Desde el peronismo cuestionaron la abstención del legislador de JSRN en la votación y lo acusaron de proteger al oficialismo nacional en medio de la investigación por presunta estafa.
La primera reunión de la comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso dejó fuertes repercusiones en Río Negro. El diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) quedó en el centro de las críticas tras abstenerse en la votación que habilitó la citación de funcionarios del gobierno de Javier Milei, en el marco del escándalo por el presunto fraude con la criptomoneda.
La legisladora Ana Marks (Fuerza Patria) cuestionó públicamente la postura del representante rionegrino y acusó al oficialismo provincial de encubrir al presidente. «Cuando se votó investigar a Milei, eligieron encubrir y votar en contra», expresó en sus redes sociales.
La comisión aprobó el reglamento con 14 votos a favor y resolvió citar a Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos y empresarios vinculados al caso. Además, se enviará un cuestionario escrito a Javier Milei, que tendrá cinco días hábiles para responder.
Mientras la oposición avanza con las citaciones, en Río Negro se abrió un debate político alrededor de la coherencia del partido que lidera Alberto Weretilneck, que en la provincia promovió la ley de “ficha limpia” pero en el Congreso optó por la abstención.
Marks fue tajante: «Mostraron su verdadera cara. Hoy están arrastrados, ocupando una banca solo para garantizar la impunidad de un gobierno de estafadores».
Este martes la comisión investigadora del presunto caso de estafa $LIBRA en el Congreso resolvió citar a funcionarios de Javier Milei a la Cámara de Diputados. En Río Negro, el peronismo nucleado en Frente Patrio apuntó contra el rol del legislador Agustín Domingo (JSRN) por abstenerse en la votación.
El reglamento fue aprobado con 14 votos afirmativos de los 28 integrantes de la comisión. Apoyaron los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Del otro bando, los representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Liga del Interior (“radicales con peluca”) e Innovación Federal (provinciales) optaron por no pronunciarse o abstenerse.
En este sentido, la oposición volvió a citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien esta vez quedó contra las cuerdas, ya que podrá ser llevada a declarar por la fuerza pública, intervención judicial mediante.
Además, convocarán al vocero presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y la excoordinadora de la Unidad Especial de Investigación creada por el Poder Ejecutivo, María Florencia Zicavo; entre muchos otros.
En paralelo, le enviarán un cuestionario escrito de nueve preguntas al propio Javier Milei, que será remitido en lo inmediato. El presidente tendrá cinco días hábiles para responder. Entre las consultas figura cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $LIBRA, que publicó en X el 14 de febrero, ya que esa información no era pública hasta ese momento.
Las citaciones a testigos aún no tienen fecha. Con Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) a la cabeza, la oposición elaborará un cronograma para las próximas semanas. El reglamento no especifica qué tolerancia habrá para solicitar la intervención judicial ante la reticencia de un testigo. Mientras tanto, la oposición irá tanteando el clima político antes de tomar esa decisión.
Cuestionamientos en Río Negro tras la primera reunión de la comisión $LIBRA
A través de X (ex Twitter), la legisladora de Río Negro y candidata a senadora por Fuerza Patria, Ana Marks, apuntó contra un diputado de Juntos Somos Río Negro por abstenerse en la votación.
«¿Qué hizo Agustín Domingo? Encubrió al gobierno. Ya no pueden disimularlo: son cómplices de esta corrupción», sostuvo.
En este sentido, recriminó la posición del espacio que conduce el gobernador Alberto Weretilneck, el cual impulsó la implementación de ficha limpia en la provincia.
«Mostraron su verdadera cara: Cuando se votó investigar a Milei en la comisión de LIBRA, eligieron encubrir y votar en contra», indicó.
Por último, Marks sentenció: «Hoy están arrastrados y lamebotas, ocupando una banca solo para garantizar la impunidad de un gobierno de coimeros y estafadores«.
Continúa escalando el caso de los audios filtrados de Karina Milei. Tras la denuncia que presentó el Gobierno y que obtuvo una medida cautelar que impide difundirlos, Patricia Bullrich denunció que la Casa Rosada y la presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas y acusó al kirchnerismo de encabezar una de las «operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia».
Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. pic.twitter.com/FdzjTZh1Je
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025
En un video que publicó en sus redes sociales, la ministra de Seguridad aseveró que los archivos que trascendieron de la secretaria General de la Presidencia hablando son «grabaciones clandestinas» que fueron «guardadas en silencio durante más de un años» y luego difundidas «como un misil político» en plena campaña electoral.
«Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina, una operación planificada y concertada en todas sus etapas», sostuvo.
En este sentido, recordó el caso de Santiago Maldonado, quien desapareció tras un operativo de Gendarmería en una manifestación mapuche que cortaba la Ruta 40 y fue hallado muerto casi dos meses después en el río Chubut en el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.
«A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia», recordó quien entonces también era ministra de Seguridad.
En este sentido, dijo que quienes llevaron a cabo esa operación son los mismos que están detrás de los audios filtrados, en medio de denuncias de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad por altos funcionarios del gobierno.
Por otra parte, y sin aportar pruebas, Bullrich sentenció que «el kirchnerismo y sus cómplices» están creando un clima de caos operando «desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros».
«Esta vez llegaron más lejos que nunca: espiar en la propia Casa Rosada y en el Congreso de la Nación«, dijo y agregó que los audios difundidos confirman que ambos poderes fueron «violados al mismo tiempo».
A su vez, calificó que la difusión de los audios de manera escalonada evidencian una «extorsión política» y que tiene como objetivo desestabilizar y manipular la opinión pública.
«Sabemos que esta operación no busca decir la verdad, sino sembrar la mentira», destacó y concluyó apuntando contra los periodistas.
La Justicia prohibió difundir audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada
El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal por la filtración de audios en los que se escucha a la Secretaría General de la presidencia, Karina Milei, en conversaciones dentro de la Casa Rosada y solicitó que se prohíba la difusión de ese contenido.
La denuncia recayó en el juez Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Patricio Maraniello, quien hizo lugar al pedido y dictó una medida cautelar que impide la publicación de esos audios.
El magistrado aclaró que la restricción es provisoria, excepcional, y de alcance limitado, y libró un oficio al ENACOM para que comunique su resolución a todos los medios, que incluyen los tradicionales, más portales y streamings.
«Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo», expresó el portavoz presidencial Manuel Adorni, en redes sociales. Y agregó: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
Los audios fueron difundidos por el canal de streaming “Carnaval” y en principio se trataron de comentarios de Karina Milei en reuniones de trabajo dentro de la Casa de Gobierno que no implican ni suponen la comisión de algún delito. Cabe aclarar que no tienen ninguna vinculación con la causa del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
En la resolución que firmó Maranielo, señaló que Karina Milei fundamentó el pedido ante “la posibilidad cierta de que el mencionado contenido sea difundido por medios masivos de comunicacióny/o a través de medios web con el objetivo de dañarla, así como también a su familia y con posibilidad de afectar la función que cumple y las actividades del gobierno nacional”.
La Comisión investigadora del caso $Libra aprobó este martes la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que declare por su presunta participación en la gestación, promoción y articulación política de la criptomoneda $LIBRA, que estalló en febrero tras un posteo del propio presidente Javier Milei y que terminó en una presunta estafa millonaria.
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La citación fue impulsada por la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien aseguró que “su testimonio es fundamental” para entender la articulación entre el entorno presidencial y los promotores del token. Según explicó, se busca determinar su rol como nexo entre empresarios del ecosistema cripto y el jefe de Estado, así como las reuniones en las que habría participado junto a figuras como Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, principales impulsores del proyecto.
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Además de Karina Milei, la comisión también aprobó la citación del vocero presidencial, Manuel Adorni, el diputado de LLA José Luis Espert, y los empresarios vinculados al proyecto, entre ellos Novelli, Terrones Godoy y el ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.
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Espert bajo la lupa
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade propuso la citación de José Luis Espert por un tuit publicado el 19 de marzo, en el que promocionaba otra criptomoneda del estilo “meme coin”, en un caso similar al del presidente Milei. Según Tailhade, el contrato del token fue creado apenas nueve minutos antes del posteo, lo que alimenta la hipótesis de una coordinación previa. El libertario no eliminó la publicación.
Tailhade también recordó una reunión del 30 de enero en la Casa Rosada entre Milei, Espert, Davis, Novelli y Terrones Godoy, que podría vincular al legislador con el entramado cripto que se investiga.
