Una denuncia penal radicada ante la Fiscalía de Zapala pone bajo la lupa la gestión del intendente de Las Lajas, Pablo Cortez. La presentación, firmada por el concejal Juan Cabezas, del bloque Juntos, detalla dos hechos que configurarían una superposición entre la función pública y negocios particulares del jefe comunal, en presunta violación a las normas de ética pública y al Código Penal de la Nación.
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La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, eventualmente, administración fraudulenta.
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Explotación minera propia autorizada por el municipio
Según consta en la denuncia, mediante nota de fecha 01/12/2025, el intendente Pablo Cortez elevó a la presidencia del Concejo Deliberante de Las Lajas un proyecto de ordenanza. En dicha nota solicitó a ese cuerpo deliberativo la autorización municipal requerida por la Dirección Provincial de Minería para la explotación de un yacimiento correspondiente al Expediente minero N° 3452-000468-2007-00001/2007 y Expediente N° 669/2002, unificados.
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En el mismo escrito, el propio intendente reconoce que es titular del yacimiento, que se encuentra en funciones como jefe comunal y que no puede autorizarse a sí mismo, por lo que solicita la intervención del Concejo Deliberante.
Posteriormente, se sancionó la Ordenanza N° 5274 de fecha 18/12/2025, mediante la cual se otorgó autorización por parte de la Municipalidad de Las Lajas a la explotación del yacimiento minero en cuestión por el período 2024-2028, con carácter retroactivo.
La denuncia sostiene que el intendente municipal no puede contratar con el Estado ni pedir permiso para un emprendimiento propio en el cual el Estado está directamente relacionado, por existir un interés económico particular.
Tasa vial y vinculación con estación de servicios
El segundo hecho denunciado se refiere a la Ordenanza N° 5187, impulsada por el intendente Pablo Cortez, mediante la cual el Concejo Deliberante de Las Lajas declaró la Emergencia Vial en el ámbito de la ciudad por el término de 24 meses.
Esta norma creó una tasa municipal de movilidad urbana, cuya base imponible está constituida por el valor de venta neto de impuestos de cada litro de combustible líquido o metro cúbico de gas natural comprimido (GNC) expendido en el ejido de Las Lajas. Los contribuyentes abonan el 4,5% por cada litro de combustible y el mismo porcentaje por m³ de GNC.
El dinero recaudado por la tasa vial es percibido por la estación de servicio de la localidad, que actúa como agente de percepción, y debe ser transferido al municipio para ingresar al Fondo Específico de Movilidad Urbana.
La denuncia señala que, conforme surge de los hechos cuya verificación se solicita, el intendente Pablo Cortez se encontraría vinculado o sería dueño de la única estación de servicios que hay en Las Lajas. De este modo, se configuraría una superposición de intereses, ya que el funcionario público estaría vinculado a una actividad alcanzada por decisiones adoptadas en el ejercicio de su cargo: sería agente de percepción de la tasa y, como intendente, quien controla el correcto ingreso de esos fondos al municipio.
Entre otras medidas y a fin de acreditar los extremos expuestos, la presentación solicitó librar oficios a la Dirección Provincial de Minería: para que informe identidad del titular registral del yacimiento, cesiones, transferencias y actos administrativos emitidos. Asimismo, se solicitó una pericia contable sobre volumen de ventas de combustible, montos percibidos en concepto de tasa, transferencias al municipio y eventuales inconsistencias, además de requerir la declaración jurada patrimonial del denunciado e informes al Tribunal de Cuentas.
En el petitorio, se pidió también tener por formulada la denuncia, disponer la apertura de investigación conforme al Código Procesal Penal de Neuquén, ordenar las medidas de prueba detalladas y citar al denunciado a prestar declaración. El denunciante se reservó la posibilidad de constituirse como querellante.
Relato en primera persona
El edil de Juntos explicó los dos hechos que denunció penalmente en Zapala y por qué votó en contra en el Concejo. «No es contra Cortez, es contra la ilegalidad: un intendente no puede autorizarse a sí mismo”, señaló el concejal Juan Cabezas.
En diálogo con LM Neuquén, el edil amplió sobre la denuncia presentada. “No es una cuestión personal. Me asesoré con varios abogados y todos me indicaron lo mismo: hay ilegalidad, hay incompatibilidad y es mi función como concejal controlar”, afirmó con determinación.
