Etiqueta: Ministerio Público Fiscal

  • Cazadores furtivos pagarán  millones y harán trabajo comunitario

    Cazadores furtivos pagarán $6 millones y harán trabajo comunitario

    Cazadores furtivos pagarán $6 millones y harán trabajo comunitario

     

    08-04-2026

     

    Neuquén – El Ministerio Público Fiscal (MPF) acordó que dos cazadores furtivos a los que detuvieron con una cabeza de ciervo en las inmediaciones de Junín de los Andes, realicen 40 horas de trabajo comunitario y paguen $6 millones a una casa de infancias y un merendero municipal.  

     

    La decisión se tomó ayer, durante una audiencia en la que la fiscal del caso Inés Gerez presentó los términos del acuerdo de reparación al que se llegó con ambos cazadores.

     

    «La caza furtiva es un delito que en esta circunscripción tomamos como un tema muy serio por el impacto en nuestra fauna y la seguridad pública», remarcó la fiscal del caso durante la audiencia.

     

    El Hecho

     

    El hecho fue cometido el pasado 31 de marzo de 2026, alrededor de las 21:20 en el sector de Puesto Aucapán.

     

    Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, personal de Fauna de la provincia alertó a la Policía neuquina sobre la presencia de una camioneta Toyota Hilux, con indicios de actividad ilegal.

     

    Al interceptar el vehículo, se constató que los imputados, M. O. M. y P. P., junto a un tercer acompañante, trasladaban en la caja del rodado una cabeza de ciervo de 16 puntas recientemente despostada. El animal pertenecía a una estancia de la zona, donde luego se hallaron los restos.

     

    Durante el procedimiento se secuestró lo siguiente:

     

    • Un fusil Mauser calibre 300 con mira telescópica y supresor de sonido.
    • Visores nocturnos, binoculares y cartuchería completa.
    • Indumentaria de camuflaje, hachas, palas y diversos elementos de corte.

    La fiscalía acreditó que, si bien el arma estaba a nombre de P. P., el mismo se encontraba inhabilitado por la ANMaC desde 2022, con su credencial de legítimo usuario vencida desde el año 2010.

     

    El trabajo de la Fiscalía

     

    La fiscal del caso que dirigió la investigación y propuso la salida alternativa, calificó el hecho como tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso ideal con caza furtiva.

     

    En virtud del artículo 17 del Código Procesal Penal, que prioriza la solución de los conflictos sin la necesidad de aplicar penas, la fiscal del caso trabajó junto a la defensa de los acusados en una solución alternativa que prioriza la reparación del daño ocasionado a la comunidad de Junín de los Andes.

     

    El acuerdo prevé:

     

    1. Reparación económica: El pago de $6.000.000 en tres cuotas. Por sugerencia de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente, el dinero será destinado a la Casa de las Infancias «CASA LUNAS» y al Merendero Municipal de Junín de los Andes.
    2. Decomiso de armas: Los imputados debieron abandonar a favor del Estado Provincial el fusil calibre 300, la óptica de alta precisión y todos los elementos utilizados para la caza.
    3. Trabajo Comunitario: Se fijaron 40 horas de tareas comunitarias para P. y 20 horas para M. O. M.

     

    El plazo de cumplimiento de las obligaciones acordadas se fijó en 4 meses. En este periodo el MPF supervisará la acreditación de todos los compromisos y, una vez efectuados, se resolverá el sobreseimiento de los imputados (en caso contrario, el caso seguirá activo).  

     

    El juez de garantías que dirigió la audiencia y avaló el acuerdo fue Maximiliano Bagnat.

     

  • Demolieron parte de un aguantadero narco  de Neuquén por un litigio

    Demolieron parte de un aguantadero narco de Neuquén por un litigio

    El inmueble ubicado en Bahía Blanca 555 comenzó a ser demolido luego de permanecer clausurado desde el 10 de octubre, cuando el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial realizaron once allanamientos por una investigación de narcomenudeo. “Se autorizó una parte que querían sacar. Está en sucesión.”, señalaron.

    En esa vivienda se hallaron estupefacientes destinados a la venta y sus ocupantes fueron acusados por la fiscalía de Narcocriminalidad.

