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Farmacéuticos denunciaron a Sturzenegger por impulsar la venta de medicamentos fuera de farmacias
El titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, confirmó la presentación de una denuncia judicial contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por presunto incumplimiento de la Ley Nacional de Farmacias.
La presentación ocurre mientras el Gobierno nacional impulsa un proyecto para habilitar la venta de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos y otros comercios fuera del ámbito farmacéutico.
Desde el gremio farmacéutico sostienen que la iniciativa contradice la legislación vigente y remarcaron que ya habían conseguido suspender judicialmente parte del DNU 70/2023 vinculado al capítulo farmacéutico.
“Ante esta nueva embestida que viola la Ley 17.565 de Farmacias optamos por recurrir directamente a la Justicia”, expresó Peretta, quien además cuestionó las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Actualmente, la comercialización de medicamentos solo está habilitada en farmacias y bajo supervisión profesional, salvo excepciones judiciales particulares como el caso de Farmacity.
El dirigente sindical también advirtió sobre los riesgos sanitarios de flexibilizar la venta de medicamentos y aseguró que podría generar un aumento de la automedicación y problemas vinculados al consumo indebido de fármacos.
Según datos difundidos por CILFA, el mercado de medicamentos de venta libre mueve más de 1.100 millones de dólares al año en Argentina. Dentro de esa categoría se encuentran analgésicos, antiácidos y otros productos que no requieren receta médica.
La posible desregulación también incluiría la venta online con entrega a domicilio para medicamentos de venta libre, aunque los fármacos bajo receta continuarían bajo control de farmacias habilitadas.
27/05/2026
El Gobierno impulsa una reforma para flexibilizar la venta de medicamentos y reabre la polémica con farmacias
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, propone habilitar nuevas modalidades de expendio, delivery de medicamentos de venta libre y flexibilizar requisitos para la instalación y funcionamiento de farmacias.
Según un informe técnico elaborado por la cartera nacional, más de 4,7 millones de personas viven a más de cinco kilómetros de una farmacia, mientras que unas 790 mil deben recorrer más de 50 kilómetros para acceder a un punto de venta físico, una situación que -según el Ejecutivo- evidencia desigualdades estructurales en el acceso a medicamentos.
Entre los principales cambios que analiza el Gobierno se encuentra la posibilidad de habilitar la venta online con entrega a domicilio, permitir que sociedades comerciales operen farmacias, flexibilizar la obligación de que cada local cuente con un farmacéutico matriculado de forma exclusiva y revisar las restricciones geográficas que hoy limitan la apertura de nuevos establecimientos.
Desde el oficialismo sostienen que estas medidas permitirían ampliar la cobertura territorial, reducir costos operativos y mejorar el acceso, especialmente para personas mayores, quienes viven solas o habitan zonas rurales alejadas.
Sin embargo, la propuesta ya genera fuerte rechazo entre las cámaras farmacéuticas y colegios profesionales.
Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advirtieron que el medicamento “no puede ser tratado como un producto de consumo más” y remarcaron que la intervención del farmacéutico resulta indispensable para garantizar un uso seguro y racional, incluso en remedios de venta libre.
Además, alertaron que una flexibilización excesiva podría debilitar controles sanitarios, fomentar la automedicación y desplazar el rol profesional dentro del sistema de salud.
El proyecto todavía no fue enviado al Congreso, pero se anticipa una fuerte discusión parlamentaria entre quienes impulsan una mayor apertura del mercado y quienes defienden el actual esquema regulatorio como garantía de seguridad sanitaria.
26/05/2026
Carnet para mochileros, registro de palomas y el lobizón: todas las normas que la Ley Hojarasca busca derogar
Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la Ley Hojarasca, el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que tiene como objetivo derogar alrededor de 60 leyes «obsoletas» y actualizar la normativa estatal. Con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, la inciativa pasó al Senado de la Nación.
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La propuesta tiene como objetivo simplificar el sistema legal argentino, reducir trámites burocráticos y eliminar normativas que quedaron sin efecto por el paso del tiempo o avances tecnológicos.
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«Con la Ley Hojarasca el Gobierno busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones», explicó el Ministerio de Desregulación en un comunicado.
