El Gobierno de Neuquén formalizó, a través de la Resolución 072/26 de la dirección provincial de Rentas, la aplicación de una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades turísticas de alojamiento y restaurantes en las regiones del Alto Neuquén y del Limay. La medida apunta a potenciar el desarrollo regional y consolidar al turismo como uno de los motores de la economía.
La normativa reglamenta lo que había sido anticipado el 1 de marzo por el gobernador Rolando Figueroa, que había señalado la decisión de eliminar la carga de Ingresos Brutos para estos sectores en regiones específicas con el objetivo de que los prestadores puedan reinvertir esos recursos en la mejora de sus servicios y en la generación de empleo.
Este beneficio alcanza tanto a contribuyentes directos como a aquellos incluidos en el régimen de Convenio Multilateral, siempre que desarrollen actividades comprendidas en la Ley Impositiva vigente y presten efectivamente los servicios en las localidades incluidas dentro de las regiones alcanzadas por la medida.
En concreto, la resolución establece que los contribuyentes podrán aplicar la alícuota 0% en sus declaraciones juradas a través de los sistemas SIFERE LOCALES o SIFERE WEB, desde el anticipo 01/2026, debiendo utilizar los tratamientos fiscales correspondientes según cada caso. Asimismo, deberán acreditar, cuando la dirección provincial de Rentas lo requiera, que los servicios declarados se encuadran dentro de las actividades promovidas y se desarrollan en las zonas beneficiadas.
La medida se encuentra en las leyes provinciales 3480/2024, que creó el Plan de Regionalización, y 3502/2025 “Invierta en Neuquén”, que impulsa incentivos para la inversión en sectores estratégicos como el turismo. En este sentido, el decreto reglamentario establece específicamente el acompañamiento al desarrollo del Alto Neuquén y del Limay, consideradas regiones con alto potencial de crecimiento.
El turismo, la segunda economía de la provincia
Al respecto, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves expresó: “Estamos convencidos de que el turismo es una política de Estado, la segunda economía de la Provincia y una herramienta central para generar desarrollo y empleo. Por eso trabajamos articuladamente con todos los sectores: municipios, cámaras empresarias y prestadores, para fortalecer una agenda común, con más promoción, más infraestructura y más turismo para todo Neuquén”.
La resolución constituye una herramienta concreta de fomento al desarrollo regional, que busca fortalecer la actividad turística y gastronómica como dinamizadora de las economías locales, promoviendo más inversión, mayor calidad de servicios y nuevas oportunidades de empleo genuino.
De este modo, se materializa un compromiso asumido a comienzos de marzo como parte de una estrategia integral de alivio fiscal, orientada a consolidar al turismo como el segundo motor de la economía neuquina y a generar condiciones reales para el crecimiento sostenido de las distintas regiones de la Provincia.
El gobierno de la provincia formalizó, a través de la Resolución Nº 072/26 de la dirección provincial de Rentas, la aplicación de una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades turísticas de alojamiento y restaurantes en las regiones del Alto Neuquén y del Limay Medio. La medida apunta a potenciar el desarrollo regional y consolidar al turismo como uno de los motores de la economía provincial.
La normativa reglamenta lo que había sido anticipado el 1 de marzo por el gobernador Rolando Figueroa, que había señalado la decisión de eliminar la carga de Ingresos Brutos para estos sectores en regiones específicas con el objetivo de que los prestadores puedan reinvertir esos recursos en la mejora de sus servicios y en la generación de empleo.
Este beneficio alcanza tanto a contribuyentes directos como a aquellos incluidos en el régimen de Convenio Multilateral, siempre que desarrollen actividades comprendidas en la Ley Impositiva vigente y presten efectivamente los servicios en las localidades incluidas dentro de las regiones alcanzadas por la medida.
En concreto, la resolución establece que los contribuyentes podrán aplicar la alícuota 0% en sus declaraciones juradas a través de los sistemas SIFERE LOCALES o SIFERE WEB, desde el anticipo 01/2026, debiendo utilizar los tratamientos fiscales correspondientes según cada caso. Asimismo, deberán acreditar, cuando la dirección provincial de Rentas lo requiera, que los servicios declarados se encuadran dentro de las actividades promovidas y se desarrollan en las zonas beneficiadas.
La medida se encuentra en las leyes provinciales 3480/2024, que creó el Plan de Regionalización, y 3502/2025 “Invierta en Neuquén”, que impulsa incentivos para la inversión en sectores estratégicos como el turismo. En este sentido, el decreto reglamentario establece específicamente el acompañamiento al desarrollo del Alto Neuquén y del Limay, consideradas regiones con alto potencial de crecimiento.
