso.
Tras el impacto, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital de Zapala, donde permaneció internada bajo cuidados intensivos. Pese al trabajo del personal médico, su estado era crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento durante la jornada de este martes.
La muerte de la mujer provocó conmoción en la comunidad zapalina y modificó el escenario judicial de la causa, que ahora deberá avanzar teniendo en cuenta el desenlace fatal.
No tenía licencia de conducir
Desde la Dirección de Seguridad del Pehuén informaron que, al momento del siniestro, el conductor del vehículo no contaba con licencia de conducir, cédula de identificación del automotor ni seguro obligatorio. Además, el automóvil presentaba diversas irregularidades, entre ellas la falta de luces traseras, vidrios polarizados y cubiertas en condiciones deficientes.
Las actuaciones policiales también establecieron de manera preliminar que el conductor no habría cedido el paso a la peatona. Por las irregularidades detectadas se le labró una contravención.
Asimismo, las autoridades confirmaron que el test de alcoholemia practicado al joven arrojó resultado negativo.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Pizzipaulo. Tras el fallecimiento de la víctima, la situación procesal del conductor se agrava, mientras continúan las diligencias destinadas a determinar las circunstancias y responsabilidades del hecho.
La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) revocó una resolución de la Justicia Federal de Mendoza que había rechazado la homologación de un acuerdo pleno celebrado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa pública en una causa vinculada al suministro gratuito de estupefacientes agravado por la intervención de menores.
La decisión fue adoptada por la jueza Ángela Ledesma, quien hizo lugar a los planteos formulados tanto por la fiscalía como por la defensa y estableció un criterio relevante sobre los alcances de la intervención judicial dentro del sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal (CPPF).
La magistrada sostuvo que los jueces tienen la obligación de controlar la legalidad de los acuerdos alcanzados entre las partes, pero advirtió que no pueden reemplazar la estrategia acusatoria ni la política criminal definida por el Ministerio Público Fiscal cuando el convenio cumple con los requisitos establecidos por la ley.
El origen del conflicto
La causa se inició a partir de una investigación desarrollada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mendoza, encabezada por la fiscal Patricia Santoni y el auxiliar fiscal Juan Manuel González Bustinze.
Durante un procedimiento realizado en el domicilio de la imputada fueron hallados plantines de cannabis y cocaína. Posteriormente, la fiscalía y la defensa pública suscribieron un acuerdo pleno previsto en el artículo 323 del CPPF.
El convenio establecía una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria, además de una multa de 25 unidades fijas.
Sin embargo, tanto el juez de garantías como el juez con funciones de revisión de Mendoza, Manuel Alberto Pizarro, rechazaron homologarlo al cuestionar la calificación legal escogida por la fiscalía, la pena acordada y su modalidad de cumplimiento.
Esa decisión fue impugnada por ambas partes y finalmente llegó a conocimiento de Casación.
La postura de la fiscalía
Durante la instancia recursiva, la posición del Ministerio Público Fiscal fue sostenida por la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del fiscal general Mario Villar, con intervención de la auxiliar fiscal Natalia Crede.
La fiscalía argumentó que existió una interpretación errónea del artículo 325 del CPPF y que la resolución judicial implicó una indebida intromisión en funciones exclusivas del organismo acusador.
Según se explicó, durante la investigación se descartó acusar por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización debido a la insuficiencia probatoria para sostener esa hipótesis. En cambio, se optó por avanzar por el delito de suministro gratuito agravado, en función de los elementos incorporados durante la investigación preparatoria.
Para el MPF, la construcción de la teoría del caso, la selección de la calificación jurídica y la definición de la estrategia acusatoria constituyen facultades exclusivas reconocidas por el artículo 120 de la Constitución Nacional y por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
El alcance del control judicial
Al analizar el caso, Ledesma remarcó que el sistema acusatorio vigente distribuye claramente las funciones entre fiscales y jueces.
“En el modelo acusatorio adoptado por el CPPF, respetando el paradigma constitucional, la acusación pertenece al Ministerio Público Fiscal. La jurisdicción controla su legalidad, pero no la reemplaza”, afirmó.
La magistrada recordó que el artículo 323 del CPPF regula los acuerdos plenos y no habilita un control amplio sobre la conveniencia político-criminal de los convenios alcanzados por las partes.
