El Gobierno afronta un nuevo episodio insólito: cuestionaron las declaraciones de Fernando Brom, nombrado como subsecretario de Ambiente hace apenas unas horas, tras la renuncia de Ana Lamas. Manuel Adorni, portavoz presidencial, aclaró que el funcionario «aún no ha asumido oficialmente» y cuestionó su preparación para abordar la emergencia forestal. Según Adorni, Brom carece de información detallada sobre las acciones implementadas hasta ahora.
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En una entrevista radial, Brom priorizó el combate de incendios y reconoció fallas históricas en prevención: «Es una tragedia ecológica y humana. Debemos reparar, mitigar y, sobre todo, evitar que se repita. Claramente, no lo hemos hecho bien». Sus palabras contrastan con la narrativa oficial, que defiende la gestión de recursos durante la crisis.
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Adorni minimizó estas declaraciones, atribuyéndolas a «opiniones de alguien no interiorizado en sus funciones». Aunque confirmó que el nombramiento sigue en trámite, advirtió que solo será efectivo tras su publicación en el Boletín Oficial. Además, sugirió que Brom revisará su postura al conocer «el amplio apoyo brindado a las zonas afectadas».
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Durante su primera aparición pública, Brom elogió a Lamas, señalando que su renuncia respondió a un «desborde funcional» por tratar lo ambiental como asunto no ideológico, sino de supervivencia: «Preservar el planeta es un derecho y un deber humano». Esta visión choca con el escepticismo climático expresado por el presidente Javier Milei.
Un cambio de funcionario que quedó en veremos
La salida de Lamas, justificada por motivos personales y agotamiento, dejó vacante un cargo clave mientras incendios activos afectan múltiples provincias. Adorni aprovechó para recalcar que todo funcionario debe alinearse con la agenda de Milei o renunciar: «Quien no impulse estos lineamientos debe apartarse, aunque suene duro».
Paralelamente, se oficializó el traspaso de la Dirección del Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. Este cambio administrativo, establecido por decreto, ocurre mientras regiones como la Patagonia y Corrientes enfrentan llamas devastadoras. El gobierno atribuye los focos en el sur a «grupos mapuches», evitando vincularlos al cambio climático.
En Corrientes, más de 100 mil hectáreas fueron consumidas por incendios que afectaron localidades como Mercedes. Situaciones similares se registran en Córdoba y Catamarca, donde la combinación de sequía y actividades humanas agrava la crisis. Brom propuso judicializar a los responsables, pero advirtió contra la instrumentalización política: «Hay intereses que convierten derechos en negocios, como la tala ilegal o incendios para cambiar usos de suelo».
Bullrich, junto al ministro de Defensa Luis Petri, anunció la creación de la Agencia Federal de Emergencias para centralizar recursos y elevar penas contra incendios intencionales. «Necesitamos eficiencia, menos burocracia y más medios», declaró en Chubut, donde la RAM —acusada de terrorismo— opera en medio de tensiones territoriales.
La postura del nuevo secretario de Ambiente
Mientras el gobierno insiste en responsabilizar a grupos específicos, organizaciones ambientales exigen políticas integrales que consideren factores climáticos. Brom, aunque enfático en perseguir delitos, admitió la complejidad del problema: «No se resuelve con simplificaciones. Requiere equilibrio entre justicia y prevención». Su postura, sin embargo, sigue bajo escrutinio en un gabinete que prioriza la adhesión ideológica.
El debate refleja una puja entre enfoques técnicos y alineación política, en un contexto donde la urgencia ambiental demanda respuestas concretas. Mientras tanto, comunidades afectadas esperan soluciones más allá de las disputas internas que dominan la escena pública.