El turismo, la segunda economía de la provincia
Al respecto, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, expresó: “Estamos convencidos de que el turismo es una política de Estado, la segunda economía de la provincia y una herramienta central para generar desarrollo y empleo. Por eso trabajamos articuladamente con todos los sectores: municipios, cámaras empresarias y prestadores, para fortalecer una agenda común, con más promoción, más infraestructura y más turismo para todo Neuquén”.
La resolución constituye una herramienta concreta de fomento al desarrollo regional, que busca fortalecer la actividad turística y gastronómica como dinamizadora de las economías locales, promoviendo más inversión, mayor calidad de servicios y nuevas oportunidades de empleo genuino.
De este modo, se materializa un compromiso asumido a comienzos de marzo como parte de una estrategia integral de alivio fiscal, orientada a consolidar al turismo como el segundo motor de la economía neuquina y a generar condiciones reales para el crecimiento sostenido de las distintas regiones de la provincia.
Existe en Argentina un tributo que los propios especialistas impositivos describen como nocivo, que encarece productos y servicios, que inmoviliza capital de trabajo y que, pese a todo, las provincias siguen aumentando año tras año. Se llama Impuesto sobre los Ingresos Brutos y, por undécima edición consecutiva, lidera la Encuesta Anual de Impuestos de KPMG Argentina.
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La undécima edición del estudio, publicada hace unos días, recogió las respuestas de más de 80 CEOs y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de diversos sectores productivos y de servicios del país. Los resultados retratan un sistema tributario que presiona, desalienta y genera saldos a favor que nadie devuelve a tiempo.
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Ingresos Brutos: 60,81% de los votos, y en alza
El 60,81% de los encuestados identificó al Impuesto sobre los Ingresos Brutos como el tributo que más encarece de manera determinante los precios de los productos y servicios de sus empresas. El segundo lugar lo ocupó el IVA, con el 12,16%.
El dato es más significativo aún al compararlo con la edición anterior: el año pasado, ese porcentaje era del 54%. En doce meses, la percepción sobre el impacto de Ingresos Brutos creció más de 6 puntos porcentuales.
Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta, aseguró: «Una vez más Ingresos Brutos lidera la lista de los que encarecen de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente. Este año superó el 60% contra un 54% del año pasado”.
«Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales», agregó.
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A contramano
La paradoja central que revela el informe es esta: casi el 30% de los encuestados advirtió incrementos de alícuotas de Ingresos Brutos durante 2025. Las jurisdicciones más mencionadas por esas subas fueron, en ese orden, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
El informe lo señala sin eufemismos: aun siendo el tributo mayormente identificado como nocivo para la actividad económica en las últimas ediciones de la encuesta, las autoridades fiscales provinciales siguieron fijando nuevos aumentos.
La Provincia de Buenos Aires conserva, por amplio margen, el liderazgo como la jurisdicción de mayor presión fiscal del país. En segundo lugar se ubica Misiones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires en tercero. Córdoba escala al cuarto puesto —desde el quinto del año anterior— y Tucumán cae al quinto.
El informe señala que Misiones y Tucumán son además las provincias más votadas entre las que, por su accionar fiscal, terminan incidiendo en una oferta más restringida de bienes y servicios para sus propios residentes.
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Capital inmovilizado
Uno de los datos más elocuentes del informe refiere al funcionamiento de la estructura recaudatoria. Solo el 16% de los consultados manifestó no poseer saldos a favor de Ingresos Brutos por impuesto pagado en exceso como consecuencia de la proliferación de regímenes de retención provinciales.
Dicho de otro modo: el 83,78% de las empresas acumula saldos a favor de diversa magnitud. Ese porcentaje representa un incremento de 2 puntos respecto al año anterior y de 4 puntos respecto a 2023. La generalización de esta inmovilización financiera es, en palabras del propio informe, «altamente perjudicial» para la actividad empresaria.
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El freno a la inversión
El impacto sobre las decisiones de inversión es contundente. La encuesta revela que en la opinión mayoritaria del 96% de los encuestados, el marco fiscal argentino los obligó a desinvertir o, en el mejor de los casos, a mantener las inversiones ya realizadas sin posibilidad de expansión.Solo el 4% manifestó haber desarrollado algún plan de expansión en inversión durante 2025. Ese porcentaje muestra una caída de casi 3 puntos respecto a 2024, año en que quienes reportaban expansión en sus negocios alcanzaban el 7%.De cara a 2026, el panorama no mejora significativamente: el 81,16% sostuvo que mantendrá sus planes de inversión, mientras que apenas el 8,70% los aumentará. Este último dato marca una caída pronunciada: el año pasado, quienes proyectaban aumentar inversiones eran el 17,89%, prácticamente el doble.