En ese sentido, sostuvo que los jueces no pueden frustrar un acuerdo únicamente porque consideran que debería aplicarse una calificación más grave o una pena más severa.
“No es suficiente la discrepancia del magistrado sobre la calificación o la mayor severidad de la respuesta penal para frustrar el acuerdo alcanzado por las partes”, indicó.
Ledesma agregó que el juez no puede ser considerado un “mero homologador” de los acuerdos, aunque aclaró que tampoco está habilitado para transformarse en un “acusador sustituto”.
“La jurisdicción no puede sustituir la política criminal del acusador”, enfatizó.
Un fallo con impacto en el sistema acusatorio
La resolución también destacó que el acuerdo contaba con la conformidad del fiscal revisor Dante Vega, circunstancia que otorgaba una “validez estructural” dentro de la organización jerárquica del Ministerio Público Fiscal.
Además, verificó que el convenio cumplía con todos los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal Federal: una acusación formalmente válida, una pena inferior a seis años, la conformidad del fiscal superior y la aceptación expresa de los hechos y de la sanción por parte de la imputada.
Para la jueza, la resolución dictada por el juez revisor excedió las facultades jurisdiccionales previstas por la normativa vigente y afectó principios esenciales del modelo acusatorio.
En su voto concluyó que la decisión cuestionada vulneró “el sistema acusatorio diagramado por el Legislador, el artículo 120 de la Constitución Nacional, la garantía de imparcialidad y el debido proceso legal”.
Por ese motivo, y en aplicación del artículo 365 del CPPF, que impide el reenvío de la causa en estos supuestos, Casación revocó la resolución de Mendoza, homologó el acuerdo pleno y condenó a la imputada como autora penalmente responsable del delito de suministro de estupefacientes a título gratuito agravado.
El fallo fija un criterio relevante sobre los límites de la intervención judicial en los acuerdos celebrados entre fiscalía y defensa y refuerza el rol constitucional del Ministerio Público Fiscal dentro del sistema acusatorio federal.
Una causa que se inició hace más de dos años por dos hechos de violación a menores se vio paralizada en forma repentina debido a un inesperado incidente. ¿Qué pasó?
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La investigación se remonta a 2023, cuando la madre de dos niñas denunció a un hombre por graves hechos de abusos. Al igual que en otras situaciones similares, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de reunir distintos elementos de prueba y en febrero de 2024, concretó la formulación de cargos.
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Entre otras precisiones, la parte acusadora estableció que los abusos sufridos por las menores ocurrieron entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, en domicilios de esta capital. Las víctimas que fueron violadas tenían la menor, entre 3 y 4 años, y, la mayor, entre 8 y 9 años.
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El juez que intervino en la audiencia inicial fijó un plazo de investigación y también medidas cautelares que debía cumplir el acusado. Más allá de que el trámite avanzó en forma rápida en un primer momento, luego empezó a demorarse por la actitud del acusado. De acuerdo a lo señalado por el Poder Judicial provincial, no se presentó a una audiencia programada para el lunes pasado, donde se analizarían las medidas cautelares.
En tanto, la nula intención de colaborar se reafirmó un día después, cuando ya estaba todo listo para el inicio del juicio oral en su contra. Tampoco se presentó. Esta situación fue lo que motivó que los jueces lo declararan rebelde y ordenaran su captura.
Sorprendido en la vía pública
El martes pasado, desde temprano, la División Recaptura de Evadidos de la Policía neuquina empezó a trabajar en la búsqueda del imputado y se encargó de hacer un relevamiento de los sitios que frecuentaba.
Un día después, es decir este último miércoles, los sabuesos de las fuerzas de seguridad observaron al sospechoso caminando por calle Independencia. Rápidamente lo interceptaron y lo detuvieron.
Frente a estos inconvenientes, recién hoy jueves pudo arrancar el debate oral por los graves hechos de abusos que tienen como víctimas a dos niñas.
La fiscalía, en su alegato inicial acusó al imputado por los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal cuya víctima es una niña que al momento de los hechos tenía entre 8 y 9 años y abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante cuya víctima es una niña que al momento de los hechos tenía entre 3 y 4 años. En ambos casos los delitos se encuentran triplemente agravados por el vínculo, por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con ambas víctimas menores de 18 años.
