Un fallo civil declaró responsables a la Provincia del Neuquén, a la empresa Tappatá S.A. y a la municipalidad de Andacollo por las graves deficiencias estructurales detectadas en un plan de 50 viviendas del programa Techo Digno, entregado en 2012. La sentencia, dictada por la jueza María Eliana Reynals, todavía no está firme y podría ser apelada.
Defectos estructurales y riesgo de colapso
La resolución se basó en una pericia técnica realizada en 2024, que reveló grietas en el 42% de las plateas de fundación, fallas en las capas aisladoras del 81% de las casas, filtraciones en el 46% y un riesgo de colapso en los muros de contención. El informe concluyó que los daños respondían a deficiencias de ejecución de la empresa constructora.
El fallo precisó que la municipalidad actuó como comitente y supervisora administrativa, mientras que ADUS (Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable) fue el organismo financiador y licitante, lo que derivó en una responsabilidad compartida entre las tres partes.
Una condena con alcance provincial
La jueza ordenó reparar las viviendas afectadas, abonar los gastos comprobados de refacción y pagar $200.000 por daño moral a cada familia, además de los intereses correspondientes. No hizo lugar al pedido de reajuste del precio original de las viviendas, al considerarlo “desproporcionado”.
El fallo estableció que la empresa Tappatá S.A. deberá ejecutar las reparaciones, mientras que la Provincia y el municipio deberán garantizar la gestión y el cumplimiento. También les otorgó la posibilidad de repetir el pago contra los responsables constructivos.
“Un precedente para toda la provincia”
El abogado Mariano Mansilla, representante de los vecinos, destacó que la resolución “marca un precedente” en materia de responsabilidad estatal y empresarial sobre planes habitacionales. “Puede iniciar una cascada de juicios similares en Neuquén, porque amplía los plazos para reclamar por viviendas defectuosas”, afirmó.
Según el cálculo pericial, el costo de reparación asciende a USD 805,75 por metro cuadrado, lo que representa unos USD 40.000 por familia. En total, el impacto para el Estado provincial podría superar USD 1,5 millones, incluyendo costas y honorarios.
Una década de reclamos y un fallo ejemplar
La demanda fue iniciada en 2014 por un grupo de adjudicatarios que convivían con grietas, filtraciones y fallas estructurales en sus hogares. Tras más de una década de reclamos, la Justicia determinó que los beneficiarios tenían derecho a recibir viviendas dignas y seguras, y que las irregularidades detectadas “no pueden ser justificadas por la falta de coordinación entre los organismos intervinientes”.
Si bien las partes aún pueden apelar ante la Cámara Civil de Apelaciones, el fallo representa un llamado de atención a los programas de vivienda pública en la provincia y redefine los criterios de responsabilidad compartida entre el Estado, los municipios y las empresas contratistas.









