NEUQUEN.UNO

Etiqueta: Legislatura

  • Río Negro avanza en la regulación de celulares e inteligencia artificial en las escuelas

    Río Negro avanza en la regulación de celulares e inteligencia artificial en las escuelas

    La Legislatura de Río Negro dio un primer paso para regular el uso de celulares, dispositivos digitales e inteligencia artificial en ámbitos sensibles como las escuelas y los quirófanos. Durante la última sesión, los legisladores aprobaron en primera vuelta dos proyectos que buscan establecer criterios para el uso responsable de la tecnología tanto en el sistema educativo como en los espacios de atención sanitaria.

    Una de las iniciativas, aprobada por unanimidad, crea un marco regulatorio para la utilización de dispositivos digitales personales, herramientas de inteligencia artificial y tecnologías emergentes dentro de las instituciones educativas de la provincia.

    El proyecto establece pautas diferenciadas según el nivel de enseñanza. En el Nivel Inicial se restringe el uso de celulares, tablets y relojes inteligentes durante toda la jornada escolar, salvo situaciones vinculadas con la salud, la accesibilidad o emergencias. En Primaria, los dispositivos podrán utilizarse únicamente en actividades pedagógicas planificadas y supervisadas por docentes. En tanto, en Secundaria, su uso dentro del aula dependerá de las indicaciones del profesor y, fuera de ella, quedará sujeto a las normas de convivencia de cada establecimiento.

    La normativa incorpora además criterios para la utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa. Entre otros puntos, busca evitar que estas tecnologías reemplacen el trabajo intelectual de los estudiantes o afecten los procesos de evaluación y aprendizaje.

    Asimismo, prevé restricciones para la grabación, captura y difusión de imágenes, videos o audios dentro de los establecimientos educativos sin autorización, con el objetivo de resguardar la privacidad de estudiantes y docentes y prevenir situaciones de ciberacoso.

    Por otra parte, la Cámara también aprobó en primera vuelta una iniciativa destinada a regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en quirófanos de hospitales públicos, clínicas privadas y centros de salud de la provincia.

    El proyecto establece limitaciones para la realización de llamadas personales, el envío de mensajes, el uso de redes sociales y la captura de imágenes o videos durante procedimientos quirúrgicos, salvo en situaciones excepcionales vinculadas con la atención médica o emergencias.

    Los impulsores de la propuesta sostienen que la medida apunta a reducir riesgos sanitarios asociados a la contaminación bacteriana de los dispositivos móviles y a evitar distracciones que puedan comprometer la seguridad de los pacientes.

    Ambas iniciativas deberán superar una segunda vuelta legislativa antes de convertirse en ley. De avanzar definitivamente, Río Negro contará con nuevas herramientas regulatorias orientadas a ordenar el uso de la tecnología en ámbitos donde la educación, la salud y la protección de derechos requieren especial resguardo.

  • derechos y directrices para pacientes

    derechos y directrices para pacientes

    El proyecto de ley impulsado por el bloque CC ARI Cambiemos para establecer un marco procedimental ante situaciones de urgencia médica vinculadas al rechazo de transfusiones sanguíneas obtuvo esta semana dictamen favorable en comisiones y pasó a Labor Parlamentaria en la Legislatura de Río Negro, para su incorporación al temario de la próxima sesión.

    La iniciativa, presentada en abril de 2025, busca brindar seguridad jurídica a los equipos de salud cuando deben actuar frente a pacientes que, por razones religiosas o de conciencia, rechazan transfusiones sanguíneas.

    El proyecto crea un Registro Provincial de Directivas Anticipadas, donde los ciudadanos podrán dejar constancia de su voluntad respecto de este tipo de procedimientos médicos. De esta manera, los profesionales de la salud contarán con una herramienta que les permita conocer de manera fehaciente la decisión del paciente al momento de intervenir en situaciones críticas.

    “Los equipos médicos enfrentan dilemas éticos complejos cuando un paciente inconsciente ingresa a una guardia en estado crítico sin que conste su voluntad previa. Frente a esta incertidumbre, el profesional necesita directrices precisas”, se explica en los fundamentos del proyecto.