El juicio quedará cerrado el martes próximo
El tribunal que deberá resolver sobre la responsabilidad del imputado está conformado por los jueces Carina Álvarez, Raúl Aufranc y Juan Pablo Encina. Las jornadas de juicio se extenderán hasta el martes próximo.
La semana pasada, tras un juicio que se desarrolló en la ciudad de San Martín de los Andes, un hombre fue declarado responsable penal de la violación de un niño de su entorno familiar.
Secuestran más de 11 kilos de droga en operativo conjunto en la región Vaca Muerta
03-06-2026
Neuquén- El Ministerio Público Fiscal y la Policía de la provincia presentaron hoy los resultados de dos investigaciones desarrolladas en la región Vaca Muerta en el marco de la Ley Provincial N° 3.488, que permitieron desarticular puntos de venta minorista de estupefacientes y secuestrar una importante cantidad de droga, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a esta actividad.
En conjunto, los procedimientos permitieron sacar de circulación más de 11,5 kilogramos de estupefacientes, secuestrar cinco armas de fuego, 154 municiones y más de 4,2 millones de pesos en efectivo, además de reunir evidencia que permitirá profundizar las investigaciones sobre la comercialización de drogas en la región.
Los resultados fueron informados durante una conferencia de prensa realizada en la Jefatura de Policía, encabezada por el fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el subjefe de Policía de la provincia, comisario general Walter San Martín, junto a integrantes del Consejo Asesor Superior y de la Dirección Antinarcóticos Neuquén. En el caso del Ministerio Público Fiscal, también participó la fiscal del caso Eugenia Titanti, a cargo de la unidad fiscal de la región Vaca Muerta.
Trabajo conjunto y participación ciudadana
El fiscal general destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y la Policía provincial, y remarcó además la importancia de la participación ciudadana en las investigaciones por microtráfico.
“Los vecinos son nuestros principales aliados en la lucha contra el microtráfico”, sostuvo Gerez al referirse a las denuncias que permiten detectar puntos de venta de estupefacientes e iniciar investigaciones. Además, destacó que el éxito del plan provincial se apoya en herramientas de denuncia anónima, segura y confiable que facilitan el aporte de información por parte de la comunidad.
Por su parte, el ministro Nicolini afirmó que el Gobierno provincial, la Policía y el Ministerio Público Fiscal “trabajan de manera permanente” para retirar las drogas de circulación. En ese sentido, indicó que diariamente se realizan allanamientos, secuestros y detenciones vinculados a investigaciones por microtráfico, “aunque no todos alcanzan la magnitud de los procedimientos presentados hoy”.
A su turno, el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín, señaló que desde la implementación de la Ley N° 3.488 se reforzaron las áreas especializadas con más recursos humanos y logísticos, especialmente en la región de Vaca Muerta.
Los tres funcionarios coincidieron en destacar que los resultados obtenidos son consecuencia del trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y la Policía provincial, en coordinación con la información aportada por vecinos y vecinas a través de los distintos canales de denuncia habilitados para combatir el microtráfico de estupefacientes.
Los procedimientos
Los allanamientos se concretaron en dos operativos realizados el 8 de mayo y el 2 de junio en viviendas de las localidades de Añelo y Rincón de los Sauces. Las medidas fueron ordenadas en el marco de investigaciones orientadas a detectar y desarticular estructuras dedicadas a la comercialización de drogas al menudeo.
Como resultado de los procedimientos fueron secuestrados más de 10,2 kilogramos de cannabis sativa y 1,306 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Además, se incautaron cinco armas de fuego, tres vehículos, nueve teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, un dispositivo de cobro electrónico, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, documentación con registros de movimientos de dinero y otros elementos de interés para las causas.
También fueron hallados un sistema de cultivo indoor para cannabis, semillas y plantines de la misma especie, además de soportes informáticos que serán sometidos a peritajes. En el marco de las investigaciones, cuatro personas quedaron alcanzadas por las actuaciones judiciales y dos de ellas fueron detenidas.
Una investigación por amenazas agravadas derivó este martes en una serie de allanamientos con resultados positivos en la provincia de Neuquén. Los procedimientos fueron realizados en conjunto por personal de la Policía junto al Ministerio Público Fiscal (MPF).
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A raíz de las tareas, dos personas fueron demoradas y se realizó el secuestro de drogas varias, dinero en efectivo y municiones.
