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  • Los veedores de la IGJ se presentaron en la AFA, pero no los dejaron ingresar

    Los veedores de la IGJ se presentaron en la AFA, pero no los dejaron ingresar

    Diego Coste y el Ruben Papacena, nombrados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dejaron por debajo de la puerta un escrito en la entidad conducida por Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

    Tras las críticas por las demoras del inicio de las inspecciones de la IGJ sobre la situación patrimonial de la AFA, el Ministerio de Justicia dio vía libre a los dos veedores designados que este jueves se presentaron en la histórica sede de la entidad de la calle Viamonte para hacer saber de su requisitoria, pero no lograron ser recibidos por ninguna autoridad de la casa madre del fútbol argentino.

    Según informaron en la cartera conducida por Juan Bautista Mahiques, que había recibido cuestionamientos por las demoras en las medidas y por las suspicacias que había despertado su antiguo vínculo con los popes de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, este jueves por la mañana Diego Coste y el Ruben Papacena se presentaron en histórico edificio pero, ante la falta de respuesta, dejaron unos papeles por debajo del portón.

    En breves declaraciones a radio Rivadavia, argumentaron que al no tener respuesta -la sede prácticamente está sin actividad por el intento de Tapia de trasladarla al partido bonaerense de Pilar- “dejaron la notificación de la veeduría” bajo la puerta y que la misma incluye un listado de los requerimientos que necesitan obtener para poder cotejar las cuentas de la institución.

    Se trata ,a la postre, de la primera medida contundente contra la AFA de la nueva gestión. Y llegó a casi un mes de la renuncia de uno de los veedores que el Gobierno había designado para esa tarea, el abogado Agustín Ortiz de Marco, uno de los representantes que había sido promovido por el saliente titular de la IGJ, Daniel Vítolo, muy crítico de la actual gestión.

    Como sea, desde el ministerio de Justicia argumentaron que los inspectores que este jueves concurrieron a la sede de la AFA no pudieron ingresar “porque había una apelación que todavía no estaba firme” en el marco de la causa en la que se dirime en la Justicia la facultad del Ejecutivo en auditar las cuentas de la institución. “Pero la veeduría tiene que seguir adelante hasta que un juez dictamine lo contrario”, avisan cerca de Mahiques.

    De todos modos,en caso de no haber colaboración de las autoridades de AFA, la cartera “evaluará medidas compulsorias para acceder a la información” requerida para así auditar las cuentas de la institución que rige el fútbol argentino.

    En la última etapa de su gestión, Vitolo había llevado adelante una profunda auditoría sobre los números de la AFA y acusó a Tapia de haber incumplido con la obligación de presentar los balances de la entidad ante la IGJ. Para evitar esa inspección, los popes del fútbol intentaron cambiar su sede desde su histórico edificio en la calle Viamonte hacia la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, cercano a Tapia. De hecho, hay una casa en Pilar elegida para tal fin.

    Los vínculos de la familia Mahiques con la AFA también incluyen a Esteban Mahiques, jefe de Gabinete del ministerio de Justicia -cargo que desempeña ad honorem-. Antes, se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y también formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

  • El Gobierno activa a los veedores en la AFA y la Superliga para controlar balances y contratos millonarios del fútbol argentino

    El Gobierno activa a los veedores en la AFA y la Superliga para controlar balances y contratos millonarios del fútbol argentino

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    jueves, mayo 7, 2026

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    El Gobierno activa a los veedores en la AFA y la Superliga para controlar balances y contratos millonarios del fútbol argentino

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    La nueva etapa de fiscalización dispuesta por el Ministerio de Justicia prevé el acceso formal a documentación societaria y administrativa de la entidad que preside Claudio Tapia

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    El Gobierno avanzará este miércoles en el proceso de control sobre los balances y contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Desde las 13, los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentarán formalmente en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir acceso a documentación societaria, contable y administrativa, según pudo confirmar Infobae. Esta acción se enmarca en las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de fiscalizar entidades civiles.