    La propuesta establece que, cuando exista una constancia expresa, válida y vigente de la negativa a recibir transfusiones sanguíneas, esta deberá ser respetada conforme a la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

    Durante el debate en comisiones se incorporó, a pedido de la legisladora Ayelén Spósito, del bloque Vamos con Todos, un artículo que reafirma el respeto a la voluntad expresamente manifestada por los pacientes que rechacen transfusiones por motivos de conciencia o religión. La modificación también contempla una situación específica para adolescentes de entre 16 y 18 años, estableciendo la intervención inmediata de la Justicia cuando la negativa comprometa de manera inminente su vida.

    La iniciativa determina además que, ante una situación de riesgo de vida y en ausencia de documentación válida que acredite la voluntad del paciente, el equipo médico podrá proceder con el tratamiento indicado priorizando la preservación de la vida y la salud.

    “Este proyecto no busca contrariar el principio de autonomía, sino ofrecer herramientas jurídicas y administrativas que garanticen su respeto cuando esa voluntad pueda ser acreditada de manera fehaciente”, remarcaron los autores.

    El texto prevé además la capacitación de los equipos de salud sobre los alcances legales y éticos de estas situaciones, la implementación del registro provincial y la promoción de tratamientos alternativos a las transfusiones cuando resulten médicamente viables.

  • Weretilneck anunció la adhesión de Río Negro al RIMI

    Weretilneck anunció la adhesión de Río Negro al RIMI

    Alberto Weretilneck anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para incorporar a la provincia al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. La iniciativa apunta a fortalecer sectores estratégicos como la industria, el comercio, la agricultura y la ganadería.

    El gobierno de Río Negro avanzará en los próximos días con una nueva estrategia destinada a captar inversiones privadas y estimular el desarrollo económico provincial. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que la provincia adhiera al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta promovida por el Gobierno nacional para fomentar proyectos productivos de escala intermedia.

    La propuesta busca ampliar el universo de empresas que pueden acceder a beneficios fiscales y mecanismos de promoción, complementando las políticas provinciales orientadas a fortalecer la actividad económica y la generación de empleo.

    Según explicó el mandatario, la adhesión permitirá ofrecer condiciones más competitivas para quienes decidan invertir en territorio rionegrino, tanto desde otras provincias como desde el exterior. El objetivo es consolidar a Río Negro como uno de los destinos más atractivos para el desarrollo de emprendimientos productivos en distintos sectores de la economía.

    La iniciativa se suma a un conjunto de herramientas que la provincia ya viene aplicando para estimular la inversión privada, entre ellas regímenes de promoción industrial, beneficios impositivos y programas de incentivo para actividades estratégicas.

    Desde el Ejecutivo provincial consideran que el nuevo esquema puede transformarse en un instrumento clave para impulsar proyectos vinculados a la producción agropecuaria, la agroindustria, el comercio, la industria manufacturera y otros sectores con potencial de crecimiento y generación de puestos de trabajo.

    Weretilneck sostuvo que la provincia pretende replicar, en el segmento de las inversiones medianas, el posicionamiento que ya logró en los últimos años con proyectos de gran escala vinculados a la energía, la minería y la infraestructura.

    El mandatario destacó además que la incorporación al régimen nacional permitirá potenciar las ventajas competitivas de Río Negro mediante una combinación de incentivos nacionales y provinciales, generando un marco de mayor previsibilidad para los inversores.

    La decisión llega en un contexto económico complejo para gran parte de la actividad productiva argentina, donde las provincias buscan atraer capitales y estimular la creación de empleo mediante esquemas que reduzcan costos y faciliten la puesta en marcha de nuevos proyectos.

    En el Gobierno provincial sostienen que la generación de condiciones favorables para la inversión constituye una de las principales herramientas para impulsar el crecimiento económico y fortalecer el desarrollo regional en el mediano y largo plazo.

    Ahora será la Legislatura rionegrina la encargada de analizar el proyecto de adhesión, en una discusión que podría marcar un nuevo capítulo en la estrategia provincial para ampliar la actividad productiva y consolidar oportunidades laborales en distintas regiones del territorio.

  • Avanza en la Legislatura la reforma del Código Procesal de Familia

    Avanza en la Legislatura la reforma del Código Procesal de Familia

    Avanza en la Legislatura la reforma del Código Procesal de Familia

    La comisión interpoderes encargada de elaborar el nuevo Código Procesal de Familia de Neuquén inició hoy una nueva etapa de trabajo con una reunión en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado, diputados y diputadas, universidades, colegios profesionales, magistrados, Ministerio Público de la Defensa, Policía provincial y delegados regionales. Según se informó en la reunión, el cuerpo tiene plazo hasta octubre para sancionar el nuevo instrumento procesal en materia de familia. El acto de apertura estuvo encabezado por la vicepresidenta primera de la Legislatura a cargo de la presidencia, Zulma Reina; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres; y el titular de la comisión interpoderes, Ernesto Novoa (Comunidad).