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Los procedimientos fueron realizados durante la mañana por personal de la Comisaría 52 de la ciudad de Centenario, con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, a cargo de la fiscal Paula González.
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En total, los efectivos secuestraron 113 gramos de cannabis sativa, 89 gramos de clorhidrato de cocaína, municiones de distintos calibres, dinero en efectivo y diversos bienes.
Además, dos hombres mayores de edad fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia, mientras que una tercera persona fue identificada en el marco de la causa.
Qué encontraron en los allanamientos: el detalle
De acuerdo a la información brindada por las autoridades provinciales, en el primer procedimiento se secuestró un cartucho calibre 9×19 milímetros. Además, 113 gramos de cannabis sativa y 63 gramos de cocaína.
Por otro lado, durante el segundo allanamiento, los uniformados encontraron municiones de distintos calibres, entre ellas cartuchos calibre 38 Special y 9 milímetros. Asimismo, 26 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión, ramas de cannabis en proceso de secado y 100.105 pesos en efectivo.
Los investigadores también procedieron al secuestro preventivo de seis bicicletas tipo MTB, una bicicleta BMX, un automóvil Volkswagen Gol Trend y una caja con herramientas, elementos que quedaron sujetos a las actuaciones judiciales correspondientes.
Investigación en marcha
Desde la Policía informaron que los procedimientos se realizaron en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal (MPF) y que la investigación continúa para determinar posibles responsabilidades penales vinculadas tanto a la causa por amenazas como a los elementos secuestrados durante los operativos.
Las autoridades destacaron que los allanamientos permitieron retirar de circulación sustancias estupefacientes, municiones y otros elementos de interés para la causa.
Cayó un chileno con pedido de captura
Un hombre de nacionalidad chilena fue demorado este domingo por personal de la División Motorizada (DEMOSE) de la Policía de Neuquén, secuestrando una motocicleta sin patente y una serie de objetos, incluyendo droga.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:53 horas en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Doctor Abraham, en el límite entre los barrios Gregorio Álvarez y Villa Ceferino. Durante un patrullaje preventivo, los motoristas observaron una motocicleta Honda XR 150 de color rojo que circulaba sin dominio colocado, por lo que procedieron a identificar a su conductor.
Al verificar sus antecedentes, los efectivos constataron que el sujeto registraba un pedido de captura vigente, según informa la Policía de Neuquén. Además, al inspeccionar el rodado detectaron presuntas adulteraciones en la numeración del chasis, por lo que tanto el conductor como la motocicleta fueron trasladados a la Comisaría Tercera para continuar con las actuaciones judiciales.
Ya en la dependencia policial, intervino personal de Antinarcóticos, que realizó pruebas sobre una sustancia hallada entre las pertenencias del demorado. El análisis confirmó la presencia de 97 gramos de clorhidrato de cocaína.
El hallazgo de los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permaneció desaparecida durante seis días en la ciudad de Córdoba, trascendió el horror del crimen para convertirse en un caso que interpela directamente a las estructuras judiciales y políticas de la provincia. La confirmación de que los restos hallados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra pertenecen a la menor, con una compatibilidad del 99 %, cerró una etapa de búsqueda desesperada pero abrió un complejo escenario de responsabilidades que alcanza a la Municipalidad y al Ministerio Público Fiscal.
Claudio Barrelier, de 33 años, permanece como el único detenido por el hecho. El sospechoso, quien se desempeñaba como agente en la administración pública municipal, enfrenta una situación procesal que se encamina hacia la imputación por homicidio calificado por violencia de género, tras haber pasado inicialmente por la figura de privación ilegítima de la libertad.
Sin embargo, el trasfondo del caso reveló una cadena de señales de alerta omitidas y una gestión investigativa que hoy está bajo la lupa de la opinión pública y de los representantes legales de la familia de la víctima.
El hallazgo del horror en Ampliación Ferreyra
El desenlace ocurrió el pasado sábado alrededor de las 13 horas, cuando los investigadores llegaron a un sector ubicado a un kilómetro del punto cero de búsqueda original. Allí, gracias al trabajo de la División Canes, se descubrieron bolsas que contenían los restos desmembrados de la adolescente. Según la reconstrucción efectuada por el fiscal Raúl Garzón, el crimen se habría cometido entre las 23:20 del sábado 23 de mayo y las 02:00 del domingo 24, apenas unas horas después de que Agostina fuera vista por última vez ingresando a la vivienda del imputado.
