En el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Andacollo, el intendente Manuel San Martín rompió el silencio sobre el fraude millonario que sacudió la localidad minera, involucrando a dos de sus funcionarios de alto rango y comerciantes locales. La denuncia, presentada por el propio jefe comunal a finales de 2025, estima un perjuicio de $128 millones a las arcas municipales.
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«No puedo dejar de mencionar un hecho trascendente que ha empañado de alguna manera la gestión», comenzó San Martín su discurso, explicando que se había mantenido en silencio para no entorpecer la investigación. «Yo dije en su momento: ‘No vamos a hablar y vamos a mantener un silencio prudencial para que la justicia actúe e investigue’», recordó.
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El intendente detalló que la estafa consistió en pagar horas máquina a una empresa que no realizó los trabajos, utilizando la complicidad de dos funcionarios municipales. «Se pagaban horas máquina cuando en realidad los trabajos los hacía una empresa que está desarrollando una de las obras más importantes aquí en la región», declaró. «Eso constituyó una estafa para el municipio donde, con la complicidad de dos funcionarios que ocupaban en su momento el área de servicios con un corralón privado de la localidad, se llevaba adelante esta maniobra», añadió.
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El saqueo de la cantera municipal
El mandatario local también denunció el saqueo de la cantera municipal, de la cual se extrajeron 80 bateas de material, equivalentes a 320 camionadas, que fueron vendidas a una empresa que ejecuta una obra de gas. «Otro de los hechos es el saqueo de la cantera municipal de la cual se extrajo 80 bateas que fueron vendidas a esta empresa que está ejecutando la obra de aquí del gasoducto en el norte de nuestra provincia», afirmó.
Además, San Martín informó sobre la sustracción de caños y combustible, que fueron vendidos al municipio a través de maniobras fraudulentas. «También presentamos en esa misma denuncia la sustracción de caños que fueron justamente sustraídos del predio (de la fiesta del Veranador), vendidos al municipio que compró de buena fe para poder llevar adelante inclusive obras municipales», indicó.
La actuación de la justicia
La fiscalía imputó a los cuatro acusados por defraudación reiterada, peculado y asociación ilícita, y se solicitó un embargo de $130 millones sobre sus bienes. San Martín enfatizó que la justicia actúa y que “la verdad será la única bandera”. «Las pruebas son contundentes y están a disposición de la justicia», aseguró.
En este sentido y aprovechando la presencia de vecinos y de que la sesión estaba siendo transmitida en vivo y en directo por la Radio Minas, el mandatario comunal aprovechó para enviar un mensaje a toda la comunidad: «Dejemos que la justicia haga lo que tiene que hacer, dejemos que la justicia actúe«, pidió San Martín, agradeciendo a la comunidad por su comprensión y apoyo. «Para los que invocan el nombre de Dios, no haber hecho nada, la verdad es que faltarle el respeto al vecino, faltarnos el respeto, faltar el respeto a quien les habla, quien les dio la oportunidad», subrayó.
Nuevas denuncias y misterios en el caso de corrupción
La investigación sobre el fraude millonario en la municipalidad de Andacollo sigue adelante, y se han sumado nuevas denuncias que han generado más interrogantes que respuestas. Según fuentes judiciales y periodísticas, los imputados municipales Eduardo Argentino Zenteno y Carlos Daniel Leiva, están cobrando la mitad de su sueldo, mientras que la justicia sigue investigando las maniobras fraudulentas.
Uno de los casos más curiosos es el de los caños de gas que pertenecían a la empresa Hidenesa, y que fueron sustraídos de un predio municipal y vendidos a la Municipalidad por un corralón local. A pesar de que se realizaron peritajes que coincidieron con las numeraciones de los caños, la empresa no ha hecho ninguna denuncia al respecto. «Los caños estaban en un predio municipal. Según la denuncia, fueron sustraídos y vendidos a la Municipalidad por el corralón en cuestión», declaró una fuente judicial.
Otra de las maniobras fraudulentas investigadas es la de los contravales de combustible que eran otorgados por una reconocida estación de servicios de Chos Malal. «Zenteno se hizo de contravales de combustible, por montos que alcanzaron los 2 millones de pesos», informó una fuente cercana a la investigación.
Según la denuncia a la que pudo acceder este diario, la operación con el municipio se realizaba de la siguiente manera: el municipio le abonaba a la empresa mediante cheque, y luego la empresa emitía factura por el monto abonado. Sin embargo, en algunas ocasiones, el monto abonado por el municipio era mayor al consumo real de combustible, lo que generaba un saldo a su favor. En estos casos, se entregaba un contravale por esa diferencia, que era recibido por el chofer del camión, quien dependía jerárquicamente del mencionado Zenteno.
La investigación reveló que esta maniobra se llevó a cabo durante varios meses, con total desconocimiento de Hacienda municipal y sin la aprobación del intendente San Martín.
El intendente Manuel San Martín informó también a los concejales que la fiscalía había pedido una prórroga de cuatro meses para la investigación del caso de corrupción en la municipalidad, que se cumpliría el 27 de marzo. La justicia accedió a la solicitud, lo que significa que la investigación se extenderá hasta el 27 de junio.
El jefe comunal explicó que la prórroga se solicitó debido a que hay muchos elementos por analizar, producto de los allanamientos realizados, que podrían aportar información valiosa a la investigación. Destacó que no se puede dejar la investigación a medias, teniendo en cuenta los medios a disposición.
Además, puso en conocimiento que hay dos causas por las que no se han hecho formulación de cargos: la relacionada con los caños sustraídos y la causa por combustible. Ambas están en proceso de investigación y se espera que se formulen cargos en el futuro.