    “Pretendemos que este Código también sea un ejemplo”, expresó Reina, al destacar la experiencia de trabajo desarrollada durante la elaboración del Código Procesal Civil adversarial, proceso que definió como un antecedente de construcción participativa y consenso institucional. A la vez, informó que la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci – encargada de la conducción técnica del proceso- remitió recientemente un anteproyecto compuesto por 314 artículos que será utilizado como referencia para el análisis del cuerpo y recordó que la comisión interpoderes fue creada en abril del año pasado mediante la resolución 1229. “Ustedes se han ocupado de escuchar todas las voces y poder dar respuesta”, señaló al ponderar la metodología implementada en el marco de la reforma procesal civil.

    A su turno, Mazieres valoró la continuidad del trabajo de la comisión y sostuvo que el camino recorrido “ha sido de construcción colectiva y federal”. Además, afirmó que el nuevo texto permitirá contar con “un Código Procesal de Familia bien neuquino” y ratificó el compromiso del Poder Judicial para acompañar el proceso y aportar información técnica durante el tratamiento.

    Por su parte, Novoa definió la reunión como “una nueva jornada institucional histórica para la provincia” y vinculó el inicio del debate con el trabajo realizado el año pasado para la sanción del Código Procesal Civil adversarial. En ese sentido, remarcó que se trata del “último tramo” de la iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para modernizar los códigos procesales de la provincia y remarcó la importancia de avanzar en un instrumento específico para el fuero de familia. 

    La diputada Cielubi Obreque (MPN) se refirió a la metodología de trabajo que desarrollará el cuerpo hasta la sanción del nuevo Código. Al respecto, especificó que se mantendrán reuniones los días lunes por la mañana y que, salvo excepciones, la subcomisión no realizará encuentros en el interior de la provincia.  Sobre este punto, recordó que durante las recorridas que se realizaron el año pasado, previo a la sanción del Código Procesal Civil y Comercial, también se recopilaron opiniones de referentes y vecinos respecto a temas vinculados al proceso de familia que se adjuntarán a las actas de trabajo de la comisión. En su intervención, también recordó que actuará como colaboradora del cuerpo interpoderes la especialista Mariel Molina de Juan. 

    La subsecretaria Legal y Técnica de la provincia, María Laura Du Plessis -designada como miembro de la comisión por el Poder Ejecutivo- destacó la experiencia desarrollada durante la reforma del Código Procesal Civil y Comercial y valoró la continuidad de la metodología de trabajo.

    En representación de la presidencia de la Legislatura, estuvieron Ramiro Benítez, quien también formó parte de la elaboración de Código Procesal Civil Adversarial, y Victoria Rezzónico.

    Aportes de representantes institucionales

    En tanto, distintos representantes institucionales coincidieron en señalar la necesidad de que la futura norma contemple las particularidades territoriales y sociales de la provincia.

    Desde el Ministerio Público de la Defensa, la defensora general Vanina Merlo remarcó que el proceso deberá incorporar la mirada territorial y articularse con otros cambios normativos en marcha a nivel nacional, como la implementación del nuevo sistema penal juvenil, a partir del mes de septiembre, y la discusión sobre una posible reforma de la ley de salud mental. 

    La ex jueza de familia y representante de Universidad Católica de Salta (UCASAL), María Gabriela Ávila, afirmó que desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial los jueces tuvieron que trabajar “pretorianamente” debido a la falta de regulación procesal específica en materia de familia. “Es una gran necesidad que tiene la provincia hace muchos años”, dijo.

    Por su parte, Eliana Fortbetil, referente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, sostuvo que el nuevo Código “no tiene que ser meramente declarativo” y planteó la necesidad de contemplar “las realidades de las distintas familias neuquinas” y la capacidad operativa de cada localidad.

    A su turno, representantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y del Colegio de Abogados destacaron la apertura institucional del proceso y ponderaron la posibilidad de aportar desde la experiencia en la práctica profesional y el ámbito académico.