Entre las leyes incluidas para su derogación aparecen algunas consideradas «insólitas» o en desuso, como la del «carnet de mochilero», otra vinculada al padrinazgo presidencial conocida como «Ley del Lobizón», un registro de palomas mensajeras y una antigua legislación sobre emisiones de televisión en color.
El oficialismo busca aprobar en el Senado la Ley Hojarasca
Esta ley también busca eliminar comisiones estatales en desuso y reducir el financiamiento oficial a organismos y premios que, según la propuesta, ya no justifican su permanencia. Entre los excluidos se cuentan la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores, además de la suspensión de fondos para galardones como el Premio Nacional de la Calidad o incentivos culturales, y la remoción de distintos beneficios impositivos otorgados años atrás.
Con los cambios que se propusieron en el debate en comisión, finalmente la cantidad de normas derogadas se redujo a 59, además se eliminan varios artículos de otras leyes y decretos.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como parte de una política de desregulación y reducción de la intervención estatal. En ese marco, diputados de La Libertad Avanza sostuvieron que muchas leyes vigentes generan trabas administrativas y afectan la actividad económica.
En cambio, sectores de la oposición cuestionaron el alcance del proyecto y advirtieron sobre la eliminación de normas vinculadas a salud pública, producción nacional y cultura. Legisladores de Unión por la Patria señalaron que algunas derogaciones podrían impactar en áreas estratégicas como la producción pública de medicamentos y el fomento de industrias nacionales.
Una por una, las leyes que buscan eliminar en el Senado
- Ley 94 (1864): Inhabilitaba por 10 años a autoridades que aplicaran azotes, una pena ya prohibida por la Constitución Nacional.
- Ley 3.863 (1899): Otorgaba beneficios impositivos a compañías de seguros agrícolas basados en artículos ya derogados del antiguo Código Civil.
- Ley 16.789 (1965): Obligaba a las dependencias estatales a adquirir exclusivamente automóviles de industria nacional para sus servicios.
- Ley 20.400 (1973): Prohibía operaciones para proporcionar mano de obra de personas que no ofrecieran sus servicios voluntariamente; fue superada por la ley de trata de personas.
- Ley 20.843 (1974): Establecía el «padrinazgo presidencial» y la gratuidad educativa para el séptimo hijo; se considera innecesaria ante el marco educativo actual.
- Ley 21.778 (1977): Facultaba a empresas estatales para licitar y celebrar contratos de exploración de hidrocarburos, desplazada por la Ley 17.319.
- Ley 22.109 (1979): Habilitaba el aislamiento forzoso de enfermos o sospechosos de viruela y regulaba su vacunación.
- Ley 23.678 (1989): Determinaba fórmulas específicas para la liquidación de regalías petroleras que dejaron de aplicarse por normas posteriores.
- Ley 24.675 (1996): Regulaba la actuación de los auxiliares de justicia y fue declarada inválida por la Corte Suprema de Justicia.
- Ley 448 (1870): Otorgaba un premio en dinero a quien descubriera minas de carbón, lo cual contradice la actual política de descarbonización.
- Ley 3.235 (1895): Autorizaba la adquisición de armamento y pólvora de finales del siglo XIX, con montos y tecnología obsoletos.
- Ley 16.879 (1965): Concedía exenciones impositivas a la industria nacional en licitaciones eléctricas internacionales; nunca tuvo aplicación práctica.
- Ley 18.569 (1970): Implantaba el procedimiento de microfilmación para la documentación del Ejército, método reemplazado por lo digital.
- Ley 19.648 (1972): Declaraba de interés nacional la prospección y explotación de carbón mineral.
- Ley 20.114 (1973): Autorizaba a la Armada Argentina a utilizar procedimientos de microfilmación.
- Ley 20.577 (1973): Declaraba de interés nacional las innovaciones en sistemas de transmisión de imágenes televisivas.
- Ley 21.895 (1978): Autorizaba formalmente las transmisiones de televisión a color.
- Ley 23.756 (1989): Habilitaba a todos los organismos estatales a utilizar la microfilmación.
- Ley 23.888 (1990): Encomendaba un censo técnico permanente de infraestructura en localidades urbanas y rurales que nunca se realizó.
- Ley 14.034 (1951): Imponía prisión a argentinos que propiciaran sanciones políticas o económicas contra el Estado.