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Perspectivas 2026
El 57,97% de los encuestados estima que la presión fiscal se mantendrá igual en 2026 respecto a 2025. Sin embargo, el informe advierte un dato preocupante: quienes anticipan una mayor presión fiscal en 2026 casi duplican el porcentaje de respuestas en igual sentido de la encuesta del año anterior. Las dudas sobre la viabilidad de una reforma fiscal y la voracidad recaudatoria provincial identificada a lo largo del estudio explican ese pesimismo creciente.
En materia de incentivos provinciales para la inversión, el panorama es desolador: el 88,41% de los encuestados no advirtió interés de las provincias en ofrecer incentivos impositivos para fomentar inversiones.
El porcentaje de quienes sí percibieron interés —11,59%— sube respecto al 7,37% del año pasado, pero sigue sin alterar la percepción dominante. }Las provincias mencionadas positivamente fueron aquellas que adhirieron al RIGI y las vinculadas a la industria de energía y minería: Río Negro, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Salta, Chubut y Córdoba.
En el mismo sentido, el 88,41% de los encuestados no advierte predisposición ni viabilidad en el ámbito provincial para avanzar en reformas de leyes de coparticipación y gravámenes provinciales, aun en el marco de una discusión de reforma tributaria nacional. El informe señala que este dato es «más que gráfico de los desafíos por delante que tendrá cualquier iniciativa de reforma tributaria integral».
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Qué cambios reclama el sector privado
Ante la pregunta sobre qué iniciativas fiscales facilitarían las decisiones de inversión, la respuesta es nítida: el replanteo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos —con figuras que busquen mayor equidad y eficiencia— es la opción más votada por los encuestados. En segundo y tercer lugar aparecen, respectivamente, la consideración total del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de otros gravámenes y la simplificación tributaria en sentido amplio.
La conclusión del informe es coherente con su diagnóstico: el sistema tributario argentino, tal como funciona hoy, no es neutral respecto a las decisiones de inversión. Es un factor activo de desaliento, y la principal herramienta de ese desaliento tiene nombre propio.
Fuente: Encuesta Anual de Impuestos 2025–2026. Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas. KPMG Argentina, undécima edición.
Existe en Argentina un tributo que los propios especialistas impositivos describen como nocivo, que encarece productos y servicios, que inmoviliza capital de trabajo y que, pese a todo, las provincias siguen aumentando año tras año. Se llama Impuesto sobre los Ingresos Brutos y, por undécima edición consecutiva, lidera la Encuesta Anual de Impuestos de KPMG Argentina.
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La undécima edición del estudio, publicada hace unos días, recogió las respuestas de más de 80 CEOs y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de diversos sectores productivos y de servicios del país. Los resultados retratan un sistema tributario que presiona, desalienta y genera saldos a favor que nadie devuelve a tiempo.
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Ingresos Brutos: 60,81% de los votos, y en alza
El 60,81% de los encuestados identificó al Impuesto sobre los Ingresos Brutos como el tributo que más encarece de manera determinante los precios de los productos y servicios de sus empresas. El segundo lugar lo ocupó el IVA, con el 12,16%.
El dato es más significativo aún al compararlo con la edición anterior: el año pasado, ese porcentaje era del 54%. En doce meses, la percepción sobre el impacto de Ingresos Brutos creció más de 6 puntos porcentuales.
Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta, aseguró: «Una vez más Ingresos Brutos lidera la lista de los que encarecen de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente. Este año superó el 60% contra un 54% del año pasado”.
«Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales», agregó.
A contramano
La paradoja central que revela el informe es esta: casi el 30% de los encuestados advirtió incrementos de alícuotas de Ingresos Brutos durante 2025. Las jurisdicciones más mencionadas por esas subas fueron, en ese orden, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
El informe lo señala sin eufemismos: aun siendo el tributo mayormente identificado como nocivo para la actividad económica en las últimas ediciones de la encuesta, las autoridades fiscales provinciales siguieron fijando nuevos aumentos.
La Provincia de Buenos Aires conserva, por amplio margen, el liderazgo como la jurisdicción de mayor presión fiscal del país. En segundo lugar se ubica Misiones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires en tercero. Córdoba escala al cuarto puesto —desde el quinto del año anterior— y Tucumán cae al quinto.
El informe señala que Misiones y Tucumán son además las provincias más votadas entre las que, por su accionar fiscal, terminan incidiendo en una oferta más restringida de bienes y servicios para sus propios residentes.
Capital inmovilizado
Uno de los datos más elocuentes del informe refiere al funcionamiento de la estructura recaudatoria. Solo el 16% de los consultados manifestó no poseer saldos a favor de Ingresos Brutos por impuesto pagado en exceso como consecuencia de la proliferación de regímenes de retención provinciales.