Barrelier fue captado por cámaras de seguridad recibiendo a la menor en su domicilio de barrio Cofico, luego de que ella arribara en un remís que él mismo pagó. A pesar de los indicios iniciales, el sospechoso intentó desviar la investigación con versiones falsas, alegando que Agostina se había subido a un automóvil rojo con un joven llamado “Franco”. Finalmente, el seguimiento satelital de su teléfono y las cámaras que registraron el trayecto de un Ford Ka negro que el acusado pidió prestado, fueron las piezas clave para localizar el sitio donde fueron arrojados los restos.
Quién es Claudio Barrelier: el sospechoso bajo la lupa
El perfil de Claudio Barrelier generó un fuerte impacto social al conocerse su vínculo con el entorno de la víctima y su situación laboral. El imputado es amigo de la madre de Agostina, Melisa Heredia, e incluso habría mantenido una relación sentimental con ella años atrás. Según denunció la abuela de la adolescente, el hombre habría utilizado un “regalo sorpresa” para su madre como señuelo para convencer a la joven de encontrarse con él aquella noche de sábado.
Más allá de su relación personal, la situación laboral de Barrelier ha escalado al ámbito político. El acusado trabajaba como becario municipal desde 2021, desempeñándose en áreas vinculadas a la gestión de licencias de conducir. No obstante, trascendió que continuó en sus funciones a pesar de haber sido imputado en 2025 por una causa previa de privación ilegítima de la libertad contra una expareja. Esta revelación motivó un pedido de informes en el Concejo Deliberante por parte de la concejal Soher El Sukaria, quien busca esclarecer qué controles de antecedentes se realizaron y por qué permaneció vinculado al Estado tras su imputación anterior.
Una investigación cuestionada: demoras y falta de preservación
Uno de los puntos más críticos del caso se centra en la figura del fiscal Raúl Garzón. La familia de Agostina y sus representantes legales cuestionan duramente la demora en activar la Alerta Sofía, un protocolo nacional para la búsqueda inmediata de menores en alto riesgo. A pesar de que la denuncia se radicó el domingo a la mañana y de que ya existían indicios contra Barrelier, el sistema recién se solicitó el miércoles siguiente, superando las 80 horas de la desaparición.
Asimismo, se ha denunciado una grave falta de preservación en la escena del crimen. La vivienda de Barrelier, señalada como el lugar del hecho, no fue allanada ni preservada de inmediato tras su detención el martes. Según la abogada del padre, Fernanda Alaniz, la pareja e hija del sospechoso regresaron al inmueble antes de que se realizaran las pericias definitivas con luminol, lo que genera sospechas sobre una posible limpieza del lugar. Ante estas críticas, el fiscal Garzón defendió su gestión asegurando que «no hacemos ninguna autocrítica» y que el homicidio se produjo antes de que se realizara la denuncia formal.
El pedido de justicia y el cambio de carátula
La representación legal del padre de Agostina, Gabriel Vega, ya ha adelantado que solicitará formalmente que la causa sea recalificada como femicidio. «Entendemos que hay elementos para hablar de femicidio», sostuvo la abogada Alaniz, quien además destacó que la autopsia será determinante para establecer agravantes adicionales. Por su parte, el abogado Carlos Nayi, representante de la madre, confirmó que la mujer se ha constituido como querellante particular en el caso.
Por las características que se conocen del caso, el crimen se encuadraría como un femicidio debido a que la fiscalía y las querellas consideran que existen elementos suficientes para aplicar la figura de homicidio calificado por violencia de género.
Esta calificación se fundamenta en el contexto de la agresión y la vulnerabilidad de la víctima, una adolescente de 14 años, quien fue atraída mediante engaños a la vivienda de Barrelier, un hombre de 33 años que mantenía un vínculo de confianza con el entorno familiar por haber sido pareja de la madre de la joven. La representación legal de la familia sostiene que la naturaleza del crimen y la relación preexistente justifican plenamente este cambio en la imputación inicial para reflejar la gravedad del hecho.
Además, el perfil del imputado refuerza esta hipótesis judicial, ya que contaba con antecedentes penales previos vinculados a la violencia de género, específicamente una imputación en 2025 por privación ilegítima de la libertad contra otra expareja.