    Además, durante los procedimientos se encontraron diversos bienes cuya procedencia fue investigada por la fiscalía de Robos y Hurtos.

    []https://www.youtube.com/watch?v=kcOjJNCUkPY[/]

    El trabajo se realizó junto a la brigada de investigaciones de la Comisaría Segunda para vincular los elementos secuestrados con denuncias de delitos cometidos en el sector comprendido por las calles Perticone, Tierra del Fuego, Mitre, Libertad, Río Negro y Richieri.

  • Cazadores furtivos deberán pagar  millones y realizar trabajo comunitario

    Cazadores furtivos deberán pagar $6 millones y realizar trabajo comunitario

    El Ministerio Público Fiscal (MPF) acordó una salida alternativa para dos cazadores furtivos que fueron detenidos en las inmediaciones de Junín de los Andes con una cabeza de ciervo en su poder.

    Como parte del acuerdo, deberán realizar tareas comunitarias y abonar una reparación económica destinada a instituciones locales.

    La resolución se definió este martes durante una audiencia en la que la fiscal del caso, Inés Gerez, presentó los términos del acuerdo alcanzado con los imputados.

    “La caza furtiva es un delito que en esta circunscripción tomamos como un tema muy serio por el impacto en nuestra fauna y la seguridad pública”, remarcó la funcionaria judicial.

    El hecho

    El episodio ocurrió el 31 de marzo de 2026, alrededor de las 21:20, en el sector de Puesto Aucapán. Según la investigación del MPF, personal de Fauna provincial alertó a la Policía de Neuquén sobre una camioneta Toyota Hilux sospechada de estar vinculada a actividades ilegales.

    Al interceptar el vehículo, los efectivos constataron que los ocupantes —identificados como M. O. M. y P. P., junto a un tercer acompañante— transportaban en la caja una cabeza de ciervo de 16 puntas recientemente despostada.

    Posteriormente, se confirmó que el animal pertenecía a una estancia de la zona, donde fueron hallados sus restos.

    Durante el procedimiento se secuestraron un fusil Mauser calibre .300 con mira telescópica y supresor de sonido, visores nocturnos, binoculares, cartuchería, indumentaria de camuflaje y diversas herramientas de corte.

    La fiscalía determinó además que, si bien el arma estaba registrada a nombre de uno de los imputados, este se encontraba inhabilitado por la ANMaC desde 2022 y con la credencial vencida desde 2010.

    El acuerdo

    La fiscalía calificó el hecho como tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso ideal con caza furtiva. En el marco del artículo 17 del Código Procesal Penal, que promueve soluciones alternativas al conflicto, se avanzó en un acuerdo de reparación.

    El mismo establece el pago de $6 millones en tres cuotas, monto que será destinado —por sugerencia de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente— a la Casa de las Infancias “Casa Lunas” y al merendero municipal de Junín de los Andes.

    Además, los imputados deberán cumplir con tareas comunitarias: 40 horas en el caso de P. P. y 20 horas para M. O. M. También se dispuso el decomiso del arma y de todos los elementos utilizados en la actividad ilegal.

    El plazo para cumplir con las condiciones fijadas es de cuatro meses. Durante ese período, el MPF supervisará el cumplimiento de las obligaciones.

    En caso de concretarse, los acusados podrán acceder al sobreseimiento; de lo contrario, la causa continuará su curso.

    El acuerdo fue avalado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.

  • sanción millonaria y reparación comunitaria

    sanción millonaria y reparación comunitaria

    La imagen de una cabeza de ciervo de 16 puntas en la caja de una camioneta fue el punto de partida de un caso que terminó con una sanción económica millonaria y tareas comunitarias para dos cazadores furtivos en Junín de los Andes. Pero más allá del hecho en sí, la resolución judicial puso el foco en la reparación del daño causado a la comunidad.

    El Ministerio Público Fiscal acordó que los imputados paguen $6 millones y cumplan con trabajos comunitarios, en una salida alternativa que evita el juicio penal. La decisión fue presentada en una audiencia por la fiscal Inés Gerez y avalada por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.

    El acuerdo establece que el dinero será abonado en tres cuotas y destinado a la Casa de las Infancias “Casa Lunas” y al merendero municipal de Junín de los Andes, instituciones que trabajan con sectores vulnerables. A su vez, uno de los acusados deberá cumplir 40 horas de tareas comunitarias, mientras que el otro realizará 20 horas. Todo deberá concretarse en un plazo de cuatro meses.