Dicho de otro modo: el 83,78% de las empresas acumula saldos a favor de diversa magnitud. Ese porcentaje representa un incremento de 2 puntos respecto al año anterior y de 4 puntos respecto a 2023. La generalización de esta inmovilización financiera es, en palabras del propio informe, «altamente perjudicial» para la actividad empresaria.
El freno a la inversión
El impacto sobre las decisiones de inversión es contundente. La encuesta revela que en la opinión mayoritaria del 96% de los encuestados, el marco fiscal argentino los obligó a desinvertir o, en el mejor de los casos, a mantener las inversiones ya realizadas sin posibilidad de expansión.Solo el 4% manifestó haber desarrollado algún plan de expansión en inversión durante 2025. Ese porcentaje muestra una caída de casi 3 puntos respecto a 2024, año en que quienes reportaban expansión en sus negocios alcanzaban el 7%.De cara a 2026, el panorama no mejora significativamente: el 81,16% sostuvo que mantendrá sus planes de inversión, mientras que apenas el 8,70% los aumentará. Este último dato marca una caída pronunciada: el año pasado, quienes proyectaban aumentar inversiones eran el 17,89%, prácticamente el doble.
Perspectivas 2026
El 57,97% de los encuestados estima que la presión fiscal se mantendrá igual en 2026 respecto a 2025. Sin embargo, el informe advierte un dato preocupante: quienes anticipan una mayor presión fiscal en 2026 casi duplican el porcentaje de respuestas en igual sentido de la encuesta del año anterior. Las dudas sobre la viabilidad de una reforma fiscal y la voracidad recaudatoria provincial identificada a lo largo del estudio explican ese pesimismo creciente.
En materia de incentivos provinciales para la inversión, el panorama es desolador: el 88,41% de los encuestados no advirtió interés de las provincias en ofrecer incentivos impositivos para fomentar inversiones.
El porcentaje de quienes sí percibieron interés —11,59%— sube respecto al 7,37% del año pasado, pero sigue sin alterar la percepción dominante. }Las provincias mencionadas positivamente fueron aquellas que adhirieron al RIGI y las vinculadas a la industria de energía y minería: Río Negro, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Salta, Chubut y Córdoba.
En el mismo sentido, el 88,41% de los encuestados no advierte predisposición ni viabilidad en el ámbito provincial para avanzar en reformas de leyes de coparticipación y gravámenes provinciales, aun en el marco de una discusión de reforma tributaria nacional. El informe señala que este dato es «más que gráfico de los desafíos por delante que tendrá cualquier iniciativa de reforma tributaria integral».
Qué cambios reclama el sector privado
Ante la pregunta sobre qué iniciativas fiscales facilitarían las decisiones de inversión, la respuesta es nítida: el replanteo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos —con figuras que busquen mayor equidad y eficiencia— es la opción más votada por los encuestados. En segundo y tercer lugar aparecen, respectivamente, la consideración total del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de otros gravámenes y la simplificación tributaria en sentido amplio.
La conclusión del informe es coherente con su diagnóstico: el sistema tributario argentino, tal como funciona hoy, no es neutral respecto a las decisiones de inversión. Es un factor activo de desaliento, y la principal herramienta de ese desaliento tiene nombre propio.
Fuente: Encuesta Anual de Impuestos 2025–2026. Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas. KPMG Argentina, undécima edición.
La provincia logró consolidar un criterio tributario favorable que la beneficiará como productora de hidrocarburos luego de que la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral ratificara la Resolución General Interpretativa N°17/2025.
La decisión fijó pautas sobre cómo deben atribuirse los ingresos del sector petrolero y gasífero al momento de liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, garantizando así, beneficios a la provincia donde se extraen los recursos.
La resolución, que había sido sancionada en septiembre de 2025 por la Comisión Arbitral, quedó firme luego de que la Comisión Plenaria (integrada por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) rechazara las apelaciones presentadas por Córdoba y Buenos Aires.
La normativa otorga seguridad jurídica tanto a las provincias productoras como a las empresas, un factor clave en una actividad que requiere inversiones de largo plazo Además de que beneficia a las provincias hidrocarburíferas al momento de distribuir los ingresos generados por la actividad dentro del convenio.
El régimen general de este acuerdo distribuye la base imponible entre las jurisdicciones considerando tanto los ingresos como los gastos de las empresas, generando un coeficiente que determina cuánto corresponde tributar en cada provincia.
Lo que se consolida ahora es que el ingreso vinculado a la venta del hidrocarburo se compute en la provincia productora cuando allí se concreta la entrega, reforzando el reconocimiento fiscal de la actividad productiva.
Además de fortalecer la recaudación provincial, la resolución aporta previsibilidad para las empresas. Durante años, la forma de liquidar estos ingresos generó controversias con otras jurisdicciones, particularmente con distritos donde se radican las casas centrales de las compañías. La falta de una norma interpretativa abría discusiones administrativas.