Actualmente, el acusado se encuentra alojado en el hospital modular de la Cárcel de Bouwer bajo estricto control psiquiátrico y monitoreo de cámaras. Fuentes oficiales desmintieron un intento de suicidio, aclarando que el traslado se debió a manifestaciones sobre autolesiones que el imputado realizó durante su indagatoria. Mientras el sospechoso permanece sedado y con custodia médica, la Justicia cordobesa no descarta la participación de terceros, señalando que la logística del crimen sugiere que pudo haber contado con colaboración para el traslado de los restos.
Impacto político e institucional
La repercusión política del crimen puso a la gestión municipal de Córdoba en una posición defensiva. Desde el Ejecutivo sostuvieron que nunca recibieron notificaciones formales sobre los antecedentes judiciales previos de Barrelier y que recién tomaron conocimiento al momento de su detención por el caso Agostina. Sin embargo, la oposición insiste en que existieron fallas administrativas graves al permitir que una persona con causas abiertas por violencia de género continuara trabajando en contacto con el público y en la administración de documentos oficiales.
El caso Agostina Vega ha dejado una herida profunda en la comunidad de Córdoba, que se manifestó con quema de gomas e incidentes frente a la falta de respuestas iniciales de la policía y la Justicia. Con el avance de las pericias forenses y el análisis de las señales de los celulares, la investigación busca ahora determinar la totalidad de la “cadena de responsabilidades” que, según la querella, permitió que este hecho aberrante llegara a su desenlace fatal.
Formulan cargos por venta de droga: una acusada tenía movimientos por $174 millones
30-05-2026
Neuquén – Tres personas fueron imputadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por comercializar drogas en una vivienda de Añelo, en la región Vaca Muerta, y quedaron detenidas con un embargo de $10 millones cada una.
La acusación la efectuó hoy por la mañana la fiscal del caso Eugenia Titanti -junto al asistente letrado Luciano Vidal- y tras siete allanamientos realizados ayer en Añelo y San Patricio del Chañar entre el MPF y la Policía provincial, que permitieron el secuestro de más de 6 kilos de droga, armas, $4,2 millones en efectivo y celulares, entre otros elementos.
Durante la audiencia en la Ciudad Judicial, a las dos mujeres (S. E. M. y G. M) y al varón (L. I), les atribuyó que al menos desde septiembre de 2025 y hasta el 28 de mayo del corriente año, fraccionaron y vendieron estupefacientes en una vivienda de Añelo donde vivían S. E. M. y L. I., quienes son familiares entre sí. También les atribuyó tener un arma calibre 9 milímetros sin autorización.
En el caso de G. M., quedó bajo investigación por brindar colaboración para la venta de las drogas, empleando un auto Peugeot 208 con el que se movilizaba.
Los delitos imputados fueron comercio de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, en calidad de coautores, para S. E. M. y L. I; y comercio de estupefacientes en calidad de partícipe primaria, en el caso de G. M.
La investigación comenzó en marzo pasado, mediante denuncias efectuadas con el código QR del MPF y la aplicación «Neuquén te cuida». A instancias de un trabajo conjunto de la fiscal del caso y la división Antinarcóticos de Añelo de la policía, se logró avanzar con los allanamientos de ayer y la formulación de cargos de hoy.
De acuerdo a la información preliminar presentada por la fiscal del caso en la audiencia, «durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, pero más asiduamente en la noche, concurrían los compradores, tanto a adquirir cocaína como Cannabis Sativa». Por lo general, «ingresaban a la vivienda, la que posee un portón que impide la vista desde el exterior hacia su interior, y allí realizaban el intercambio», especificó Titanti.
En esa casa ayer fueron secuestrados 4,9 kilos de Cannabis Sativa y 1,3 kilos de clorhidrato de cocaína, junto con el arma, teléfonos, una balanza y anotaciones sobre operaciones con la droga.
Además, la fiscal indicó que «a los fines de abastecerse de la sustancia, utilizaban el vehículo de S. E. M, marca Toyota modelo Hilux, con el cual se trasladaba a diversos lugares, fuera de la localidad de Añelo».