- Ley 18.312 (1969): Creaba un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y celulosa.
- Ley 19.787 (1972): Declaraba de interés nacional la difusión de la «música argentina», lo que se considera un método de control cultural.
- Ley 20.120 (1973): Regulaba y restringía el derecho de reunión, incluso en lugares cerrados.
- Ley 20.802 (1974): Establecía el «carnet de mochilero» de uso obligatorio para transitar y solicitar ayuda.
- Ley 20.983 (1975): Obligaba a los medios de radio y televisión a destinar espacios diarios a temas de interés turístico nacional.
- Ley 22.875 (1983): Implementaba medidas de defensa nacional basadas en hipótesis de conflicto de la época.
- Ley 14.041 (1951): Autorizaba el acopio permanente de materiales y elementos para las necesidades de la Marina de Guerra.
- Ley 14.800 (1959): Obligaba a construir un teatro de similares características a quien demoliera una propiedad con salas teatrales.
- Ley 17.752 (1968): Promovía la construcción y explotación de hoteles nuevos para el turismo internacional.
- Ley 19.340 (1971): Obligaba a los propietarios que interrumpieran una construcción a reportarlo mediante trámites burocráticos.
- Ley 19.363 (1971): Establecía que el Poder Ejecutivo podía sortear premios entre los compradores de boletos de cine.
- Ley 20.308 (1973): Creaba el Fondo Naval de Fomento a las Actividades Náuticas.
- Ley 20.496 (1973): Promovía el uso de fertilizantes y autorizaba su importación estatal; ya regulada por leyes posteriores.
- Ley 20.876 (1974): Declaraba de interés nacional la apicultura y prohibía la introducción de capital extranjero en el sector.
- Ley 21.056 (1975): Obligaba a las empresas de transporte a exhibir afiches y fotos para promover el turismo.
- Ley 21.145 (1975): Otorgaba privilegios a artistas teatrales para viajar y alojarse a precios reducidos en servicios estatales.
- Ley 21.159 (1975): Creaba cursos obligatorios de formación turística para el personal de la Administración Pública Nacional.
- Ley 23.419 (1986): Establecía un régimen de información sobre perforaciones en el subsuelo para empresas del Estado.
- Ley 23.634 (1988): Declaraba de interés prioritario la cunicultura (cría de conejos) y creaba una comisión nacional específica.
- Ley 24.057 (1992): Impulsaba la creación de asociaciones civiles para problemas de hábitat; nunca fue reglamentada.
- Ley 24.127 (1992): Instituía el «Premio Nacional a la Calidad» para los sectores público y privado.
- Ley 24.298 (1994): Creaba un programa de vinculación con la comunidad argentina en el exterior, función hoy cubierta por Cancillería.
- Ley 24.960 (1998): Instituía el premio «Prevención de las Adicciones».
- Ley 25.750 (2003): «Ley de Bienes Culturales», que limitaba la propiedad extranjera en medios de comunicación.
- Ley 26.227 (2007): Creaba el Consejo Federal de la Juventud para coordinar políticas para jóvenes.
- Ley 26.688 (2011): Declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas.
- Ley 27.171 (2015): Obligaba al registro y constatación de matrículas de palomas mensajeras de carrera.
- Ley 11.245 (1923): Fijaba tarifas para la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene, organismo que ya no existe.
- Ley 12.307 (1936): Establecía premios a la pintura y literatura basados en institutos hoy inexistentes.
- Ley 13.521 (1949): Eximía de impuestos las gestiones para obtener excepciones al servicio militar obligatorio, el cual dejó de existir.
- Ley 14.578 (1958): Creaba el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, que actualmente carece de recursos.
- Ley 17.584 (1967): Creaba el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión.
- Ley 20.085 (1973): Instituía el «Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas» que nunca avanzó de etapa.
- Ley 20.299 (1973): Garantizaba exportaciones de particulares bajo un esquema de alta intervención estatal.
- Ley 20.327 (1973): Establecía «Ediciones Culturales Argentinas» como organismo descentralizado de Cultura.
- Ley 20.543 (1973): Otorgaba créditos a arrendatarios que adquirieran predios rurales que estaban locando.
- Ley 20.956 (1975): Encomendaba estudios de aprovechamiento de energía mareomotriz a la desaparecida empresa Agua y Energía Eléctrica.