    Por otro lado, los representantes de la Policía provincial señalaron la importancia de participar en la discusión debido a la intervención cotidiana de la fuerza en situaciones vinculadas a niñez y violencia familiar. Pablo Carballal, de la dirección de Planeamiento de la Policía, indicó que “ un 33% de todas las denuncias recibidas son por violencia familiar”, dato que consideró central para el abordaje del nuevo régimen procesal.

    Participaron de la reunión los diputados y diputadas Yamila Hermosilla (Comunidad), Mónica Guanque (Democracia Neuquén), Claudio Domínguez (MPN), Gabriel Álamo (MPN), Patricia Fernández (MPN), Ludmila Gaitán (MPN), Gerardo Gutiérrez (MPN), Damián Canuto (PRO-NCN) y Gisselle Stillger (Arriba Neuquén).

    Por el Poder Ejecutivo, asistió también Nadia Carolina de Lourdes Casal; por la FADECS, Moria Revsin; por el Colegio de Abogados, Sebastián Fernández; y por la Escuela de Cadetes, Marco Antonio Mora.

    Neuquén, 26 de mayo de 2026.

  • Programa de refrigerio obligatorio para personal policial

    Programa de refrigerio obligatorio para personal policial

    Programa de refrigerio obligatorio para personal policial

    Ingresó a la Legislatura un proyecto para garantizar el servicio de refrigerio a personal policial en funciones operativas en la vía pública. La propuesta, presentada por el ciudadano Ariel Pérez Castillo, determina el origen y las características del refrigerio, así como también las condiciones de distribución, a cargo del Ministerio de Seguridad. 

    El articulado establece con carácter de obligatorio, permanente y gratuita la  provisión de un «Servicio de Refrigerio e Hidratación» para todo el personal de fuerza policial en funciones de prevención, guardias, patrullajes, puestos de control vial y unidades especiales.

    En temporada invernal, el refrigerio consistirá de infusiones calientes y alimentos de sustento calórico adecuado, mientras que en verano se garantizará –además- la provisión de agua fresca y productos de hidratación complementarios, así como también frutas, semillas y frutos secos.

    Los productos para afrontar el servicio devendrán de convenios con comercios y productores locales que donarán los alimentos en cuestión. Lo harán a través del “Programa de Recuperación de Excedentes Alimentarios», creado por la propia ley. El Ministerio de Seguridad –en tanto autoridad de aplicación de la ley- será el organismo responsable civil, penal y administrativo de la conservación, el control bromatológico y el transporte del alimento hasta su destino final.

    La iniciativa explicita, además, la prohibición de descontar el valor del refrigerio provisto por el programa de los haberes, adicionales o compensaciones salariales del personal policial.

    “Para contar con una fuerza policial eficiente, profesional y comprometida, es indispensable que el Estado provincial garantice condiciones de trabajo dignas que resguarden la salud física y mental de sus efectivos”, explica Pérez Castillo en los fundamentos.

    Más adelante agrega que el servicio de protección ciudadana suele implicar extensas jornadas laborales para los agentes de la seguridad pública, muchas veces a la intemperie y en condiciones climáticas severas. “Cuidar la nutrición e hidratación de quien trabaja recargado es una obligación elemental de salud laboral”, explica en tal sentido el impulsor de la propuesta. 

    El proyecto de ley (18370) ingresó por Mesa de Entradas el 22 de mayo.

  • Río Negro avanza para prohibir cortes de servicios esenciales hasta 2027

    Río Negro avanza para prohibir cortes de servicios esenciales hasta 2027

    La Legislatura aprobó en primera vuelta un proyecto que impide suspender luz, gas y agua a sectores vulnerables. La iniciativa no elimina deudas, pero obliga a planes de pago accesibles.

    La Legislatura de Río Negro dio un paso clave para garantizar el acceso a servicios básicos al aprobar en primera vuelta un proyecto que prohíbe el corte de luz, gas y agua a sectores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2027.

    La iniciativa, que obtuvo 35 votos a favor y 4 en contra, aún debe superar una segunda vuelta para su sanción definitiva. El objetivo central es evitar que la falta de pago derive en la interrupción de servicios esenciales en hogares con dificultades económicas.

    El proyecto retoma y amplía un régimen que había estado vigente hasta fines de 2025, con sucesivas prórrogas desde su creación en 2009. En esta nueva versión, se actualizan los criterios para acceder al beneficio y se amplía el universo de usuarios alcanzados.

