El próximo miércoles 20 de noviembre, afiliados de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se concentrarán frente a la sede del gremio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La manifestación, convocada por sectores internos disconformes con la conducción, tiene como objetivo expresar su malestar con la gestión del titular del gremio y la obra social, José Voytenco, quien está bajo investigación por presunto lavado de dinero, administración fraudulenta y llevar una vida de lujo.
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Mientras tanto, la investigación judicial sigue en una semana decisiva: está en juego la jurisdicción del caso, actualmente en manos del juez federal Federico Villena, del Juzgado Federal de Lomas de Zamora. El equipo de asesores legales de Voytenco, un hombre oriundo de la provincia de Chaco, pugna por mover la causa desde el fuero bonaerense a los tribunales de Comodoro Py.
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José Voytenco, secretario general de UATRE y presidente de la obra social OSPRERA, está en el centro de un escándalo de la que busca escapar. Las denuncias por manejo irregular de los fondos surgieron desde dentro del gremio: el secretario de UATRE regional La Plata, Marcelo Andrada, realizó la denuncia. Quienes conocen al dirigente Andrada cuentan que este maneja información reservada.
La investigación se intensificó luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud analizara los registros financieros de OSPRERA, encontrando inconsistencias y un incremento considerable de la deuda. Desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, la deuda pasó de 26.979 millones a 43.949 millones de pesos, a pesar de recibir múltiples aportes estatales, incluidos 3.350 millones de pesos que, según informes, nunca fueron utilizados para mejorar la situación financiera de la obra social.
Los principales perjudicados de este entramado son los afiliados del gremio, de acuerdo a las denuncias presentadas. En Río Negro y Neuquén UATRE y OSPRERA llegó a contar en su momento con 40.000 afiliados, pero hoy no llegan a 30.000 según fuentes de la organización.
En el escrito de la Fundación Apolo -ligada a sectores republicanos y liberales, y dedicada a motorizar posibles casos de corrupción en la justicia- se indica que “Ivan Dario Figueroa, de 26 años, fue trabajador rural en la Provincia de Buenos Aires, hasta que fue diagnosticado con leucemia. Luego de lidiar con múltiples negativas de OSPRERA, presentó un amparo que fallo a su favor, sin embargo ‘aunque los médicos y especialistas son claros al momento del diagnóstico, la gravedad del mismo y la necesidad de un tratamiento acorde, mientras se evalúa la posibilidad de un trasplante, desde el RENATRE y OSPRERA se niegan a reconocer los derechos del trabajador, quien podría quedarse sin cobertura médica mientras lucha por permanecer con vida’”. Por la falta de servicios se habrían contabilizado 172 demandas contra la obra social, relacionadas con medicamentos, cirugías y otros tratamientos esenciales.
Embargos y allanamientos en OSPRERA
El 26 de octubre de 2024, la Policía Federal allanó las oficinas de OSPRERA, bajo las órdenes del juez federal Federico Villena. La medida respondió a la sospecha de que OSPRERA, la tercera obra social más grande del país, había estado involucrada en el lavado de activos y manejo fraudulento de sus fondos. Además de los allanamientos, el juez dispuso el embargo de bienes de Voytenco y la inhibición de sus cuentas bancarias como medida precautoria, mientras continúa la investigación sobre sus activos, que incluyen una lujosa propiedad valuada en más de un millón de dólares y una colección de relojes de lujo con un valor total de 150.000 dólares.
Voytenco también enfrenta cuestionamientos internos. Las irregularidades en las elecciones gremiales de octubre de 2021 y diciembre de 2022, donde se denunciaron votos fraudulentos y la exclusión ilegal de delegados opositores, han erosionado la confianza en su liderazgo. La facción opositora dentro de UATRE acusa al actual secretario general de manipular el congreso gremial para remover a sus rivales y consolidarse en el poder.
Otro punto crítico en la investigación son los contratos otorgados bajo la gestión de Voytenco, que han despertado sospechas de manejos turbios. Entre ellos se destaca la contratación de Surco Compañía de Seguros S.A., presidida por Carlos Gianni, quien también emplea a Néstor Acuña, uno de los interventores designados de OSPRERA. La sustitución de los seguros preexistentes por los de la empresa de Gianni, argumentan, incrementó los costos para el sindicato. Asimismo, se cuestionó la participación de Reservin Patagonia SRL, empresa creada para reemplazar a Gregard S.A. como auditora del gremio.