- Ley 23.671 (1989): Creaba un comité para analizar recursos crediticios derivados de un tratado con España.
- Ley 24.731 (1996): Obligaba al Ministerio de Economía a publicar un informe anual de tecnología industrial.
- Decreto-ley 12.795 (1944): Regulaba la inscripción en el registro de comerciantes de granos de una comisión nacional inexistente.
- Decreto 1.262 (2003): Creaba la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero tras la crisis de 2002.
Es importante notar que, durante el debate, se excluyeron del listado de derogación total la Ley 11.380 (créditos a cooperativas) y la Ley 20.959 (libre circulación de legisladores) para asegurar los votos necesarios para la media sanción.
21/05/2026
Ley Hojarasca: así votaron los diputados de Neuquén en la sesión que le dio media sanción al proyecto de Milei
La Cámara de Diputados aprobó este martes la denominada “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei y promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca derogar cerca de 70 leyes y normas consideradas “obsoletas” por el Ejecutivo nacional.
La iniciativa obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición en torno al reglamento parlamentario y la estrategia legislativa de La Libertad Avanza.
En ese contexto, los diputados nacionales por Neuquén quedaron divididos entre el respaldo al proyecto libertario y el rechazo del bloque opositor.
Cómo votaron los diputados neuquinos
Los legisladores alineados con el oficialismo y sectores aliados acompañaron la iniciativa. Votaron a favor:
- Karina Maureira, de La Neuquinidad.
- Soledad Mondaca, de La Libertad Avanza.
- Gabriela Luciana Muñoz, de La Libertad Avanza.
- Gastón Riesco, de La Libertad Avanza.
En tanto, el único voto neuquino en contra fue el del diputado de Unión por la Patria:
- Pablo Todero.
No hubo abstenciones de representantes neuquinos en la votación.
Qué propone la Ley Hojarasca
El proyecto aprobado en Diputados plantea la derogación de 58 leyes, modificaciones en otras ocho normas y la eliminación de dos decretos, bajo el argumento de simplificar el marco regulatorio y reducir estructuras consideradas innecesarias.
Durante el debate, desde Unión por la Patria cuestionaron especialmente la posible eliminación de normas vinculadas a la producción pública de medicamentos, medios de comunicación y promoción industrial.
Uno de los planteos más críticos fue el del diputado Pablo Yedlin, quien advirtió sobre el impacto que podría tener la derogación de la ley que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas, particularmente en el funcionamiento del Instituto Maiztegui de Pergamino.
La discusión también dejó expuestas las tensiones políticas en el Congreso. El oficialismo logró imponer su agenda luego de alcanzar el quórum mínimo y bloquear una sesión impulsada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tras la media sanción en Diputados, la iniciativa deberá ahora ser debatida en el Senado.
21/05/2026
Qué es la Ley Hojarasca: Diputados aprobó la iniciativa y avanza la derogación de normas obsoletas
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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de “Ley de Derogación de Legislación Obsoleta”, conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.
Con apoyo en Diputados, la Ley Hojarasca pasó al Senado
La iniciativa obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado, donde el Gobierno espera alcanzar la sanción definitiva.
El proyecto busca depurar el digesto jurídico argentino mediante la derogación de más de 70 normas que el oficialismo considera obsoletas, superadas por legislación posterior, burocráticas o contrarias a libertades individuales.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que muchas de esas leyes “carecen de aplicación práctica”, fueron reemplazadas por nuevas regulaciones o responden a contextos históricos ya inexistentes.
La propuesta, según explicó el sitio especializado Palabras del Derecho, divide las normas alcanzadas en seis grupos. El primero reúne leyes “superadas por normas posteriores”. Entre ellas aparece la Ley 94 de 1864, que inhabilitaba por diez años a autoridades que ordenaran azotar a una persona, una práctica prohibida desde hace décadas por la Constitución Nacional. También figura la Ley 20.400 de 1973, vinculada a la provisión de mano de obra, que según el Gobierno fue desplazada por la legislación moderna sobre trata de personas.
En ese apartado también se incluyen normas sobre licitaciones de empresas estatales hidrocarburíferas, vacunación contra la viruela, regalías petroleras y la denominada ley de “Padrinazgo Presidencial”, cuyos beneficios podrían mantenerse para quienes ya los perciben.
