Desde hace días la Casa Rosada es un hervidero. Todos los funcionarios, incluso el Presidente, están alterados por la pelea que atraviesa el Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores de todas las provincias y, en privado, hasta hablan de una inminente «crisis de gobernabilidad». Este jueves, después de que Milei dijo que los mandatarios provinciales quieren “destruir al Gobierno”, los teléfonos volvieron a estar al rojo vivo porque el conflicto escaló. La oposición logró el quórum necesario en el Senado para habilitar una sesión y aprobó una serie de proyectos que, según dicen desde Balcarce 50, «destruirán el control del déficit fiscal». Entre ellos, fue aprobado el aumento a los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Mientras en la Cámara Alta seguía aprobando los proyectos en contra de los deseos de la Casa Rosada, Milei dio un discurso en la Bolsa de Comercio en el que volvió a repetir que va a vetar todo.
«Es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa», analizó el Presidente. Y, de manera metafórica, criticó a los gobernadores, dijo que le clavaron un «puñal por la espalda», y agregó con una risa nerviosa: «Ellos ya tuvieron algún gesto el 25 de mayo y se criticaron mis formas, pero ahora saben que Milei tenía razón». «Los degenerados fiscales no quieren devolverles a ustedes su dinero», les dijo a los empresarios y, cuando comenzó a hablar de la seguridad social, disparó: «Se terminó eso de regalarles el pescado. Ahora van a tener que aprender a pescar».
El mandatario planteó todos los escenarios posibles para intentar «tranquilizar» a los empresarios: «Si el veto se cae, que no creo, lo vamos a judicializar. Y, si de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad y decidiera resolver en poco tiempo, y en contra del gobierno, aún así el daño que podrían causar sería mínimo». Porque, opinó: «Los efectos malos no van a operar rápido, pero sí la fiesta keynesiana, lo cuál también nos va a ayudar y va a ser mucho más contundente el resultado en octubre, es decir, se están pegando un tiro en el pie», se rió y concluyó: «Sería solo una mancha por dos meses, pero el 11 de diciembre lo vamos a revertir, porque la política del superávit fiscal es permanente».
Desde el oficialismo durante todo el día repitieron que vetarán todas las leyes que perjudiquen la búsqueda del «déficit fiscal cero», además amenazaron con ir al Poder Judicial para presentar una demanda, porque consideran que la sesión en el Senado de este jueves «fue autoconvocada de manera irregular».
Desde la cúpula del poder hasta llegaron a hablar de un «golpe institucional» y aprovecharon la ocasión para culpar de todo a la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel. Ella, siendo parte del mismo gobierno, fue en contra de la postura oficial y expresó: «Dejo categóricamente en claro que las tres leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario». Lo cuál le valió mensajes virulentos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (ver aparte) y del propio Presidente, que, después de decir que su gobierno había realizado más reformas que el de Menem, indicó: «Lo hicimos con 15 por ciento de la Cámara de Diputados, siete senadores y con una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia».
«El equilibrio fiscal no se negocia», fin. Escribió el vocero presidencial después de que se aprobaron los proyectos en el Senado y a él se sumó el ministro de Economía Luis Caputo que escribió: «Principio de revelación en su máxima expresión. Todo está más que claro de cara a Octubre. El equilibrio fiscal es lo que da estabilidad y previsibilidad, y no se negocia. Argentina será próspera, aunque algunos políticos no lo quieran».
La jornada arrancó con la que parecía una buena noticia para el gobierno. Después de una reunión de gabinete, se conoció la noticia de que un grupo de diez gobernadores –los que supieron formar parte de Juntos por el Cambio– no enviarían a sus legisladores a votar a favor de los proyectos de aumentos para los jubilados, pero sí a los enviados por los gobernadores para generar un reparto más equitativo de los ATN y el impuesto al combustible. Esos gobernadores eran: Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Ignacio Torres, de Chubut; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gustavo Valdés, de Corrientes; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe y Jorge Macri, jefe de gobierno porteño.
Durante todo el día el desorden fue total. Los gobernadores recibían llamados del jefe de gabinete, Guillermo Francos, de la mano derecha de Karina Milei, Eduardo Lule Menem, y también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Todos los mensajes eran contradictorios. Mientras tanto, en el Congreso avanzaba el debate. Cuando fue el momento de votar, todas las pantallas del Senado se bloquearon y decían que se había «caído el sistema». Los senadores comenzaron a votar de forma analógica y desde la oposición hablaron de un «boicot». Los proyectos comenzaban a ser aprobados por amplias mayorías y, en paralelo, la vicepresidenta y la ministra de seguridad se agredían por las redes sociales.
Cuando llegó la hora de la verdad, los legisladores que responden a Cornejo, Frigerio y Zdero se ausentaron, los de Torres se abstuvieron y los de Valdés, enojados con la Casa Rosada porque no llegaron a un acuerdo con LLA para las elecciones locales, votaron de manera afirmativa. Pullaro, Orrego, Poggi, Sadir y Macri no tienen senadores que les respondan. En el gobierno se ilusionan porque creen que con el respaldo de esos mandatarios provinciales es posible que puedan quedar vigentes los vetos.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, expresó: “Creo que la irregularidad es clara. Es una especie de sesión autoconvocada por el kirchnerismo para tratar todas leyes que afectan el equilibrio fiscal. Esto viene a ser como una especie de golpe institucional”. Luego, anticipó que el Gobierno «no va a dar por válida la sesión del Senado y la va a judicializar». Desde la oposición explicaron que, al tratarse de una sesión ordinaria, con 37 presentes hubo quórum y puntualizaron: «No hay ninguna discusión, ni irregularidad».
En esa línea, también se sumó Patricia Bullrich cuando, antes de empezar a hostigar a Villarruel en las redes sociales, dijo: “El kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una reunión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia Provisional del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos”. Y agregó: “No se puede permitir, están planteando un golpe institucional y llevarse puesto al Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”.
Mientras los funcionarios denunciaban un «golpe institucional», toda la patrulla digital del gobierno twitteaba mensajes cada vez más violentos: «Los tanques a la calle ya. Es ahora», escribía el influencer Daniel Parissini, alias «El Gordo Dan», y agregaba jocoso: «Javo poné un F16 a sobrevolar el Congreso ya». Luciano Cabrera, alias «El Trumpista», agregaba: «El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso», y a ellos se sumó Fran Fijap que escribió: «Hay que dinamitar al Congreso con senadores y diputados adentro».