    Entre los grupos protegidos se incluyen jubilados, personas con discapacidad y familias cuyos ingresos no superen el valor de la canasta básica. También contempla a quienes habitan viviendas únicas, aun cuando no sean titulares del servicio.

    Para acceder al beneficio, los usuarios deberán presentar una declaración jurada. Una vez validado el trámite, las empresas prestatarias estarán obligadas a restituir el servicio en un plazo máximo de 48 horas y sin cobrar costos de reconexión.

    Uno de los puntos centrales del proyecto es que no implica la condonación de deudas. En cambio, establece la obligación de las empresas de ofrecer planes de pago accesibles, con cuotas que no podrán superar el 20% del monto de la factura de mayor consumo del usuario.

    Además, la norma prevé sanciones para las prestadoras que incumplan lo dispuesto, con la aplicación de multas diarias en caso de no acatar la restitución del servicio o las condiciones establecidas.

    Durante el debate, la legisladora Magdalena Odarda, una de las autoras del proyecto, defendió la iniciativa como una herramienta para garantizar derechos básicos en un contexto económico complejo. En la misma línea, distintos bloques destacaron su sustento constitucional y la necesidad de sostener políticas públicas que protejan a los sectores más afectados.

    La votación evidenció un amplio respaldo político, aunque también dejó en claro diferencias dentro del recinto, con el rechazo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y el ARI.

    Con la aprobación en primera vuelta, el proyecto avanza en su tratamiento legislativo y podría convertirse en ley en las próximas semanas, en un escenario marcado por la discusión sobre el acceso a servicios esenciales y el impacto de la crisis económica en los hogares.

  • Río Negro dio el primer paso para habilitar el uso de armas no letales en la Policía

    Río Negro dio el primer paso para habilitar el uso de armas no letales en la Policía

    La Legislatura aprobó en primera vuelta el proyecto que incorpora dispositivos como Taser y gas pimienta. La iniciativa fija requisitos de capacitación, controles y registro de cada intervención.

    La Legislatura de Río Negro avanzó en la regulación del uso de armas no letales al aprobar en primera vuelta un proyecto que habilita a la Policía provincial a utilizar este tipo de dispositivos en operativos de seguridad. La iniciativa obtuvo 28 votos a favor y 9 en contra, y deberá ser ratificada en un segundo tratamiento para convertirse en ley.

    El proyecto, impulsado por la legisladora Yolanda Mansilla, propone incorporar herramientas como pistolas Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado —como balas de goma— y dispositivos de disuasión acústica o luminosa. El objetivo, según se planteó en el recinto, es permitir intervenciones policiales que reduzcan el riesgo de lesiones graves o muertes.

    Durante el debate, la autora sostuvo que la norma apunta a actualizar el marco legal bajo el principio de uso progresivo de la fuerza, priorizando alternativas al empleo de armas de fuego en situaciones de riesgo.

    La propuesta establece condiciones estrictas para su implementación. Solo podrán utilizar estos dispositivos los efectivos que cuenten con capacitación certificada, la cual deberá quedar asentada en un registro oficial con datos de formación, instructores y fechas de habilitación.

    Además, cada intervención deberá ser registrada mediante audio y video, con el objetivo de garantizar transparencia y permitir el control administrativo y judicial de los procedimientos.

    El uso de estas herramientas estará limitado a situaciones específicas, como peligro inminente, defensa propia o de terceros, o cuando sea necesario impedir un delito y otros medios resulten insuficientes.

    Uno de los ejes de discusión en el recinto fue la denominación de estos dispositivos. Desde algunos bloques se planteó que el término “no letales” puede resultar impreciso, ya que en determinadas circunstancias también pueden provocar consecuencias fatales, por lo que propusieron denominarlas “menos letales”.

    El oficialismo y bloques aliados respaldaron la iniciativa al considerarla una herramienta moderna para el accionar policial, mientras que desde sectores de la oposición se advirtió sobre posibles abusos, especialmente en contextos de protesta social. También se planteó la necesidad de limitar su uso en manifestaciones públicas y en grupos vulnerables.

    El proyecto contempla que los dispositivos deberán cumplir con estándares técnicos y de seguridad establecidos a nivel nacional, y prevé su aplicación en unidades específicas como brigadas motorizadas o cuerpos especiales.