El segundo grupo abarca leyes consideradas “obsoletas o sin efecto por el avance tecnológico, económico o el paso del tiempo”. Allí se encuentran normas que promovían la explotación del carbón mineral, autorizaban procedimientos de microfilmación en organismos militares o regulaban las primeras emisiones de televisión color. El Gobierno argumentó que esos marcos quedaron desactualizados frente a las nuevas tecnologías y a cambios en las políticas energéticas.
El tercer conjunto reúne leyes que, según el Ejecutivo, “afectan libertades individuales”. Entre ellas sobresalen normas que penalizaban a quienes impulsaran sanciones económicas contra el Estado, regulaciones sobre reuniones públicas dictadas durante gobiernos de facto y una ley que creó un “carnet de mochilero”. También se impulsa eliminar artículos de una ley sobre lepra que habilitan internaciones forzosas, consideradas por el oficialismo como disposiciones “medievales” y violatorias de derechos constitucionales.
Otro bloque apunta a la desburocratización estatal. En ese tramo se propone eliminar leyes que obligaban a reconstruir teatros demolidos, reportar interrupciones de obras privadas, promover el turismo en medios de transporte o regular competencias de palomas mensajeras. También se incluyen normas que declaraban de interés nacional distintas actividades productivas y creaban organismos o programas específicos que, según el Gobierno, dejaron de tener utilidad práctica.
El quinto grupo comprende leyes vinculadas a organismos ya inexistentes o procesos que nunca llegaron a implementarse. Allí aparecen normas relacionadas con antiguos fondos públicos, organismos de comercio exterior, sistemas portuarios y dependencias estatales disueltas hace décadas.
Finalmente, el sexto apartado plantea modificaciones parciales para quitar financiamiento estatal a entidades vinculadas al sector público. Entre ellas figuran el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y la Federación Argentina de Municipios. La intención oficial es que ambas instituciones continúen funcionando, pero sostenidas con aportes propios y no con fondos nacionales.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como parte del proceso de desregulación y reducción del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. En cambio, sectores opositores cuestionaron el alcance simbólico de algunas derogaciones y advirtieron sobre posibles efectos en áreas culturales, sanitarias y productivas.

20/05/2026
Javier Milei brindó una clase a estudiantes y académicos en una universidad privada: los detalles
Este lunes, el presidente Javier Milei llevó adelante una actividad diferente a su agenda habitual, ya que estuvo presente en la Universidad de San Andrés y brindó una clase a los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía.
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Se trató de un evento académico en el que estuvo acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el rector de la universidad, Lucas Grosman.
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El evento no fue abierto a la prensa y se desarrolló en un momento de tensión creciente dentro del gabinete, que involucra a sus colaboradores más cercanos y pedidos reiterados para que el mandatario intervenga y ordene la interna que afecta al Gobierno Nacional.
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Sturzenegger es profesor plenario en la Universidad de San Andrés, una de las universidades privadas más importantes del país. Se desempeña en la Escuela de Economía, donde enseña las materias Economía 1 (para carreras de grado) y Macroeconomía Avanzada (para carreras de posgrado).
Después de la charla en San Andrés, tiene previsto participar el martes a las 11:30 horas en una disertación sobre inserción laboral y macroeconomía argentina, organizada por la Bolsa de Valores y celebrada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).
Milei busca reactivar su agenda tras una semana de internas y polémicas
La visita del libertario coincidió con un momento de máxima tensión entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas. El conflicto gira en torno a la ley de financiamiento universitario, una norma defendida por rectores, gremios docentes y alumnos que busca asegurar los recursos para las altas casas de estudio y recomponer los salarios frente a la inflación.
Además, busca recuperar la centralidad de la agenda pública tras el avance de la causa judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, y en medio de las tensiones internas por la situación del funcionario.
Asimismo, un fuerte cruce se registró en redes entre Santiago Caputo y Martín Menem. El asesor presidencial acusó al presidente de la Cámara de Diputados de administrar una cuenta anónima en X en la que lanzaban críticas al presidente. Esta disputa, antes restringida al ámbito privado, se trasladó a las redes sociales y generó inquietud en las filas libertarias.