Entre la prueba que se presentó en la audiencia, figuran informes sobre movimientos en billeteras virtuales: la fiscal indicó que en el caso de S. E. M tuvo ingresos por alrededor de 174 millones entre enero de 2025 y marzo de 2026, y no figura con un trabajo registrado.
Como medida cautelar, la fiscal solicitó que S. E. M y L. I. queden detenidos con prisión preventiva por cuatro meses; y que G. M., permanezca detenida con prisión domiciliaria por el mismo plazo.
Además requirió un embargo de $10 millones para cada una de las personas imputadas, y la clausura de la casa que funcionaba como punto de venta por seis meses.
El juez de garantías que intervino en la audiencia, Marco Lupica Cristo, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.
Sobre el pedido de prisión preventiva, lo respaldó por un plazo de cuatro meses en las modalidades solicitadas, al igual que los embargos y la clausura de la casa (por cuatro meses).
En medio de la tensión generada por la difusión de un video donde quedó registrado el abuso a dos niñas por parte de un vecino de Añelo el Ministerio Público Fiscal (MPF) publicó que se avanzó en la detención del mismo y sería prontamente el único imputado.
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Según señalaron, la fiscal del caso es Eugenia Titanti quien tomó actuación a partir de una investigación iniciada tras la difusión en redes sociales de un video y describieron que en las imágenes se puede observar que «un hombre mayor de edad realiza conductas de connotación sexual contra una niña».
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En tanto, el caso trascendió no solo por los videos sino que este miércoles por la noche una multitud se concentró frente a una vivienda con la intención de increpar y «quemar» la casa del hombre señalado en las publicaciones. Ante la creciente tensión, personal policial intervino para disuadir incidentes y posibles hechos de violencia.
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Un familiar realizó la denuncia tras la difusión del video y se detuvo a A.L.
En su publicación por redes sociales, Fiscalía detalló parte de la información respecto de las medidas que se tomaron y que están en curso desde ayer miércoles. Además, aseguraron que la causa cuenta con la denuncia radicada por un familiar de las víctimas.
Al respecto de los canales de circulación indicaron que «el video fuera difundido en distintos grupos de compra-venta de Añelo» que habrían llevado a dicha pariente a denunciar.
En conocimiento de lo expuesto y de la filmación, Titanti, quien desde el 8 de mayo está a cargo de las investigaciones fiscales en la región de Vaca Muerta Sur, requirió este jueves un allanamiento en una vivienda de la localidad de Añelo y la medida fue autorizada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.
Aunque no trascendió el resultado de la diligencia, aclararon que el objetivo es el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de interés para la investigación.
Mientras se realizan las diligencias, la fiscal ordenó la detención de A.L., y en las próximas horas solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente, de acuerdo a los plazos previstos en el Código Procesal Penal. Esto quiere decir que no podrá sobrepasar las 48 horas.
Los videos: prueba clave para el inicio de la investigación
Por su parte, la bronca se encendió tras la difusión de los videos que se replicaron sin parar en los grupos Facebook. Así, numerosos usuarios compartieron el material sin resguardar la identidad de la víctima. Por consiguiente, causaron la revictimización y exposición indebida de al menos una de las menores.
Además, el Artículo 128 del Código Penal Argentino establece que es delito la producción, financiamiento, ofrecimiento, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de representaciones de menores de 18 años realizando actividades sexuales explícitas o de sus genitales con fines sexuales
Esto incluye un agravante si la víctima es menor de 13 años con pena de 3 a 6 años de prisión incluso a quienes tengan ese material en su poder. Consultados por LM Neuquén, abogados remarcaron que es un delito la difusión de videos de abuso sexual infantil incluso si están total o parcialmente blureados.
La situación continuó siendo delicada durante la madrugada del jueves. Mientras avanza la investigación, las autoridades dispusieron reforzar la presencia policial en al menos dos domicilios de la localidad con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales previstas para las próximas horas.
Por otro lado, cabe destacar que las imágenes son sumamente valiosas para la investigación: una de las niñas víctimas es quien filma al hombre tocando a la otra niña. Presuntamente, sostiene un celular con las manos mientras los sigue por distintos sectores de una casa.
En el video no figura ninguna otra personas por lo que parecen estar a solas con el hombre quien es retratado en casi todo momento, teniendo plena consciencia de que está siendo filmado mientras comete los actos.