    La resolución no solo apunta a sancionar, sino a generar un impacto directo en la comunidad afectada. En ese sentido, la fiscal Gerez remarcó durante la audiencia que la caza furtiva es considerada un delito grave en la región, tanto por el daño a la fauna como por los riesgos asociados al uso ilegal de armas.

    El hecho ocurrió el 31 de marzo por la noche, en el sector de Puesto Aucapán. Un operativo se inició tras el alerta de personal de Fauna sobre una camioneta sospechosa. Al interceptarla, la Policía constató que los ocupantes transportaban los restos del animal recientemente cazado.

    «La caza furtiva es un delito que en esta circunscripción tomamos como un tema muy serio por el impacto en nuestra fauna y la seguridad pública», expresó la fiscal Inés Gérez durante la audiencia.

    Durante el procedimiento, se secuestró un fusil Mauser calibre 300 con mira telescópica y supresor de sonido, además de visores nocturnos, municiones y equipamiento de caza. La investigación también determinó que el arma estaba registrada a nombre de uno de los imputados, quien tenía su credencial vencida y se encontraba inhabilitado desde 2022.

    La fiscalía encuadró el caso como tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso ideal con caza furtiva. Sin embargo, en lugar de avanzar hacia un juicio, se optó por una salida alternativa contemplada en el Código Procesal Penal, que prioriza la resolución del conflicto mediante la reparación.

    El acuerdo incluye además el decomiso definitivo del arma y de todos los elementos utilizados en la actividad ilegal, que pasarán a manos del Estado provincial.

    Ahora, el cumplimiento de cada uno de los compromisos será supervisado por el Ministerio Público Fiscal. Si los imputados cumplen con el pago y las tareas comunitarias en el plazo establecido, la causa será cerrada con su sobreseimiento. En caso contrario, el proceso penal continuará.

    La resolución deja un mensaje claro en la región: la caza furtiva no solo tiene consecuencias legales, sino también económicas y sociales, con sanciones que buscan devolverle algo a la comunidad afectada.

  • Cooperativa Viento Sur: extienden el plazo para investigar fraude al Estado

    Cooperativa Viento Sur: extienden el plazo para investigar fraude al Estado

    Cooperativa Viento Sur: extienden el plazo para investigar fraude al Estado

     

    07-04-2026

     

    Neuquén– Por pedido de las defensas de dos acusados y con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal (MPF), una jueza de garantías resolvió extender por cuatro meses el plazo de la investigación en una causa en la que se investiga una presunta defraudación agravada en perjuicio de la administración pública.

     

    El pedido fue realizado por las defensas de los imputados Germán Chapino y Orlando Abel Di Luca, ambos exministros de Desarrollo Social de Neuquén, quienes advirtieron que no contaron con el tiempo suficiente para desarrollar su estrategia desde la formulación de cargos realizada el 4 de marzo de este año. En ese contexto, solicitaron que se otorgue un nuevo plazo de investigación a partir del vencimiento previsto para el 8 de abril.

     

    Desde el MPF, la fiscal del caso Rocío Rivero y el asistente letrado Facundo Bernat indicaron que resta producir medidas de prueba relevantes para sostener la acusación, entre ellas el análisis de información extraída de un teléfono celular, informes requeridos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y un estudio contable sobre pagos vinculados a los hechos investigados.

     

    La investigación ya tenía acusados a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur por el presunto uso indebido de fondos entregados en el marco del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Ese programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, como la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de autoridades, la presentación de un plan de acción y la acreditación de capacitaciones realizadas.

     

    El 4 de marzo pasado fueron incorporados como imputados Chapino y Di Luca, a quienes se les atribuye haber autorizado pagos mensuales sin verificar esos requisitos y aceptar rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes. Los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 —un mes antes de la firma del decreto— y se extendieron hasta diciembre de 2023.

     

    La maniobra se encuadró en los delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública (artículo 173, inciso, en función del artículo 174, inciso 5 del Código Penal), en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) en el caso de los ex ministros.