La cuenta, denominada @PeriodistaRufus, fue dada de baja, pero la tropa digital que responde al asesor presidencial capturó decenas de posteos con críticas y hasta creó un archivo en donde se almacenan 584 tweets borrados.
«Si no fuese por el apellido estarían limpiando vidrios, por el nivel de torpeza digo. Qué vergüenza», escribió Santiago Caputo en X.
La cuenta eliminada disparaba contra integrantes de Las Fuerzas del Cielo, como se conoce a los adherentes al asesor de Milei, y contenía críticas a Patricia Bullrich, Luis Caputo y Sandra Pettovello.
Por otro lado, Milei volvió a defender a José Luis Espert este domingo, tras un giro en la causa que tramita en los Estados Unidos de Fred Machado, el empresario ligado al exdiputado acusado de narcotráfico.
“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, sentenció Milei en un extenso mensaje en sus redes. Y agregó: “Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad”.
18/05/2026
Sturzenegger aseguró que Río Negro “va a estar todo verde” en diez años
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que Río Negro podría transformarse productivamente en la próxima década gracias al potencial agrícola de la Patagonia y a futuras inversiones en riego. Durante una charla, destacó las condiciones naturales de la región y sostuvo que “en 10 años vas a ir viajando por Río Negro y vas a encontrar todo verde”.
“La tierra es buena y hay más horas de luz”
Durante la conversación, Sturzenegger remarcó las ventajas naturales de la provincia para el desarrollo agrícola. Según explicó, la Patagonia cuenta con una irradiación solar “extraordinaria” y mayores horas de luz debido a su ubicación geográfica.
Además, mencionó que el viento característico de la región ayuda a disminuir la presencia de plagas y bichos que afectan los cultivos.
“¿Puede crecer el maíz con tanto viento? Sí, porque cuando hay viento no hay bichos”, relató el funcionario, al citar una explicación que recibió de autoridades vinculadas a la producción en Río Negro.
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La apuesta al desarrollo y las inversiones
El ministro sostuvo que el principal desafío para concretar esa transformación es conseguir inversiones destinadas al riego y a la infraestructura productiva.
“Lo que falta es inversión en riego”, expresó, y señaló que esos capitales podrían provenir del exterior ante la falta de financiamiento local.
Sturzenegger planteó que, de concretarse esas inversiones, la región podría cambiar radicalmente su paisaje y potenciar su producción agroindustrial en los próximos años.
16/05/2026
El insólito motivo por el que ANMAT prohibió un desinfectante “anti-mufa” para el Mundial 2026
Este jueves se conoció que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) rechazó la autorización de un producto de limpieza que una empresa pretendía lanzar con motivo del Mundial 2026.
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La situación fue revelada este jueves por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien compartió el caso en sus redes sociales y cuestionó el accionar del organismo regulador.
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El organismo prohibió la comercialización de un nuevo desinfectante «anti-mufa», y la insólita justificación fue porque se consideró que no existían pruebas que respaldaran sus supuestas propiedades contra la mala suerte.
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Según explicó el funcionario, la empresa buscaba comercializar un desodorante de ambientes bajo el nombre «Poett Anti-Mufa», pero ANMAT consideró insuficiente la documentación presentada para demostrar que el producto pudiera «espantar la mala suerte».
«El Estado es el mal en estado puro»
Sturzenegger escribió sarcásticamente al respecto: «El Estado es el mal en estado puro», y consideró absurdo que el organismo destinara recursos a evaluar una característica evidentemente ligada al humor y al marketing.
«Es ridículo que alguien de la ANMAT haya destinado su tiempo a realizar un informe prohibiendo la venta de un Poett anti-mufa porque no está demostrada su capacidad anti-mufa. El mensaje es una crítica a lo descabellado que resulta eso«, explicaron desde el entorno del funcionario a Infobae.
La crítica del ministro de Desregulación se encuentra en consonancia con la desregulación y eliminación de trámites que había promovido dentro del organismo.
En junio de 2025 se llevó a cabo esta medida ya que aseguraba que algunas exigencias eliminadas eran «insólitas», como la verificación presencial de reformas edilicias en plantas extranjeras.