A renglón seguido testimonió: “Quiero dejar algo claro de entrada: él (Cortez) tiene una cantera acá en Las Lajas de muchos años. Eso no está en discusión. Yo no soy oposición por deporte ni está en mí que él no explote su cantera. El problema son los intereses personales cuando sos empleado público. Un intendente no puede solicitarse a sí mismo una autorización para su cantera”.
En este sentido expresó una frase fuerte y contundente con respecto a la cantera: “Cambió de pecador, pero el ilícito sigue estando”.
Siguiendo su relato, ubicó en el mapa local al yacimiento minero en cuestión. Está en el Alto de Las Lajas, en la zona del aeropuerto local y del basurero municipal. Allí el hoy jefe comunal tiene una cantera de áridos, de pedregullo, ripio.
“Está al lado de la cantera municipal. Hay varias canteras más, como tres o cuatro propietarios que tienen sus canteras ahí. Este señor tiene la suya en ese sitio”, aseguró Cabezas. Sobre el motivo que originó la polémica, el concejal detalló que la Dirección de Minería de la provincia del Neuquén le pidió a la Municipalidad de Las Lajas que autorice a Cortez a la explotación de la cantera.
“Eso ingresó a la Municipalidad. La Municipalidad, en su persona, es él. Él no se puede autorizar a sí mismo. Hasta ahí vamos bien. Él mismo entendió de que no podía autorizarse. Por eso elevó una nota de fecha 01/12/2025 al Concejo Deliberante con un proyecto de ordenanza. En esa nota reconoce que es titular del yacimiento, que es Intendente en funciones y que no puede autorizarse a sí mismo. Pidió que intervenga el Concejo”, detalló el edil de Juntos.
Al respecto testimonió que el Concejo Deliberante, con cinco votos positivos, aprobó el proyecto. Los votos fueron: 2 positivos del MPN, 2 positivos del partido Juntos y 1 positivo del partido Desarrollo Ciudadano. “Votamos en contra una concejal del partido Comunidad y yo”, sostuvo Cabezas. Es así que se sancionó la Ordenanza 5274 de fecha 18/12/2026 que le otorga autorización a la explotación por el período 2024-2028, en forma retroactiva.
“Acá está la ilegalidad, y me lo repitieron los asesores legales: es como que cambia de pecador. Él corre el permiso para otro poder nada más. Pero el ilícito, lo ilegal, sigue estando. Nada más que se lo da el Concejo”, remarcó con firmeza.
Añadió que “esto es aún más grave. El concejo no puede dar permisos sobre sectores que no son de dominio municipal. Es zona urbana, pero son tierras provinciales y en consecuencia las canteras también son provinciales”.
La tasa vial: “¿Gobierna para su beneficio o para el pueblo?”
En la entrevista con este diario, Cabezas admitió que la segunda denuncia es por la Tasa Vial. “Es una ordenanza que vino desde provincia para todos los municipios. La mayoría la aprobaron. Hay un par que no. Las Lajas sí la aprobó, también con cinco votos”, referenció el concejal.
Respecto al ámbito local afirmó que “hay incompatibilidad, intereses personales e intereses propios. Y acá está el planteo que yo me hago como concejal: ¿El intendente gobierna para su propio beneficio o para el pueblo?”, enfatizó con contundencia. Agregó que “con la tasa vial, él está recibiendo un porcentaje de todos los ciudadanos de Las Lajas que cargamos combustible. La Ordenanza 5187 declaró la Emergencia Vial por 24 meses y creó la tasa del 4,5% por cada litro de combustible y por cada m³ de GNC que se carga en el ejido”, destacó.
Al respecto aseguró que el intendente Cortez estaría vinculado o sería dueño de la única estación de servicios que hay en la localidad. Esa estación es agente de percepción: cobra la tasa al vecino y debe transferirla al municipio, al Fondo Específico de Movilidad Urbana.
“Entonces el conflicto es doble: él sería agente de percepción de la tasa, pero asimismo como intendente municipal es quien controla que ingrese el dinero correcto de acuerdo a la cantidad de litros vendidos”, recalcó con las dudas del caso. Y hay algo más. “Provincia ingresó a la Municipalidad, aprobado también por nosotros, un aporte de 1.700 millones de pesos para obras públicas. Una parte de ese monto va destinado a asfalto. Entonces la tasa vial está de más”, expuso. Luego aportó que “lo que yo presenté en fiscalía es la ilegalidad que hay. Hay incompatibilidad. No hay ética, no hay moral por el lado que se lo mire”.
