La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) analizó esta mañana los proyectos que proponen reemplazar la ley vigente de declaraciones juradas patrimoniales por un nuevo régimen que apunta al control y la publicidad de los bienes de funcionarios de los tres poderes del Estado. Tras el debate, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) acordó mantener las iniciativas en comisión para solicitar información e incorporar aportes de los distintos bloques.
Se trata de tres proyectos orientados a actualizar el régimen de declaraciones juradas patrimoniales, derogar la ley 5 -vigente desde 1958- y fortalecer los mecanismos de ética pública y control estatal. Una de las iniciativas es del bloque Cumplir; otra del interbloque compuesto por Democracia Neuquén, Cumplir y JxC-UCR; y la restante es de UxP.
La discusión incluyó la necesidad de transparentar la evolución patrimonial de quienes ejercen funciones públicas, el alcance de la publicidad de las declaraciones juradas, los mecanismos de investigación y control que deberían implementarse para verificar la información presentada, y críticas sobre el incumplimiento de leyes ya vigentes.
Al fundamentar, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) sostuvo que el proyecto busca traducir en medidas concretas los compromisos de transparencia anunciados por el gobierno provincial. En ese sentido, señaló que tras los hechos que derivaron en la destitución de la ex vicegobernadora, el Poder Ejecutivo dictó un decreto para exigir el cumplimiento de obligaciones ya previstas en la ley 5, norma sancionada en 1958 que la propuesta busca reemplazar por un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales para funcionarios de los tres poderes del Estado.
A su turno, el diputado César Gass (JxC-UCR) consideró que la discusión es una oportunidad para revertir el descrédito que atraviesa la dirigencia política. Mencionó el caso del jefe de gabinete del gobierno nacional Manuel Adorni y sostuvo que ese tipo de situaciones refuerzan la necesidad de avanzar en políticas de transparencia que permitan conocer el patrimonio de los funcionarios al ingresar y al dejar sus cargos. Asimismo, planteó que el proyecto se inscribe en la misma línea de otras medidas impulsadas para fortalecer la transparencia y los controles como las leyes de Ficha Limpia y el narcotest.
Desde el MPN, el diputado Claudio Domínguez pidió ir “más a fondo” y no centrarse únicamente en la presentación de declaraciones juradas, sino poner el foco en la investigación de la evolución patrimonial tanto de quien ejerce la función pública como de su entorno. Para ello, propuso incorporar una comisión investigadora y extender el seguimiento más allá del período de ejercicio del cargo para detectar posibles enriquecimientos. “De nada sirve hacer una ley para la tribuna”, sostuvo en referencia a la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de la norma una vez sancionada. En ese marco, cuestionó la falta de implementación de algunas leyes puntuales y propuso pedir informe.
El diputado Novoa reivindicó la actuación del gobierno en casos de corrupción como una muestra de compromiso con la transparencia y cuestionó aspectos técnicos del proyecto, especialmente en cuanto a los datos.
En tanto, Francisco Lepore (Avanzar) se manifestó a favor de fortalecer los controles patrimoniales, aunque cuestionó algunos de los argumentos utilizados para fundamentar los proyectos. Calificó de “hipocresía” las posiciones de determinados sectores políticos que, según indicó, tuvieron intervenciones contradictorias frente a situaciones de corrupción y consideró que “esto es más una puesta en escena que una discusión real sobre la transparencia”. En ese sentido, apoyó la posibilidad de avanzar en mayores niveles de transparencia pero recalcó que el debate debía comenzar por el cumplimiento de las obligaciones vigentes por parte de todos los legisladores.
En la misma línea, el diputado Darío Martínez (UxP) planteó que cualquier ciudadano o periodista debería poder acceder a esa información y sostuvo que la evolución patrimonial de los funcionarios debe ser pública durante todo el ejercicio de la función y al finalizar el mandato. Además, insistió con la creación de una Oficina Anticorrupción que realice un seguimiento permanente y recalcó que la sociedad demanda transparencia de la política.
En tanto, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO—NCN) cuestionó algunos aspectos técnicos y consideró que la iniciativa reduce el alcance previsto en la ley 5 respecto de los familiares alcanzados por la obligación de declarar. También sostuvo que el control patrimonial debe apoyarse en las declaraciones presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y advirtió que el problema de fondo es que la Justicia no investiga los casos de enriquecimiento ilícito.
El diputado Federico Méndez (Democracia Neuquén), por su parte, sostuvo que el objetivo principal del proyecto es garantizar que la ciudadanía pueda conocer el patrimonio y su evolución a lo largo del ejercicio de la función pública.
A su turno, Andrés Blanco (FIT-U) respaldó la discusión de nuevas herramientas de transparencia, pero consideró que cualquier organismo encargado de investigar la evolución patrimonial de los funcionarios debería contar con independencia respecto de los poderes políticos. En ese sentido, se pronunció a favor de delegar el control a la ciudadanía y consideró que la discusión está condicionada por “una cuestión de poder”.
En la misma reunión, la comisión dio despacho al proyecto que crea el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, iniciativa impulsada por el Poder Eje cutivo provincial.
Asimismo, obtuvo despacho favorable el proyecto que instituye el 15 de septiembre de cada año como Día Provincial de la Concientización del Linfoma, con el objetivo de promover acciones de difusión, prevención y sensibilización sobre la enfermedad.
Las iniciativas ya habían obtenido dictamen favorable en la comisión de Desarrollo Humano y Social (C).
Neuquén, 9 de junio de 2026.-