El comentario rápidamente generó debate entre usuarios y dirigentes políticos. Mientras algunos respaldaron la crítica del funcionario y señalaron que ciertos trámites burocráticos resultan excesivos,otros defendieron el rol de la ANMAT al sostener que cualquier producto que se comercializa debe cumplir normas claras de publicidad y veracidad.
Ordenaron retirar de la venta productos de limpieza importados: la alerta de la ANMAT
Días atrás la ANMAT ordenó la prohibición inmediata de distintos productos importados que se encontraban a la venta en Argentina sin autorización sanitaria ni información clara sobre sus fabricantes o importadores. La medida alcanza tanto a comercios físicos como a plataformas digitales.
La decisión quedó formalizada este lunes mediante la disposición 2638/2026 publicada en el Boletín Oficial. Según detalló el organismo, los artículos detectados carecen de registros obligatorios y presentan irregularidades en el etiquetado, una situación que impide verificar sus condiciones de seguridad, composición y eficacia.
Entre los productos incluidos aparecen aerosoles y limpiadores importados utilizados para el mantenimiento de máquinas de afeitar profesionales, además de artículos destinados a la limpieza de cocinas vitrocerámicas.
Durante los controles, los inspectores detectaron artículos importados que no contaban con inscripción ante la autoridad sanitaria argentina. Además, muchos envases incluían etiquetas únicamente en inglés y no presentaban datos esenciales sobre el establecimiento elaborador, el fraccionador o el importador responsable.
Esa falta de información representa una infracción grave debido a que imposibilita conocer el origen real de los productos y verificar si cumplen con las condiciones exigidas por la normativa vigente.
14/05/2026
Argentina lanza la Mesa Federal Minera: inversiones por $42.000 millones en juego
Esta semana, el Gobierno nacional, los gobernadores de seis provincias y el sector empresario pusieron en marcha en San Juan un nuevo espacio de articulación público-privada destinado a convertir a la Argentina en una potencia minera regional. El lanzamiento de la Mesa Federal Minera marcó un punto de inflexión en la política sectorial del país.
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La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien no evitó la comparación más incómoda para la historia minera argentina: «Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de USD 50.000 millones. Argentina, en comparación, exportaba apenas USD 4.000 millones, es decir, 12 veces menos».
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A diferencia del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, -que hace unos meses aseguró «los argentinos somos pelotudos»-, la funcionaria atribuyó esa brecha a «impericia o cuestiones ideológicas de gobiernos pasados» y presentó la nueva mesa como el mecanismo institucional para revertir décadas de oportunidades perdidas.
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El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, consideró que los argentinos “somos unos pelotudos” por no aprovechar las opciones que ofrece la minería.
Qué es la Mesa Federal Minera
Se trata de un espacio formal de coordinación entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y el sector privado, orientado a promover y facilitar inversiones en la industria minera, con foco especial en cobre y litio.
Participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), junto a ministros nacionales, legisladores y referentes empresariales del sector.
El RIGI como motor
Uno de los ejes centrales del encuentro fue el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que concentra actualmente proyectos mineros por un total de USD 42.000 millones. De ese universo, seis proyectos ya recibieron aprobación, con inversiones comprometidas que superan los USD 7.188 millones.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, sintetizó el momento del sector: «En los últimos años la Argentina logró tres hitos que posibilitaron que la minería se encuentre en un momento bisagra para su desarrollo: ordenamiento macroeconómico, la puesta en marcha del RIGI y la modificación de la Ley de Glaciares«.
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Empresarios, sindicalistas y funcionarios nacionales confluyen en la apuesta minera del Gobierno.
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La Ley de Glaciares y la proyección exportadora
La modificación de la Ley de Glaciares fue otro de los instrumentos destacados durante el lanzamiento. Según las estimaciones presentadas en el encuentro, en el marco de esa normativa las exportaciones mineras podrían alcanzar los USD 20.000 millones hacia 2035, más que cuadruplicando los valores actuales.
Cacciola remarcó que ese escenario «generó un contexto ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos», aunque subrayó que el próximo desafío es concreto: «Ahora es tiempo de la gente y del empleo».
Las provincias exigen pasar a la acción
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, puso el foco en la necesidad de traducir el trabajo institucional en resultados tangibles. «Hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país», señaló, y agregó: «Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino«.