Pedido de documentación y posible citación a Milei
La comisión, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), también aprobó un paquete de medidas de prueba que incluye solicitar documentación a la Jefatura de Gabinete, a la Secretaría General de la Presidencia y al Poder Judicial, a propuesta del secretario de la comisión, Juan Marino.
Además, el diputado del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo propuso citar al propio presidente Javier Milei, por su papel en el impulso del token. La diputada Selva pidió postergar el tratamiento de esa propuesta hasta la próxima reunión. Ferraro, en cambio, sugirió que Milei pueda hacer su descargo por escrito.
Debate por la validez de la comisión
Durante la reunión, diputados de La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR cuestionaron el reglamento de la comisión y la validez de su continuidad, al señalar que los plazos de funcionamiento habían expirado. El libertario Álvaro Martínez y la macrista Silvana Giudici denunciaron que la comisión podría estar excediendo sus atribuciones y “violando la división de poderes”.
Sin embargo, desde la oposición destacaron que el reglamento aprobado “respeta la tradición parlamentaria” y que la comisión investigadora no reemplaza al Poder Judicial, sino que contribuye a la transparencia institucional. La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) afirmó: “No somos abogados de nadie, ni perseguidores. Escucharemos y que cada uno se defienda dentro de los marcos democráticos”.
El caso $Libra
La comisión fue creada tras la promoción oficial del token $LIBRA, una criptomoneda que se disparó en valor tras un posteo del presidente Milei el 14 de febrero pasado y que, tras un breve auge, colapsó dejando pérdidas millonarias a cientos de pequeños inversores. Las denuncias apuntan a un posible uso de información privilegiada, manipulación del mercado y lavado de activos.
El caso también tiene ramificaciones judiciales en la Argentina y en tribunales de Estados Unidos, donde se tramitan demandas contra los responsables del proyecto. Legisladores opositores sostienen que funcionarios del Gobierno habrían operado para favorecer el lanzamiento y posterior salida de fondos vinculados al token.
Con las nuevas citaciones aprobadas, la comisión se prepara para una serie de audiencias clave que podrían agudizar la crisis política y judicial que atraviesa el oficialismo.
El caso de la supuesta estafa $LIBRA se reactivó con fuerza en el Congreso. La oposición volvió a citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien esta vez quedó contra las cuerdas: tanto ella como otros funcionarios podrán ser llevados a declarar por la fuerza pública, intervención judicial mediante. Así lo establece el reglamento aprobado este martes en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Además de Karina, convocarán al vocero presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y la excoordinadora de la Unidad Especial de Investigación creada por el Poder Ejecutivo, María Florencia Zicavo; entre muchos otros.
En paralelo, le enviarán un cuestionario escrito de nueve preguntas al propio Javier Milei, que será remitido en lo inmediato. El presidente tendrá cinco días hábiles para responder. Entre las consultas figura cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $LIBRA, que publicó en X el 14 de febrero, ya que esa información no era pública hasta ese momento.
Las citaciones a testigos aún no tienen fecha. Con Ferraro a la cabeza, la oposición elaborará un cronograma para las próximas semanas. El reglamento no especifica qué tolerancia habrá para solicitar la intervención judicial ante la reticencia de un testigo. La oposición irá tanteando el clima político antes de tomar esa decisión.
El reglamento fue aprobado con 14 votos afirmativos de los 28 integrantes de la comisión. Apoyaron los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Del otro bando, los representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Liga del Interior (“radicales con peluca”) e Innovación Federal (provinciales) optaron por no pronunciarse o abstenerse.
“Estar aquí no significa convalidar los métodos con que se eligió la presidencia”, aclaró la espada parlamentaria del PRO, Silvana Giudici. Los oficialistas y aliados no aportaron al quórum, con dos excepciones: el tucumano Mariano Campero (Liga del Interior) y el bonaerense Eduardo Falcone (MID), dos legisladores que supieron ser aliados incondicionales del Gobierno pero ahora toman distancia.
El artículo 8 del reglamento, titulado “Medidas de fuerza”, establece que “la comisión podrá requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación, fundando dichos requerimientos en la existencia de elementos de prueba vinculados directa y concretamente con el fin de la investigación”.
Y agrega que “en caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna”.