     

    Tras escuchar a las partes y teniendo en cuenta que se trata de un caso declarado complejo, la jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar al planteo y dispuso la prórroga del plazo de investigación por cuatro meses para la totalidad de los imputados.

  • Causa Cooperativa Viento Sur: cuatro meses más de investigación por presunta defraudación al Estado

    Causa Cooperativa Viento Sur: cuatro meses más de investigación por presunta defraudación al Estado

    La jueza de garantías Natalia Pelosso resolvió extender por cuatro meses el plazo de investigación en una causa por presunta defraudación agravada en perjuicio de la administración pública, que involucra a exfuncionarios del gobierno neuquino.

    La decisión fue tomada a partir de un pedido de las defensas de Germán Chapino y Abel Di Luca, quienes argumentaron no haber contado con el tiempo suficiente para preparar su estrategia desde la formulación de cargos, realizada el pasado 4 de marzo.

    El planteo contó con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que también sostuvo la necesidad de ampliar los plazos para completar medidas de prueba relevantes.

    Pruebas clave en análisis

    Desde la fiscalía, encabezada por Rocío Rivero junto al asistente letrado Facundo Bernat, indicaron que aún restan producir evidencias centrales para sostener la acusación.

    Entre ellas se destacan el análisis de información extraída de un teléfono celular, informes solicitados al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y un estudio contable sobre pagos vinculados a los hechos investigados.

    Di Luca y Chapino, los dos exfuncionarios imputados.

    La causa y los nuevos imputados

    El expediente ya tenía como acusados a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur, investigados por el presunto uso indebido de fondos públicos otorgados a través de un programa oficial de capacitación.

    En ese marco, el 4 de marzo se sumaron como imputados Chapino y Di Luca, a quienes se les atribuye haber autorizado pagos mensuales sin verificar los requisitos exigidos por la normativa vigente, además de avalar rendiciones incompletas o inconsistentes.

    Según la investigación, los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 —incluso antes de la firma del decreto que creó el programa— y se extendieron hasta diciembre de 2023.

    Delitos y contexto

    La maniobra fue encuadrada en el delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública, en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que agrava la situación de los exministros.

    El programa bajo análisis establecía controles previos obligatorios para cada pago, como la verificación institucional de las organizaciones, certificación de autoridades y acreditación de capacitaciones.

    Cuatro meses más de investigación

    Tras escuchar a las partes y considerar que se trata de un caso complejo, la jueza Pelosso hizo lugar al pedido y dispuso la prórroga del plazo de investigación por cuatro meses para todos los imputados.

    De esta manera, la causa sumará nuevas instancias probatorias clave antes de avanzar hacia una eventual etapa de definición judicial.

  • Añelo: el QR para denunciar el microtráfico se exhibirá en más de 300 comercios y entidades

    Añelo: el QR para denunciar el microtráfico se exhibirá en más de 300 comercios y entidades

    Añelo: el QR para denunciar el microtráfico se exhibirá en más de 300 comercios y entidades

     

    07-04-2026

     

    Neuquén- Con el objetivo de profundizar la lucha contra el microtráfico de drogas, el fiscal general José Gerez y el intendente de Añelo Fernando Banderet anunciaron que el código QR de denuncias anónimas diseñado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), comenzará a exhibirse en más de 300 comercios e instituciones públicas de la ciudad.

     

    El anuncio lo hicieron ayer durante un acto en el Salón de Usos Múltiples municipal, del que participaron autoridades municipales, concejales y concejalas y miembros de la Policía provincial.

     

    “El plan de lucha contra el microtráfico de drogas tiene muchos pilares, pero hay dos que son fundamentales: uno es la participación ciudadana, es decir, los vecinos y vecinas en la lucha contra el microtráfico, aportando datos a través del código QR que son anónimos, confiables y seguros”, destacó Gerez. “Otro es la participación de los gobiernos locales con la difusión de la municipalidad del Código QR, en este caso de Añelo, como parte de una política pública que tiene además otras acciones concretas, como por ejemplo la construcción de un canil para la Policía provincial que comentó Banderet”, agregó.

     

    El fiscal general destacó que en Añelo, desde  2024 a 2025, se registró una bajó de los índices del delito. En este sentido especificó que “esto tiene que ver también con la conexidad de los delitos, en particular con lo que es el microtráfico de drogas. Combatiendo el microtráfico de drogas se logra una sociedad más segura, más saludable y, lógicamente, Añelo en este caso gana en calidad de vida”.