    En cuanto a los costos, se estimó que cada dispositivo tipo Taser podría rondar los 3.000 dólares, lo que abre también el debate sobre el impacto presupuestario de su implementación.

    Con la aprobación en primera vuelta, Río Negro se encamina a sumarse a otras jurisdicciones que ya incorporaron este tipo de herramientas, en medio de un debate abierto sobre seguridad, uso de la fuerza y control de las prácticas policiales.

  • La Legislatura de Río Negro ratificó del proyecto de GNL de Southern Energy

    La Legislatura de Río Negro ratificó del proyecto de GNL de Southern Energy

    La Legislatura de Río Negro aprobó por amplia mayoría la ratificación del acuerdo firmada el 14 de abril pasado entre la Provincia, Southern Energy S.A. (SESA) y San Matías Pipeline S.A., orientada a establecer un régimen fiscal y de estabilidad regulatoria para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías.

    ,

    La decisión, acompañada por una amplia mayoría en la Legislatura (41 votos a favor y 3 en contra), consolida un nuevo avance en el camino que viene construyendo Río Negro para convertirse en un actor estratégico de la exportación energética argentina.

    ,

    El gobernador Alberto Weretilneck destacó el respaldo legislativo y remarcó que este proyecto “ratifica el rumbo que elegimos para Río Negro: transformar nuestros recursos en empleo, desarrollo y obras para nuestra gente, con reglas claras y defendiendo los intereses de la provincia en cada decisión”.

    Un paso clave para consolidar a Río Negro como exportador de GNL

    El Proyecto FLNG prevé la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, con una capacidad total de 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Además, contempla la construcción de un gasoducto dedicado de 471 kilómetros y 36 pulgadas, que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina.

    La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó el acompañamiento legislativo que permitió avanzar con una herramienta clave para dar previsibilidad a una inversión de escala internacional.

    “Queremos agradecer a los legisladores que acompañaron esta decisión y que entienden el cambio de perfil productivo al que estamos asistiendo en Río Negro. Este no es un proyecto aislado: es parte de un rumbo que venimos construyendo con planificación, reglas claras y defensa de los intereses de todos los rionegrinos”, afirmó Confini.

    A su vez, remarcó que el acompañamiento no fue unánime, pero valoró especialmente a quienes respaldaron el proyecto “con una mirada estratégica sobre lo que ya está pasado en la provincia”.

    “Agradecemos a quienes confían en esta etapa de transformación. Río Negro está asumiendo un rol central en el desarrollo energético nacional, y el Gobierno Provincial tiene la responsabilidad de cuidar que ese proceso se traduzca en empleo, infraestructura, ingresos y oportunidades reales para nuestra gente”, sostuvo.

    Previsibilidad para invertir y beneficios para Río Negro

    El acuerdo busca brindar certeza jurídica, fiscal y regulatoria para el desarrollo del Proyecto FLNG, una condición clave para una inversión de gran escala vinculada a la producción, transporte, licuefacción y exportación de gas natural.

    El proyecto podría generar para Río Negro más de USD 490 millones en 20 años, entre cánones, regalías, tasas, aporte comunitario y un aporte variable asociado al precio internacional del GNL.

    Entre esos beneficios se incluye un aporte comunitario fijo de USD 36 millones, destinado a seguridad, salud e inversiones comunitarias. Además, la norma dispone que el 5% de esa contribución sea asignado al Municipio de San Antonio Oeste para obras de infraestructura y equipamiento.

    Río Negro, puerta de salida al mundo

    Southern Energy está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El consorcio proyecta una inversión superior a los USD 15.000 millones para operar durante 20 años un esquema de exportación basado en dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías.

    Este avance se suma a otros hitos recientes del desarrollo del GNL en la provincia, como el primer contrato de venta con la empresa estatal alemana SEFE, que prevé exportaciones por 2 millones de toneladas anuales de GNL desde el Golfo San Matías a partir de fines de 2027.

    El acuerdo incorpora compromisos ambientales, entre ellos la adhesión de Southern Energy al Programa de Monitoreo de la zona costera de influencia del Golfo San Matías, con el objetivo de garantizar seguimiento, fiscalización y cuidado de los recursos naturales.