José Voytenco percibe ingresos mensuales que totalizan más de 40 millones de pesos. Los datos se desprenden de su declaración, que detalla los ingresos provenientes de distintos cargos y entidades vinculadas al ámbito rural. Tiene un sueldo mensual de 14.113.695 pesos como Secretario General de la UATRE. Además, recibe 14.005.643,71 de pesos en su rol como presidente de la obra social de los trabajadores rurales, OSPRERA. Cabe mencionar que esta entidad ha sido intervenida por el Gobierno Nacional en medio de cuestionamientos por su administración. A estos ingresos se suman 7.262.499,29 de pesos que le corresponden por su función en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Finalmente, como integrante de la ART Mutual Rural, percibe 4.985.566,82 de pesos mensuales.
La situación de la obra social llego a la Casa de Gobierno. El vocero Manuel Adorni declaró, tiempo atrás, que “en lo que va de este año, ya hay 25 obras sociales y prepagas que han sido multadas con la correspondiente actualización de montos. La semana pasada se intervino la Obra Social de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), que había solicitado una ayuda financiera de 3.350 millones de pesos, pero el déficit había pasado de 26.979 millones de pesos a casi 44.000 millones de pesos, mientras el administrador se había aumentado el sueldo y cobraba 11.397.000 por mes”.
Semana clave en la causa judicial
Esta semana resulta crucial para el devenir del proceso judicial ya que podría decidirse si el caso continuará bajo la jurisdicción del juez Villena o será transferido a otro magistrado. La Superintendencia de Servicios de Salud ha solicitado una mayor supervisión judicial para garantizar la transparencia en la administración de OSPRERA. Esto generó aún más tensión en la cúpula del gremio, que enfrenta la posibilidad de una intervención definitiva si las irregularidades siguen acumulándose.
Los afiliados disconformes, que se congregarán en la sede de UATRE esta semana, exigen una auditoría profunda de los fondos del sindicato y de la obra social, y la remoción inmediata de Voytenco. Estos trabajadores, cuyos salarios se encuentran entre los más bajos del país.
Contexto histórico
El conflicto en UATRE no es nuevo. Tras la muerte del histórico líder Gerónimo «Momo» Venegas en 2017, el gremio entró en un período de turbulencia marcado por luchas internas por el poder. Los sucesores inmediatos de Venegas también fallecieron poco después de asumir sus cargos, lo cual allanó el camino para que Voytenco se hiciera con la secretaría general del sindicato.
El ascenso de Voytenco estuvo marcado por su cercanía a figuras políticas como el exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien sigue siendo un asesor clave para el líder gremial. Durante este periodo, se intensificó la rivalidad entre Voytenco y Pablo Ansaloni, exvicepresidente de OSPRERA y diputado por La Libertad Avanza. Ansaloni también está acusado de malversación de fondos, pero asegura que la situación actual del gremio es producto directo de las políticas impulsadas por Voytenco y sus aliados.
El abogado José Lucas Magioncalda, representante de la Fundación Apolo, presentó una denuncia que detalla un esquema de corrupción sistemática que, según él, no solo perjudica a los trabajadores rurales sino que también compromete la estabilidad de la obra social. «Voytenco se ha valido de su poder para tomar decisiones administrativas que lo benefician personalmente, como la concesión del Hotel Facón Grande, cuyos ingresos no se reflejan en beneficios para los afiliados», declaró Magioncalda.
El Hotel Facón Grande, propiedad del gremio pero explotado por House Hotelería S.A., también está bajo investigación. Los afiliados que intentaban acceder al beneficio de hospedaje para tratamientos médicos encontraron precios excesivos, llegando hasta los 70 dólares la noche, mucho más que en otros hoteles de similar categoría. Esto, según la denuncia, refuerza la sospecha de lavado de activos a través de la manipulación del precio de los servicios.
Voytenco ha negado categóricamente las acusaciones en su contra, describiéndolas como una «operación judicial orquestada» por sus opositores dentro y fuera del gremio. En una entrevista reciente, afirmó: «Lo único que hacemos es trabajar por nuestra gente. No hay prueba alguna que respalde las acusaciones en mi contra, y estamos tranquilos con respecto a nuestra gestión».
El escenario se complejiza a medida que otros gremios y actores políticos toman partido. La Superintendencia de Servicios de Salud ha intervenido en el pasado otras obras sociales, pero la magnitud del caso OSPRERA pone a prueba la capacidad del sistema judicial argentino para abordar la corrupción dentro de las instituciones sindicales. La decisión sobre la jurisdicción del caso definirá el futuro de Voytenco y, posiblemente, de UATRE.
El lema de Voytenco también está bajo investigación: “Quienes integramos el nuevo Consejo Directivo de la obra social garantizaremos la puesta en marcha de mecanismos de prevención, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos: cada peso que ingrese se utilizará para el beneficio de los trabajadores”. Pronto se conocerá si las informaciones y denuncian ponen luz en la opacidad rural.
Fuente: Noticias Argentinas.