En nombre del oficialismo, el mendocino Álvaro Martínez, rechazó el reglamento: “Más que hacer un reglamento, lo que se pretende es un Poder Judicial paralelo, por las atribuciones que se le pretende dar a la comisión. Para las medidas de fuerza está el Poder Judicial. Lo que están intentando, además de ensuciar al Gobierno, es violar la división de poderes y buscar alguna excusa disfrazada de reglamento para ponerle palos en la rueda al Gobierno”.
La oposición rechazó esos argumentos. “El reglamento está dentro de los canones de los reglamentos de las comisiones investigadoras que hubo”, retrucó Mónica Frade, de la Coalición Cívica. “Nadie pretende ensuciar al Gobierno, porque el Gobierno está solito más sucio que una papa”, remató Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
Otras medidas de prueba
Además de los testimonios, la oposición avanzó con el pedido de numerosas medidas de prueba. A pedido del cordobés Oscar Agost Carreño, se librará un oficio a las exchanges involucradas en el pool de liquidez, el retiro de fondos y las 109 transferencias de fondos vinculados a $LIBRA. Son 16 billeteras, de las cuales cuatro fueron utilizadas para inyectar fondos y retirarlos. El objetivo es conectar billeteras y operaciones con personas.
Por su parte, el kirchnerista Rodolfo Tailhade puso el foco en el diputado libertario José Luis Espert, uno de los que había compartido la publicación de Milei y que luego promocionó otra cripto, $LIBRA V2, pero denunció que le habían hackeado la cuenta. Se librarán oficios por este tema al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2 y a la red social X. En este aspecto avanzan con cuidado, porque Espert goza de fueros.
También se solicitó información sobre los ingresos y egresos, tanto en la Casa Rosada como en la residencia de Olivos, de Hayden Davis (creador de $LIBRA), Terrones Godoy, Morales, y el conocido como “Julian Peh”, entre otros. A su vez, crearán una subcomisión de cinco miembros que se constituyan en el estrado de la jueza María Servini con el fin de que tengan acceso al expediente “in situ”.
La Justicia prohibió el lunes la difusión de audios vinculados a Karina Milei. El responsable de la acción fue el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello. La medida se da en medio de investigaciones por presuntas coimas en Discapacidad. El magistrado que impidió que se divulguen las grabaciones enfrenta actualmente nueve enuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura. Cinco de ellas son por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.
El juez que prohibió los audios fue notificado por denuncias la semana pasada
Según informó Infobae, la notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
El medio de Buenos Aires explicó que por las dimensiones que tuvo las acusaciones contra Maraniello, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) solicitó desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados. Luego, celebró la organización sindical que se logró “la consigna policial en el horario laboral”.
Amplió que los expedientes contra el magistrado abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos.
El lunes se prohibió difundir audios vinculados a Karina Milei
El Poder Judicial ordenó el lunes el «cese inmediato» de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional».
La resolución judicial es de Alejandro Patricio Maraniello y ordena el cese de la difusión «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».
Segú explicó Noticias Argentinas, para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispuso que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
El vocero presidencial, Manuel Adorni aseguró que la Justicia «reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».
La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba supuestamente a la hermana del Presidente pedir «unidad» en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto.
La polémica sobre las presuntas coimas en Discapacidad sumó un nuevo capítulo y se volvió un asunto internacional. Los audios del extitular Diego Spagnuolo cuando se difundieron generaron una ola de críticas y en un intento por terminar con la repercusión, la Justicia prohibió su publicación. Sin embargo, un periodista de Uruguay desafió la medida argentina y afirmó que este martes revelará «los últimos audios» del caso.
La publicación de los audios que generaron un escándalo en Argentina por hablar sobre un hecho de corrupción dentro del gobierno de Javier Milei fueron prohibidos por la Justicia, pero el periodista uruguayo, Eduardo Preve, hará caso omiso a la orden.
Según lo informado en Noticias Argentinas, Preve anunció a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24 que compartirá los audios del caso en la emisión del programa «La Tapadita».
«AUDIOGATE ARGENTINA. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios», dice la publicación.
El posteo llegó horas después de que un juez federal argentino dictara una medida cautelar para frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, una decisión tomada por el Gobierno al afirmar que se trataba de una «operación de inteligencia ilegal».