     

    El intendente afirmó que la de Añelo fue “la primera municipalidad en la provincia» que sancionó una  ordenanza para publicitar la denuncia anónima de la venta de drogas.

     

    El jefe comunal remarcó que “hay un compromiso real para trabajar en contra del narcomenudeo” y especificó que “282 comercios y 45 instituciones públicas» comenzarán a exhibir el Código QR en sus instalaciones desde los próximos días.

     

    Durante el acto, además las autoridades policiales de la Dirección de Seguridad Vaca Muerta presentaron a «Balto», un perro Ovejero Alemán que se incorporó a la Brigada Antinarcóticos de la zona.

  • Intento de femicidio: prendió fuego la casa para matarla y quedó en prisión domiciliaria porque no había lugar

    Intento de femicidio: prendió fuego la casa para matarla y quedó en prisión domiciliaria porque no había lugar

    Un hombre fue acusado de intento de femicidio contra su expareja al incendiar intencionalmente la vivienda en la que la mujer dormía, en un paraje cercano a Villa Pehuenia. Pese a la gravedad del caso y los riesgos para la mujer la fiscal pidió la prisión domiciliaria por falta de plazas en lugares de detención.

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    La formulación de cargos fue realizada por el asistente letrado Gastón Rodríguez y la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén quienes calificaron el hecho provisoriamente como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, una figura que encuadra como tentativa de femicidio.

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    El caso se inscribe en un escenario que genera fuerte preocupación en la provincia de Neuquén por el aumento de la violencia de género extrema. Durante 2025, la jurisdicción alcanzó un pico alarmante en femicidios. Al analizar la tasa en proporción a la población femenina —un indicador que permite dimensionar el impacto real más allá de los números absolutos—, Neuquén quedó tercera entre las provincias con los índices más altos del país luego de Santa Cruz y Misiones.

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    Incendió la vivienda para matarla

    Según la acusación, el ataque ocurrió la mañana del 5 de abril en una vivienda ubicada sobre la Ruta 13, en un paraje cercano a Villa Pehuenia. De acuerdo con la investigación, el imputado —identificado como A.G.P.— inició deliberadamente un incendio en el lateral de la casa utilizando un bidón con combustible mientras la víctima se encontraba dormida en el interior. La mujer despertó, logró escapar del domicilio y pedir ayuda a terceros, lo que evitó que el ataque cumpliera su objetivo.

    La fiscalía sostuvo que el hecho ocurrió en un claro contexto de violencia de género y señaló que el acusado le habría dicho a la víctima: “esto es porque saliste”.

    Como evidencia, el Ministerio Público Fiscal presentó la denuncia de la mujer, entrevistas a testigos, el secuestro del bidón con restos de combustible y actuaciones policiales. Además, solicitó un plazo de tres meses para completar la investigación, que incluirá pericias químicas y de bomberos.

    Durante la audiencia también se remarcó que, si bien el hecho ocurrió dentro de una comunidad mapuche, la gravedad del caso —calificado como tentativa de femicidio— excluye su tratamiento en el ámbito comunitario y requiere la intervención del sistema penal ordinario.

    El juez de garantías Lisandro Borgonovo tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía al considerar que, en esta etapa inicial, la hipótesis de tentativa de femicidio se encuentra debidamente sustentada.

    Cómo denunciar violencia de género en Neuquén

    Si sufrís o sos testigo de una situación de violencia, informate en la Línea 148 o denunciá en la Comisaría más cercana a tu domicilio. También podés acercarte, de 8 a 14 horas, de lunes a viernes, a una de las Unidades de Atención de la Oficina de Violencia del Poder Judicial o al Juzgado de Paz. No necesitás abogado/a.

  • el inquilino de la casa y su abogado fueron imputados

    el inquilino de la casa y su abogado fueron imputados

    El Ministerio Público Fiscal formuló cargos en San Martín de los Andes al inquilino de una vivienda del Barrio Las Rosas donde se hallaron casi 10 kilos de droga destinada a la comercialización y a su abogado particular, a quien se le secuestraron estupefacientes en el hotel donde se hospedaba.

