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La Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con foco en la compra de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.
El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, incluye fotografías del “antes y después” del inmueble, utilizadas para analizar posibles remodelaciones y determinar si existió una ganancia económica relevante en la operación.
La operación bajo la lupa
Según consta en la causa, el departamento fue adquirido inicialmente por dos jubiladas —Claudia Sbabo y Beatriz Viegas— al futbolista Hugo Morales por 200.000 dólares. Meses después, la propiedad fue vendida a Adorni por 230.000 dólares.
El funcionario habría abonado un anticipo de 30.000 dólares y asumido una deuda por los 200.000 restantes con las vendedoras.
Durante sus declaraciones, las jubiladas afirmaron desconocer detalles de la operación, indicando que la gestión estuvo a cargo de familiares. También señalaron que, pese a percibir haberes cercanos a los 350.000 pesos, contaban con ahorros para concretar la compra inicial.
Sospechas sobre la evolución del inmueble
Uno de los ejes de la investigación es establecer si las reformas realizadas en el departamento justifican la diferencia de valor entre la compra y la venta. En ese marco, el fiscal Pollicita busca determinar si la eventual ganancia —estimada en unos 30.000 dólares— tiene sustento en mejoras reales.
Otras líneas de investigación
La causa también incluye otras hipótesis, como un viaje en avión privado a Punta del Este y presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Además, se analiza una deuda vinculada a otra propiedad en la calle Asamblea al 1100, donde dos acreedoras aseguraron que Adorni mantiene un compromiso de pago por unos 70.000 dólares más intereses.
Como parte de las medidas, el juez ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y otras personas involucradas. También se solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para verificar la capacidad económica de los implicados.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y apunta a determinar si existió un incremento patrimonial injustificado. Por el momento, no hay definiciones judiciales, pero el caso suma elementos que serán clave para establecer la evolución de los bienes y las fuentes de financiamiento del funcionario.
