La Fiscalía de Estado de la provincia del Neuquén confirmó que apelará la sentencia dictada en la causa conocida como “planes sociales”, luego de que el tribunal impusiera condenas por administración fraudulenta pero descartara el delito de asociación ilícita. El anuncio se realizó este viernes 12 de diciembre de 2025, tras la audiencia de determinación de penas celebrada el día anterior.
La decisión de apelar la sentencia
Según informó el organismo provincial, una vez que la sentencia quede formalmente notificada y se habilite el plazo legal, se presentará un recurso ante la instancia superior. El objetivo es que se revise la calificación legal y se evalúe nuevamente la acusación por asociación ilícita, tal como fue sostenido durante todo el proceso judicial.
La Fiscalía de Estado considera que la prueba producida permitió acreditar la existencia de una estructura organizada, con acuerdos previos entre los involucrados, distribución de funciones y continuidad en el tiempo, elementos que —a su criterio— justifican la figura penal descartada por el tribunal.
Las condenas fijadas por el tribunal
En la audiencia realizada el jueves 11 de diciembre, los jueces establecieron las penas para las doce personas declaradas penalmente responsables por las estafas cometidas entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Los máximos responsables recibieron las condenas más elevadas: el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, el excoordinador de Administración Tomás Siengentharler y el exdirector general de Planes Sociales Ricardo Soiza fueron condenados a cinco años de prisión efectiva.
Además, se fijaron penas de cuatro años y seis meses para Néstor Pablo Sanz; cuatro años para Marcos Osuna; y tres años y seis meses para Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Alfredo Cury. Otras cuatro personas recibieron penas de tres años de prisión condicional.
Daño económico y recuperación de fondos
Durante el proceso se acreditó un perjuicio al Estado provincial de $153.377.900, monto que actualizado supera los $1.200 millones. Aunque el tribunal no ordenó el decomiso de bienes por no haberse probado su origen ilícito, dejó abierta la posibilidad de reclamarlos en otros procesos.
En ese sentido, la Fiscalía de Estado informó que continúan en curso las acciones civiles destinadas a recuperar los fondos públicos afectados y que se recurrirá cualquier resolución que pueda poner en riesgo el patrimonio fiscal.
Antecedentes del caso
La investigación determinó que la maniobra consistía en la retención indebida de tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales. Una parte del dinero se entregaba a los titulares, mientras que el resto era desviado, según la acusación, hacia referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Antes de este juicio, otras nueve personas ya habían sido condenadas por su participación en tareas complementarias de la estafa, tras reconocer los hechos, con penas de prisión condicional.
Al cierre de esta etapa, los condenados quedaron a disposición de la Justicia, mientras se aguarda la presentación formal de la apelación anunciada por la Fiscalía de Estado.