    En la primera audiencia, el fiscal jefe Gastón Ávila imputó a S. S. F. por el hecho ocurrido el pasado 3 de abril. Según la acusación, el imputado tenía en su vivienda y con fines de comercialización, 4.983 gramos de cocaína y 4.855 gramos de marihuana, armas, dinero y herramientas robadas.

    Fue imputado por tráfico de estupefacientes, tenencia con fines de comercialización, tenencia ilegítima de armas de guerra y encubrimiento.

    El fiscal jefe pidió cuatro meses de prisión preventiva, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y el juez de garantías avaló la solicitud por dos meses.

    La fiscal Inés Gerez formuló cargos contra el abogado F. T. quien inicialmente ejercía la defensa de S. S. F. Según la fiscalía, el 4 de abril a las 22:00, poseía con fines de comercialización 140,3 gramos de cocaína y 18,5 gramos de marihuana en un hotel céntrico de la ciudad.

    La fiscalía le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de guerra. Ante el pedido de preventiva de la fiscalía, el juez Borgonovo dispuso que quede en libertad con la obligación de presentarse diariamente en la Comisaría 23.

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  • Incendió la casa para matar a su expareja pero no irá preso porque no hay lugar para detenidos en Villa Pehuenia

    Incendió la casa para matar a su expareja pero no irá preso porque no hay lugar para detenidos en Villa Pehuenia

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    En un hecho que conmociona a la zona de la Ruta Provincial 13, la justicia neuquina formuló cargos contra un hombre, identificado por las siglas A.G.P., acusado de intentar asesinar a su expareja provocando un incendio intencional en su vivienda mientras ella dormía.

    El asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Gastón Rodríguez, y la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, lideraron la acusación por un hecho calificado provisoriamente como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

    El ataque: «Esto es porque saliste»


    El episodio ocurrió durante la mañana del pasado 5 de abril. Según la reconstrucción fiscal, el imputado se dirigió a una vivienda ubicada en un paraje cercano a Villa Pehuenia. Allí, utilizando un bidón con combustible, inició de manera deliberada un incendio en un lateral de la construcción.
    La víctima se encontraba pernoctando en el interior al momento del ataque. Afortunadamente, logró despertar a tiempo, escapar de las llamas y pedir auxilio a terceros. De acuerdo con la investigación, el agresor lanzó una frase que evidencia el trasfondo de control y violencia: “Esto es porque saliste”.

    Justicia ordinaria sobre la comunitaria


    Un punto clave del debate judicial fue la jurisdicción del caso. Debido a que el ataque ocurrió dentro de una comunidad mapuche, se analizó si correspondía un abordaje interno. No obstante, la fiscalía fue tajante:

    «La gravedad del caso —calificado como tentativa de femicidio— excluye su abordaje en el ámbito comunitario y exige la intervención del sistema penal ordinario», remarcó la parte acusadora.

    El juez de garantías Lisandro Borgonovo coincidió con este criterio y dio por formulados los cargos, validando la hipótesis de tentativa de femicidio en esta etapa inicial de la investigación.

    Prisión domiciliaria ante la falta de cupos carcelarios


    }A pesar de la gravedad del delito y del estado de la víctima, quien se encuentra «aterrorizada» y perdió su hogar tras el siniestro, la fiscalía no pudo solicitar la prisión preventiva efectiva en una unidad de detención.

    La fiscal Pizzipaulo explicó que en la Región del Pehuén no existen plazas disponibles para alojar detenidos. Ante esta limitación logística y la urgencia de proteger a la mujer, se optó por solicitar la prisión domiciliaria por 30 días.

    Las medidas dispuestas por el juez


    En su resolución lel juez de garantías estableció el arresto domiciliario por un mes con salidas laborales autorizadas. Las mismas bajo control policial estricto sobre el imputado.

    También se estableció la prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier medio. Por esta razón se fijaron medidas de protección especiales para la damnificada dada su situación de vulnerabilidad.

    Próximos pasos de la investigación


    La fiscalía cuenta ahora con un plazo de tres meses para completar la recolección de pruebas. Entre las diligencias pendientes se encuentran las pericias químicas sobre el bidón secuestrado y los informes técnicos de los bomberos para determinar el alcance y la peligrosidad del foco ígneo provocado.