  • La Libertad Avanza tendrá bloque propio en la Legislatura de Río Negro

    La Libertad Avanza tendrá bloque propio en la Legislatura de Río Negro

    El vicegobernador Pedro Pesatti habilitó la conformación del bloque de La Libertad Avanza, al igual que ya lo había hecho con otras bancadas. La decisión será tratada en Labor Parlamentaria, donde podría ser revisada si se presenta una moción de censura con respaldo de los jefes de bloque.


    La Legislatura de Río Negro avanza hacia la conformación formal de un bloque de La Libertad Avanza, luego de que el vicegobernador Pedro Pesatti informara en la comisión de Labor Parlamentaria su decisión de habilitar su funcionamiento dentro del esquema parlamentario.

    La medida se enmarca en una práctica habitual del cuerpo legislativo, según explicaron fuentes parlamentarias, que remarcan que la habilitación de bloques suele quedar sujeta a la posterior validación o revisión en el ámbito de Labor Parlamentaria.

    En este caso, el pedido venía siendo impulsado por el legislador César Domínguez, quien había solicitado la conformación del espacio desde su incorporación a La Libertad Avanza. Su situación política estuvo atravesada previamente por un conflicto judicial iniciado por su ex fuerza política, que buscaba la revocación de su mandato. Ese proceso fue resuelto por la Justicia Electoral a favor del legislador, fallo que luego fue confirmado tras la intervención del Superior Tribunal de Justicia.

    La decisión de Pesatti generó una posición en disidencia por parte de la legisladora Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, quien expresó su rechazo a la habilitación del nuevo bloque. Sin embargo, el esquema formal del trámite prevé que el tema sea debatido en la próxima reunión de Labor Parlamentaria, donde podría ser revisado.

    Según el procedimiento legislativo, la conformación definitiva de un bloque puede ser objetada si algún presidente de bancada presenta una moción de censura con el acompañamiento del resto de los jefes parlamentarios. En caso contrario, la resolución quedaría firme.

    Con esta definición, la conducción legislativa avanza en la formalización de una nueva representación política dentro del recinto, que se sumaría al mapa ya existente de bloques en la Cámara.

  • Río Negro propone sancionar a padres por casos de bullying escolar

    Río Negro propone sancionar a padres por casos de bullying escolar

    La Legislatura de Río Negro puso sobre la mesa una propuesta que promete generar debate y sacudir a toda la comunidad educativa: sancionar a los padres de chicos involucrados en casos de bullying. El proyecto busca frenar una problemática que viene en aumento y que, según advierten, ya no puede ser tratada como un simple conflicto entre estudiantes.

    En concreto, la iniciativa propone aplicar multas y otras sanciones a los adultos responsables que no intervengan para corregir conductas de acoso escolar. La idea es poner el foco en la responsabilidad familiar y obligar a los tutores a involucrarse activamente cuando sus hijos protagonizan situaciones de violencia en las aulas.

    Además, el proyecto apunta a una intervención temprana, pero con herramientas mucho más firmes. En ese sentido, se le otorga un rol clave a la Justicia de Paz, que podrá actuar directamente ante denuncias de instituciones educativas o familiares, sin necesidad de una denuncia policial previa en casos que no configuren delitos penales.

    Los impulsores de la propuesta, los legisladores Javier Acevedo y Roberta Scavo (CC ARI), sostienen que muchas situaciones de acoso superan las herramientas pedagógicas tradicionales. Por eso, buscan ampliar el marco institucional para dar respuestas más contundentes ante casos graves que afectan la convivencia escolar.

    Pero el trasfondo es aún más sensible. La discusión sobre el bullying cobró fuerza en medio de un contexto nacional atravesado por amenazas de tiroteos en escuelas, muchas de ellas vinculadas a situaciones de hostigamiento. Ese escenario encendió alarmas y obligó a reforzar protocolos de seguridad, alterando el día a día en las aulas y generando preocupación en familias y docentes.

    En ese marco, el proyecto es tajante: la violencia escolar “no debe ser banalizada ni naturalizada”. Y va más allá. Define al bullying como una conducta agresiva, intencional y repetitiva que busca someter y dañar a otro estudiante, afectando su autoestima y generando miedo.

    Si los padres no actúan, las consecuencias pueden ser concretas. El juez podrá aplicar sanciones progresivas: desde advertencias y asistencia obligatoria a programas de prevención, hasta trabajos comunitarios y multas económicas que podrían alcanzar cifras millonarias y el dinero recaudado será destinado a organismos de protección de la niñez, con el objetivo de financiar campañas de concientización y prevención.