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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de “Ley de Derogación de Legislación Obsoleta”, conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.
Con apoyo en Diputados, la Ley Hojarasca pasó al Senado
La iniciativa obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado, donde el Gobierno espera alcanzar la sanción definitiva.
El proyecto busca depurar el digesto jurídico argentino mediante la derogación de más de 70 normas que el oficialismo considera obsoletas, superadas por legislación posterior, burocráticas o contrarias a libertades individuales.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que muchas de esas leyes “carecen de aplicación práctica”, fueron reemplazadas por nuevas regulaciones o responden a contextos históricos ya inexistentes.
La propuesta, según explicó el sitio especializado Palabras del Derecho, divide las normas alcanzadas en seis grupos. El primero reúne leyes “superadas por normas posteriores”. Entre ellas aparece la Ley 94 de 1864, que inhabilitaba por diez años a autoridades que ordenaran azotar a una persona, una práctica prohibida desde hace décadas por la Constitución Nacional. También figura la Ley 20.400 de 1973, vinculada a la provisión de mano de obra, que según el Gobierno fue desplazada por la legislación moderna sobre trata de personas.
En ese apartado también se incluyen normas sobre licitaciones de empresas estatales hidrocarburíferas, vacunación contra la viruela, regalías petroleras y la denominada ley de “Padrinazgo Presidencial”, cuyos beneficios podrían mantenerse para quienes ya los perciben.
El segundo grupo abarca leyes consideradas “obsoletas o sin efecto por el avance tecnológico, económico o el paso del tiempo”. Allí se encuentran normas que promovían la explotación del carbón mineral, autorizaban procedimientos de microfilmación en organismos militares o regulaban las primeras emisiones de televisión color. El Gobierno argumentó que esos marcos quedaron desactualizados frente a las nuevas tecnologías y a cambios en las políticas energéticas.
El tercer conjunto reúne leyes que, según el Ejecutivo, “afectan libertades individuales”. Entre ellas sobresalen normas que penalizaban a quienes impulsaran sanciones económicas contra el Estado, regulaciones sobre reuniones públicas dictadas durante gobiernos de facto y una ley que creó un “carnet de mochilero”. También se impulsa eliminar artículos de una ley sobre lepra que habilitan internaciones forzosas, consideradas por el oficialismo como disposiciones “medievales” y violatorias de derechos constitucionales.
Otro bloque apunta a la desburocratización estatal. En ese tramo se propone eliminar leyes que obligaban a reconstruir teatros demolidos, reportar interrupciones de obras privadas, promover el turismo en medios de transporte o regular competencias de palomas mensajeras. También se incluyen normas que declaraban de interés nacional distintas actividades productivas y creaban organismos o programas específicos que, según el Gobierno, dejaron de tener utilidad práctica.
El quinto grupo comprende leyes vinculadas a organismos ya inexistentes o procesos que nunca llegaron a implementarse. Allí aparecen normas relacionadas con antiguos fondos públicos, organismos de comercio exterior, sistemas portuarios y dependencias estatales disueltas hace décadas.
Finalmente, el sexto apartado plantea modificaciones parciales para quitar financiamiento estatal a entidades vinculadas al sector público. Entre ellas figuran el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y la Federación Argentina de Municipios. La intención oficial es que ambas instituciones continúen funcionando, pero sostenidas con aportes propios y no con fondos nacionales.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como parte del proceso de desregulación y reducción del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. En cambio, sectores opositores cuestionaron el alcance simbólico de algunas derogaciones y advirtieron sobre posibles efectos en áreas culturales, sanitarias y productivas.