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  • El desafío de la transparencia

    El desafío de la transparencia

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    La escena política argentina mostró esta semana nuevamente la importancia que tiene la transparencia de los organismos y los actos de los funcionarios públicos para que la solidez de las instituciones se confirme como uno de los pilares del desarrollo nacional.

    El primero de los hechos que centró la atención pública fueron las declaraciones indagatorias al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y del titular de la entidad Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa por la presunta omisión de casi 20 mil millones de pesos en impuestos y aportes previsionales. Las denuncias de la Agencia de Recaudación (ARCA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) han corrido el velo sobre una gestión que durante casi diez años se blindó a cualquier escrutinio bajo la excusa de la “autonomía federativa”. Hoy esa autonomía está cuestionada no solo por la posible apropiación indebida de recursos de la seguridad social sino por el presunto desvío de hasta 450 millones de dólares.

    El argumento de una “conspiración política” y al intento del Gobierno de promover las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) contra una “dirigencia con sensibilidad social” que defiende a los clubes como entidades de bien público alejadas del lucro no resiste análisis.

    La frase “AFA rica y clubes pobres” adquiere más vigencia que nunca, dada la asimetría de torneos que ofrecen premios irrisorios y retacean aportes a clubes que sufren penurias financieras para pagar sueldos de jugadores y empleados o mantener en pie la infraestructura deportiva, mientras la cúpula viaja en vuelos privados y se agasaja en hoteles y mansiones de lujo con los fondos millonarios generados por la selección nacional de fútbol.

    El paro del fútbol como arma de presión a la Justicia, la arbitrariedad en el manejo de calendarios y torneos y el uso del Tribunal de Disciplina como garrote contra cualquier disidencia muestran que su máxima conducción se maneja más con códigos de lealtad y silencio que de legalidad institucional.

    Para que el debate sobre el futuro de los clubes sea constructivo, la entidad rectora del fútbol debe normalizar su situación administrativa y permitir una auditoría seria y transparente de los multimillonarios recursos que maneja a diario.

    El otro hecho ocurrido en la semana es más delicado, porque apunta al corazón de la narrativa de ética y austeridad en el manejo de los fondos públicos del Gobierno nacional. En el contexto de la “Argentina Week”, se informó que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llevó a Nueva York en el avión presidencial a su esposa, sin funciones en la delegación. La situación empeoró cuando el funcionario usó la palabra “deslomarse” para justificar el acompañamiento, lo que derivó en una catarata de menciones y memes que circularon en medios y redes sociales.

    Más de allá de las justificaciones, el supuesto perjuicio o no al erario público y la comparación de montos de este hecho con otros megaescándalos, el tema es otro. Hay un quiebre profundo entre el relato de una administración que llegó al poder con la promesa de “eliminar privilegios de la casta” que generaron hartazgo ciudadano y un funcionario usando recursos del Estado a favor de un familiar. Todo en un contexto en que muchas familias no logran llegar a fin de mes con sus ingresos.

    Adorni además no es cualquier referente: primero como tuitero y luego como vocero presidencial, fue una de las principales espadas comunicacionales del oficialismo para fustigar desde el atril los privilegios de la clase dirigente, a los que el común de los mortales nunca accede. Si la moral es política de Estado, como dice el presidente, además de ser hay que parecer.

    Empresarios y gobernadores que viajaron a Estados Unidos se lamentaban al regreso que el interés y la imagen favorable que transmitió el país, con una delegación inédita de 11 mandatarios provinciales respaldando los criterios generales del plan económico y hablando de seguridad jurídica, desregulación y apertura al sector privado se viera empañada por las reacciones y la publicidad negativa que generó el episodio.

    Como en el primer caso, apelar a la “campaña de desinformación opositora” no sirve. Es necesario que la dirigencia de todo tipo acepte que rendir cuentas y someterse a auditorías independientes y a la Justicia son parte de las reglas de la democracia. El fortalecimiento de la República depende menos de “batallas culturales” que de generar mecanismos institucionales que aumenten la transparencia, lo que sin duda mejorará el clima de inversiones y motorizará el progreso.