Por su parte el audio del video desliza una escena desgarradora por la referencia a la muerte dado que la niña que filma relata la escena: «estamos haciendo un video. Acá están los chicos. Acá está Leo sacando cigarrillos». Luego, filma a la niña y enuncia: «Acá esta la muerta, un cadáver».
El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era buscada desesperadamente desde hacía 18 días, murió como consecuencia de un paro cardíaco no traumático y que sus restos no presentaban signos de criminalidad. El dato llevó alivio parcial a una investigación que durante semanas mantuvo en vilo a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, mientras se multiplicaban los rastrillajes y crecían las hipótesis más oscuras sobre su desaparición. El cuerpo apareció ayer por la tarde en una zona del barrio Arrayanes de Bariloche, en cercanías del cementerio municipal.
El informe fue difundido este miércoles por el Ministerio Público Fiscal de Bariloche luego de que el Cuerpo Médico Forense terminara la autopsia sobre los restos humanos encontrados en una zona del barrio Arrayanes. La identificación se logró mediante una pericia papiloscópica realizada sobre las huellas dactilares del cuerpo, lo que permitió confirmar que se trataba de Ana Lía Corte, cuya desaparición había sido denunciada hace más de dos semanas.
Además, los peritos determinaron que el deterioro que presentaba el cuerpo fue consecuencia de la acción de animales de la zona y no producto de una agresión. Esa aclaración resultó clave porque, desde el momento del hallazgo, comenzaron a circular versiones y especulaciones sobre una posible muerte violenta. Sin embargo, el informe preliminar fue contundente: no había indicios de criminalidad.
La desaparición de Ana Lía había generado una enorme preocupación en Bariloche. La mujer había sido vista por última vez hace 18 días y desde entonces se desplegó una intensa búsqueda encabezada por la Policía de Río Negro, junto a Bomberos Voluntarios, personal del COER, el Gabinete de Criminalística y distintas unidades policiales. Los rastrillajes se realizaron en varios sectores de la ciudad, incluyendo zonas descampadas y sectores de difícil acceso.
En medio de la desesperación de la familia, uno de los elementos que había tomado relevancia en la investigación fue una grabación captada por una cámara de seguridad instalada en un colectivo urbano. En esas imágenes se podía observar a Ana Lía el día de su desaparición, lo que permitió reconstruir parte de sus últimos movimientos antes de que se perdiera completamente su rastro.
Asimismo, trascendió que la mujer atravesaba un delicado cuadro psiquiátrico y que tenía antecedentes de intentos de suicidio, una situación que desde el inicio fue considerada por los investigadores al momento de orientar la búsqueda. Ese contexto había llevado a reforzar los operativos contrarreloj ante el temor de que pudiera encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad.
Finalmente, tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares. Desde la Fiscalía indicaron que los allegados fueron recibidos e informados personalmente sobre las conclusiones forenses.
Ana Lía tenía 52 años, era practicante de trekking, esquí y profesora de yoga. Estaba en pareja desde hace 26 años con el brasileño Milton Marques, con el que tenía un hijo de 12 años.
Un estremecedor hallazgo sacudió este martes a Bariloche luego de que encontraran restos humanos en un sector ubicado cerca de Onelli y Arrayanes, en la zona sur de la ciudad. Según las primeras informaciones surgidas de la investigación, se trataría de una mano humana correspondiente a una persona mayor.
El descubrimiento generó un inmediato despliegue policial y obligó a preservar toda el área mientras trabajaban efectivos de Criminalística junto a representantes del Ministerio Público Fiscal, a contrarreloj antes de la caída de la noche.
Además, el hallazgo provocó fuerte conmoción entre vecinos de la zona debido a que días atrás ese mismo sector había sido rastrillado durante la intensa búsqueda de Ana Lía Corte, la mujer cuya desaparición genera preocupación en Bariloche.
Según trascendidos , cerca de la barda se habría encontrado otras partes del cuerpo. Pero por el momento, los investigadores mantienen absoluto hermetismo y esperan los resultados de los estudios forenses para determinar con precisión a quién pertenecen los restos encontrados y cuánto tiempo llevaban en el lugar.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el hallazgo fue considerado de extrema sensibilidad debido al estado de los restos y al contexto en el que aparecieron. Ahora, todas las miradas están puestas en el resultado de las pericias forenses que serán claves.