Pese a la prohibición, el desafío del periodista es posible ya que la radio M24 no solo emite por FM en Montevideo y Maldonado, sino que transmite toda su programación online a través de su página web por lo tanto se vuelve un sitio accesible en cualquier parte del mundo y deja sin efecto práctico la medida cautelar.
Denuncia del Gobierno y la decisión de la Justicia
El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal por la filtración de audios en los que se escucha a la Secretaría General de la presidencia, Karina Milei, en conversaciones dentro de la Casa Rosada y solicitó que se prohíba la difusión de ese contenido.
La denuncia recayó en el juez Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Patricio Maraniello, quien hizo lugar al pedido y dictó una medida cautelar que impide la publicación de esos audios.
El magistrado aclaró que la restricción es provisoria, excepcional, y de alcance limitado, y libró un oficio al ENACOM para que comunique su resolución a todos los medios, que incluyen los tradicionales, más portales y streamings.
«Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo», expresó el portavoz presidencial Manuel Adorni, en redes sociales. Y agregó: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
Patricia Bullrich salió al cruce tras la filtración de audios de Karina Milei y cargó duramente contra quienes los hicieron públicos. La ministra de Seguridad, aseguró que «no son periodistas» sino parte de una «mafia» que busca desestabilizar al Gobierno. Calificó la grabación ilegal dentro de la Casa Rosada como un hecho «inédito e increíble».
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En una entrevista con el periodista Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Bullrich explicó por qué, a su criterio, la difusión del material no es un acto periodístico. «Un periodista, si recibe un audio, primero habla con la fuente. Pero si dice: ‘Lo voy a pasar 60 días seguidos’, está siendo parte de un intento de desestabilización», sentenció la ministra.
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Bullrich enmarcó el episodio dentro de una «operación de inteligencia ilegal» con fines desestabilizadores. «No podemos ser ingenuos. Todo esto pasa mientras intentan mover la economía, subir el dólar, paralizar el Congreso», afirmó, y vinculó los «ataques con audios» a los «ataques con piedras» que sufre el oficialismo.
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El periodista Jorge Rial, cuyo programa en C5N y su canal de streaming han sido centrales en la difusión de los escándalos, recogió el guante y le respondió directamente a través de sus redes sociales. Acusó al gobierno de Javier Milei de ir «directo contra la libertad de prensa y expresión» y calificó la denuncia oficial como una «intolerable amenaza».
Rial desestimó la teoría de una conspiración y aseguró que las filtraciones no son más que el reflejo de la «propia interna» del Gobierno. Lejos de retroceder, advirtió que es «imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado» y concluyó: «Hacemos Periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia».
Prohiben difundir los audios grabados ilegalmente a Karina Milei
Este lunes se conoció una disposición de la Justicia, luego de que el Gobierno Nacional realizara una denuncia, ya que según el vocero Manuel Adorni, hubo «una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral».
«Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo», indicó a través de su cuenta de X. «No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido«, concluyó.
El fallo, firmado por el juez Alejandro Patricio Maraniello, prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada, así lo informó TN.
«La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión», aclaró Adorni tras confirmar la medida.
¿Quiénes son los responsables de filtran los audios?
Sobre los responsables identificados de la filtración de los audios, se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quien consideran un operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE, Fernando Pocino.
La presentación dice que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, «lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial».
En medio del escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad, el Gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia Federal las grabaciones realizadas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se trata de una «operación de inteligencia ilegal» que busca «desestabilizar el país».
Desde su cuenta de «X», el vocero presidencial informó que el Gobierno realizó, ante la Justicia Federal, una denuncia por las grabaciones de «conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios» en relación a los audios que se difundieron vinculan a la secretaria del Presidente con el presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Además, aseguró que las conversaciones «fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo».
«No fue una filtración»: los dichos de Manuel Adorni sobre los audios que vinculan a Karina Milei con presuntas coimas en Discapacidad
El vocero presidencial no hizo referencia a Lule Menem y su vinculación con las presuntas coimas.
El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
A través de «X» aseguró que los audios no fueron «una filtración», si no que fueron un «ataque ilegal, planificado y dirigido».
El Poder Judicial ordenó este lunes el «cese inmediato» de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional».
Un juez nacional dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado el pasado 29 de agosto. La resolución ordena el cese de la difusión «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».
Foto: NA
Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia «reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».
La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir «unidad» en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.