La seguridad jurídica y el ordenamiento macroeconómico fueron señalados por todos los participantes como condiciones indispensables para atraer capitales en las provincias con mayor potencial minero.
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Seis gobernadores respaldaron la iniciativa que busca multiplicar las exportaciones mineras.
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La visión del Gobierno nacional
El ministro del Interior, Diego Santilli, valoró el respaldo transversal de gobernadores y empresarios, y trazó el objetivo de mediano plazo: «El Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado. La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero«.
El encuentro contó además con la presencia del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el secretario de Minería Luis Lucero, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Fernando Brun, y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, entre otras autoridades nacionales.
La representación sindical también tuvo lugar: participaron el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, señal de que el sector laboral acompaña la apuesta por el crecimiento del sector.
08/05/2026
Hidrovía en el Limay y el Negro: la idea que vuelve y promete cambiar la logística en la Norpatagonia
¿Qué pasa cuando una idea que parecía archivada vuelve a instalarse en la agenda pública? ¿Estamos frente a un anuncio más o ante una oportunidad concreta de transformación para la Norpatagonia?
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La posibilidad de desarrollar una hidrovía sobre los ríos Limay y Negro reapareció en el discurso nacional de la mano del ministro Federico Sturzenegger. Pero lejos de ser una novedad, se trata de un proyecto con años de estudio en la región. Y que, según sus impulsores, está mucho más cerca de lo que parece.
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Rubén Etcheverry lo plantea con claridad: no es una idea improvisada. Hace más de ocho años que se analiza la navegabilidad de estos ríos. Incluso, durante su paso por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se avanzó en estudios técnicos financiados por el CFI que hoy están en su tramo final.
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Los primeros resultados son contundentes: la hidrovía es viable. Y ahí aparece el punto central. No se trata solo de barcos. Se trata de logística, de costos y de competitividad. Una barcaza, con arena para Vaca Muerta, puede reemplazar hasta 80 camiones. Y hacerlo a un costo que representa apenas una cuarta parte del transporte terrestre.
En una región donde la logística condiciona el desarrollo, especialmente en torno a Vaca Muerta, esa diferencia es estructural.
Cómo sería el proyecto de la hidrovía
Pero el impacto va mucho más allá de la industria hidrocarburífera. La hidrovía permitiría construir un sistema multimodal que integre tren, rutas y transporte fluvial. Un esquema capaz de mover no solo arena para la fractura, sino también producción regional: frutas, alfalfa, truchas y otros insumos del Alto Valle.
El trazado logístico no es menor. Se proyecta una articulación que conecte zonas productivas como Cipolletti con Añelo, el corazón operativo de Vaca Muerta.
El modelo no es nuevo en el mundo. Los grandes ríos han sido históricamente motores de desarrollo. El Mississippi en Estados Unidos, el Rin en Europa o los sistemas fluviales en Asia muestran cómo el transporte por agua reduce costos, dinamiza economías y amplía oportunidades.
La Patagonia, en ese sentido, tiene con qué jugar.
Ahora bien, entre la idea y la ejecución hay un camino concreto. La hidrovía requiere obras específicas: dragado en la desembocadura del río Negro, adecuación de curvas, construcción de puertos y análisis de gálibos, medidas máximas permitidas, en puentes como el de Valle Azul.
Un proyecto en etapas, esperando por la decisión
Nada de esto es menor. Pero tampoco es inalcanzable. Una de las ventajas del proyecto es que puede desarrollarse por etapas, permitiendo avanzar progresivamente sin depender de una inversión única inicial.
El desafío, en realidad, es político. Porque proyectos de esta escala necesitan más que estudios técnicos: requieren decisión, coordinación entre provincias, respaldo nacional y continuidad en el tiempo.
Etcheverry lo advierte sin eufemismos: no hay garantías de plazos. Todo dependerá de la prioridad que se le otorgue, de los recursos disponibles y de la capacidad de sostenerlo como política de Estado.
Mientras tanto, el solo hecho de que el tema vuelva a instalarse en la agenda ya es significativo. En una región donde la producción crece, pero la infraestructura muchas veces llega tarde, repensar la logística no es una opción: es una necesidad.
La hidrovía no es solo un proyecto. Es una pregunta abierta. Y la respuesta, como casi siempre, no está en la idea. Está en la decisión de llevarla adelante.
04/05/2026