La Cooperativa CALF formalizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal tras detectar conexiones clandestinas en los barrios cerrados más exclusivos. Además. solicitó la intervención de la justicia para inspeccionar el interior de las propiedades y determinar la responsabilidad de los propietarios por el delito de hurto de energía.
Lo que comenzó como un operativo de auditoría técnica en urbanizaciones cerradas escaló al plano judicial. La Cooperativa, a través de su apoderado legal, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén, solicitó que se investigue la sustracción ilegítima de energía eléctrica en propiedades de alto poder adquisitivo.
La presentación judicial no solo busca la sanción económica, sino que constituye a la Cooperativa como parte querellante en una causa que, prima facie, encuadra en los delitos de hurto y robo (Art. 162 y 164 del Código Penal).
Dada la complejidad de las maniobras detectadas, que incluyen conexiones subterráneas directas y bypasses que evitaban los medidores, CALF solicitó al Juez de Garantías órdenes de allanamiento y registro para cinco propiedades ubicadas en los sectores más costosos de la ciudad,
«No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de eludir el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos, como grandes sistemas de climatización y piscinas calefaccionadas», señalaron desde el equipo jurídico de la Cooperativa.
Objetivos de la ofensiva judicial
La denuncia penal presentada busca cuatro puntos clave:
Desde la conducción de CALF fueron tajantes: «La energía que unos pocos sustraen de forma clandestina en barrios cerrados la terminan pagando, los asociados que cumplen mes a mes con su factura. No vamos a permitir que la exclusividad de un barrio sea un escudo para la ilegalidad».
La Cooperativa confirmó que continuará aportando pruebas, actas técnicas y registros fotográficos al Fiscal interviniente, mientras los operativos de “Disciplina de Mercado” se extienden a otras zonas de la ciudad para garantizar que no existan privilegios en el acceso y pago del servicio eléctrico.
